El índice de precios registró en marzo un incremento del 3,4%, el mayor en doce meses, y acumuló diez subas consecutivas. El dato presiona las negociaciones salariales y expone las dificultades para contener la escalada de precios.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, consolidando una secuencia de diez meses consecutivos de incrementos y marcando el registro más elevado en un año. Con este resultado, el índice acumuló una suba del 9,4% en el primer trimestre y un 32,6% en la comparación interanual.

El comportamiento de los distintos componentes del índice revela una incidencia determinante de los valores regulados, que treparon un 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y regulados— se ubicó en el 3,2%, evidenciando una inercia persistente en los precios de la economía. En contraste, los rubros estacionales mostraron una variación más moderada del 1%, influida por movimientos vinculados al turismo y a los cambios de temporada.

El desglose por divisiones expone con claridad los motores de la suba. Educación encabezó los incrementos con un 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un alza del 4,1%, traccionada por combustibles, tarifas y pasajes aéreos. Sin embargo, el mayor impacto sobre el índice general provino de Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro de fuerte peso en el consumo cotidiano. Allí, las carnes y derivados registraron aumentos significativos, con subas cercanas al 6,9% solamente en el Gran Buenos Aires.

Otros sectores mostraron variaciones más contenidas, como Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), aunque sin capacidad para compensar el impulso de los rubros más activos.

El dato oficial se ubicó en línea con las proyecciones del Banco Central de la República Argentina a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que anticipaba una inflación cercana al 3%. No obstante, el resultado introduce un matiz de cautela frente a las previsiones de desaceleración gradual para los próximos meses, que proyectan una convergencia hacia niveles cercanos al 2% a partir del invierno.

Más allá de las proyecciones, el impacto inmediato se siente en el frente salarial. La cifra de marzo supera ampliamente el objetivo del 2% mensual que el Gobierno intenta establecer como referencia en las negociaciones paritarias. Este desfasaje profundiza la pérdida del poder adquisitivo y refuerza los reclamos gremiales por aumentos que acompañen la evolución real de los precios.

El efecto es particularmente visible en bienes esenciales. Productos básicos como la carne, el pan o el aceite registran valores que coaccionan sobre el ingreso disponible, mientras los ajustes en servicios regulados amplifican el impacto en los hogares. A nivel regional, además, se observan diferencias significativas, con zonas del norte del país registrando subas superiores al promedio nacional.

El dato de marzo confirma que la desaceleración inflacionaria enfrenta obstáculos que impiden una trayectoria descendente sostenida. La combinación de ajustes en precios regulados, persistencia en la inflación núcleo y presión sobre alimentos configura un cuadro que condiciona tanto la política económica como las negociaciones salariales. En este escenario, la evolución del índice de precios no sólo define el rumbo de la macroeconomía, sino también el equilibrio social, con el poder adquisitivo en el centro de la discusión.

Organizaciones del sector sanitario advirtieron que el achicamiento del Plan Remediar compromete el acceso a medicamentos esenciales para millones de personas. Denuncian que la medida profundiza la desigualdad y debilita la atención primaria en todo el país.

El sistema de salud pública enfrenta una nueva controversia tras las críticas de organizaciones profesionales y sindicales al recorte del Plan Remediar, una política que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el territorio nacional.

La denuncia fue encabezada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, cuyo secretario general, Pablo Maciel, calificó la medida como “un ajuste brutal e inhumano” y sostuvo que implica un retroceso en materia de derechos sanitarios. Según planteó, el programa —creado en 2002 en plena crisis socioeconómica— nació con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de medicamentos a través de la red de atención primaria.

A lo largo de su implementación, el Plan Remediar permitió distribuir botiquines con más de 70 fármacos esenciales en cerca de 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), alcanzando a más de 15 millones de personas. Además, su esquema de compra centralizada generó ahorros significativos para el Estado, al optimizar costos frente a los precios del mercado farmacéutico.

Desde FESINTRAS advierten que los efectos del desfinanciamiento ya comienzan a evidenciarse. “Miles de pacientes con enfermedades crónicas han dejado de tomar su medicación por no poder costearla”, señaló Maciel, quien alertó sobre un aumento de internaciones por cuadros evitables y una mayor presión sobre hospitales de mayor complejidad. A su entender, la reducción del programa no implica un ahorro, sino un traslado de costos hacia otros niveles del sistema, con consecuencias sanitarias más graves.

El dirigente fue enfático al definir el rol del programa: “No es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias”. En esa línea, convocó a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales a impulsar una campaña nacional en defensa del Remediar y a exigir la restitución plena de su presupuesto.

La preocupación también fue expresada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que subrayó el papel del programa en la consolidación de la atención primaria y en la reducción de brechas territoriales. Desde la entidad señalaron que su desarticulación deja a provincias y municipios —muchos con limitaciones presupuestarias— sin herramientas para garantizar la provisión de medicamentos básicos.

Según señalan, la interrupción de esta política pública genera un escenario en el que el acceso a tratamientos queda condicionado por la capacidad de pago de cada paciente, lo que profundiza desigualdades y debilita la cobertura sanitaria. “Las consecuencias son previsibles: tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan y mayor demanda hospitalaria”, indicaron.

En ese sentido, remarcaron que la discontinuidad de programas de esta naturaleza no constituye una decisión meramente administrativa, sino una determinación con impacto directo sobre la salud de la población. Para la entidad, el retiro de estos recursos incrementa la vulnerabilidad social y deteriora la capacidad de respuesta del sistema público.

El titular de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan, Víctor Menéndez, detalló el último acuerdo salarial, alertó sobre desvinculaciones en el sector y expresó preocupación por el rumbo de la reforma laboral. En un clima de incertidumbre económica, la CGT prepara una movilización nacional en defensa del empleo y las paritarias.

La actividad de las estaciones de servicio atraviesa un período de fuerte incertidumbre, donde los incrementos salariales pactados resultan insuficientes frente al avance del costo de vida y comienzan a registrarse señales de retracción en el empleo. Así lo expuso Víctor Menéndez, referente del sector en San Juan e integrante de la CGT, quien trazó un diagnóstico que combina preocupación por el presente y cautela frente a lo que viene.

El dirigente confirmó que el sector acordó una recomposición escalonada que incluyó un 4% en enero, febrero y marzo, y un 3% previsto para abril, en el marco de la nueva negociación paritaria. Además, recordó que en diciembre se otorgó una suma fija como parte de los intentos por sostener el poder adquisitivo. Sin embargo, anticipó que a fines de abril volverán a reunirse para revisar distintos aspectos del convenio colectivo, con la intención de actualizar condiciones laborales sin resignar conquistas históricas. “Estamos dispuestos a modernizar lo que haga falta, pero los derechos adquiridos no se negocian”, subrayó.

Más allá de la discusión salarial, Menéndez puso el foco en un fenómeno que comienza a inquietar al sector: la aparición de despidos. Según explicó, algunas empresas iniciaron procesos de revisión de personal que ya derivaron en desvinculaciones. “Siempre trabajamos con planteles ajustados, pero ya empezamos a ver cesantías y eso preocupa”, afirmó. Para el referente sindical, este comportamiento no es aislado, sino parte de una tendencia más amplia que atraviesa distintas actividades económicas.

La situación, agregó, responde a un cuadro general de incertidumbre que afecta tanto a empleadores como a trabajadores. La caída de la actividad, las dificultades para sostener costos operativos y la falta de previsibilidad configuran un entorno enrevesado que, de no revertirse, podría profundizar la pérdida de puestos laborales. “Está muy difícil la situación y no hay señales claras de recuperación”, sostuvo.

En ese aspecto, la discusión sobre la reforma laboral ocupa un lugar central. Menéndez expresó dudas sobre el rumbo judicial del proyecto y reconoció que existen expectativas contrapuestas en torno a su eventual implementación. Si bien algunas resoluciones han favorecido al Gobierno, el dirigente confía en que otras jurisdicciones puedan mantener medidas cautelares sobre los artículos más cuestionados. “Tenemos la esperanza de que la Justicia actúe con equilibrio y proteja derechos que costaron décadas de construir”, señaló.

El planteo sindical no se limita a la coyuntura. El representante de los trabajadores de estaciones de servicio recordó que muchas de las conquistas laborales vigentes fueron obtenidas en períodos de fuerte conflictividad social, incluso con altos costos humanos. Desde esa perspectiva, advirtió que cualquier intento de modificación debe contemplar ese recorrido histórico y evitar retrocesos. “No estamos dispuestos a resignar lo que se consiguió con tanto esfuerzo”, remarcó.

La preocupación se extiende al conjunto del movimiento obrero. El sindicalista describió un panorama donde distintas actividades enfrentan dificultades similares: transportistas con reclamos por tarifas desactualizadas, servicios con reducción de frecuencias y sectores industriales afectados por el cierre de establecimientos. Esta multiplicidad de conflictos refuerza la idea de una crisis que impacta de manera transversal en el empleo.

Frente a este cuadro, la CGT ha decidido intensificar su estrategia de acción. La central obrera convocó a una movilización para el 30 de abril en defensa de las paritarias, la producción y el trabajo. La consigna apunta a rechazar despidos y cierres de empresas, al tiempo que busca instalar en la agenda pública la necesidad de políticas que impulsen la actividad económica.

Menéndez confirmó que la regional San Juan participará activamente de la convocatoria y evalúa complementar la jornada con iniciativas propias. Entre ellas, se analiza la posibilidad de realizar una concentración en horas de la tarde y una misa en la víspera del Día del Trabajador, como forma de reforzar el carácter simbólico de la jornada.

A nivel local, la CGT también avanza en la reorganización interna tras los recientes procesos electorales en distintos gremios. En ese sentido, se realizará un plenario para formalizar la incorporación de nuevas autoridades y escuchar a los secretarios generales de cada sector. El objetivo es unificar criterios y definir una agenda común frente a los desafíos actuales.

El panorama que describen los trabajadores de estaciones de servicio refleja una realidad que excede a una actividad puntual. Incrementos salariales que no logran compensar la inflación, señales iniciales de pérdida de empleo y una reforma laboral en discusión configuran un cuadro de alta sensibilidad social.

En ese contexto, el movimiento sindical se prepara para una etapa de mayor confrontación, con el objetivo de preservar derechos y evitar un deterioro más profundo de las condiciones laborales. La evolución de las negociaciones paritarias, las decisiones judiciales y las políticas económicas serán determinantes para definir si esta etapa se encamina hacia una estabilización o si, por el contrario, se profundiza un proceso que ya comienza a mostrar sus efectos más visibles en el mundo del trabajo.