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Mientras el presidente Javier Milei sostuvo ante el Congreso que “la tasa de desempleo cayó”, los datos de la seguridad social y la sucesión de cierres empresariales configuran un escenario opuesto: más de 105 mil asalariados registrados menos en el último año y casi 300 mil desde diciembre de 2023. Córdoba, Catamarca, Tucumán, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires concentran algunos de los casos más emblemáticos de una crisis que atraviesa sectores estratégicos.

La fotografía del empleo formal muestra una contracción persistente que contrasta con el optimismo oficial. Según registros del sistema previsional, sólo en el último año se destruyeron 105.174 puestos asalariados, cifra que eleva la pérdida acumulada desde diciembre de 2023 a casi 300 mil trabajadores registrados.

Más allá de la discusión estadística, la economía real expone señales inequívocas: persianas que bajan, líneas de producción paralizadas y centenares de familias que quedan a la deriva en múltiples provincias. La crisis no distingue rubros: metalmecánica, textil, calzado, minería y comercio aparecen atravesados por la misma dinámica contractiva.

Córdoba: industria en retroceso

En Córdoba, uno de los distritos más afectados junto a Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se confirmó el cierre de la histórica fábrica de retenes SCAR, con más de medio siglo de actividad en la capital provincial.

También anunció su retirada la alemana ZF, fabricante de amortiguadores radicada en San Francisco, que despidió a 43 trabajadores. En ambos casos, las empresas atribuyeron la decisión al impacto de la apertura importadora y a la caída del mercado interno.

El cuadro se agrava con la situación de Metalfor, productora de maquinaria agrícola con plantas en Marcos Juárez y Noetinger. Sus 600 empleados iniciaron un paro por el pago incompleto de salarios y temen un desenlace similar al de la cooperativa Pauny, que ingresó en concurso de acreedores y suspendió su producción durante enero.

Tucumán y San Luis: cierres sin aviso y deudas salariales

En Tucumán, la tradicional fabricante de bolsas industriales Panpack bajó la persiana de su planta en Los Nogales sin notificación formal previa, dejando a 75 operarios sin empleo. En su mejor momento había superado los 300 trabajadores.

En San Luis, la minera Mastar Laja, perteneciente al grupo británico SSQ, despidió a 54 empleados en Juana Koslay. La firma acumulaba deudas salariales desde octubre de 2025 y anunció que dejará de invertir en el país, ofreciendo abonar apenas el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas. El caso resulta especialmente significativo en un sector que el Presidente había señalado como uno de los motores capaces de generar hasta un millón de nuevos empleos.

Catamarca: textil y calzado en emergencia

En Catamarca cerró la fábrica de calzados Dabra, dejando a 23 trabajadores sin empleo y sin el pago íntegro de indemnizaciones, pese a no contar con Procedimiento Preventivo de Crisis aprobado. La provincia también sufrió el cierre de la fabricante de electrodomésticos NEBA, con 56 despidos.

Pero el impacto más severo se concentra en el sector textil. La firma VVC enfrenta paros por deudas salariales y amenaza de cesantías, mientras Algodonera Avellaneda, con casi 400 empleados y plantas en varias provincias, atraviesa una profunda cesación de pagos. La compañía acumula cientos de millones de pesos en deudas por indemnizaciones y acuerdos pendientes, además de compromisos posconcursales que complican cualquier intento de reactivación.

Ciudad de Buenos Aires: caída del consumo y cierre de locales

En la Ciudad de Buenos Aires, la emblemática textil Cocot y Dufour, con planta en Parque Chas, anunció su cierre y dejó a 140 trabajadores en la calle. La firma ya había reducido su dotación desde los 500 empleados que supo tener en su apogeo.

También la distribuidora Beer Market, con 20 locales en la capital y zona norte del conurbano, cesó operaciones y despidió a 330 empleados. Según denunciaron los trabajadores, la empresa se niega a pagar las indemnizaciones completas y ofrece compensaciones muy por debajo de lo establecido por ley.

Un patrón que se repite

Los casos comparten rasgos estructurales: caída del consumo interno, apertura de importaciones que presiona sobre la producción local, dificultades de financiamiento y empresas que optan por el cierre o la reducción drástica de personal como mecanismo de ajuste.

Mientras el discurso oficial enfatiza indicadores agregados, la trama productiva muestra señales de deterioro que impactan directamente sobre el empleo formal, el tejido industrial y las economías regionales. La pérdida de puestos registrados no sólo implica menos ingresos para miles de hogares, sino también menor recaudación y mayor fragilidad social.

La discusión de fondo trasciende la coyuntura estadística: el interrogante es si la actual orientación económica logrará reconvertir la matriz productiva sin dejar en el camino a sectores estratégicos y miles de trabajadores, o si la contracción industrial terminará consolidando un modelo con menor densidad laboral y mayor dependencia externa.

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Nuevo acuerdo para fortalecer la educación de profesionales y técnicos de la minería

La Universidad Kennedy, MAGNA Group y el Sindicato Jerárquico Minero Argentino (ASIJEMIN) firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar propuestas de formación destinadas a trabajadores jerárquicos, profesionales, técnicos y sus familias, fortaleciendo la capacitación de uno de los principales motores productivos del país.

La rúbrica estuvo encabezada por el rector de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; el secretario de Extensión de esa casa de estudios, Juan Manuel Di Teodoro; el gerente general de MAGNA Group, Raúl Ignacio Dellagiovanna; el gerente comercial de la firma, Juan Pablo Mac Farlin; y el responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación Nacional de ASIJEMIN, Fabián Gasco.

La iniciativa establece un marco de cooperación para desarrollar una agenda conjunta de actividades orientadas al perfeccionamiento profesional. La Universidad Kennedy pondrá a disposición su oferta educativa, integrada por carreras de grado y posgrado, diplomaturas, tecnicaturas, cursos y programas de actualización en diversas disciplinas.

A ese esquema se incorporará la experiencia técnica de MAGNA Group, empresa especializada en servicios industriales vinculados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene (QHSE), que brinda asistencia, auditorías y soluciones para compañías de los rubros minero, energético e industrial.

Desde ASIJEMIN destacaron que la articulación entre el ámbito académico, el sector privado y la representación sindical permitirá generar nuevas herramientas de formación continua, acompañando la creciente demanda de perfiles especializados que requiere la minería argentina.

La decisión también adquiere relevancia para provincias con fuerte desarrollo extractivo, como San Juan, donde la incorporación permanente de nuevas tecnologías y estándares internacionales exige una actualización constante de conocimientos. En ese sentido, el convenio apunta a fortalecer las competencias del capital humano y contribuir al crecimiento sostenible de una industria que continúa expandiendo su participación en la economía nacional.

El acuerdo representa el inicio de un trabajo coordinado entre las tres instituciones, con el propósito de promover oportunidades de capacitación, especialización y desarrollo profesional que fortalezcan la competitividad de la actividad minera y amplíen las posibilidades de crecimiento para sus trabajadores y sus familias.

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Docentes y nodocentes reclamaron recomposición salarial y paritarias urgentes

La FEDUN y la FATUN reclamaron una recomposición salarial del 28,5%, la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, respaldaron un proyecto para garantizar la sostenibilidad del sistema científico nacional.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales renovaron sus reclamos al Gobierno nacional para que convoque de manera urgente a la negociación paritaria, otorgue una recomposición salarial del 28,5% y dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La posición fue difundida por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), encabezada por Daniel Ricci, tras la publicación del decimotercer informe elaborado junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). El estudio analizó la evolución de los salarios, el financiamiento de las universidades y la situación de las becas estudiantiles desde el inicio de la actual administración nacional.

De acuerdo con el relevamiento, el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió recuperar un 21,3% del poder adquisitivo. Sin embargo, los ingresos de docentes y trabajadores universitarios aún permanecen un 22,2% por debajo, en términos reales, de los registrados en noviembre de 2023.

El informe también advierte que el salario universitario perdió 43 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011, reflejando un deterioro acumulado durante más de una década que se profundizó en los últimos años.

Las cifras difundidas por la FEDUN indican que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 los incrementos salariales totalizaron un 226,8%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 320%. Como consecuencia de esa diferencia, la organización sostuvo que los haberes registran una pérdida del 93,2% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y estimó que sería necesario un incremento adicional del 28,5% para recuperar el poder de compra perdido.

Aunque el sindicato destacó que durante los últimos doce meses los salarios crecieron un 8,5% en términos reales y acumulan una mejora del 14,5% en lo que va de 2026, consideró que esos avances todavía resultan insuficientes para compensar el fuerte retroceso sufrido entre fines de 2023 y 2025.

En ese marco, la FEDUN solicitó adelantar la revisión paritaria prevista originalmente para el 15 de septiembre. El planteo se apoya en la resolución de la Corte Suprema que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que, según el gremio, obliga a actualizar las partidas destinadas a las universidades nacionales y garantizar la recuperación de los salarios.

La defensa del sistema universitario también se extendió al ámbito científico. La FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) expresaron su respaldo al proyecto de ley de Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentado durante un encuentro que reunió a dirigentes sindicales, legisladores, rectores y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Desde la FATUN sostuvieron que el fortalecimiento del sistema científico constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y remarcaron que la producción de conocimiento representa un componente central para alcanzar mayor autonomía tecnológica y crecimiento económico.

El pronunciamiento recibió además el acompañamiento del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que busca consolidar una posición común en defensa del financiamiento de las casas de altos estudios y de los organismos de ciencia y tecnología frente a las restricciones presupuestarias.

En San Juan, el reclamo adquiere una dimensión particular por su impacto sobre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), institución que forma profesionales e investigadores en áreas clave para la provincia, como ingeniería, minería, ciencias básicas, salud y tecnología. La evolución del financiamiento universitario y de las políticas científicas incide de manera directa en la continuidad de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de actividades de extensión que mantienen un fuerte vínculo con el entramado productivo y social sanjuanino.

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El BCRA reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanzó la reforma laboral

La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.

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