La medida de fuerza será por 24 horas e incluirá una movilización por el centro sanjuanino. El reclamo fue definido por CONADU y CONADU Histórica y se replicará en todas las universidades públicas del país, en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso Nacional.

Aún antes del inicio formal del ciclo lectivo, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Este miércoles 11 de febrero, las y los docentes universitarios llevarán adelante un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización en distintas provincias, entre ellas San Juan.

La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de CONADU y CONADU Histórica, donde ambas federaciones acordaron unificar el reclamo a nivel nacional frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El paro alcanzará a todas las universidades públicas del país y se enmarca en una jornada federal de protesta.

Convocatoria en San Juan

En el ámbito local, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) convocó a sus afiliados y a la comunidad universitaria a sumarse a la protesta. La concentración está prevista para la tarde del miércoles en la sede de la CGT San Juan, desde donde se marchará en unidad hacia la Plaza 25 de Mayo.

La participación del sector universitario se integrará así a la movilización convocada por las centrales sindicales, reforzando el carácter multisectorial de la jornada de protesta.

Reclamo y contexto

Desde los gremios docentes advirtieron que la reforma laboral en debate representa un retroceso en materia de derechos, al promover condiciones de mayor inestabilidad, flexibilización del empleo y pérdida de garantías laborales. En ese sentido, señalaron que el impacto del proyecto no se limita al sector privado, sino que también afecta al conjunto del sistema educativo y científico.

El paro y la movilización se inscriben en un escenario de creciente preocupación por el futuro del sistema universitario público, atravesado por ajustes presupuestarios, salariales y laborales.

Con paro y movilización, la docencia universitaria se suma este miércoles a una jornada nacional de protesta que vuelve a poner en primer plano el rechazo sindical a la reforma laboral. En San Juan, la presencia del sector académico refuerza el alcance político de la convocatoria y amplía el frente de resistencia frente a un proyecto que genera un fuerte rechazo en amplios sectores del mundo del trabajo.

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.

La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.

Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.

Un conflicto que se expande

Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.

El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.

Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.

Respuesta oficial y advertencias

Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

La protesta sindical en un contexto explosivo

En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.

Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.

Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.

La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.

El Gobierno nacional confirmó que introducirá modificaciones en alrededor de 30 artículos del proyecto de reforma laboral, tras una reunión con bloques dialoguistas que responden a los gobernadores. La vocera del oficialismo, Patricia Bullrich, habló de una “construcción colectiva” y dejó entrever un escenario favorable para la media sanción en el Congreso.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo para destrabar el tratamiento de la reforma laboral al consensuar modificaciones con los bloques legislativos dialoguistas. A la salida de una reunión en el Congreso, la ministra de Seguridad y vocera política de La Libertad Avanza en este tema, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto sufrirá cambios sustanciales.

“Hicimos un repaso artículo por artículo del dictamen de la ley que se va a votar y llegamos a un acuerdo muy sólido”, sostuvo Bullrich ante la prensa. En ese marco, anticipó que “se van a modificar alrededor de 30 artículos”, como resultado de las negociaciones con los sectores que responden a los gobernadores.

Según explicó, el proceso fue el resultado de una “construcción colectiva”, una definición que el oficialismo comenzó a instalar para marcar un giro discursivo en torno a una iniciativa que había generado fuertes resistencias tanto en el plano político como sindical.

Mesa política y definiciones finales

El dictamen consensuado será analizado este martes en una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que se llevará a cabo en la Casa Rosada. Allí, la cúpula libertaria terminará de definir los detalles de redacción del acuerdo alcanzado y el esquema final con el que el proyecto llegará al recinto.

El entendimiento alcanzado parece responder a varios de los puntos más sensibles planteados por los gobernadores y por sectores del movimiento obrero, que mantuvieron canales de diálogo abiertos con senadores y funcionarios desde el inicio del debate.

Diálogo sindical y señales políticas

En este aspecto a las negociaciones legislativas, el Gobierno sostuvo contactos informales con referentes gremiales. Incluso en medio de las protestas convocadas contra la reforma laboral, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, defendió públicamente la importancia del diálogo y aseguró que el vínculo con el Ejecutivo “no está cortado”.

“Los sindicatos tienen la obligación de hablar”, había señalado Martínez, al advertir que “nadie puede resolver en soledad los problemas estructurales que tiene la Argentina”. Horas más tarde, el avance del acuerdo político pareció darle sustento a esa postura.

Con cambios en cerca de una treintena de artículos y el aval de los bloques dialoguistas, el Gobierno se encamina a lograr la media sanción de la reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa. El resultado de la negociación marca un punto de inflexión: del intento inicial de imponer el texto original, el oficialismo pasó a una estrategia de consenso que busca reducir resistencias sin resignar el núcleo de la iniciativa.