La vitivinicultura bajo presión: una bodega sanjuanina en cesación de pagos y un problema estructural
La bodega Casa Montes acumuló más de $467 millones en cheques rechazados, según registros del Banco Central. Aunque la empresa atribuyó el episodio a un atraso administrativo con ARCA, el caso se inscribe en una crisis más profunda del sector vitivinícola, atravesado por caída del consumo, atraso cambiario, pérdida de rentabilidad y sobreacumulación de stock.
La vitivinicultura cuyana atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. A la contracción del mercado interno, la pérdida de competitividad exportadora y el aumento sostenido de los costos se suma ahora un fenómeno cada vez más visible: bodegas con trayectoria que ingresan en procesos de cesación de pagos y deterioro acelerado de su perfil financiero.
En este sentido se inscribe el caso de Casa Montes, una de las bodegas más relevantes de San Juan, con fuerte presencia en el Valle de Tulum. De acuerdo con datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumuló cheques rechazados por un total de $467 millones, lo que encendió alertas en el sistema financiero y en toda la cadena vitivinícola.
La empresa se sumó así a una lista cada vez más extensa de bodegas en dificultades, entre las que figuran firmas emblemáticas como Norton y Bianchi en Mendoza, además de establecimientos en provincias como Salta y La Pampa. Más allá de las particularidades de cada caso, el patrón se repite: sobreoferta de vino, caída del consumo, trabas para exportar y márgenes cada vez más estrechos.
Casa Montes no es un actor marginal. La bodega produce con viñedos propios y también compra uva a terceros, por lo que su crisis impacta de manera directa sobre productores primarios y contratistas, ampliando el alcance del problema más allá de la estructura empresaria.
Según relevamientos del portal especializado Bichos de Campo, los costos de producción se incrementaron de manera sostenida en los últimos años, impulsados por subas en la mano de obra, el transporte, la energía y los insumos dolarizados. En muchos casos, los ingresos ya no alcanzan para cubrir los costos básicos de mantenimiento de los viñedos, lo que erosiona la sustentabilidad del sistema.
La explicación oficial
Desde la empresa explicaron que el embargo de cuentas y los rechazos de cheques se originaron en una demora administrativa en la adhesión a un plan de pagos impositivo con ARCA. Según la firma, el 80 % de los compromisos ya habría sido cancelado, aunque esa regularización aún no se refleja en los registros oficiales del BCRA.
Casa Montes sostuvo además que la situación no responde a una falta estructural de financiamiento y remarcó que opera dentro del sistema bancario formal, utilizando herramientas habituales como acuerdos de descubierto, préstamos de capital de trabajo y descuento de valores. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la fragilidad financiera que hoy atraviesa buena parte del sector.
Un escenario que no ofrece alivio
El problema de fondo excede ampliamente a una bodega puntual. Las exportaciones continúan sin reactivarse debido al atraso cambiario y la pérdida de competitividad frente a otros países productores, mientras que el mercado interno no logra absorber el volumen de vino elaborado. El resultado es una acumulación de stock muy por encima de los promedios históricos, con miles de botellas inmovilizadas.
Informes del IERAL de la Fundación Mediterránea advierten sobre un proceso de desequilibrios estructurales que se fue consolidando con el paso del tiempo: costos en alza, precios contenidos, financiamiento restrictivo y una ecuación económica cada vez más inviable.
En este aspecto, cualquier contingencia —administrativa, fiscal o comercial— puede derivar rápidamente en una crisis financiera. La reacción de los bancos frente a los cheques rechazados, con la no renovación de líneas de descubierto y el endurecimiento del crédito, profundiza aún más el problema y acelera los procesos de deterioro.
El caso de Casa Montes funciona como un síntoma más que como una excepción. La vitivinicultura argentina atraviesa una crisis de magnitud histórica, con empresas tradicionales al borde del colapso y una cadena productiva tensionada en todos sus eslabones. Sin un rediseño del esquema de financiamiento, políticas que recuperen competitividad y una salida estructural al problema de la sobreoferta, el sector continuará acumulando episodios de cesación de pagos que ponen en riesgo no solo a las bodegas, sino a la identidad productiva de toda la región de Cuyo.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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