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Marcelo Trujillo, referente de SOEESIT e integrante de la CGT Regional San Juan, sostuvo que la central obrera prioriza la vía judicial frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Alertó sobre el riesgo de despidos, cuestionó los índices oficiales de inflación y advirtió que la iniciativa “busca desarticular la organización colectiva”.

En medio de un nuevo capítulo del debate por la reforma laboral, el sindicalismo vuelve a exhibir matices en su estrategia. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos impulsa movilizaciones frente al Congreso, la conducción de la CGT resolvió concentrar sus esfuerzos en el plano judicial. Desde San Juan, Trujillo defendió esa decisión y explicó los fundamentos políticos y económicos que la sustentan.

“La CGT no es que no quiera acompañar. Está integrada por gremios estatales y privados, y en el sector privado hoy salir a la calle implica un riesgo concreto de despido”, afirmó. Según su mirada, la eventual aprobación de la reforma podría habilitar un escenario de mayor vulnerabilidad laboral. “Podemos terminar con una cuarta parte o la mitad de la gente afuera sin siquiera haber protestado”, sostuvo.

Judicializar antes de que la norma entre en vigencia

La central obrera marchará el lunes a los tribunales para presentar el primer planteo de inconstitucionalidad, replicando la estrategia utilizada contra el DNU 70/2023. Para Trujillo, la anticipación es clave: “Si esto se aprueba y se pone en marcha, los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Hay que actuar rápido”.

El dirigente calificó la iniciativa como una “ley que apunta a desarmar lo colectivo”. En su interpretación, el trasfondo no es meramente institucional sino estructural: “No atacan a las instituciones, atacan a los hombres y mujeres que trabajan. Buscan que la pelea sea individual, y sabemos que el trabajador solo no tiene fuerza”.

La coincidencia entre la CGT y la CTA en avanzar con amparos y presentaciones sectoriales configura una ofensiva legal amplia, que podría incluir demandas individuales y recursos colectivos. El objetivo es frenar o al menos limitar la aplicación de los artículos más controvertidos.

Economía, paritarias y desconfianza en los índices

Más allá del debate legislativo, Trujillo expuso una crítica sobre la situación económica. Señaló que las paritarias se ajustan al IPC oficial, pero cuestionó la representatividad de ese indicador frente a la dinámica real de precios en góndola. “No condice con lo que vive el trabajador. Hay gastos que no se contemplan en la canasta básica, como impuestos y tasas, que también impactan en el bolsillo”, deslizó.

En esa línea, anticipó que la inflación podría ubicarse por encima de las previsiones oficiales y sumó críticas hacia la conducción del organismo estadístico nacional. “Se manejan índices que no reflejan la realidad completa”, afirmó, en alusión al rol del Ministerio de Economía en la definición de las cifras.

El señalamiento no es menor: si los acuerdos salariales se estructuran sobre parámetros que el sindicalismo considera subestimados, la pérdida de poder adquisitivo se profundiza. Y en un contexto de desaceleración inflacionaria aún frágil, cualquier desfasaje repercute de manera directa en el consumo y en la estabilidad laboral.

Un debate que excede la coyuntura

La discusión sobre la reforma laboral trasciende el articulado específico. Para el dirigente sanjuanino, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales. “Todos somos trabajadores, seamos representantes gremiales o no. Esto nos afecta en mayor o menor medida”, enfatizó.

La tensión entre movilización y judicialización refleja dos tácticas dentro del mismo universo sindical. Mientras algunos sectores privilegian la presión en la calle, la CGT apuesta a una disputa institucional en los tribunales. El denominador común es la convicción de que la reforma alterará el equilibrio vigente.

En ese cruce de estrategias se define la próxima etapa del conflicto. La marcha a tribunales será el primer movimiento de una batalla que promete extenderse en el tiempo. Para Trujillo, el desafío es preservar la organización colectiva frente a un escenario que, según advierte, tiende a fragmentar la defensa del trabajo.

La pulseada recién comienza. Y el desenlace no dependerá únicamente del Senado, sino también de la capacidad del sindicalismo para sostener cohesión interna y articular una respuesta eficaz en el plano judicial y social.

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El BCRA reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanzó la reforma laboral

La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.

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El Gobierno avanza con la renovación del Parque de Mayo y abre las ofertas de una obra millonaria

El miércoles se realizará la apertura de sobres de la licitación para una obra valuada en más de $3.223 millones. El proyecto prevé construir tres locales gastronómicos, renovar la infraestructura peatonal y recuperar un espacio que hoy presenta deterioro urbano, con una intervención integrada al entorno cívico y cultural de la ciudad.

El Gobierno de San Juan dará un paso decisivo en la renovación del Parque de Mayo cuando el próximo miércoles abra los sobres de la licitación pública para ejecutar la obra «Intervención Parque de Mayo Sector 3 – Espacios Verdes y Construcción de Locales Gastronómicos», una iniciativa que demandará una inversión oficial de $3.223.777.891,32, calculada a valores de junio de 2026.

La propuesta apunta a recuperar un área que actualmente evidencia deficiencias en iluminación, circulación peatonal y equipamiento urbano, con el propósito de convertirla en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. La incorporación de infraestructura comercial busca, además, generar mayor permanencia de personas y reforzar la seguridad mediante un uso más intenso del espacio público.

El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a emprendimientos gastronómicos, emplazados sobre plataformas elevadas y diseñados con un sistema constructivo mixto que combinará hormigón armado, estructuras metálicas livianas y materiales de bajo mantenimiento. La iniciativa pretende armonizar la nueva arquitectura con el paisaje del principal pulmón verde de la capital sanjuanina.

Otro de los aspectos centrales será la incorporación de criterios de accesibilidad universal. Todo el recorrido contará con rampas y pisos podotáctiles para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Asimismo, los nuevos edificios estarán vinculados de manera fluida entre la calle Laprida y la avenida Libertador, favoreciendo la conectividad peatonal.

La intervención también incluirá la ampliación y renovación de las veredas sobre calle Laprida, junto con la instalación de mobiliario urbano, nueva iluminación LED y espacios de permanencia. Estas mejoras permitirán integrar el paseo con dos de los principales edificios institucionales y culturales de la provincia: el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Legislatura de San Juan, fortaleciendo la continuidad urbana del área.

Para garantizar el funcionamiento de los futuros locales, la obra prevé ejecutar un nuevo tendido de gas natural de aproximadamente 180 metros sobre calle Laprida, además de adecuar las redes de agua potable y cloacas. También se incorporará un sistema lumínico diseñado tanto para resaltar la arquitectura como para incrementar la seguridad durante las horas nocturnas.

El pliego establece un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la firma del acta de inicio. Además, fija como requisito que las empresas nacionales interesadas participen mediante una Unión Transitoria (UT) junto a firmas radicadas en San Juan, las cuales deberán poseer una participación mínima del 40% en la asociación, una condición que busca favorecer la participación del empresariado local y la generación de empleo provincial.

El procedimiento licitatorio comenzará con la apertura del Sobre N.º 1, que contiene la documentación técnica, legal y administrativa de los oferentes. Una vez concluido el análisis por parte de la comisión evaluadora, se procederá a abrir el Sobre N.º 2, correspondiente a las propuestas económicas, instancia en la que se determinará cuál resulta más conveniente para el Estado.

La intervención representa una de las inversiones urbanas más importantes previstas por la Provincia para 2026. Más allá de la incorporación de un nuevo polo gastronómico, la obra busca revalorizar uno de los espacios públicos más representativos de San Juan, potenciar su integración con el circuito institucional y cultural de la capital y consolidar un área destinada al esparcimiento, el turismo y el desarrollo económico local.

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Departamentales

Una falla en Punta de Rieles dejó sin luz a amplios sectores de San Juan

La distribuidora informó que la interrupción del suministro se originó por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Chimbas y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de usuarios afectados y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva durante la noche.

Miles de usuarios del Gran San Juan permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico este sábado como consecuencia de una falla registrada en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según confirmó Naturgy mediante un comunicado oficial. La interrupción impactó principalmente en los departamentos de Chimbas y Rivadavia, donde se multiplicaron los reclamos por la falta de energía.

La empresa precisó que el desperfecto se produjo en una instalación estratégica para la distribución eléctrica de esa área, lo que obligó a desplegar cuadrillas técnicas para reparar la avería y ejecutar las maniobras necesarias para restituir el servicio.

Mientras avanzaban los trabajos, la compañia informó que sus equipos operaban de manera ininterrumpida para recuperar el abastecimiento «a la mayor brevedad posible», al tiempo que mantuvo el seguimiento de la evolución del sistema.

Después de las 20.15 del sábado comenzó la restitución gradual de la energía en los barrios alcanzados por el corte. La normalización se realizó de forma progresiva para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones durante las maniobras de recuperación.

Naturgy indicó que continuará informando sobre la recuperación total del servicio a través de sus canales oficiales y recordó que los usuarios pueden realizar consultas, reclamos o denuncias mediante la Oficina Virtual o comunicándose a la línea gratuita 0800-666-3637.

El episodio volvió a poner de relieve el impacto que generan las fallas en la infraestructura eléctrica sobre miles de hogares y comercios del Gran San Juan, especialmente cuando afectan instalaciones de alta importancia para la distribución del suministro en la provincia.

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