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Daniel Durán, referente de APUNSJ, advierte sobre un deterioro sostenido en las universidades nacionales y cuestiona la negativa del Gobierno a aplicar la ley de financiamiento. Con resoluciones judiciales firmes, medidas de fuerza en marcha y una pérdida salarial pronunciada, el conflicto escala y abre interrogantes sobre el futuro del sistema.

La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales atraviesa una etapa de definiciones, donde confluyen reclamos gremiales, decisiones políticas y pronunciamientos judiciales que elevan la disputa a un plano institucional de mayor alcance. Lejos de apaciguarse, la situación muestra signos de profundización y suma nuevos actores a una confrontación que ya impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema.

Daniel Durán, dirigente de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ), en diálogo con Mundo Laboral San Juan, fija un diagnóstico crítico que combina variables económicas, laborales y estructurales. Desde su perspectiva, el deterioro no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de una secuencia de decisiones que han debilitado progresivamente a las universidades.

“Desde el inicio de la actual gestión, las instituciones educativas de nivel superior han venido sosteniendo un deterioro tanto en lo salarial como en lo institucional”, afirma. La descripción incluye la retracción de partidas destinadas a áreas sensibles como becas estudiantiles, investigación científica, mantenimiento edilicio y gastos operativos. Esta reducción de recursos, sostiene, repercute directamente en la calidad del servicio educativo y en la capacidad de sostener la actividad académica.

Uno de los aspectos que, según Durán, permite dimensionar la magnitud del problema es su visibilidad creciente. Los colegios preuniversitarios y los institutos asociados, que en las últimas semanas concentraron la atención pública, funcionan como una señal de alerta. “Lo que se observa en esos espacios es el reflejo de lo que ocurre en todo el sistema”, explica, al señalar que la problemática ya no puede ser contenida en ámbitos administrativos o técnicos.

El eje central de la disputa es la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación continúa sin concretarse pese a haber sido ratificada por el Congreso. El dirigente subraya el carácter excepcional del proceso legislativo y judicial que acompañó a la norma. Según detalla, se trata de una ley que fue votada en reiteradas oportunidades, incluso luego del rechazo de un veto presidencial, con mayorías que superaron ampliamente los requisitos constitucionales.

A ello se suma la intervención del Poder Judicial, que en dos instancias ordenó su cumplimiento. El fallo de Cámara, en particular, introduce definiciones de fuerte contenido institucional: advierte sobre riesgos para el sistema republicano, descarta un impacto presupuestario significativo y exige la aplicación inmediata de la norma. “Es una resolución inusitadamente dura en sus términos”, señala Durán.

El punto económico no es menor. El costo estimado de la ley —alrededor del 0,21% del Producto Bruto Interno— refuerza el argumento de que su implementación no compromete el equilibrio fiscal. Para el dirigente, esto deja en evidencia que la resistencia del Ejecutivo responde a una decisión política más que a una imposibilidad financiera.

En este sentido, el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, lo que prolongaría el proceso judicial. Mientras tanto, también impulsa un proyecto de modificación de la ley universitaria que, según advierten desde el sector gremial, podría alterar de manera sustancial el esquema vigente. “Si avanzara en esa dirección, lo que se consolidaría es un modelo de debilitamiento del sistema”, advierte Durán.

Las consecuencias de este cuadro se reflejan con nitidez en la situación salarial. La recomposición otorgada —en torno al 12,3%— resulta insuficiente frente a una pérdida acumulada que supera el 50%. Esta brecha impacta de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores universitarios.

El dato más significativo es el cambio en la composición social del sector. “En diciembre de 2023 no teníamos trabajadores por debajo de la línea de pobreza; hoy el 70% se encuentra en esa situación”, describe. La afirmación no solo ilustra la magnitud del deterioro, sino también la velocidad con la que se produjo.

A esto se suma la ausencia de instancias paritarias. Según denuncia, el Ejecutivo ha optado por fijar aumentos de manera unilateral, sin habilitar los mecanismos de negociación establecidos por la normativa vigente. Esta práctica, combinada con la evolución del costo de vida, acentúa la pérdida de ingresos y limita cualquier posibilidad de recuperación en el corto plazo.

Durán también cuestiona las mediciones oficiales de inflación, al considerar que no reflejan con precisión el impacto real sobre el poder adquisitivo. “No hace falta ser especialista; el sentido común indica lo que ocurre cuando uno va al supermercado, paga servicios o carga combustible”, señala, en referencia a la percepción cotidiana del encarecimiento.

Frente a este escenario, el movimiento sindical universitario ha desplegado un plan de acción que busca sostener el reclamo sin paralizar completamente el sistema. El sector docente avanzó con medidas de fuerza de mayor extensión, mientras que los no docentes optaron por paros escalonados. “Cada actor cumple un rol dentro de la estructura universitaria y eso se respeta al momento de definir las estrategias”, explica.

En este aspecto, los trabajadores no docentes llevarán adelante ceses totales de actividades los días 17 y 23 de abril. La decisión responde a la necesidad de visibilizar el conflicto sin afectar de manera prolongada los procesos administrativos que sostienen la actividad académica.

La participación estudiantil constituye otro de los rasgos distintivos de la actual coyuntura. Los alumnos no solo acompañan las medidas, sino que también se integran a la discusión. Para Durán, este involucramiento responde a una comprensión clara de lo que está en juego: “La posibilidad de acceder a mejores oportunidades y sostener una movilidad social ascendente”.

En los próximos días, el congreso de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) reunirá a representantes de todo el país para definir la estrategia a seguir. Allí se evaluará el escenario general y se delinearán las acciones en función de la respuesta oficial.

La disputa por el financiamiento universitario ha evolucionado hacia un punto donde convergen factores económicos, decisiones políticas y definiciones institucionales de alto impacto. La falta de aplicación de una ley respaldada por el Congreso y la Justicia introduce un elemento de incertidumbre que excede el ámbito educativo.

En este punto, la universidad pública enfrenta una instancia decisiva. La pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos y la ausencia de acuerdos configuran un panorama que exige respuestas concretas. El desenlace de este proceso no solo determinará el funcionamiento inmediato del sistema, sino también su capacidad de sostener, en el tiempo, un modelo de educación superior inclusivo, de calidad y con proyección social.

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Solazzo plantea unidad gremial y participación política del movimiento obrero

El titular de la UOM San Juan, Martín Solazzo, cuestionó el impacto de la caída industrial sobre el empleo metalúrgico, criticó las condiciones en las que se negoció la última paritaria nacional y defendió la reconstrucción de las 62 Organizaciones como herramienta de participación política de los trabajadores. También dejó abierta la posibilidad de una convergencia con otros espacios sindicales de la provincia.

El Día del Trabajador Metalúrgico encontró a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan maracda por una realidad muy diferente a la de otros años. La organización decidió trasladar el tradicional reconocimiento a sus afiliados a un ámbito de encuentro y celebración en el camping sindical, en un intento por generar un momento de distensión frente a un entorno singularizado por la pérdida de empleo, la caída de la producción industrial y el deterioro del poder adquisitivo.

Para Solazzo, ese fue el verdadero propósito de la jornada. El dirigente señaló que, aunque la relación con los empleados suele estar marcada por protestas, disputas laborales o crisis en las fábricas, en esta ocasión fue distinto. Por ello, destacó la importancia de juntar a trabajadores de diferentes empresas para compartir un almuerzo y homenajear el empeño diario de quienes impulsan el sector metalúrgico.

“Siempre por ahí con los compañeros nos vemos en situaciones no muy buenas, nos encontramos por reclamos o por problemas que están pasando en las empresas, en los talleres. Así que vernos en otro ámbito era la idea, compartir un buen clima de camaradería”, manifestó.

El festejo reflejó el difícil momento del sector. Solazzo señaló que la industria nacional opera a menos de la mitad de su capacidad instalada, una retracción que golpea de forma directa a la UOM.

“Nuestra actividad depende por completo de la industria; por eso, al estar tan golpeada, es inevitable que nosotros también suframos el impacto”, afirmó.

El dirigente vinculó la pérdida de puestos de trabajo con el cierre o retiro de empresas que durante décadas tuvieron presencia en el país. Frente a ese cuadro, reivindicó la necesidad de sostener la organización sindical y de continuar defendiendo los derechos laborales, aun cuando las condiciones sean adversas.

“Hay que ponerle la fuerza y las ganas más que nunca. Tampoco podemos desistir de seguir combatiendo esto”, sostuvo el gremialista, quien insistió en que la UOM debe continuar trabajando para evitar que el retroceso de derechos y empleo termine consolidándose.

Una paritaria condicionada por cuatro meses sin aumentos

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista con Mundo Laboral San Juan fue el acuerdo salarial nacional alcanzado para los trabajadores metalúrgicos después de cuatro meses sin actualización convencional.

Solazzo cuestionó el proceso de intervención que atraviesa la conducción nacional de la UOM y sostuvo que la designación de los representantes paritarios sin una elección directa de las seccionales condicionó la negociación.

Según explicó, el entendimiento finalmente alcanzado era necesario porque los trabajadores habían permanecido desde marzo sin una recomposición salarial. Sin embargo, consideró insuficiente el resultado y cuestionó especialmente la extensión temporal del convenio.

La nueva pauta contempla un incremento acumulado del 23,5% hasta abril de 2027, con subas del 4% en agosto, octubre y diciembre; 2% en enero; y 3,5% en marzo. Para abril se estableció además un 4% que servirá como base de cálculo para la próxima negociación.

Solazzo remarcó que, distribuido a lo largo de doce meses, el incremento representa aproximadamente un 1,5% mensual, una cifra que juzgó insuficiente frente a la evolución de los precios.

“Creo que en este momento hacer una paritaria tan larga es bastante arriesgado”, afirmó, al advertir que una negociación extendida durante tantos meses queda expuesta a modificaciones de la inflación y de las condiciones económicas.

El acuerdo incluye además sumas no remunerativas de $30.000, $40.000 y $50.000, según los meses establecidos, junto con un bono compensatorio de $210.000 por los cuatro meses sin paritaria, que será abonado en tres cuotas de $70.000 entre agosto, septiembre y octubre.

Para el refente metalúrgico, esos adicionales permiten aliviar parcialmente el impacto inmediato sobre los ingresos, aunque no alcanzan para resolver la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

Las 62 Organizaciones buscan recuperar protagonismo político

La entrevista también permitió conocer el papel que Solazzo comenzó a asumir dentro de las 62 Organizaciones Peronistas de San Juan, espacio que volvió a tener presencia pública en la provincia y que realizó una de sus primeras actividades en el camping de la UOM.

El dirigente definió a las 62 como “el brazo político del movimiento obrero”, una función que atribuyó a la tradición histórica de la organización. Su objetivo, explicó, es que los trabajadores tengan representación y capacidad de incidencia dentro de los espacios políticos.

En esa línea, confirmó contactos con dirigentes del Partido Justicialista e intendentes y sostuvo que uno de los principales objetivos será contribuir a la unidad del peronismo sanjuanino de cara al próximo proceso electoral.

“Si tenemos candidatos con todo el apoyo, sería lo ideal para enfrentar las elecciones del año que viene”, sostuvo.

Sin embargo, Solazzo buscó diferenciar la participación política de las 62 Organizaciones de cualquier criterio de exclusión partidaria. Afirmó que la organización trabaja para el conjunto de los trabajadores, independientemente de sus preferencias electorales.

“Tenemos compañeros que son de derecha, que están sin trabajo, que están precarizados; compañeros radicales, compañeros bloquistas. Nosotros trabajamos para todo el sector trabajador”, remarcó.

Desde esa perspectiva, la agenda de las 62 Organizaciones no se limitará a la construcción partidaria. Solazzo señaló que también se encuentran trabajando en proyectos vinculados con derechos laborales, empleo y propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la sociedad en general.

Una puerta abierta para la unidad sindical

La reciente reelección de Eduardo Cabello al frente de la CGT Regional San Juan también formó parte de la conversación. Consultado sobre la posibilidad de que las 62 Organizaciones y la conducción cegetista puedan trabajar conjuntamente, Solazzo descartó que las diferencias actuales constituyan un obstáculo definitivo.

Su planteo fue directo: si el objetivo común es defender a los trabajadores, existe espacio para la convergencia. “El objetivo de todos los sectores es el mismo: trabajar por el movimiento obrero”, afirmó.

El titular de la UOM sostuvo que la diversidad de posiciones dentro del sindicalismo forma parte de la libertad de cada organización y recordó que hubo gremios que respaldaron la continuidad de Cabello y otros que reclamaron una renovación. Sin embargo, consideró que esas diferencias no deberían transformarse en enfrentamientos permanentes.

“No consideramos que existe algún tipo de conflicto por pensar diferente”, enfatizó.
Para Solazzo, las 62 Organizaciones pueden desarrollar su propia construcción política sin abandonar su pertenencia al movimiento obrero organizado ni su participación en la CGT. Si en algún momento las distintas expresiones sindicales deben confluir para defender intereses comunes, aseguró que estarán dispuestos a hacerlo. “Si de alguna manera tenemos que trabajar juntos para el bien del trabajador, así lo haremos”, resumió.

Una agenda centrada en el empleo, la industria y la representación

El mensaje de Solazzo es claro: ante la crisis del empleo, los salarios y la industria, la única salida para el gremio es la organización y la constancia en la lucha.

En medio de una etapa de profundos cambios en la industria metalúrgica y en la conducción nacional del gremio, la UOM San Juan busca consolidar su presencia provincial y ganar protagonismo en el debate político-sindical. En este proceso, Martín Solazzo sostiene que las diferencias internas no impiden la unidad cuando el objetivo central es común: la defensa del empleo.

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Endeudamiento en barrios populares: el 97% pide dinero para comprar comida

Un relevamiento sobre 5.000 personas de 15 provincias reveló que el 61,8% de los trabajadores que viven en barrios populares tiene deudas financieras. Dentro de ese grupo, el 97% recurrió al préstamo para afrontar gastos de alimentación.

El endeudamiento dejó de ser para muchas familias de los barrios populares un recurso reservado para afrontar gastos extraordinarios y pasó a convertirse en una herramienta para llegar a fin de mes. Un relevamiento realizado por el Instituto Periferias en 15 provincias mostró que el 61,8% de las personas que trabajan y viven en barrios populares tiene algún tipo de deuda financiera.

El dato más significativo aparece al analizar el destino de esos préstamos: el 59,8% del total de los encuestados aseguró haber tenido que pedir dinero para comprar alimentos. Esa proporción equivale al 97% de quienes declararon tener deudas, según los resultados del estudio, realizado sobre 5.000 casos.

La investigación expone así una modificación en las formas de subsistencia de los hogares de menores ingresos. El crédito, en lugar de financiar bienes durables, proyectos familiares o gastos excepcionales, aparece cada vez más asociado a la compra cotidiana de productos básicos.

El documento fue elaborado por el Instituto Periferias, conducido por Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Popular del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Para el funcionario, el patrón de endeudamiento se transformó a partir del deterioro de los ingresos.

Menéndez señaló que las familias pasaron de recurrir ocasionalmente a préstamos frente a una emergencia o un gasto extraordinario a utilizarlos de manera recurrente para sostener la alimentación. En esa lectura, la deuda comienza a ocupar el lugar que dejaron vacante los ingresos insuficientes.

De crédito a mecanismo de subsistencia

El estudio plantea que el fenómeno no puede explicarse únicamente por decisiones financieras individuales. Su principal conclusión apunta a la pérdida de capacidad de compra de salarios, ingresos informales y jubilaciones.

“Cuando el salario, las changas o la jubilación dejan de alcanzar para llegar a fin de mes, la deuda empieza a ocupar el lugar de los ingresos”, sostuvo Menéndez, al advertir que el crédito deja de funcionar como una herramienta para mejorar las condiciones materiales y pasa a utilizarse para cubrir necesidades básicas.

El diagnóstico se conoce mientras en el Congreso avanzan iniciativas vinculadas con el costo del financiamiento de los hogares y las tasas aplicadas por bancos y plataformas digitales. Organizaciones sociales y gremiales también vienen reclamando medidas frente al crecimiento del endeudamiento familiar.

Menéndez vinculó además el aumento de la mora con las dificultades para sostener los ingresos y cuestionó el efecto de la desregulación financiera. Su planteo apunta a una relación directa entre el deterioro del poder adquisitivo y la necesidad de recurrir cada vez más al crédito.

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León XIV recibirá a dirigentes de la CGT y empresarios argentinos

Cristian Jerónimo, Gerardo Martínez y Marta Pujadas representarán a la CGT, mientras que Alejandro Gramajo participará por la UTEP y Daniel Funes de Rioja por el empresariado. La audiencia privada será el cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, que reunirá en Roma a referentes sindicales, empresarios, religiosos y comunitarios de América.

Dirigentes sindicales y empresarios argentinos participarán en Roma de una instancia de diálogo que tendrá como punto culminante una audiencia privada con el papa León XIV. El encuentro se desarrollará el sábado 12 de septiembre, en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, convocado entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalicia de La Salle.

La representación argentina estará encabezada, por el movimiento obrero, por Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT; Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central y representante de los trabajadores en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Marta Pujadas, abogada de la UOCRA e integrante del equipo jurídico cegetista; y Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Por el empresariado participará Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual titular de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico (CEATAL) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La presencia conjunta de representantes del trabajo y de las empresas tendrá además una instancia específica de deliberación entre el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y la CEATAL. El objetivo será avanzar hacia una declaración común en defensa del diálogo social, la negociación colectiva y la generación de trabajo decente.

La reunión de Roma forma parte de un proceso iniciado en 2023 en Bogotá y continuado posteriormente en Washington. La convocatoria busca profundizar una agenda de cooperación entre organizaciones sindicales, empresariales, religiosas y comunitarias del Norte y el Sur del continente.

Uno de los principales resultados que se pretende alcanzar es la denominada Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur, destinada a articular financiamiento, conocimientos y capacidades para abordar transformaciones que ya están modificando las relaciones laborales y sociales en América.

Entre los temas seleccionados figuran el impacto de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, la formación para el diálogo socioambiental, la organización comunitaria y los cuidados, las juventudes y las adicciones, la inteligencia artificial y la amistad social, además de la transición energética y la protección de los territorios.

Para la delegación sindical argentina, la audiencia con León XIV también será una oportunidad para trasladar las principales preocupaciones del movimiento obrero. La pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la necesidad de ampliar el empleo estable aparecen entre los asuntos que los dirigentes procurarán incorporar al diálogo con el Pontífice.

La participación argentina adquiere una dimensión adicional por la posibilidad de que el encuentro contribuya a preparar una futura audiencia de la CGT con León XIV durante la visita del Papa a la Argentina, prevista para noviembre. En ese eventual contacto, la central sindical buscaría profundizar una agenda vinculada con el trabajo, los ingresos, la protección social y el diálogo entre las distintas representaciones de la sociedad.

La reunión de Roma colocará así en una misma mesa a referentes de la Iglesia, organizaciones sindicales, empresarios y movimientos comunitarios, con una agenda que combina las transformaciones tecnológicas y ambientales con una preocupación central para el mundo laboral: cómo preservar el trabajo digno y la cohesión social frente a los cambios económicos de los próximos años.

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