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La decisión del Gobierno nacional de intervenir por doce meses el Puerto de Ushuaia, ejecutada de madrugada y con fuerzas de seguridad, generó un amplio rechazo sindical. Organizaciones gremiales advierten sobre la pérdida de recursos provinciales, la incertidumbre laboral y posibles implicancias estratégicas en un territorio clave para la soberanía nacional.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional abrió un frente de conflicto político, institucional y gremial en uno de los enclaves más sensibles del país. La medida, formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), motivó un enérgico pronunciamiento de la Mesa Sindical, espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales de alcance nacional y regional.

Desde el sector sindical calificaron la acción como “intempestiva y solapada” y cuestionaron no sólo el procedimiento, sino también el trasfondo político de la decisión. En un comunicado conjunto, advirtieron que el Puerto de Ushuaia se encuentra en un territorio “sensible dentro de la inestable geopolítica internacional”, marcado por el interés de potencias extranjeras y por su rol estratégico en la proyección antártica y en el Atlántico Sur.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto institucional de la intervención. Según la Mesa Sindical, la decisión “avasalla la autonomía provincial y los principios de federalismo que sostiene la Constitución Nacional”, al desplazar a la provincia del control de un puerto que reviste carácter estratégico y que, además, constituye una de las pocas administraciones portuarias provinciales aún vigentes en el país.

En el plano económico, los gremios alertaron sobre una consecuencia inmediata: la pérdida de recursos para Tierra del Fuego. “El cobro del uso del muelle pasa a manos de la Nación, cuando la provincia atraviesa un récord de recaladas y operaciones”, señalaron, en referencia al crecimiento sostenido de la actividad portuaria, especialmente vinculada al turismo y a la logística antártica. Para el arco sindical, esta reasignación de ingresos profundiza el desfinanciamiento provincial y debilita la capacidad de gestión local.

La preocupación se extiende al terreno laboral. Los sindicatos advirtieron que la intervención “pone en duda la estabilidad y las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios”, y expresó su solidaridad con quienes desempeñan tareas en el puerto. En ese sentido, remarcaron que los procesos de intervención suelen derivar en reestructuraciones, tercerizaciones o cambios contractuales que afectan directamente el empleo y los derechos laborales.

El comunicado también dejó planteada una advertencia política de mayor alcance. La forma en que se ejecutó la medida —en horario nocturno y con despliegue de fuerzas de seguridad— “produce sospechas de todo tipo en la sociedad fueguina y en el resto del país”, sostuvieron los gremios, que no descartaron que la intervención sea la antesala de un proceso de privatización. “Ya hemos vivido situaciones similares que terminan de esa manera”, alertaron, aludiendo a antecedentes recientes en otros sectores estratégicos.

Otro eje central del pronunciamiento remite a la política exterior del Gobierno nacional. La Mesa Sindical vinculó la intervención con el alineamiento internacional del Ejecutivo y advirtió sobre el riesgo de una mayor injerencia extranjera en la región. En particular, señalaron que no puede descartarse que la medida funcione como un “primer paso” hacia una mayor presencia de intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, con eventuales derivaciones sobre las disputas de soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur.

Desde esta perspectiva, los gremios subrayaron que cualquier debilitamiento del control nacional y provincial en Tierra del Fuego tiene implicancias que exceden lo administrativo. “No podemos debilitar nuestra presencia efectiva en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, enfatizaron, al tiempo que reclamaron información clara y transparente sobre los fundamentos reales de la intervención.

La Mesa Sindical también interpretó la decisión como una señal política hacia una gobernación provincial no alineada con las políticas nacionales, lo que agrega un componente de tensión institucional en un contexto ya atravesado por disputas entre Nación y provincias por recursos, competencias y modelos de gestión.

La intervención del Puerto de Ushuaia no es, para el arco sindical, un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una trama más amplia donde convergen disputas por el control de recursos estratégicos, tensiones federales, incertidumbre laboral y definiciones geopolíticas de largo alcance. El contundente pronunciamiento de más de medio centenar de organizaciones gremiales expone una preocupación que trasciende al sector portuario y coloca en el centro del debate el modelo de Estado, el respeto por la autonomía provincial y la defensa de la soberanía en uno de los territorios más sensibles del país. En ese escenario, el reclamo de información, transparencia y diálogo aparece como una condición indispensable para evitar que decisiones unilaterales profundicen conflictos que podrían tener consecuencias difíciles de revertir.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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