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La primera audiencia pública en Diputados expuso tensiones de fondo en torno a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno: cuestionamientos al proceso participativo, advertencias científicas y un debate que trasciende lo ambiental para instalarse en el terreno del empleo, el desarrollo y los derechos básicos.

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ingresó en una fase decisiva con la primera audiencia pública realizada este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados. Lejos de consolidar consensos, la instancia evidenció un escenario de alta conflictividad política e institucional, atravesado por denuncias de restricción en la participación ciudadana y por un debate de fondo que enfrenta dos modelos de desarrollo.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente. Entre los cambios más significativos, elimina la prohibición de actividades mineras en zonas periglaciales y transfiere a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas, desplazando el criterio técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La iniciativa, presentada oficialmente como un paso hacia el “ordenamiento normativo”, abre interrogantes sobre el equilibrio entre autonomía provincial, rigor científico y resguardo ambiental.

Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo exclusivamente en el contenido del proyecto, sino en las condiciones bajo las cuales se desarrolló el debate. Apenas el 0,3% de los inscriptos pudo hacer uso de la palabra, en su mayoría en oposición a la reforma. Este dato activó una impugnación formal por parte de legisladores de distintos bloques, quienes sostienen que el esquema implementado vulnera principios constitucionales, así como normativas ambientales y acuerdos internacionales como el de Escazú, que garantizan la participación pública en decisiones de alto impacto.

En el plano argumental, el oficialismo sostiene que la flexibilización de la ley permitirá dinamizar la economía a través de inversiones millonarias y generación de empleo. Según estimaciones del sector empresarial, la apertura de nuevas áreas podría atraer hasta 33.000 millones de dólares hacia 2032 y crear cientos de miles de puestos de trabajo. No obstante, estas proyecciones son puestas en duda por antecedentes concretos de la actividad minera en el país.

Durante la audiencia, diversas exposiciones recuperaron el caso de Bajo La Alumbrera como ejemplo de los límites del modelo extractivo: explotación intensiva, bajo valor agregado local, escasa generación de empleo sostenido y fuertes pasivos ambientales al cierre de los yacimientos. La minería metalífera, caracterizada por su alta inversión de capital y baja demanda de mano de obra, aparece así en conlficto con actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, que dependen de recursos hídricos estables y generan ocupación a largo plazo.

Es precisamente el agua el eje que articula las principales preocupaciones. Más del 36% del territorio continental argentino depende de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que convierte a estos ecosistemas en una pieza estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la sostenibilidad de economías regionales enteras. Provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén basan buena parte de su producción en sistemas de riego que podrían verse comprometidos ante cualquier alteración significativa de las reservas hídricas.

La discusión se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por la creciente escasez de agua. Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió sobre una “quiebra hídrica global”, señalando el agotamiento irreversible de acuíferos en distintas regiones del planeta. En esa línea, organismos internacionales ya expresaron preocupación por el rumbo de la reforma argentina, alertando sobre posibles vulneraciones al derecho humano al acceso al agua.

A este escenario se suma otro dato relevante: un relevamiento de la Universidad de Zurich identificó decenas de emprendimientos mineros actualmente en infracción con la ley vigente, emplazados en zonas de hielo. Para sectores críticos, la reforma no solo implicaría una flexibilización normativa hacia adelante, sino también una suerte de regularización retroactiva de actividades hoy cuestionadas, lo que tensiona aún más la legitimidad del proceso.

Desde el movimiento sindical y las organizaciones territoriales, la discusión adquiere una dimensión adicional. La reforma de la Ley de Glaciares es leída como parte de un paquete más amplio de políticas orientadas a reducir costos productivos y ampliar márgenes de rentabilidad para grandes capitales, paralelamente con cambios en la legislación laboral. En esa interpretación, ambiente y trabajo no son dimensiones separadas, sino variables interdependientes en la disputa por el modelo económico.

La reforma de la Ley de Glaciares expone una de las discusiones más complejas de la agenda pública actual: cómo compatibilizar la necesidad de crecimiento económico con la preservación de recursos estratégicos y derechos esenciales. El debate no se agota en la dicotomía entre minería y ambiente, sino que interpela la calidad institucional, la transparencia en la toma de decisiones y el tipo de desarrollo que se proyecta a largo plazo.

La audiencia pública, lejos de saldar diferencias, dejó al descubierto una fractura profunda entre los argumentos oficiales y las advertencias de amplios sectores sociales, científicos y productivos. Bajo estas circunstancias, el futuro de la ley no solo dependerá de mayorías legislativas, sino también de la capacidad del sistema político para procesar demandas, garantizar participación genuina y sostener un equilibrio que, en última instancia, definirá el acceso al agua y las condiciones de vida de las próximas generaciones.

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Docentes universitarios profundizan la protesta y convocan a un paro desde el 30 de septiembre

Universidades: rechazo al 3%, nuevo paro y una quinta Marcha Federal en octubre
Paritaria universitaria: los docentes reclaman una recomposición del 33,4%
El conflicto universitario suma otro paro y queda atravesado por una disputa judicial
Universidades nacionales: paro desde el miércoles y presión para aplicar la Ley 27.795
Docentes universitarios vuelven al paro antes de la Marcha Federal de octubre

CONADU resolvió un paro total de actividades de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre. La medida quedó condicionada a que el Gobierno aplique antes del martes 29 la recomposición salarial que los gremios reclaman en el marco de la Ley 27.795. La disputa también llegó a la Justicia, que intimó al Ejecutivo a cumplir una cautelar en cinco días.

La huelga, sin embargo, quedó sujeta a una condición: los gremios anticiparon que podría levantarse si el Gobierno nacional efectiviza antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% que reclaman en aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta oficial había sido del 3%, porcentaje rechazado por las organizaciones sindicales.

La Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos frente al veto presidencial, establece en su artículo 5 la actualización de los salarios docentes y no docentes tomando como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2023. También dispone actualizaciones periódicas en las negociaciones paritarias. El artículo 6 establece la recomposición de las becas estudiantiles según la evolución de los precios.

La disputa incorporó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.

El Gobierno, en cambio, sostiene que ya cumplió con la cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La controversia judicial se suma así a una negociación paritaria que permanece sin acuerdo.

Para Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la respuesta sindical debe sostener la organización colectiva frente a la fragmentación que, según afirmó, caracteriza el momento político y laboral. Su planteo acompañó la decisión de profundizar las medidas hasta la próxima movilización nacional.

El paro se inscribe además en una secuencia de protestas que tendrá otro punto central el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios prevén llevar allí el reclamo salarial, la aplicación de la Ley 27.795 y la discusión sobre el financiamiento de las universidades en el Presupuesto 2027.

De este modo, el conflicto universitario llega a una nueva instancia con tres frentes simultáneos: una paritaria sin acuerdo, una disputa judicial por la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y un calendario gremial que se extenderá hasta octubre. La definición sobre el aumento salarial antes del martes 29 determinará si el paro comienza el miércoles o si las partes encuentran una salida de último momento.

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CGT, 96 años: nació en medio de un golpe y convirtió la unidad sindical en una herramienta de poder

La Confederación General del Trabajo fue creada el 27 de septiembre de 1930, pocas semanas después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Su origen fue el resultado de un acuerdo entre corrientes sindicales que mantenían profundas diferencias y que entendieron que la fragmentación debilitaba su capacidad de representación. La central atravesó rupturas, dictaduras, proscripciones y reunificaciones hasta convertirse en una de las instituciones centrales de la vida laboral y política argentina.

Pero el golpe no creó la necesidad de una central obrera. La discusión sobre la unidad sindical venía de antes. Durante las décadas previas, el movimiento obrero había construido una extensa red de sindicatos, federaciones y centrales atravesadas por diferencias profundas sobre la relación con el Estado, los partidos políticos, la huelga y el papel de las organizaciones de trabajadores.

En la década de 1920 convivían distintas tradiciones. La Confederación Obrera Argentina (COA) reunía principalmente a sindicatos de orientación socialista; la Unión Sindical Argentina (USA) expresaba la tradición sindicalista revolucionaria; la FORA mantenía la influencia anarquista, mientras los comunistas desarrollaban sus propias estructuras. No se trataba de matices dentro de una misma corriente, sino de concepciones diferentes acerca de la organización y la acción obrera.

La idea de construir una organización común comenzó a ganar fuerza antes del golpe. La Federación Obrera Poligráfica Argentina (FOPA) había impulsado desde 1927 una propuesta de unidad que buscaba reunir a las principales expresiones sindicales. La fragmentación, frente a un empresariado organizado y a un Estado que podía recurrir a la represión, comenzaba a ser percibida por distintos dirigentes como una limitación concreta para defender intereses comunes.

El 6 de septiembre de 1930 cambió las condiciones políticas. La interrupción del orden constitucional, la persecución de organizaciones obreras y el avance del desempleo en medio de la crisis económica internacional aceleraron aquellas conversaciones. Tres semanas después, el 27 de septiembre, delegados de la COA y la USA conformaron una nueva central y adoptaron el nombre de Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El primer secretario general fue el dirigente ferroviario Luis Cerutti.

La nueva organización no representó a todas las corrientes del movimiento obrero. La FORA anarquista permaneció fuera de aquella construcción y los comunistas conservaron estructuras propias. Por eso, la fundación de la CGT no significó el final de las diferencias: fue, en realidad, el comienzo de una experiencia de unidad que durante décadas tendría que atravesar nuevas fracturas y acuerdos.

Tampoco existió una institucionalización inmediata. La central funcionó durante sus primeros años con una estructura todavía en proceso de consolidación y recién entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 1936 realizó su Congreso Constituyente. La documentación histórica del Ministerio de Trabajo señala precisamente ese intervalo de casi seis años entre la creación de la central y su organización formal.

En 1935, además, la disputa interna desembocó en una nueva fractura. Los socialistas ganaron peso en la conducción y los sindicalistas que habían encabezado inicialmente la central quedaron desplazados. La división derivó en la existencia de dos CGT y volvió a demostrar que la unidad alcanzada en 1930 no era irreversible.

El proceso adquirió otra dimensión a partir de 1943. El golpe que derrocó a Ramón Castillo abrió una etapa en la que Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, construyó una relación cada vez más estrecha con importantes organizaciones sindicales. La CGT se convirtió en un actor central de esa transformación y llegó al 17 de octubre de 1945 con una capacidad de movilización que la colocaría en el centro de la escena política nacional.

La movilización de aquel día, protagonizada por miles de trabajadores que confluyeron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, marcó un punto de inflexión. El triunfo electoral del peronismo en 1946 profundizó la gravitación de la central, que durante los años siguientes pasó a ocupar un lugar decisivo en la estructura del movimiento obrero y en la relación entre sindicatos y Estado.

La historia posterior estuvo marcada por nuevas rupturas. Después del derrocamiento de Perón en 1955, la proscripción del peronismo y las restricciones sobre las organizaciones sindicales obligaron al movimiento obrero a reorganizarse. La CGT atravesó intervenciones, divisiones y distintas experiencias de conducción mientras conservaba un peso significativo en la vida política argentina.

Ese papel volvió a adquirir una dimensión dramática durante la última dictadura. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la CGT fue disuelta y los sindicatos intervenidos. La legislación represiva restringió severamente el derecho de huelga y numerosos dirigentes, delegados y militantes obreros fueron perseguidos, encarcelados, torturados y desaparecidos.

Documentación oficial sobre la historia del sindicalismo argentino señala al golpe de 1976 como una de las etapas más graves de persecución contra el movimiento obrero.

En ese período también surgieron expresiones de resistencia sindical. El 27 de abril de 1979, la Comisión de los 25 convocó al primer paro general contra la dictadura. Posteriormente llegaron la movilización a San Cayetano de 1981, la protesta de Plaza de Mayo de 1982 y la marcha de “Paz, Pan y Trabajo”, hitos que contribuyeron a recuperar la presencia pública del sindicalismo en los últimos años del régimen militar.

Con el retorno democrático, la CGT recuperó su funcionamiento institucional, aunque las divisiones internas continuaron. Hubo distintas conducciones y centrales durante las décadas siguientes, hasta que en 2016 tres espacios confluyeron en un nuevo esquema de conducción colegiada integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. En 2021, la central volvió a organizar un triunvirato, esta vez con Daer, Acuña y Pablo Moyano.

La conducción volvió a modificarse en noviembre de 2025. El Congreso General Ordinario eligió como secretarios generales a Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, según la nómina oficial de autoridades de la central. Héctor Daer quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Carlos Acuña asumió la Secretaría de Turismo.

La propia sede histórica de la CGT, en Azopardo 820, sintetiza parte de ese recorrido. El edificio fue inaugurado el 18 de octubre de 1950 y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 1233/2007, que reconoció su importancia dentro de la historia del movimiento obrero argentino.

A 96 años de su fundación, la trayectoria de la CGT muestra que la unidad sindical nunca fue un punto de llegada definitivo. Desde aquel acuerdo entre organizaciones que mantenían diferencias ideológicas hasta las sucesivas rupturas y reunificaciones del siglo XX y XXI, la central construyó su identidad alrededor de una negociación permanente entre intereses, tradiciones y modelos de conducción.

Ese rasgo explica también su permanencia. La CGT no nació porque las organizaciones obreras hubieran dejado de discrepar, sino porque encontraron una razón concreta para actuar juntas en un momento de fuerte presión política y económica. Casi un siglo después, esa misma tensión entre unidad, autonomía, representación y capacidad de acción continúa formando parte de la historia cotidiana del sindicalismo argentino.

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San Juan licitó la primera obra para reconstruir la Ruta 40 hacia Jáchal

El Gobierno de San Juan abrió la licitación para reconstruir el tramo Tucunuco–San Roque, en Jáchal, con una inversión oficial de $26.103 millones y un plazo de 540 días. La calzada pasará de 6,30 a 7,30 metros e incorporará banquinas, obras de drenaje, señalización y medidas de seguridad vial.

La obra tendrá un plazo de 540 días corridos y se ejecutará en el marco del convenio celebrado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto apunta a recuperar un pavimento que presenta un deterioro significativo y a mejorar las condiciones de circulación de uno de los principales accesos al norte sanjuanino.


Una ruta más ancha y con nuevas banquinas

La intervención contempla ensanchar la calzada de 6,30 a 7,30 metros, aunque mantendrá un carril por cada sentido de circulación. A ambos lados se construirán banquinas de tres metros: un metro pavimentado y dos metros de material granular.

Los trabajos incluirán repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y la incorporación de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la ruta.

El proyecto también prevé intervenir alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, además de ejecutar alteos en los puntos que lo requieran. La renovación se completará con defensas laterales, demarcación horizontal y señalización vertical.

La necesidad de la obra está vinculada con el desgaste de la estructura existente y con deficiencias en parte de las obras hidráulicas, factores que afectan tanto la transitabilidad como las condiciones de seguridad.

Un corredor con mayor demanda prevista

Durante 2025, el tramo Tucunuco–San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. La Provincia proyecta un incremento de la circulación a partir del crecimiento de los servicios, el transporte de cargas y el desarrollo productivo y minero del norte.

La Ruta 40 constituye además la principal conexión terrestre entre el Gran San Juan y Jáchal, por lo que su recuperación tendrá incidencia sobre el transporte de pasajeros, la circulación de mercaderías y el acceso a localidades y emprendimientos ubicados a lo largo del corredor.

La licitación de este tramo abre así la primera etapa de un programa de cuatro secciones para recuperar la Ruta 40 Norte. La obra combina reconstrucción del pavimento, ampliación de la infraestructura y adecuación de los sistemas de seguridad y drenaje, con el objetivo de sostener la circulación actual y atender el crecimiento previsto para uno de los corredores viales más importantes del norte provincial.

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