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Referentes de la industria tecnológica reactivaron la discusión sobre la renta básica universal frente al impacto de la inteligencia artificial en el empleo. El planteo abre interrogantes sobre el rol del Estado, la distribución del ingreso y la concentración de poder en la economía digital.

El avance sostenido de la inteligencia artificial sobre tareas antes reservadas al trabajo humano reconfigura el debate global sobre empleo, productividad y distribución de la riqueza. En ese marco, referentes de la industria tecnológica —protagonistas directos de esa transformación— volvieron a instalar la idea de una renta básica universal como mecanismo para amortiguar las consecuencias sociales de la automatización.

Elon Musk, empresario al frente de Tesla y SpaceX, retomó recientemente su respaldo a la implementación de una “renta básica universal elevada”, financiada por el Estado. Según su planteo, la expansión de la inteligencia artificial y la robótica generará tal abundancia de bienes y servicios que permitiría sostener transferencias masivas sin presiones inflacionarias. La iniciativa no constituye una novedad en su discurso, pero adquiere una dimensión distinta en un momento en que la automatización comienza a impactar de manera tangible en el mercado laboral.

Desde otro ángulo, OpenAI —uno de los actores centrales en el desarrollo de estas tecnologías— difundió un documento que propone la creación de un fondo público de riqueza. La iniciativa, impulsada por su director ejecutivo Sam Altman, plantea que los ciudadanos accedan a una participación en empresas e infraestructura vinculadas a la inteligencia artificial, complementada con mayores impuestos corporativos para compensar la pérdida de ingresos fiscales asociada al reemplazo de trabajadores. Aunque no menciona de forma explícita la renta básica, el espíritu de la propuesta converge en la necesidad de redistribuir parte de los beneficios generados por la economía digital.

Más allá de las diferencias de diseño, ambos enfoques comparten un diagnóstico: la inteligencia artificial modificará el empleo a una escala inédita y requerirá respuestas institucionales de alcance estructural. Sin embargo, el hecho de que estas iniciativas provengan de los mismos sectores que lideran la acumulación de riqueza introduce una tensión difícil de soslayar.

El economista Joseph Stiglitz, premio Nobel, advirtió que sin una intervención deliberada, la inteligencia artificial podría profundizar las brechas existentes. Su observación apunta a una contradicción de fondo: actores que históricamente promovieron la reducción del Estado reclaman ahora su intervención para sostener ingresos en un escenario donde el empleo pierde centralidad como fuente de sustento.

El debate, lejos de ser homogéneo, exhibe posiciones contrapuestas dentro del propio universo tecnológico. Marc Andreessen, influyente inversor de Silicon Valley, cuestionó la renta básica al considerar que podría desalentar la iniciativa individual y generar dependencia estatal. En una línea similar, David Sacks —exfuncionario vinculado a políticas de inteligencia artificial— desestimó la propuesta como inviable desde el punto de vista económico y social.

En este aspecto, figuras como Peter Thiel, cofundador de PayPal y referente de la nueva derecha tecnológica, amplían la discusión hacia el vínculo entre tecnología, poder estatal y geopolítica. Su participación en proyectos como Palantir Technologies —empresa orientada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para seguridad y defensa— ilustra una concepción en la que el desarrollo tecnológico se articula con estrategias estatales de alcance global. En esa misma línea, Alex Karp, cofundador de la firma, sostiene que las compañías tecnológicas tienen una responsabilidad activa en la protección de los intereses nacionales.

Este entramado de posiciones revela que el debate sobre la renta básica universal trasciende la cuestión del ingreso y se inscribe en una disputa más amplia por el control de los recursos estratégicos del siglo XXI. La inteligencia artificial no solo redefine procesos productivos, sino que también reconfigura las relaciones de poder entre empresas, Estados y trabajadores.

Desde la perspectiva laboral, la discusión plantea interrogantes de fondo. La automatización no responde a una dinámica inevitable, sino a decisiones empresariales orientadas a optimizar rentabilidad. En ese sentido, la eventual implementación de una renta básica podría interpretarse no como una solución estructural, sino como un mecanismo de compensación frente a un modelo que desplaza empleo y concentra beneficios.

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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar

El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.

La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.

Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.

Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.

La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.

Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.

A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.

La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.

En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.

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Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan

La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.

El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.

La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.

La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.

Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.

Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.

La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

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San Juan reunirá a más de 320 empresas en el FNS Forum 2026 y busca atraer nuevas inversiones

La provinicia se prepara para una nueva instancia de vinculación empresarial con una convocatoria que anticipa una intensa agenda de negociaciones comerciales y oportunidades de inversión. El FNS Forum 2026 llegará a su tercera edición con 333 participantes inscriptos y 321 reuniones individuales confirmadas, en una propuesta que busca conectar la producción provincial con compradores, compañías e inversores de distintos mercados.

La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro Cultural Conte Grand, como parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la participación de empresas provenientes de otras provincias y del exterior, una presencia que amplía las posibilidades de vinculación para los emprendimientos y proyectos productivos sanjuaninos.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Ronda de Inversiones concentra 259 participantes, de los cuales 140 pertenecen a firmas de otras jurisdicciones o mercados internacionales. Esa participación representa el 54% del total de inscriptos en esta instancia. Hasta el momento, se coordinaron 186 encuentros individuales, orientados a vincular proyectos con potenciales inversores y entidades de financiamiento.

La agenda se completa con la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas, que reúne a 74 participantes y tiene 135 reuniones comerciales confirmadas. Allí confluirán productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. La organización informó que los encuentros confirmados representan el 64% de las agendas solicitadas.

Las reuniones fueron organizadas de manera individual, de acuerdo con los perfiles comerciales y las posibilidades concretas de vinculación entre las partes. En el espacio de inversiones estarán representadas actividades como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios, áreas que concentran proyectos y oportunidades de expansión para la economía provincial.

Con el lema “Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro”, el foro busca trascender la agenda institucional de la Fiesta Nacional del Sol y convertirse en una plataforma de negocios. La expectativa oficial es que los contactos establecidos puedan transformarse en operaciones comerciales, financiamiento para nuevos emprendimientos y proyectos de inversión capaces de ampliar la capacidad productiva y generar empleo en San Juan.

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