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El gremio docente ADICUS despliega una semana de protestas con actividades abiertas y un abrazo simbólico a la Escuela Industrial. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre una pérdida salarial acumulada desde 2023.

El conflicto universitario suma un nuevo episodio en San Juan con la profundización del plan de lucha impulsado por la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus). En sintonía con la estrategia definida a nivel nacional por la Conadu Histórica, el gremio adoptó una modalidad de protesta que combina interrupciones parciales de actividades con acciones de visibilización en espacios públicos.

La iniciativa, que se extiende durante toda la semana, busca trasladar el reclamo fuera del ámbito académico y acercarlo a la comunidad. La consigna es clara: exponer el impacto de la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario.

Edith Liquitay delineó el eje del reclamo con cifras contundentes. Según detalló, la pérdida acumulada en los ingresos docentes equivale a aproximadamente diez salarios completos desde 2023. “Estamos percibiendo cerca de la mitad de lo que correspondería”, afirmó, al tiempo que responsabilizó al Gobierno nacional por la demora en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cronograma de actividades incluye intervenciones de alto perfil simbólico. Tras una clase abierta realizada por la Escuela de Música en el Parque de Mayo, el gremio avanza con nuevas acciones. Entre ellas, se destaca un abrazo simbólico a la Escuela Industrial previsto para el miércoles por la mañana, durante el horario de recreo extendido, con participación exclusiva de adultos.

La agenda continuará el jueves con iniciativas diferenciadas. En la Escuela de Comercio se desarrollará una jornada orientada a la salud mental dentro del establecimiento, mientras que por la tarde se realizará una clase pública de la carrera de Geografía en inmediaciones de la Facultad de Filosofía, trasladando nuevamente la actividad académica al espacio urbano.

El giro hacia estrategias de divulgación refleja una variación en el comportamiento del conflicto universitario. Lejos de limitarse a medidas tradicionales, el sector docente busca construir legitimidad social mediante la exposición directa de sus demandas. La ocupación simbólica del espacio público no solo amplifica el reclamo, sino que también interpela a una ciudadanía que, en muchos casos, percibe de manera indirecta las consecuencias del deterioro presupuestario.

El núcleo del conflicto permanece anclado en la cuestión salarial y en la falta de ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La demora en su implementación no solo impacta en los ingresos del personal, sino que condiciona el funcionamiento general de las instituciones, afectando la planificación académica, la investigación y la extensión.

En ese sentido, la prolongación de las medidas evidencia una negociación estancada y un contexto en el que los gremios buscan sostener presión sin romper completamente el vínculo pedagógico. De allí que muchas de las acciones adoptadas mantengan un componente educativo, aun fuera de los espacios formales.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.

La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.

Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.

Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.

La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.

Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.

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