Gremios estatales endurecen su postura y anuncian paro general contra la reforma laboral

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió un paro general con movilización al Congreso el día en que el Senado trate la reforma laboral. Los gremios advirtieron que la medida será parte de un plan de lucha más amplio y apuntó contra los gobernadores que respalden el proyecto del Gobierno nacional.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei escaló un nuevo peldaño en el frente gremial. Los Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvió convocar a un paro general con movilización masiva al Congreso el día en que el proyecto sea tratado en el Senado, y evalúa anticipar medidas de fuerza en las provincias durante los primeros días de febrero.

La definición surgió tras una extensa jornada de debate realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde confluyeron sindicatos estatales, gremios de empresas públicas, jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos. El encuentro dejó un mensaje político claro: la reforma no solo afecta al sector privado, sino que impacta de lleno en el Estado y en los derechos históricos de los trabajadores públicos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga general es ineludible, pero advirtió que no puede ser una acción aislada.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de salir a la calle antes del debate parlamentario y de ejercer presión directa sobre los gobernadores que acompañen la iniciativa oficial. ATE evalúa establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en aquellas provincias cuyos mandatarios se muestren funcionales a la estrategia del Ejecutivo nacional.

El foco sobre los gobernadores y el rol del Congreso

Aguiar fue especialmente crítico de las gestiones políticas que el ministro del Interior, Diego Santilli, viene desarrollando con autoridades provinciales para garantizar el respaldo legislativo. Según el titular de ATE, esas reuniones dejan en evidencia que el Gobierno depende del aval de los gobernadores para avanzar con la reforma.

“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

Desde el frente sindical sostienen que la reforma apunta a debilitar la protección laboral y ampliar el poder de los empleadores, generando un retroceso estructural en las condiciones de trabajo.
“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, remarcó Aguiar.

Un impacto directo sobre el sector público

Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la afectación directa al sector público, a contramano del discurso oficial que intenta limitar el alcance de la reforma al ámbito privado. ATE advirtió que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, normativa que el proyecto pretende modificar.

Entre las dependencias alcanzadas se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, el Hospital Garrahan, la Administración General de Puertos, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, DGI y Aduana, entre otras.

Además, los gremios denunciaron que la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo busca perpetuar el fraude laboral en el Estado nacional, las provincias y los municipios, consolidando esquemas de precarización.

Alerta por la reforma del fuero laboral

Otro punto crítico es el artículo 79 del proyecto, que modifica la Ley 18.345 y traslada los conflictos laborales que involucren al Estado Nacional desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo. Para el frente sindical, este cambio implica un debilitamiento sustancial de las garantías judiciales de los trabajadores.

Desde ATE interpretan que esta modificación no es técnica, sino política: busca reducir la capacidad de defensa de los empleados estatales frente a despidos, sanciones y conflictos laborales.

Unidad sindical y advertencia política

La convocatoria reunió a gremios de la salud, la justicia, la energía, las telecomunicaciones, los puertos, la vialidad, los jerárquicos bancarios, docentes e investigadores universitarios, además de organizaciones de jubilados y referentes del derecho laboral. Aguiar adelantó que el mandato surgido del encuentro será llevado a la reunión con sindicatos de la CGT que se realizará en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Con la convocatoria al paro general y la amenaza de protestas anticipadas en las provincias, el movimiento sindical estatal decidió pasar a una fase de confrontación abierta frente a la reforma laboral. La estrategia combina presión parlamentaria, movilización callejera y un mensaje directo a los gobernadores, a quienes responsabiliza por el avance del proyecto.
En un escenario de alta conflictividad social, la definición del Frente de Sindicatos Estatales anticipa que el debate en el Senado no solo será legislativo, sino también político y social, con el movimiento obrero decidido a ocupar el centro de la escena como límite activo a la flexibilización laboral.