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Trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión expresaron su rechazo total al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En una conferencia de prensa, advirtieron que los artículos 210 y 211 ponen en riesgo el financiamiento del INCAA y de Radio y Televisión Argentina, con consecuencias económicas, laborales y culturales de largo alcance.

Artistas, periodistas, actores y representantes del sector audiovisual sumaron su voz al creciente rechazo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento está previsto durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En una conferencia de prensa realizada este jueves, dirigentes y trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión objetaron el proyecto “en su totalidad” y advirtieron sobre el impacto estructural que tendría sobre la producción cultural y los medios públicos.

El encuentro fue convocado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), integrante de la Multisectorial Audiovisual, con el objetivo de visibilizar lo que definieron como un “total rechazo” a la iniciativa oficialista. El foco de las críticas estuvo puesto en los artículos 210 y 211 del proyecto, que —según denunciaron— implican “un daño grave e irreversible para el cine nacional y el sistema público de radio y televisión”.

El corazón del conflicto: financiamiento y autonomía

Desde el sector audiovisual explicaron que esos artículos eliminan el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de Radio y Televisión Argentina (RTA), un sistema que no depende del Tesoro nacional ni de aportes directos de la ciudadanía. “Se trata de recursos generados por la propia actividad del sector”, subrayaron.

En el caso del INCAA, detallaron que su financiamiento proviene del 10% del valor de cada entrada de cine y del 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La supresión de estos fondos, advirtieron, provocaría la paralización de la producción cinematográfica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de salas y festivales, una menor circulación de ficciones nacionales y una mayor concentración del mercado audiovisual en manos de plataformas extranjeras.
“Las consecuencias económicas y culturales serían profundas y difíciles de revertir”, alertaron en un comunicado difundido tras la conferencia.

Impacto federal y rol de los medios públicos

En relación con Radio y Televisión Argentina, los referentes del sector señalaron que su debilitamiento afectaría de manera directa la capacidad del Estado de garantizar contenidos culturales, educativos e informativos con alcance federal. “Especialmente en regiones donde no existen otras alternativas de acceso”, remarcaron, en alusión a la centralidad que cumplen los medios públicos en vastas zonas del país.

Desde la Multisectorial Audiovisual advirtieron que el recorte de estas herramientas no solo tiene un impacto laboral, sino que también erosiona la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la soberanía comunicacional.

Apoyo político y ampliación del rechazo

La conferencia contó además con la presencia de dirigentes políticos de bloques opositores, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y los legisladores de Unión por la Patria Lorena Pokoik y Mariano Recalde, quienes expresaron su respaldo a los reclamos del sector y cuestionaron el alcance del proyecto oficial.

La participación de referentes políticos refuerza el carácter transversal del rechazo a la reforma laboral, que ya excede el ámbito sindical y suma a amplios sectores de la cultura, la comunicación y la producción artística.

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Dos empresas construirán los campamentos de Vicuña y crece la expectativa por el empleo sanjuanino

La construcción de tres campamentos para el Corredor Norte de Vicuña ya tiene empresas adjudicatarias. La compañía seleccionó a MH Evolution y BMI Constructora para ejecutar las instalaciones que alojarán al personal afectado al desarrollo de esa infraestructura, en una contratación que prevé más de 470 empleos directos y vuelve a colocar en primer plano la participación de la economía provincial en los grandes proyectos mineros.

Los complejos estarán ubicados en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, con capacidad para 450 personas cada uno. La distribución de las obras quedó definida de la siguiente manera: MH Evolution tendrá a su cargo el establecimiento de Piedras Pintadas, mientras que BMI Constructora ejecutará los otros dos. Según el cronograma informado por la minera, los trabajos deberán finalizar entre el primer y el segundo trimestre de 2027.

La adjudicación representa un nuevo avance en la infraestructura necesaria para sostener el despliegue del proyecto, pero también abre interrogantes sobre el impacto territorial de la inversión. Vicuña no precisó qué proporción de los puestos previstos será cubierta por trabajadores sanjuaninos ni cuál será la participación específica de habitantes de Iglesia y Jáchal, los departamentos directamente vinculados con el desarrollo del corredor.

Dos contratistas con distinta presencia en San Juan

Aunque ambas compañías son argentinas, su relación con la provincia presenta características diferentes. MH Evolution, anteriormente conocida como Modular Homes, tiene origen en Neuquén, pero consolidó una estructura productiva en San Juan, donde desarrolla actividad industrial desde hace 25 años.

Especializada en construcciones modulares para los rubros minero, energético y petrolero, la firma cuenta con antecedentes en emprendimientos como Pascua-Lama, Veladero y Josemaría. En mayo de 2026 informó que su operación provincial reunía más de 250 trabajadores directos y una red superior a 100 proveedores y empresas vinculadas. También destacó los envíos realizados desde su planta sanjuanina hacia Vaca Muerta durante el año anterior.

Su participación en el campamento de Piedras Pintadas adquiere relevancia por esa capacidad instalada, aunque todavía no se informó qué proporción de la fabricación y el montaje se realizará efectivamente en la provincia.

BMI Constructora, por su parte, tiene sede en Salta y una trayectoria superior a 35 años en ingeniería, abastecimiento y construcción de instalaciones industriales. Su actividad comprende obras para minería y energía, con experiencia en campamentos, plantas industriales e infraestructura electromecánica, incluso en ambientes de alta montaña.

La incorporación de esta contratista amplía la participación de empresas nacionales en las obras de Vicuña, aunque no se informó sobre una estructura productiva permanente de la compañía en San Juan.

La Ley de Desarrollo Local Minero, bajo observación

La contratación se produce después de la sanción, el 2 de julio de 2026, de la Ley de Desarrollo Local Minero, cuyo propósito es ampliar los beneficios económicos de la actividad mediante la incorporación de trabajadores, proveedores y empresas de la provincia.

La normativa establece criterios de prioridad para las contrataciones: primero las firmas de las comunidades directamente relacionadas con los proyectos, luego las del resto de San Juan y, posteriormente, las empresas nacionales o extranjeras. También promueve la capacitación y el crecimiento del empleo privado registrado.

En ese marco, las nuevas adjudicaciones adquieren una dimensión que excede la ejecución de las obras. La contratación de compañías radicadas fuera de la provincia no determina por sí misma dónde se generarán los puestos de trabajo ni dónde se realizarán las compras, pero sí vuelve relevante conocer los compromisos de incorporación de personal y proveedores locales.

Vicuña cuenta con antecedentes de participación empresarial sanjuanina en el Corredor Norte. En septiembre adjudicó las secciones A1 y A2, correspondientes a 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, a una unión transitoria integrada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora, junto con la firma provincial Construmin. También organizó una ronda de negocios con más de 90 empresas locales para acercar proveedores a las oportunidades de contratación.

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ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales

El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.

La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.

El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.

Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.

En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.

La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».

La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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Departamentales

El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos

Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.

El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.

La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.

En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.

Los puntos más sensibles en el Gran San Juan

Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.

También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.

La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.

Calingasta, con un corte ya vigente

En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.

Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.

Controles en diques y cauces

Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.

En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.

Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.

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