Universidades en crisis: salarios en retroceso, disputa institucional y un sistema al límite
Daniel Durán, referente de APUNSJ, advierte sobre un deterioro sostenido en las universidades nacionales y cuestiona la negativa del Gobierno a aplicar la ley de financiamiento. Con resoluciones judiciales firmes, medidas de fuerza en marcha y una pérdida salarial pronunciada, el conflicto escala y abre interrogantes sobre el futuro del sistema.
La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales atraviesa una etapa de definiciones, donde confluyen reclamos gremiales, decisiones políticas y pronunciamientos judiciales que elevan la disputa a un plano institucional de mayor alcance. Lejos de apaciguarse, la situación muestra signos de profundización y suma nuevos actores a una confrontación que ya impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema.
Daniel Durán, dirigente de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ), en diálogo con Mundo Laboral San Juan, fija un diagnóstico crítico que combina variables económicas, laborales y estructurales. Desde su perspectiva, el deterioro no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de una secuencia de decisiones que han debilitado progresivamente a las universidades.
“Desde el inicio de la actual gestión, las instituciones educativas de nivel superior han venido sosteniendo un deterioro tanto en lo salarial como en lo institucional”, afirma. La descripción incluye la retracción de partidas destinadas a áreas sensibles como becas estudiantiles, investigación científica, mantenimiento edilicio y gastos operativos. Esta reducción de recursos, sostiene, repercute directamente en la calidad del servicio educativo y en la capacidad de sostener la actividad académica.
Uno de los aspectos que, según Durán, permite dimensionar la magnitud del problema es su visibilidad creciente. Los colegios preuniversitarios y los institutos asociados, que en las últimas semanas concentraron la atención pública, funcionan como una señal de alerta. “Lo que se observa en esos espacios es el reflejo de lo que ocurre en todo el sistema”, explica, al señalar que la problemática ya no puede ser contenida en ámbitos administrativos o técnicos.
El eje central de la disputa es la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación continúa sin concretarse pese a haber sido ratificada por el Congreso. El dirigente subraya el carácter excepcional del proceso legislativo y judicial que acompañó a la norma. Según detalla, se trata de una ley que fue votada en reiteradas oportunidades, incluso luego del rechazo de un veto presidencial, con mayorías que superaron ampliamente los requisitos constitucionales.
A ello se suma la intervención del Poder Judicial, que en dos instancias ordenó su cumplimiento. El fallo de Cámara, en particular, introduce definiciones de fuerte contenido institucional: advierte sobre riesgos para el sistema republicano, descarta un impacto presupuestario significativo y exige la aplicación inmediata de la norma. “Es una resolución inusitadamente dura en sus términos”, señala Durán.
El punto económico no es menor. El costo estimado de la ley —alrededor del 0,21% del Producto Bruto Interno— refuerza el argumento de que su implementación no compromete el equilibrio fiscal. Para el dirigente, esto deja en evidencia que la resistencia del Ejecutivo responde a una decisión política más que a una imposibilidad financiera.
En este sentido, el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, lo que prolongaría el proceso judicial. Mientras tanto, también impulsa un proyecto de modificación de la ley universitaria que, según advierten desde el sector gremial, podría alterar de manera sustancial el esquema vigente. “Si avanzara en esa dirección, lo que se consolidaría es un modelo de debilitamiento del sistema”, advierte Durán.
Las consecuencias de este cuadro se reflejan con nitidez en la situación salarial. La recomposición otorgada —en torno al 12,3%— resulta insuficiente frente a una pérdida acumulada que supera el 50%. Esta brecha impacta de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores universitarios.
El dato más significativo es el cambio en la composición social del sector. “En diciembre de 2023 no teníamos trabajadores por debajo de la línea de pobreza; hoy el 70% se encuentra en esa situación”, describe. La afirmación no solo ilustra la magnitud del deterioro, sino también la velocidad con la que se produjo.
A esto se suma la ausencia de instancias paritarias. Según denuncia, el Ejecutivo ha optado por fijar aumentos de manera unilateral, sin habilitar los mecanismos de negociación establecidos por la normativa vigente. Esta práctica, combinada con la evolución del costo de vida, acentúa la pérdida de ingresos y limita cualquier posibilidad de recuperación en el corto plazo.
Durán también cuestiona las mediciones oficiales de inflación, al considerar que no reflejan con precisión el impacto real sobre el poder adquisitivo. “No hace falta ser especialista; el sentido común indica lo que ocurre cuando uno va al supermercado, paga servicios o carga combustible”, señala, en referencia a la percepción cotidiana del encarecimiento.
Frente a este escenario, el movimiento sindical universitario ha desplegado un plan de acción que busca sostener el reclamo sin paralizar completamente el sistema. El sector docente avanzó con medidas de fuerza de mayor extensión, mientras que los no docentes optaron por paros escalonados. “Cada actor cumple un rol dentro de la estructura universitaria y eso se respeta al momento de definir las estrategias”, explica.
En este aspecto, los trabajadores no docentes llevarán adelante ceses totales de actividades los días 17 y 23 de abril. La decisión responde a la necesidad de visibilizar el conflicto sin afectar de manera prolongada los procesos administrativos que sostienen la actividad académica.
La participación estudiantil constituye otro de los rasgos distintivos de la actual coyuntura. Los alumnos no solo acompañan las medidas, sino que también se integran a la discusión. Para Durán, este involucramiento responde a una comprensión clara de lo que está en juego: “La posibilidad de acceder a mejores oportunidades y sostener una movilidad social ascendente”.
En los próximos días, el congreso de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) reunirá a representantes de todo el país para definir la estrategia a seguir. Allí se evaluará el escenario general y se delinearán las acciones en función de la respuesta oficial.
La disputa por el financiamiento universitario ha evolucionado hacia un punto donde convergen factores económicos, decisiones políticas y definiciones institucionales de alto impacto. La falta de aplicación de una ley respaldada por el Congreso y la Justicia introduce un elemento de incertidumbre que excede el ámbito educativo.
En este punto, la universidad pública enfrenta una instancia decisiva. La pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos y la ausencia de acuerdos configuran un panorama que exige respuestas concretas. El desenlace de este proceso no solo determinará el funcionamiento inmediato del sistema, sino también su capacidad de sostener, en el tiempo, un modelo de educación superior inclusivo, de calidad y con proyección social.
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Víctor Menéndez alertó por paritarias frenadas, salarios deteriorados y temor por el empleo
El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre su eventual judicialización y denunció el deterioro de los salarios frente al avance del costo de vida. En diálogo con Mundo Laboral SJ, también analizó el impacto de la falta de homologación paritaria y describió el complejo panorama económico que atraviesan los trabajadores.
La demora en la reglamentación de la reforma laboral volvió a encender señales de incertidumbre dentro del movimiento sindical. Mientras el Gobierno nacional posterga definiciones clave sobre la implementación plena de la normativa, distintos sectores gremiales comienzan a advertir sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar su aplicación.
En este sentido, Menéndez, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso “nació viciada de inconstitucionalidad” y anticipó que, una vez reglamentada, podría abrir un escenario de fuerte conflictividad judicial.
“La reforma fue diseñada para beneficiar exclusivamente a los grandes grupos empresarios. Hay artículos que inevitablemente van a terminar en amparos y cautelares porque lesionan derechos laborales históricos”, afirmó .
El dirigente consideró que la Casa Rosada demora deliberadamente la reglamentación debido a la fragilidad jurídica de varios puntos incluidos en la norma. “El Gobierno sabe que habrá una catarata de juicios. Por eso todavía no termina de avanzar”, remarcó.
La mirada sindical no se limita únicamente al plano jurídico. Menéndez también vinculó el debate laboral con la pérdida acelerada del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores desde el inicio de la actual gestión económica.
Según explicó, el deterioro salarial ya supera ampliamente el 30 por ciento en términos reales, producto de una inflación que —a su entender— no refleja el verdadero comportamiento de los precios en la economía cotidiana.
“Las estadísticas oficiales no coinciden con lo que vive cualquier familia cuando va al supermercado, a la carnicería o paga una boleta de servicios. El salario quedó muy retrasado frente a la suba real del costo de vida”, sostuvo.
En esa línea, cuestionó las restricciones informales que, según denunció, el Ejecutivo impone sobre las negociaciones salariales mediante la demora en la homologación de acuerdos. “Hay gremios que alcanzan consensos con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo no los homologa porque pretende fijar aumentos por debajo de la inflación”, indicó.
Para el dirigente sindical, esa política termina profundizando el deterioro del ingreso de los asalariados y limita la capacidad de recuperación económica de los distintos sectores productivos.“La situación es cada vez más difícil para los trabajadores. No se trata solamente del salario; también hay incertidumbre sobre el empleo, cierres de pymes y caída del consumo”, aseveró.
Paritarias bajo presión e incertidumbre en el sector
Dentro de ese panorama, Menéndez confirmó que el gremio de estaciones de servicio ya inició conversaciones con cámaras empresarias de la región para discutir actualizaciones salariales correspondientes a los próximos meses.
El dirigente explicó que, pese al contexto adverso, existe una relación de diálogo madura con el sector empresario local, particularmente en la región de Cuyo, donde históricamente predominó una convivencia negociadora menos confrontativa que en otros puntos del país.
“Las cámaras conocen perfectamente la realidad económica porque también forman parte de ella. Saben cuánto aumentaron los alimentos, los servicios y el costo operativo diario”, expresó.
No obstante, reconoció que el escenario nacional condiciona cualquier discusión salarial de fondo, especialmente por la falta de previsibilidad macroeconómica y la intervención oficial sobre las homologaciones.
Aun así, destacó que el sector mantiene cierto dinamismo económico en San Juan y valoró las inversiones privadas que continúan generando empleo en medio de un presente complejo.
Mencionó, entre otros proyectos, nuevas estaciones de servicio en construcción y ampliaciones vinculadas al desarrollo del GNC, un rubro que comienza a expandirse nuevamente por el encarecimiento de los combustibles líquidos.
“Que empresarios sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo en este contexto es una señal importante. Son decisiones que ayudan a sostener actividad y empleo”, afirmó.
Una reforma cuestionada desde múltiples frentes
Las críticas de Menéndez se suman a las manifestaciones de rechazo que distintos gremios vienen expresando desde la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. El eje principal de las objeciones gira alrededor de la flexibilización de condiciones de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas modalidades de negociación laboral.
Para el sindicalismo, el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a reducir costos laborales y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores.
“Todo está pensado para darle mayor libertad al empleador a la hora de despedir o precarizar condiciones laborales”, sostuvo el dirigente sanjuanino.
Además, cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y aseguró que la economía real continúa mostrando aumentos sostenidos en bienes esenciales.
“El trabajador percibe otra realidad completamente distinta a la que muestran los números oficiales. Esa diferencia termina golpeando directamente en la mesa familiar”, planteó.
Desde San Juan, Víctor Menéndez sintetizó esa inquietud con una advertencia que atraviesa hoy buena parte del universo sindical: “No se puede construir estabilidad económica debilitando a los trabajadores. Cuando el salario pierde poder adquisitivo, se resiente el consumo, la producción y toda la economía”.
La discusión sobre la reforma laboral, lejos de agotarse en el Congreso, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la conflictividad judicial, la presión gremial y la presión social comenzarán a ocupar un lugar central en la agenda nacional.
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Caen las ventas y se profundiza el deterioro del poder de compra
La desaceleración inflacionaria todavía no alcanza para revertir el deterioro del mercado interno. Durante abril, el consumo masivo volvió a exhibir números negativos y confirmó una tendencia recesiva que se extiende desde hace más de dos años, en un contexto marcado por la pérdida sostenida de capacidad de compra de los salarios y el fuerte incremento de los gastos básicos de los hogares.
De acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída interanual del 3,8%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 mostró un retroceso del 3,3%. El dato volvió a encender señales de preocupación en distintos sectores económicos, comerciales y sindicales, que observan un consumo cada vez más restringido y concentrado en bienes esenciales.
El retroceso se produjo incluso en un contexto de desaceleración de precios. Tras el 3,4% registrado en marzo, la inflación de abril descendió al 2,6%. Sin embargo, la mejora estadística todavía no encuentra correlato en la vida cotidiana de amplios sectores sociales. En comparación con marzo, las ventas volvieron a bajar un 4,7%, reflejando la persistente fragilidad de los ingresos reales.
El fenómeno expone una dinámica cada vez más visible en la economía doméstica: una proporción creciente del salario se destina a cubrir tarifas, alquileres, transporte, servicios y otros compromisos fijos que evolucionaron por encima de los aumentos salariales.
El estudio revela que los canales tradicionales de comercialización continúan atravesando una situación delicada. Supermercados, autoservicios, almacenes barriales, kioscos y mayoristas registraron caídas generalizadas, mientras que el comercio electrónico aparece como el único segmento con crecimiento, aunque todavía con una participación reducida dentro del volumen total de operaciones.
Las compras impulsivas retrocedieron 12% interanual, los productos perecederos cayeron 7,8%, los artículos asociados al desayuno y la merienda descendieron 7,6% y los productos de limpieza del hogar registraron una baja del 5,9%.
Incluso los alimentos básicos y los artículos de higiene personal comenzaron a mostrar retracciones, una señal que distintos analistas interpretan como un indicador del ajuste que atraviesan los hogares frente al encarecimiento del costo de vida.
En simultaneo, otros informes privados coinciden en describir un cuadro de pérdida de ingreso disponible. Un relevamiento de la consultora Equilibra señaló que, durante marzo, el dinero remanente luego de afrontar gastos esenciales volvió a disminuir y quedó 12% por debajo del promedio registrado en 2023.
La combinación entre salarios rezagados, consumo retraído y mayores costos estructurales configura uno de los principales desafíos para la actividad económica. Aunque el Gobierno de Javier Milei sostiene que la estabilización macroeconómica permitirá una recuperación más adelante, los indicadores de ventas continúan mostrando un panorama distante de cualquier reactivación sólida en el corto plazo.
Mientras tanto, la caída del consumo aparece como uno de los termómetros más sensibles de la situación social. Para sectores gremiales, comerciales y productivos, el freno en las ventas no sólo refleja una menor circulación de dinero, sino también el progresivo deterioro de las condiciones materiales de trabajadores, jubilados y amplias franjas de la clase media que ven cada vez más limitada su capacidad de sostener gastos cotidianos.
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Cierra Hiper Libertad en San Juan y comienza una nueva etapa con La Anónima
Después de casi 27 años de presencia ininterrumpida en la provincia, el histórico Hiper Libertad de San Juan cerró este jueves sus puertas de manera definitiva, marcando el final de uno de los ciclos comerciales más representativos del consumo minorista local desde fines de los años noventa.
El establecimiento, emplazado en el cruce de Avenida Circunvalación y Scalabrini Ortiz, comenzó a exhibir desde las primeras horas posteriores al cierre una imagen completamente distinta a la habitual: sectores vacíos, estructuras desmontadas, carros abandonados y amplias superficies cubiertas con paneles metálicos que anticipan el inicio de una profunda transformación interna.
La salida de la firma cordobesa no implica, sin embargo, el cierre del complejo comercial. El tradicional paseo continuará funcionando bajo la denominación Paseo Libertad, debido a que la operación realizada contempló únicamente la transferencia del fondo de comercio del hipermercado, mientras que la administración de la galería permanecerá en manos de los actuales propietarios.
La modificación más significativa llegará con el desembarco de La Anónima, la cadena de origen patagónico que asumirá el control operativo del espacio y que prevé inaugurar formalmente su nueva sucursal durante la primera quincena de junio. Hasta entonces, el inmueble permanecerá cerrado por tareas de adecuación técnica, instalación de sistemas, reorganización logística y abastecimiento integral de mercadería.
La transición representa además un cambio de peso dentro del mapa comercial sanjuanino. Libertad había desembarcado en la provincia el 29 de septiembre de 1999 y, desde entonces, se consolidó como uno de los polos de mayor movimiento de consumidores del Gran San Juan, acompañando la expansión urbana y el crecimiento del sector comercial en las últimas décadas.
El proceso de reconversión también contempla la continuidad laboral de la mayor parte del plantel. Según se confirmó, alrededor de 80 trabajadores conservarán sus puestos bajo la nueva administración, manteniendo además su antigüedad. simultaneamente, un grupo reducido continuará vinculado a la estructura empresarial encargada de la gestión inmobiliaria y comercial del predio.
Durante los próximos días, el espacio atravesará una etapa de reacondicionamiento integral. En el interior ya comenzaron los desmontajes de señalética y mobiliario, mientras que las áreas de cajas y depósitos serán adaptadas al esquema operativo de la nueva firma.
La llegada de La Anónima forma parte de una estrategia nacional de expansión mediante la adquisición de distintas sucursales operadas anteriormente por Libertad en diversos puntos del país. Con más de un siglo de trayectoria y presencia en decenas de ciudades argentinas, la cadena buscará ahora posicionarse en un enclave comercial históricamente relevante para el mercado sanjuanino.
El cierre de Libertad no representa únicamente una modificación empresarial. Para miles de familias sanjuaninas, el hipermercado formó parte de la vida cotidiana durante casi tres décadas y se convirtió en una referencia habitual del consumo, el empleo y la actividad económica urbana. Su despedida deja atrás una postal característica de fines de los noventa y abre una nueva etapa en uno de los centros comerciales más emblemáticos de la provincia.
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