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La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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