Luego de ratificar una marcha contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno y descartar, por ahora, la convocatoria a un paro nacional el día en que la iniciativa comience a tratarse en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un nuevo frente de tensión: anunció que lanzará su propio índice de inflación, en respuesta a la creciente desconfianza sobre las mediciones oficiales.

La decisión se da en un clima marcado por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, un episodio que terminó de erosionar la credibilidad del organismo estadístico, ya cuestionado por amplios sectores sindicales y sociales. Desde la sede de la calle Azopardo aseguran que comenzaron a trabajar en la confección de “un índice serio y respaldado”, aunque evitaron precisar cuándo comenzaría a difundirse públicamente.

Según explicaron fuentes de la central obrera, el objetivo es construir una medición que refleje el impacto real de los precios en el consumo cotidiano, especialmente en los bienes y servicios básicos. En ese sentido, señalaron que ya existen contactos con sectores académicos para avanzar en una metodología propia que permita dar sustento técnico al relevamiento.

“Después del escándalo del INDEC, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”, planteó Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT. El dirigente, referente del sindicato del vidrio, sostuvo que muchos trabajadores confiaron en los datos oficiales y terminaron perdiendo poder adquisitivo, al cerrar acuerdos salariales que luego quedaron muy por debajo de la inflación real que se percibe “en la góndola”.

En simultaneo, Jerónimo se refirió a la movilización prevista para este miércoles, día en que comenzará el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Explicó que la protesta tiene como objetivo “mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto” y negó que la decisión de no convocar a un paro responda a desacuerdos internos, aunque reconoció que la estrategia no conforma a todos los sectores de la CGT.

“Somos respetuosos de las decisiones colectivas. Cada sector fija su posición y se resuelve por mayoría. No descartamos escalar el nivel de conflictividad si nuestros reclamos no son escuchados”, afirmó. En la misma línea, remarcó el carácter colegiado de la central obrera y admitió la convivencia de miradas distintas dentro del consejo directivo.

Al analizar el proyecto del Gobierno, Jerónimo fue categórico: sostuvo que la iniciativa “no moderniza nada” y que tendrá un impacto negativo en el mundo laboral, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas. También cuestionó el argumento oficial de la “actualización” normativa y recordó que los convenios colectivos de trabajo siguen siendo “una herramienta que funciona muy bien”.

En ese sentido, destacó que en los últimos días diversas cámaras empresariales, entre ellas CAME y CGE, expresaron públicamente su rechazo al proyecto. “Queda claro que no es una iniciativa que incentive a la gran mayoría del mundo laboral”, subrayó.

Jerónimo volvió a reclamar un diálogo genuino con el Ejecutivo, al asegurar que la CGT “nunca fue convocada” y cuestionó el rol del Consejo de Mayo, al que definió como “un espacio consultivo no vinculante”. En cuanto a la organización de la protesta, precisó que la concentración central será este miércoles a las 15 horas en la Plaza del Congreso, con movilizaciones simultáneas frente a las casas de gobierno provinciales.

“Repudiamos el proyecto y apelamos a la reflexión de muchos gobernadores, para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, expresó. Y cerró con una advertencia: “Todos los días cierran empresas y se pierden miles de puestos de trabajo. Si no escuchan nuestros pedidos, no descartamos escalar la conflictividad”.

Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral, en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para su aprobación. El empresariado mantiene un llamativo silencio y el sindicalismo apuesta a modificar los puntos más conflictivos en el Congreso, en un escenario de negociaciones cruzadas y márgenes cada vez más estrechos.

El Ejecutivo nacional avanza en el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral con un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del Congreso: los votos estarían. En despachos alineados con la administración libertaria aseguran que el poroteo resulta favorable tanto en Diputados como en el Senado, gracias al respaldo de aliados clave y a acuerdos que, aunque no siempre explícitos, comienzan a reflejarse en el clima legislativo.

Mientras se afina la ingeniería parlamentaria, el contraste entre actores sociales es marcado. Las cámaras empresariales optan por el silencio, sin comunicados conjuntos ni gestos de presión institucional, lo que en la práctica es leído como una señal de aval implícito al proyecto. En este aspecto, el movimiento sindical —que hasta ahora no convocó a un paro general— parece concentrar su estrategia en intentar bloquear o modificar los puntos más polémicos de la iniciativa durante el debate en comisiones y el recinto.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y la hoy senadora Patricia Bullrich siguen de cerca las negociaciones y empujan un objetivo político concreto: llegar al 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con la reforma laboral ya sancionada. Ese cronograma imprime urgencia a las conversaciones y eleva la presión sobre aliados y opositores dialoguistas.

En ese esquema, el rol de los gobernadores aparece como una pieza central. Aunque varios mandatarios provinciales evitan definiciones públicas o ensayan gestos de distancia del oficialismo, en el Congreso crece la percepción de que muchos de ellos ya habrían cerrado acuerdos con el Gobierno nacional. Ese silencio calculado, interpretan incluso en sectores de la oposición, podría traducirse en votos decisivos a favor del proyecto, aun cuando se expresen críticas parciales o disidencias discursivas.

El empresariado, por su parte, despliega un doble discurso. En público, algunos referentes advierten sobre incertidumbre jurídica o señalan que la reforma no los satisface plenamente. Sin embargo, en los hechos no se registran acciones concretas para frenar la iniciativa: no hay posicionamientos colectivos, ni advertencias de peso, ni señales de conflicto abierto con el Ejecutivo. En el mundo sindical, esta pasividad es interpretada como un indicio de que los principales grupos empresarios ya estarían negociando beneficios sectoriales y reacomodando intereses dentro del nuevo marco laboral.

Desde las centrales sindicales, en cambio, el diagnóstico es más prudente. Dirigentes gremiales sostienen que el proyecto difícilmente se apruebe antes de marzo y que, en su redacción actual, “así no pasa”. La apuesta pasa por introducir cambios durante el debate parlamentario y aprovechar las tensiones internas del oficialismo y sus aliados para reabrir la discusión. No obstante, puertas adentro también reconocen que el margen de maniobra se achica con el correr de los días.

La principal incógnita sigue siendo la capacidad de respuesta del movimiento obrero. Para frenar o modificar de fondo la reforma, advierten distintas fuentes sindicales —incluso dentro de la CGT—, no alcanza con gestiones reservadas ni comunicados. Haría falta una gran movilización nacional, acompañada por paros sectoriales y acciones concretas en los lugares de trabajo, incluso con sindicatos que decidan avanzar por cuenta propia si no hay una convocatoria unificada.

Con el reloj político corriendo y los acuerdos avanzando en silencio, la reforma laboral se encamina a una definición clave. El desenlace dependerá no sólo del número de votos, sino también de cuánto estén dispuestos los distintos actores a salir de la especulación y asumir costos políticos reales.

Marcelo Trujillo, integrante de la CGT en San Juan, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y confirmó una movilización federal para el 11 de febrero. Advirtió que la iniciativa afecta salarios, estabilidad, vacaciones y protección social, y alertó sobre un impacto profundo en el empleo público y privado.

En diálogo con Mundo Laboral, Trujillo sostuvo que la iniciativa oficial no puede definirse como una modernización del sistema de trabajo, sino como un proceso de precarización estructural que pone en riesgo derechos históricos de los trabajadores.

“Más que una precarización, es un boleto de salida del mundo laboral”, afirmó el dirigente, al señalar que el proyecto choca de manera directa sobre salarios, jornadas, despidos, vacaciones y protección social. En particular, advirtió sobre el alcance que tendría en el empleo público, donde la estabilidad que garantiza el estatuto del trabajador estatal quedaría severamente debilitada. “Aunque se diga que algunas profesiones quedarían exentas, el beneficio es claramente patronal y puede extenderse a todos los sectores”, remarcó.

En este aspecto, el dirigente confirmó que la CGT resolvió salir a la calle frente al tratamiento de la reforma en el Senado. Si bien en un primer momento se evaluó la posibilidad de una medida de fuerza, la estrategia inicial será una movilización masiva este miércoles 11 de febrero, fecha en la que finalmente se debatirá el proyecto. “Ese día habrá una movilización de todos los sectores laborales y, a partir de lo que ocurra, se evaluará si se avanza hacia medidas más contundentes, incluso un paro”, explicó.

Trujillo detalló que en este sentido, el sindicalismo analiza presentaciones judiciales contra una norma que consideran inconstitucional. “Sabemos que esta reforma viola derechos básicos y no descartamos recurrir a la Justicia”, afirmó.

La protesta tendrá carácter federal. Según explicó el sindicalista, el mandato de la CGT nacional es que todas las regionales del país repliquen la movilización, más allá de la concentración central en la Ciudad de Buenos Aires. En San Juan, adelantó, este lunes se realizará una reunión urgente de la CGT local para definir horarios, modalidad y recorrido de la protesta.

Uno de los puntos que más preocupa al sindicalismo es la falta de conciencia social sobre el alcance real del proyecto. “El trabajador común, el hombre de a pie, no termina de dimensionar las consecuencias de esta reforma. No se ha leído la letra chica”, advirtió Trujillo. Si bien reconoció que la CGT difundió materiales informativos sobre los aspectos más críticos de la iniciativa, sostuvo que “todavía no se ha tomado verdadera dimensión de la gravedad de lo que está en juego”.

Entre los puntos centrales del proyecto, el dirigente gremial enumeró vacaciones fragmentadas, caída del salario real, mayor flexibilidad laboral, banco de horas, despidos más baratos y financiados por los propios trabajadores. “Son todos retrocesos que diluyen derechos adquiridos sin una resistencia política acorde”, sostuvo.

Un escenario de tensión creciente

Trujillo anticipó que, si el proyecto logra avanzar de una cámara a otra, el conflicto podría profundizarse. “Habrá que intensificar la concientización y la respuesta sindical”, señaló, y ratificó que la movilización del 11 de febrero busca precisamente poner en agenda el impacto real de la reforma.

En el tramo final de la entrevista, el representante sindical también se refirió a la situación de su sector, las telecomunicaciones, y confirmó que esta semana se realizará el congreso anual de la Federación, los días 9, 10 y 11 de febrero. Allí se tratarán memoria y balance, la problemática específica de la actividad y se llevarán adelante elecciones de autoridades. “Esperamos que se conforme un secretariado fortalecido para enfrentar los cambios que se vienen en el mundo del trabajo”, afirmó.

Con la reforma laboral a las puertas del Senado, la CGT se prepara para una semana clave. La movilización del 11 de febrero aparece como el primer paso de una estrategia de confrontación escalonada, que combina calle, debate político y acciones judiciales. Para el sindicalismo, lo que está en juego excede una ley puntual: se trata del modelo de relaciones laborales y del futuro de los derechos conquistados por los trabajadores argentinos.