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El Frente de Sindicatos Unidos presentó la Canasta Básica del Hogar Trabajador, un indicador elaborado por equipos técnicos gremiales que busca reflejar el costo real de vida de las familias asalariadas. Según el informe, un hogar necesita $2.706.923 mensuales para cubrir necesidades básicas, un monto que deja en evidencia la brecha entre los ingresos actuales y el nivel salarial necesario para una vida digna.

En un momento de fuerte discusión sobre salarios e ingresos, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó un informe propio que busca instalar un nuevo parámetro en el debate económico: cuánto necesita realmente una familia trabajadora para sostener un nivel de vida digno.

El estudio, denominado Canasta Básica del Hogar Trabajador, fue elaborado por equipos técnicos del espacio sindical integrado por gremios de distintos sectores productivos y del Estado, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera y organizaciones del sector aeronáutico.

De acuerdo con el documento, un hogar asalariado requiere $2.706.923 mensuales para cubrir las necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional. Bajo esta estimación, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería multiplicarse por ocho para alcanzar ese nivel de ingresos.

La medición busca diferenciarse de los indicadores tradicionales utilizados para calcular pobreza o indigencia. En lugar de establecer un piso de subsistencia, el objetivo del estudio es fijar un parámetro de ingreso que garantice condiciones de vida dignas para los trabajadores.

Cómo se compone la canasta sindical

El informe detalla los principales rubros que conforman el costo mensual estimado para un hogar trabajador.

El gasto en alimentación representa unos $618.583, mientras que el rubro vivienda alcanza aproximadamente $533.942, contemplando alquileres, servicios y mantenimiento del hogar.
A su vez, se estiman $329.582 para salud, $233.852 para educación y cultura, y $138.693 destinados a vestimenta.

Uno de los componentes más significativos del cálculo es el destinado a transporte, vacaciones y esparcimiento, que asciende a $554.511, reflejando una concepción de bienestar que excede la mera subsistencia económica.

El informe también incluye un apartado de previsión, calculado en $297.762, que contempla gastos imprevistos o ahorro familiar.

Críticas al modelo económico y al deterioro salarial

Durante la presentación del informe, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el objetivo central de la iniciativa es abrir una discusión más profunda sobre la distribución del ingreso en el país.

“El debate es quién se queda con la riqueza que generamos los trabajadores. Si somos quienes la producimos, también debemos discutir cómo se distribuye”, planteó el dirigente.

En ese marco, Aguiar afirmó que actualmente una familia necesita más de $2,7 millones mensuales para vivir dignamente, y cuestionó el rumbo económico del gobierno encabezado por Javier Milei, además de criticar el uso de recursos públicos en viajes oficiales.

Industria, empleo y caída del poder adquisitivo

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, también participó de la presentación y aseguró que el deterioro del poder adquisitivo responde a una política económica deliberada.

Según el dirigente metalúrgico, la actual dinámica salarial no puede interpretarse como una fluctuación coyuntural.

“No estamos frente a un fenómeno económico aislado. Lo que el modelo económico presenta como éxito es, en realidad, una reducción sistemática del poder adquisitivo de los salarios”, advirtió.

Furlán también alertó sobre el impacto que esta situación está teniendo en el aparato productivo, con cierres de empresas y despidos registrados en distintos sectores industriales durante los últimos meses. “Mientras el Gobierno mide pobreza, nosotros medimos dignidad”

Desde la Federación Aceitera, su secretario general Daniel Yofra explicó que la iniciativa busca fijar parámetros propios ante la falta de consensos en el ámbito del Consejo del Salario.

“Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad”, afirmó.

El dirigente subrayó que la intención es aportar una referencia concreta para discutir salarios en las negociaciones colectivas y en el debate público sobre ingresos.

La pérdida de ingresos y el crecimiento del endeudamiento

El informe del FreSU también analiza la evolución de los ingresos durante la actual gestión y sostiene que los trabajadores habrían perdido 54 billones de pesos en términos reales.

Según los cálculos del estudio, la pérdida promedio alcanzaría $2.125.000 por trabajador en el sector privado y $11.021.000 en el sector público.

En el mismo sentido, el documento advierte sobre un crecimiento acelerado del endeudamiento familiar. Mientras que hace un año los hogares destinaban cerca del 10% de sus ingresos al pago de deudas, actualmente esa proporción habría escalado al 26,3%, con un stock total de compromisos financieros que superaría los 36 billones de pesos.

Un frente sindical amplio

La presentación del informe reunió a dirigentes de más de 120 organizaciones sindicales que integran el FreSU.

Entre ellos participaron Hugo Godoy, Graciela Aleñá, Clara Chevalier, Jorge Alejandro Vargas, Ricardo Peidro, Rubén Ruiz, Julio Aralde, Oscar Isasi, Mercedes Cabezas y José Luque, entre otros.

Más allá de las cifras, el informe del FreSU intenta instalar un debate de fondo sobre el salario en la Argentina: si los ingresos actuales permiten sostener un estándar de vida digno para las familias trabajadoras.

En una situación marcada por la inflación acumulada, la caída del consumo y el aumento del endeudamiento de los hogares, la creación de esta canasta sindical aparece como un intento del movimiento obrero de intervenir con datos propios en la discusión económica y social.

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Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan

Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.

El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.

Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.

Qué pasará con los bancos

La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.

Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.

Cómo funcionará el transporte público

El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.

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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años

La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.

En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.

Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.

Más de 437.000 puestos registrados menos

El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.

La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.

Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.

Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas

La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.

Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.

La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores

La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.

No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.

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Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.

El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.

En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.

Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.

El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.

Un proyecto de ampliación a futuro

La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.

Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.

La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.

De escuela universitaria a Facultad

El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.

Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.

Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.

El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.

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