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Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal convocaron a una movilización conjunta el 2 de abril frente al Edificio Centinela. El reclamo por salarios por debajo de la línea de pobreza y la crisis en la cobertura de salud exponen un cuadro de creciente tensión en el área de Seguridad.


La conflictividad en el sistema de seguridad federal ingresó en una fase de alta intensidad. Por primera vez en las últimas décadas, las cinco principales fuerzas bajo la órbita nacional —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal— resolvieron articular una protesta conjunta para visibilizar el deterioro de sus condiciones salariales y laborales.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 2 de abril frente al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro, bajo la modalidad de un “abrazo solidario”. La elección del formato no es menor: busca evitar sanciones disciplinarias en un sector donde el derecho a la sindicalización y la protesta está fuertemente restringido.

Salarios en crisis: ingresos por debajo de la línea de pobreza

El eje del reclamo es el deterioro sostenido del poder adquisitivo. De acuerdo con fuentes de las propias fuerzas, una porción significativa de los efectivos percibe ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, lo que obliga a recurrir a actividades informales para completar ingresos.

La proliferación de trabajos adicionales —desde aplicaciones de transporte hasta changas— se volvió una práctica extendida entre los rangos más bajos, evidenciando un proceso de precarización que impacta directamente en la operatividad y la moral del personal.

Crisis sanitaria: cuestionamientos a la reestructuración de la obra social

A la problemática salarial se suma un frente sanitario en deterioro. La reconfiguración del sistema de salud de las fuerzas, que derivó en la creación de nuevos esquemas diferenciados para personal de seguridad y militar, es fuertemente cuestionada por los efectivos.

Denuncian demoras en la atención, reducción de prestaciones y falta de cobertura en tratamientos esenciales. Este escenario profundiza el malestar interno y amplifica la sensación de desprotección institucional en un sector que históricamente contó con sistemas propios de asistencia.

Malestar en la cadena de mando y cuestionamientos a la conducción

El conflicto pone de manifiesto un ambiente difícil dentro del propio Gobierno. En distintos despachos oficiales crecen las críticas hacia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señalada por sectores técnicos y políticos por presuntas falencias en la conducción del área.

Las objeciones apuntan tanto a la gestión cotidiana como a la estrategia frente al problema salarial. La designación de su equipo de colaboradores y la relación con las cúpulas de las fuerzas también son objeto de cuestionamientos internos.

En ese ámbito, vuelve a resonar el antecedente de la crisis policial en Córdoba en 2013, cuando un acuartelamiento derivó en un vacío de seguridad y precipitó su salida de la gestión provincial. Ese episodio reaparece ahora como referencia ineludible en el análisis político del actual escenario.

Desigualdad interna y desgaste acumulado

Otro de los factores que alimentan la protesta es la percepción de inequidad en la distribución de los incrementos salariales. Según denuncian fuentes del sector, las mejoras recientes habrían favorecido en mayor medida a las jerarquías superiores, ampliando la brecha con los escalafones más bajos.

El malestar, en este aspecto, no es coyuntural sino acumulativo. La pérdida de poder adquisitivo, combinada con presiones internas y condiciones laborales exigentes, configuró un escenario que ahora encuentra un canal de expresión inédito en la coordinación entre fuerzas.

Coordinación inédita y alerta en el Gobierno

La articulación de una convocatoria conjunta entre las cinco fuerzas federales representa una alta repercusión política e institucional. No solo por la magnitud del reclamo, sino por el nivel de organización alcanzado en un marco históricamente fragmentado y disciplinado.

En la Casa Rosada, la protesta es observada con preocupación. El Gobierno enfrenta el desafío de contener un conflicto en un sector estratégico del Estado, en una situación de restricción fiscal y deterioro del poder adquisitivo generalizado.

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El BCRA reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanzó la reforma laboral

La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.

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El Gobierno avanza con la renovación del Parque de Mayo y abre las ofertas de una obra millonaria

El miércoles se realizará la apertura de sobres de la licitación para una obra valuada en más de $3.223 millones. El proyecto prevé construir tres locales gastronómicos, renovar la infraestructura peatonal y recuperar un espacio que hoy presenta deterioro urbano, con una intervención integrada al entorno cívico y cultural de la ciudad.

El Gobierno de San Juan dará un paso decisivo en la renovación del Parque de Mayo cuando el próximo miércoles abra los sobres de la licitación pública para ejecutar la obra «Intervención Parque de Mayo Sector 3 – Espacios Verdes y Construcción de Locales Gastronómicos», una iniciativa que demandará una inversión oficial de $3.223.777.891,32, calculada a valores de junio de 2026.

La propuesta apunta a recuperar un área que actualmente evidencia deficiencias en iluminación, circulación peatonal y equipamiento urbano, con el propósito de convertirla en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. La incorporación de infraestructura comercial busca, además, generar mayor permanencia de personas y reforzar la seguridad mediante un uso más intenso del espacio público.

El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a emprendimientos gastronómicos, emplazados sobre plataformas elevadas y diseñados con un sistema constructivo mixto que combinará hormigón armado, estructuras metálicas livianas y materiales de bajo mantenimiento. La iniciativa pretende armonizar la nueva arquitectura con el paisaje del principal pulmón verde de la capital sanjuanina.

Otro de los aspectos centrales será la incorporación de criterios de accesibilidad universal. Todo el recorrido contará con rampas y pisos podotáctiles para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Asimismo, los nuevos edificios estarán vinculados de manera fluida entre la calle Laprida y la avenida Libertador, favoreciendo la conectividad peatonal.

La intervención también incluirá la ampliación y renovación de las veredas sobre calle Laprida, junto con la instalación de mobiliario urbano, nueva iluminación LED y espacios de permanencia. Estas mejoras permitirán integrar el paseo con dos de los principales edificios institucionales y culturales de la provincia: el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Legislatura de San Juan, fortaleciendo la continuidad urbana del área.

Para garantizar el funcionamiento de los futuros locales, la obra prevé ejecutar un nuevo tendido de gas natural de aproximadamente 180 metros sobre calle Laprida, además de adecuar las redes de agua potable y cloacas. También se incorporará un sistema lumínico diseñado tanto para resaltar la arquitectura como para incrementar la seguridad durante las horas nocturnas.

El pliego establece un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la firma del acta de inicio. Además, fija como requisito que las empresas nacionales interesadas participen mediante una Unión Transitoria (UT) junto a firmas radicadas en San Juan, las cuales deberán poseer una participación mínima del 40% en la asociación, una condición que busca favorecer la participación del empresariado local y la generación de empleo provincial.

El procedimiento licitatorio comenzará con la apertura del Sobre N.º 1, que contiene la documentación técnica, legal y administrativa de los oferentes. Una vez concluido el análisis por parte de la comisión evaluadora, se procederá a abrir el Sobre N.º 2, correspondiente a las propuestas económicas, instancia en la que se determinará cuál resulta más conveniente para el Estado.

La intervención representa una de las inversiones urbanas más importantes previstas por la Provincia para 2026. Más allá de la incorporación de un nuevo polo gastronómico, la obra busca revalorizar uno de los espacios públicos más representativos de San Juan, potenciar su integración con el circuito institucional y cultural de la capital y consolidar un área destinada al esparcimiento, el turismo y el desarrollo económico local.

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Departamentales

Una falla en Punta de Rieles dejó sin luz a amplios sectores de San Juan

La distribuidora informó que la interrupción del suministro se originó por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Chimbas y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de usuarios afectados y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva durante la noche.

Miles de usuarios del Gran San Juan permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico este sábado como consecuencia de una falla registrada en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según confirmó Naturgy mediante un comunicado oficial. La interrupción impactó principalmente en los departamentos de Chimbas y Rivadavia, donde se multiplicaron los reclamos por la falta de energía.

La empresa precisó que el desperfecto se produjo en una instalación estratégica para la distribución eléctrica de esa área, lo que obligó a desplegar cuadrillas técnicas para reparar la avería y ejecutar las maniobras necesarias para restituir el servicio.

Mientras avanzaban los trabajos, la compañia informó que sus equipos operaban de manera ininterrumpida para recuperar el abastecimiento «a la mayor brevedad posible», al tiempo que mantuvo el seguimiento de la evolución del sistema.

Después de las 20.15 del sábado comenzó la restitución gradual de la energía en los barrios alcanzados por el corte. La normalización se realizó de forma progresiva para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones durante las maniobras de recuperación.

Naturgy indicó que continuará informando sobre la recuperación total del servicio a través de sus canales oficiales y recordó que los usuarios pueden realizar consultas, reclamos o denuncias mediante la Oficina Virtual o comunicándose a la línea gratuita 0800-666-3637.

El episodio volvió a poner de relieve el impacto que generan las fallas en la infraestructura eléctrica sobre miles de hogares y comercios del Gran San Juan, especialmente cuando afectan instalaciones de alta importancia para la distribución del suministro en la provincia.

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