Ley de Glaciares: entre el agua como derecho y la minería como promesa de desarrollo
La primera audiencia pública en Diputados expuso tensiones de fondo en torno a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno: cuestionamientos al proceso participativo, advertencias científicas y un debate que trasciende lo ambiental para instalarse en el terreno del empleo, el desarrollo y los derechos básicos.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ingresó en una fase decisiva con la primera audiencia pública realizada este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados. Lejos de consolidar consensos, la instancia evidenció un escenario de alta conflictividad política e institucional, atravesado por denuncias de restricción en la participación ciudadana y por un debate de fondo que enfrenta dos modelos de desarrollo.
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente. Entre los cambios más significativos, elimina la prohibición de actividades mineras en zonas periglaciales y transfiere a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas, desplazando el criterio técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
La iniciativa, presentada oficialmente como un paso hacia el “ordenamiento normativo”, abre interrogantes sobre el equilibrio entre autonomía provincial, rigor científico y resguardo ambiental.
Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo exclusivamente en el contenido del proyecto, sino en las condiciones bajo las cuales se desarrolló el debate. Apenas el 0,3% de los inscriptos pudo hacer uso de la palabra, en su mayoría en oposición a la reforma. Este dato activó una impugnación formal por parte de legisladores de distintos bloques, quienes sostienen que el esquema implementado vulnera principios constitucionales, así como normativas ambientales y acuerdos internacionales como el de Escazú, que garantizan la participación pública en decisiones de alto impacto.
En el plano argumental, el oficialismo sostiene que la flexibilización de la ley permitirá dinamizar la economía a través de inversiones millonarias y generación de empleo. Según estimaciones del sector empresarial, la apertura de nuevas áreas podría atraer hasta 33.000 millones de dólares hacia 2032 y crear cientos de miles de puestos de trabajo. No obstante, estas proyecciones son puestas en duda por antecedentes concretos de la actividad minera en el país.
Durante la audiencia, diversas exposiciones recuperaron el caso de Bajo La Alumbrera como ejemplo de los límites del modelo extractivo: explotación intensiva, bajo valor agregado local, escasa generación de empleo sostenido y fuertes pasivos ambientales al cierre de los yacimientos. La minería metalífera, caracterizada por su alta inversión de capital y baja demanda de mano de obra, aparece así en conlficto con actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, que dependen de recursos hídricos estables y generan ocupación a largo plazo.
Es precisamente el agua el eje que articula las principales preocupaciones. Más del 36% del territorio continental argentino depende de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que convierte a estos ecosistemas en una pieza estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la sostenibilidad de economías regionales enteras. Provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén basan buena parte de su producción en sistemas de riego que podrían verse comprometidos ante cualquier alteración significativa de las reservas hídricas.
La discusión se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por la creciente escasez de agua. Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió sobre una “quiebra hídrica global”, señalando el agotamiento irreversible de acuíferos en distintas regiones del planeta. En esa línea, organismos internacionales ya expresaron preocupación por el rumbo de la reforma argentina, alertando sobre posibles vulneraciones al derecho humano al acceso al agua.
A este escenario se suma otro dato relevante: un relevamiento de la Universidad de Zurich identificó decenas de emprendimientos mineros actualmente en infracción con la ley vigente, emplazados en zonas de hielo. Para sectores críticos, la reforma no solo implicaría una flexibilización normativa hacia adelante, sino también una suerte de regularización retroactiva de actividades hoy cuestionadas, lo que tensiona aún más la legitimidad del proceso.
Desde el movimiento sindical y las organizaciones territoriales, la discusión adquiere una dimensión adicional. La reforma de la Ley de Glaciares es leída como parte de un paquete más amplio de políticas orientadas a reducir costos productivos y ampliar márgenes de rentabilidad para grandes capitales, paralelamente con cambios en la legislación laboral. En esa interpretación, ambiente y trabajo no son dimensiones separadas, sino variables interdependientes en la disputa por el modelo económico.
La reforma de la Ley de Glaciares expone una de las discusiones más complejas de la agenda pública actual: cómo compatibilizar la necesidad de crecimiento económico con la preservación de recursos estratégicos y derechos esenciales. El debate no se agota en la dicotomía entre minería y ambiente, sino que interpela la calidad institucional, la transparencia en la toma de decisiones y el tipo de desarrollo que se proyecta a largo plazo.
La audiencia pública, lejos de saldar diferencias, dejó al descubierto una fractura profunda entre los argumentos oficiales y las advertencias de amplios sectores sociales, científicos y productivos. Bajo estas circunstancias, el futuro de la ley no solo dependerá de mayorías legislativas, sino también de la capacidad del sistema político para procesar demandas, garantizar participación genuina y sostener un equilibrio que, en última instancia, definirá el acceso al agua y las condiciones de vida de las próximas generaciones.
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Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan
Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.
El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.
Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.
Qué pasará con los bancos
La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.
Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.
Cómo funcionará el transporte público
El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.
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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años
La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.
En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.
Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.
Más de 437.000 puestos registrados menos
El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.
La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.
Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.
Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas
La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.
Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.
La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores
La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.
No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.
Departamentales
Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.
El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.
En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.
Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.
El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.
Un proyecto de ampliación a futuro
La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.
Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.
La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.
De escuela universitaria a Facultad
El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.
Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.
Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.
El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.
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