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La decisión del Gobierno nacional de intervenir por doce meses el Puerto de Ushuaia, ejecutada de madrugada y con fuerzas de seguridad, generó un amplio rechazo sindical. Organizaciones gremiales advierten sobre la pérdida de recursos provinciales, la incertidumbre laboral y posibles implicancias estratégicas en un territorio clave para la soberanía nacional.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional abrió un frente de conflicto político, institucional y gremial en uno de los enclaves más sensibles del país. La medida, formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), motivó un enérgico pronunciamiento de la Mesa Sindical, espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales de alcance nacional y regional.

Desde el sector sindical calificaron la acción como “intempestiva y solapada” y cuestionaron no sólo el procedimiento, sino también el trasfondo político de la decisión. En un comunicado conjunto, advirtieron que el Puerto de Ushuaia se encuentra en un territorio “sensible dentro de la inestable geopolítica internacional”, marcado por el interés de potencias extranjeras y por su rol estratégico en la proyección antártica y en el Atlántico Sur.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto institucional de la intervención. Según la Mesa Sindical, la decisión “avasalla la autonomía provincial y los principios de federalismo que sostiene la Constitución Nacional”, al desplazar a la provincia del control de un puerto que reviste carácter estratégico y que, además, constituye una de las pocas administraciones portuarias provinciales aún vigentes en el país.

En el plano económico, los gremios alertaron sobre una consecuencia inmediata: la pérdida de recursos para Tierra del Fuego. “El cobro del uso del muelle pasa a manos de la Nación, cuando la provincia atraviesa un récord de recaladas y operaciones”, señalaron, en referencia al crecimiento sostenido de la actividad portuaria, especialmente vinculada al turismo y a la logística antártica. Para el arco sindical, esta reasignación de ingresos profundiza el desfinanciamiento provincial y debilita la capacidad de gestión local.

La preocupación se extiende al terreno laboral. Los sindicatos advirtieron que la intervención “pone en duda la estabilidad y las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios”, y expresó su solidaridad con quienes desempeñan tareas en el puerto. En ese sentido, remarcaron que los procesos de intervención suelen derivar en reestructuraciones, tercerizaciones o cambios contractuales que afectan directamente el empleo y los derechos laborales.

El comunicado también dejó planteada una advertencia política de mayor alcance. La forma en que se ejecutó la medida —en horario nocturno y con despliegue de fuerzas de seguridad— “produce sospechas de todo tipo en la sociedad fueguina y en el resto del país”, sostuvieron los gremios, que no descartaron que la intervención sea la antesala de un proceso de privatización. “Ya hemos vivido situaciones similares que terminan de esa manera”, alertaron, aludiendo a antecedentes recientes en otros sectores estratégicos.

Otro eje central del pronunciamiento remite a la política exterior del Gobierno nacional. La Mesa Sindical vinculó la intervención con el alineamiento internacional del Ejecutivo y advirtió sobre el riesgo de una mayor injerencia extranjera en la región. En particular, señalaron que no puede descartarse que la medida funcione como un “primer paso” hacia una mayor presencia de intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, con eventuales derivaciones sobre las disputas de soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur.

Desde esta perspectiva, los gremios subrayaron que cualquier debilitamiento del control nacional y provincial en Tierra del Fuego tiene implicancias que exceden lo administrativo. “No podemos debilitar nuestra presencia efectiva en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, enfatizaron, al tiempo que reclamaron información clara y transparente sobre los fundamentos reales de la intervención.

La Mesa Sindical también interpretó la decisión como una señal política hacia una gobernación provincial no alineada con las políticas nacionales, lo que agrega un componente de tensión institucional en un contexto ya atravesado por disputas entre Nación y provincias por recursos, competencias y modelos de gestión.

La intervención del Puerto de Ushuaia no es, para el arco sindical, un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una trama más amplia donde convergen disputas por el control de recursos estratégicos, tensiones federales, incertidumbre laboral y definiciones geopolíticas de largo alcance. El contundente pronunciamiento de más de medio centenar de organizaciones gremiales expone una preocupación que trasciende al sector portuario y coloca en el centro del debate el modelo de Estado, el respeto por la autonomía provincial y la defensa de la soberanía en uno de los territorios más sensibles del país. En ese escenario, el reclamo de información, transparencia y diálogo aparece como una condición indispensable para evitar que decisiones unilaterales profundicen conflictos que podrían tener consecuencias difíciles de revertir.

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La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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Departamentales

Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo

El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.

Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.

Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.

El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.

Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.

Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.

En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.

El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.

Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.

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El desempleo lidera las preocupaciones en Argentina y cae la aprobación del Gobierno

Según el relevamiento de Atlas Intel para Bloomberg, la falta de trabajo lidera las preocupaciones con el 50,2% de las menciones, superando a la corrupción por diez puntos en un contexto de 15 meses de caída del empleo privado registrado y mayor desaprobación al gobierno de Javier Milei.

La pérdida de empleo escaló al primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad argentina. Por primera vez en lo que va de 2026, la desocupación desplazó a la corrupción y encabezó el ranking de los principales problemas del país, según el último relevamiento de Atlas Intel para Bloomberg. El dato refleja un cambio significativo en las inquietudes de la población, en un período atravesado por dificultades para sostener el empleo formal y expectativas económicas que continúan bajo presión.

La encuesta, cuyos datos fueron recopilados entre el 5 y el 11 de noviembre, asignó al desempleo el 50,2% de las menciones, con un incremento de 6,2 puntos respecto de septiembre. La corrupción quedó en segundo lugar, con el 40,2%, luego de retroceder 10,1 puntos. Detrás se ubicaron la situación económica, con el 34,5%, y los altos precios y la inflación, con el 32,4%. Los encuestados podían seleccionar hasta tres respuestas, por lo que los porcentajes no son excluyentes.

El cambio en las percepciones encuentra un correlato en las estadísticas laborales. El INDEC ubicó la tasa de desocupación en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,8% del período anterior y el 7,6% registrado en igual trimestre de 2025. Aunque la variación interanual no fue considerada estadísticamente significativa, el indicador confirma la persistencia de dificultades en el mercado de trabajo.

La evolución del empleo privado registrado aporta otra señal. En agosto se perdieron 7.573 puestos asalariados formales y el sector acumuló 15 meses consecutivos de retroceso. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) analizados por Luis Campos, investigador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la comparación con agosto de 2023 arroja una pérdida de 309.882 empleos privados registrados.

El deterioro laboral también aparece en la evaluación que los ciudadanos realizan de la administración nacional. En la medición de noviembre de Atlas Intel, la aprobación de Javier Milei se ubicó en el 36,2%, mientras que la desaprobación alcanzó el 60,6%. La valoración general de la gestión tampoco resultó favorable: el 28,9% la calificó como buena o excelente y el 55,7% como mala o muy mala. En el ranking de imagen positiva, el Presidente quedó en el quinto puesto, detrás de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Myriam Bregman y Patricia Bullrich.

La preocupación por la falta de trabajo también tuvo presencia en el mensaje del papa León XIV durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. Allí definió la desocupación como un «auténtico drama en la vida de quien lo padece» y puso el acento en las personas que buscan una oportunidad laboral. Su reflexión coincidió con una semana en la que el empleo pasó a ocupar el centro de las inquietudes relevadas por la consultora.

El desplazamiento de la corrupción por el desempleo en el ranking de preocupaciones constituye una señal relevante sobre las prioridades de la sociedad. La posibilidad de conseguir trabajo, conservar los ingresos y proyectar estabilidad económica adquiere mayor centralidad en la vida cotidiana, mientras los indicadores de empleo formal continúan mostrando retrocesos. La evolución del mercado laboral se consolida así como uno de los principales desafíos económicos y sociales para el Gobierno nacional.

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