Nafta sin freno: sube más que la inflación y agrava la pérdida de ingresos

La liberalización del mercado de combustibles y la adopción de ajustes dinámicos atados al precio internacional del crudo reconfiguran el sistema energético argentino. Con aumentos que superan ampliamente la inflación y los salarios, el nuevo esquema presiona sobre el consumo, la producción y el ingreso disponible de los hogares.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el mercado de combustibles atraviesa una transformación estructural marcada por la desregulación y la reducción de la intervención estatal. En este nuevo escenario, las petroleras adoptaron un esquema de actualización permanente de precios —denominado en el sector como “micropricing”— que replica con mayor rapidez las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo.

El resultado es una aceleración sostenida en los surtidores. A fines de marzo, el litro de nafta supera los 2.000 pesos, consolidando una cadena de aumentos que, según un informe del Instituto Argentina Grande, acumula una suba del 514% desde el cambio de gobierno, con un incremento real del 56,9%. El dato contrasta con una inflación acumulada del 291,9% y un crecimiento de los salarios privados registrados del 288%, evidenciando un deterioro relativo del poder adquisitivo frente al costo energético.

La tendencia no sólo se mantiene sino que se profundiza. En lo que va del año, el precio de los combustibles aumentó un 18,7%, prácticamente el doble del ritmo inflacionario del período, mientras que los salarios avanzaron apenas un 6,7%. La brecha entre ingresos y costos energéticos se amplía, consolidando un escenario de presión sobre el consumo y la actividad.

El contexto internacional actúa como catalizador de este proceso. La escalada de tensiones en Medio Oriente —particularmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán— impactó en el precio del barril de crudo, trasladando volatilidad a los mercados globales. En el plano local, la decisión oficial de acompañar esas variaciones sin mecanismos de amortiguación amplifica su impacto directo en los precios internos.

Desde el IAG cuestionan la ausencia de una estrategia para desacoplar los valores locales de las fluctuaciones externas, y comparan el enfoque con políticas de menor regulación como las impulsadas durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El peso en el bolsillo

El encarecimiento de los combustibles excede su impacto directo en el gasto cotidiano. Se trata de un insumo transversal cuya incidencia se extiende a toda la estructura de costos de la economía. Transporte, logística, alimentos y producción industrial absorben estos incrementos y los trasladan —con distinta intensidad— al resto de los precios.

En este sentido, los ingresos muestran un rezago persistente. El informe del IAG señala una caída real del 3,5% en los salarios privados, mientras que en el sector público nacional el retroceso alcanza el 37,2% respecto de los niveles previos al cambio de gestión. A su vez, los gastos fijos —entre ellos tarifas y transporte— duplicaron su peso en el salario mediano, pasando del 4,8% al 10,8%.

Este deterioro impacta en el ingreso disponible de los hogares, que descendió del 80,1% al 76% del salario en trabajadores registrados. Como contracara, crece el endeudamiento: el 47% de las familias recurre a financiamiento para sostener el consumo, mientras que el 13,9% mantiene deudas con entidades financieras. La morosidad, en tanto, alcanzó al 10,6% en enero de 2026, el nivel más alto en veinte años.

A este panorama se suma la carga impositiva. El impuesto a los combustibles incrementó su participación en el precio final, pasando del 10% en 2022 al 22% en marzo de 2026. Según el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, esto implica que cerca de 400 pesos de cada litro corresponden a tributos, lo que reabre el debate sobre el destino y la eficiencia de esos recursos.

El esquema vigente combina tres factores que potencian la presión sobre los precios: liberalización del mercado, alta carga impositiva y plena exposición a las variaciones internacionales. Esta tríada configura un sistema sensible a shocks externos y con escasos mecanismos de contención interna.

El “micropricing” introduce, además, un cambio cualitativo en la dinámica inflacionaria. Al permitir ajustes más frecuentes, reduce los rezagos entre costos y precios, pero al mismo tiempo incrementa la percepción de inestabilidad y dificulta la planificación tanto para consumidores como para empresas.

En términos macroeconómicos, el encarecimiento del combustible actúa como un factor de segunda ronda: no sólo impacta directamente en el índice de precios, sino que se filtra en toda la cadena productiva, amplificando sus efectos sobre la inflación general.

El precio de los combustibles se convirtió en una variable clave del actual esquema económico. Su evolución, cada vez más atada al mercado internacional y menos regulada a nivel local, redefine el costo de vida y tensiona la relación entre ingresos y gastos. La discusión de fondo —el rol del Estado en la regulación de un insumo estratégico— permanece abierta en un marco donde la energía no sólo mueve la economía, sino que también condiciona su estabilidad social.