Las 60 universidades nacionales amanecieron este lunes prácticamente paralizadas por un paro total de actividades durante 24 horas, en el marco de una semana de visibilización del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público argentino.

La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y se desarrolla de manera conjunta con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa a los trabajadores nodocentes del sector.

Según informaron desde las organizaciones gremiales, la jornada registra un nivel de acatamiento cercano al 100% en numerosas casas de estudio públicas, reflejando la magnitud del malestar que atraviesa a docentes y trabajadores universitarios.

Reclamo por paritarias y deterioro salarial

El eje central del conflicto gira en torno a la falta de convocatoria a paritarias y a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que denuncian los trabajadores del sector.

Desde FEDUN sostienen que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios universitarios vienen registrando una caída sostenida frente a la inflación, lo que —según afirman— constituye la mayor pérdida salarial de las últimas décadas dentro del sistema educativo superior.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió que la falta de negociación con el Ejecutivo agrava el conflicto.

“Con la pérdida salarial actual no están dadas las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas en las universidades públicas”, sostuvo el dirigente.

De acuerdo con los cálculos del gremio, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de deterioro salarial, y estiman que sería necesario un incremento del 55,4% para recomponer el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la actual gestión nacional.

Presupuesto universitario bajo presión

El paro también busca destacar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. Los sindicatos denuncian que el financiamiento del sistema se encuentra en una situación crítica y reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Ricci advirtió que el incumplimiento de esa normativa no solo afecta los salarios sino también la estabilidad institucional del sistema educativo superior.

“Es grave para la democracia que un gobierno se niegue a cumplir una ley”, afirmó el dirigente, al referirse al escenario presupuestario que enfrentan las universidades.

Defensa de la universidad pública

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la protesta forma parte de un plan de acciones más amplio impulsado por el frente gremial universitario, que incluye poner de manifiesto, actividades públicas y nuevas medidas de protesta si no se abre una instancia de negociación salarial.

El paro de este lunes vuelve a colocar en el centro del debate la sostenibilidad del sistema universitario argentino, mientras el conflicto salarial continúa sin señales de resolución inmediata.

La negociación paritaria docente en San Juan volvió a quedar en un punto muerto. Tras la última reunión con el Ejecutivo provincial, los gremios Unión Docentes Argentinos (UDA) y Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) confirmaron que sus bases rechazaron las propuestas salariales presentadas por el Gobierno, profundizando un clima de creciente conflicto que mantiene abierta la disputa salarial. Las conducciones gremiales anticiparon una contrapropuesta y no descartan acciones judiciales y medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones.

De acuerdo con los resultados de las consultas internas, el rechazo fue contundente en ambos sindicatos. La secretaria general de UDA, Karina Navarro, informó que el 73% de los mandatos se pronunció en contra de la oferta oficial. En la misma línea, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, detalló que el 72% de los afiliados de su organización también votó negativamente.

El resultado dejó la negociación sin acuerdo y con un escenario de tirantez latente que podría escalar en las próximas semanas si no aparece una nueva propuesta del Ejecutivo que logre destrabar la paritaria.

Reclamos salariales y críticas a la liquidación de febrero

Desde UDA señalaron que durante la negociación solicitaron adelantar a mayo los incrementos previstos originalmente para junio, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo. Sin embargo, esa alternativa no obtuvo respuesta favorable por parte del Gobierno.

Navarro explicó que en la mesa paritaria se expuso cómo evolucionarían los sueldos docentes entre marzo y junio, aunque subrayó que el mes de febrero aún permanece sin resolución dentro de la discusión salarial.

La dirigente también cuestionó la forma en que se liquidaron algunos conceptos vinculados al inicio del ciclo lectivo. Según sostuvo, el pago de determinados ítems se realizó de manera arbitraria, y tanto el equipamiento como la ayuda escolar —beneficios establecidos por ley— alcanzaron a un porcentaje mínimo del personal docente, lo que generó malestar en las bases.

Medidas gremiales y posible vía judicial

Desde UDAP, Quiroga anticipó que el gremio adoptará una medida de fuerza que garantizará el 75% de clases, en un intento de sostener la actividad educativa mientras se mantiene la presión sindical sobre el Ejecutivo.

Además, anunció que la organización presentará un recurso de amparo ante la Justicia provincial, mientras que la central docente Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) avanzará con una presentación similar a nivel nacional.

La dirigente insistió en que los sindicatos han acercado diversas alternativas durante la negociación y reclamó que el Gobierno contemple el desfasaje salarial acumulado que afecta a los trabajadores del sector educativo.

Las propuestas oficiales en discusión

Las ofertas presentadas por el Ejecutivo provincial incluyeron dos alternativas con incrementos escalonados y mecanismos de revisión.

La Opción 1, contemplaba aumentos progresivos en el valor índice y en determinados códigos del nomenclador docente durante marzo, mayo y junio de 2026, junto con un bono extraordinario de 120.000 pesos a pagarse en abril y una cláusula de revisión en junio, sujeta a la evolución económica y fiscal de la provincia.

La Opción 2 por su parte, proponía una estructura de aumentos similar, aunque con variaciones en la distribución de los puntos de incremento, manteniendo también una instancia de revisión en junio.

En ambos casos, el Gobierno incluyó además el compromiso de iniciar en el segundo semestre de 2026 un estudio sobre los radios docentes 4, 5, 6 y 7, así como una evaluación específica de la situación salarial en los departamentos de Jáchal y Caucete.

Con el rechazo de las bases y la ausencia de consenso, la paritaria docente continúa abierta y sin una solución inmediata. Mientras los gremios preparan una contrapropuesta salarial, el Gobierno enfrenta la presión de un sector que reclama una recomposición más rápida frente a la pérdida del poder adquisitivo.

En este escenario, el conflicto docente se mantiene latente y podría trasladarse al terreno judicial o a nuevas medidas gremiales si las próximas negociaciones no logran acercar posiciones. El desafío inmediato será encontrar un punto de equilibrio que permita garantizar estabilidad salarial para los docentes y previsibilidad para el sistema educativo provincial.

La caída de la recaudación nacional en el inicio de 2026 impactó de lleno en la coparticipación federal. En febrero los envíos automáticos a las provincias cayeron 7,5% en términos reales y profundizaron un deterioro que comenzó el año pasado. El escenario complica las negociaciones salariales y reduce el margen fiscal de los distritos.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero los envíos automáticos totalizaron $5,44 billones, lo que representó una caída real interanual del 7,5%. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor y alcanzó el 9,5%, confirmando una tendencia descendente que se arrastra desde 2025 y que ahora se profundiza.

El deterioro de los recursos afecta a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligando a los gobiernos locales a recalcular sus estrategias fiscales en un contexto atravesado por negociaciones salariales, presiones sindicales y demandas crecientes de gasto público.

Entre los distritos más afectados aparece la Provincia de Buenos Aires, que entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 dejó de recibir alrededor de 10,9 billones de pesos respecto de lo que habría percibido si se hubieran mantenido los niveles de transferencias de 2023.

Detrás se ubican la Provincia de Santa Fe, con una pérdida cercana a 2,2 billones de pesos, y la Provincia de Córdoba, con una merma de aproximadamente 1,9 billones.

También registraron recortes superiores al billón de pesos distritos como Provincia del Chaco, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santiago del Estero y Provincia de Tucumán.

En el caso de Provincia de San Juan, la pérdida acumulada entre 2024 y el inicio de 2026 asciende a unos 700.000 millones de pesos, un recorte que condiciona la planificación presupuestaria provincial.

Menor recaudación nacional

El principal factor detrás del retroceso en la coparticipación es la caída de la recaudación nacional. Según explicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales durante el primer bimestre del año.

En ese período, la recaudación nacional perdió cerca de $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso de 2025.

Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:

IVA, con una caída de $1,68 billones.
Retenciones a las exportaciones, con una baja de $587.000 millones.
Aportes y contribuciones a la seguridad social, con una reducción de $455.000 millones. El único tributo que mostró una mejora fue el impuesto a los combustibles, que registró un aumento real de $71.000 millones.

Impacto en Nación y provincias

La contracción de los ingresos tributarios afecta tanto al Tesoro nacional como a las administraciones provinciales. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron 7,6%.

En valores nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir unos $2,4 billones, mientras que los distritos resignaron cerca de $930.000 millones.

Parte de esta dinámica responde a modificaciones impositivas y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.

Con ingresos en descenso, negociaciones salariales en marcha y menores transferencias desde la Nación, las provincias enfrentan un año marcado por presiones fiscales. Si la caída de la recaudación se mantiene y no es compensada por ajustes en el gasto o nuevas fuentes de financiamiento, los resultados fiscales tenderán a deteriorarse. En ese delicado equilibrio entre disciplina presupuestaria y demandas sociales se jugará buena parte de la estabilidad financiera de los distritos durante 2026.