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Si el proyecto de reforma laboral logra su aprobación definitiva en Diputados, su destino inmediato será la judicialización. Magistrados laborales, gremios y trabajadores individuales preparan planteos de inconstitucionalidad en un escenario donde la Corte Suprema ya dio señales coincidentes con varios ejes de la iniciativa.

La reforma laboral no sólo divide al arco sindical y político. También abrió un frente institucional que promete trasladar el conflicto desde el Congreso hacia los tribunales. En el Poder Judicial dan por descontado que, si la norma se convierte en ley, comenzará una etapa de litigiosidad intensa que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.

El núcleo de la controversia es la disolución del fuero laboral nacional y el traspaso de sus competencias a la órbita porteña. La semana pasada, el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio que formaliza esa transferencia. En un plazo de 180 días, diez juzgados laborales de la Ciudad deberán comenzar a tramitar los nuevos casos y ejecutar sentencias antiguas bajo los parámetros de la eventual nueva ley. Los juzgados nacionales del trabajo conservarán únicamente las causas iniciadas antes de la reforma.

El rediseño implica, además, el cierre de 30 de los 80 juzgados laborales nacionales —todos vacantes— y la supresión de una sala de la Cámara del Trabajo que también carece de titular.

La incertidumbre sobre el destino de empleados y funcionarios alimenta la tensión interna. En grupos de mensajería privada, magistrados laborales intercambian diagnósticos y evalúan estrategias ante lo que consideran una amenaza directa a la existencia misma del fuero.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, confirmó que analizan “todas las alternativas y vías de acción posibles”, aunque reconocen que el escenario no les resulta favorable. La dificultad radica en que la propia Corte Suprema abrió el camino hacia la autonomía plena de la Ciudad y avaló la transferencia de competencias, lo que debilita cualquier planteo que pretenda frenar el proceso en su origen.

El antecedente clave es el fallo “Levinas”, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño actúa como instancia de revisión en causas nacionales, consolidando el rol de la Ciudad como órgano de control jurisdiccional. A partir de ese precedente, un eventual reclamo contra el traspaso tendría escasas probabilidades de prosperar ante el máximo tribunal.

La reforma, sin embargo, no se agota en la cuestión orgánica. También redefine criterios sustantivos que impactan en la dinámica de los litigios laborales. En materia de indemnizaciones, la ley fija que los nuevos juicios deberán ajustarse por el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual. Para las causas en trámite se aplicará la tasa pasiva del Banco Nación, aunque con el límite de no reducir el IPC más ese 3%.

El debate sobre intereses no es menor. En los últimos dos años, la Corte dictó una serie de fallos —entre ellos “Oliva”, “Fontaine”, “Lacuadra” y “M. Décima”— que limitaron la capitalización sucesiva de intereses en indemnizaciones laborales. Con esas decisiones, el tribunal buscó frenar montos que consideró desproporcionados y enviar una señal a la Cámara del Trabajo, históricamente proclive a criterios más amplios. La nueva ley recoge esa línea y la consolida en texto normativo.

Pero el frente judicial no termina allí. Abogados laboralistas anticipan controversias en torno a la definición de salario. La norma excluye ciertos beneficios —como el uso de celular o automóvil corporativo— del cálculo indemnizatorio. No obstante, la Corte sostuvo en precedentes como “Pérez”, “González” y “Díaz” que el salario debe interpretarse en sentido amplio, abarcando toda contraprestación evaluable en dinero derivada del vínculo laboral. La tensión entre ley y jurisprudencia podría reavivar el debate constitucional.

Otro punto sensible es la previsión de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. La medida rompe con la lógica tradicional de pago único y abre interrogantes sobre la razonabilidad de imponer unilateralmente condiciones de cancelación al acreedor. Asimismo, la reducción salarial en casos de enfermedad inculpable —como lesiones producidas fuera del ámbito laboral— ya genera cuestionamientos basados en tratados internacionales de derechos humanos que protegen la integridad del salario durante la licencia médica.

En consecuencia, la reforma introduce una cláusula inédita: establece que los fallos de la Corte serán obligatorios en esta materia. La disposición tensiona el principio de independencia judicial y podría generar un escenario paradójico en el que jueces deban optar entre aplicar un precedente del máximo tribunal o atenerse a la literalidad de la nueva norma.

El gremio judicial, encabezado por Julio Piumato, también anticipó medidas de fuerza ante la eventual pérdida de puestos de trabajo. Jueces laborales, incluso algunos con afinidad política diversa, evalúan acompañar esas manifestaciones. El conflicto, así, combina defensa corporativa, discusión constitucional y redefinición del modelo laboral.

La reforma laboral, si se convierte en ley, no encontrará reposo tras su sanción. Por el contrario, abrirá un ciclo de litigios que podría prolongarse durante años. El nuevo esquema traslada la disputa a la justicia porteña y, en última instancia, a la Corte Suprema, que ya delineó criterios que coinciden parcialmente con el espíritu de la norma.

En ese cruce entre política y jurisdicción se juega algo más que un debate técnico. Está en discusión la arquitectura institucional del derecho laboral argentino y el equilibrio entre protección del trabajador, seguridad jurídica y sostenibilidad económica. El Congreso definirá la ley; los tribunales, su alcance y sus límites.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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