Correo Argentino: FOECYT endurece su postura y denuncia un deterioro sostenido en las condiciones laborales
En el Día del Trabajador Telepostal, la FOECYT profundizó sus cuestionamientos al Correo Argentino por la falta de recomposición salarial, la imposición de decisiones sin consenso y el progresivo retroceso en derechos laborales.
La conmemoración del Día del Trabajador Telepostal dejó de ser una instancia protocolar para transformarse en una señal de alerta dentro del sistema postal. La FOECYT, utilizó la fecha para exponer un cuadro que, según su diagnóstico, combina pérdida de poder adquisitivo, debilitamiento de las garantías laborales y una dinámica empresaria que prescinde del diálogo institucional.
El eje inmediato de la controversia se ubica en la decisión de las autoridades del Correo Argentino de trasladar el feriado del 7 de abril al lunes siguiente. Desde la organización sindical interpretaron la medida como una alteración inconsulta de acuerdos vigentes y una desnaturalización de una jornada con fuerte identidad para la actividad. La explicación oficial —centrada en supuestos beneficios organizativos— fue desestimada por el gremio, que la consideró inconsistente con antecedentes recientes y alineada con necesidades operativas antes que con el interés del personal.
No obstante, el desacuerdo trasciende este episodio. La federación viene señalando una política salarial que, en su criterio, erosiona progresivamente la capacidad adquisitiva. La implementación de incrementos definidos de manera unilateral, al margen de las negociaciones paritarias, constituye uno de los puntos más sensibles. Para el sindicato, este mecanismo no solo limita la discusión colectiva, sino que también consolida un esquema donde las recomposiciones quedan por detrás de la evolución de los precios.
La distancia entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de los trabajadores profundiza el malestar. Mientras la conducción de la empresa pone el acento en avances operativos y modernización, desde el ámbito gremial se describe una realidad marcada por la reducción de estructuras, menores perspectivas de desarrollo profesional y una progresiva pérdida de derechos adquiridos.
Frente a este cuadro, FOECYT resolvió avanzar con un esquema de acciones que incluye asambleas y protestas en distintas regiones del país, en el marco del estado de alerta y movilización declarado a comienzos de abril. Las medidas articulan demandas de recomposición salarial con el rechazo a decisiones recientes, en un intento por visibilizar un conflicto que, según advierten, podría profundizarse.
A su vez, la lectura sindical incorpora una dimensión más amplia. Desde la federación vinculan la situación del Correo con una orientación general de la política pública, a la que atribuyen una priorización de criterios de ajuste y racionalización del gasto por sobre la preservación del empleo. Esta interpretación amplía el alcance del reclamo y lo inscribe en un debate de mayor escala sobre el rol de las empresas estatales.
El conflicto en el Correo Argentino expone una fricción cada vez más marcada entre las estrategias de reorganización empresaria y las demandas sindicales por sostener condiciones laborales y poder adquisitivo. La ausencia de instancias de negociación robustas y la reiteración de medidas unilaterales han erosionado los canales tradicionales de entendimiento.
En este este sentido, la disputa ingresa en una etapa de mayor complejidad, donde la resolución dependerá en gran medida de la capacidad de reconstruir espacios de diálogo efectivos. De no mediar señales en esa dirección, el diferendo no solo tenderá a prolongarse, sino que podría escalar en intensidad, con impacto directo sobre el funcionamiento de un servicio público esencial y sobre la estabilidad laboral de quienes lo sostienen a diario.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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