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En espejo a la ofensiva del Gobierno nacional, la CGT anunció una gira federal para reunirse con gobernadores y bloquear la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La central sindical busca capitalizar el malestar provincial y consolidar un frente político que frene los cambios en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió salir al territorio para disputar el respaldo político de los gobernadores frente al avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional. Casi como una réplica directa a la gira que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera anunció que iniciará una serie de reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de reunir los votos necesarios para bloquear la iniciativa en el Congreso.

La gira sindical estará encabezada por el triunvirato que conduce la CGT, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. El objetivo, según señalaron desde la conducción cegetista, es “fortalecer las demandas de los trabajadores” y construir un frente común con los gobernadores para frenar un proyecto que, advierten, implica un retroceso en derechos laborales históricos.

La primera escala del recorrido será Santiago del Estero, donde los dirigentes sindicales se reunirán con el gobernador Elías Suárez. Luego, la agenda incluye encuentros en Tucumán, Jujuy y Córdoba, para finalmente trasladarse a distintas provincias de la Patagonia. Si bien la fecha exacta de inicio aún no fue confirmada, la CGT ya avanza en la coordinación política y logística del periplo.

El cálculo político de la CGT

En la central obrera consideran que el escenario posterior a la aprobación del Presupuesto 2026 abre una ventana de oportunidad. La lectura sindical es que muchos gobernadores buscarán evitar nuevos focos de conflicto social y gremial en sus distritos, lo que podría traducirse en una mayor predisposición a rechazar o, al menos, dilatar la reforma laboral.

El proyecto del oficialismo está previsto para ser tratado en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, y el rol de los mandatarios provinciales aparece como decisivo. En ese marco, la relación histórica entre los sindicatos y los ejecutivos provinciales vuelve a adquirir centralidad en la dinámica legislativa.

Dificultades y señales desde el oficialismo

En el propio Gobierno reconocen las dificultades para reunir los votos necesarios que garanticen la aprobación de la reforma laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, admitió en las últimas horas que el oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones en el texto del proyecto y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con la CGT.

Sin embargo, dentro del sindicalismo esas señales son recibidas con desconfianza. La trayectoria y el discurso marcadamente antisindical de Bullrich limitan cualquier expectativa de acercamiento real. Aunque la exministra de Seguridad sostiene que la reforma apunta a fomentar el emprendedurismo y facilitar la creación de empleo, en la CGT prevalece una mirada cautelosa y crítica.

El pedido de Bullrich de construir un respaldo parlamentario amplio fue interpretado en sectores gremiales como un repliegue táctico del oficialismo, condicionado por la resistencia política y social que genera la iniciativa.

Santilli, el interlocutor posible

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su propia ofensiva territorial. Esta semana viajó a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, tras haber visitado Chubut y mantener un encuentro con Ignacio Torres en el contexto de los incendios que afectan a la Patagonia.

Este martes, Santilli recibirá en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien, pese al gesto institucional, ya adelantó que no acompañará modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y reiterará sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas jubilatorias.

La agenda del ministro continuará el miércoles con un nuevo viaje a Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el fuego junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jueves se trasladará a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los aliados clave del oficialismo.

Además, en la lista de gobernadores que el Gobierno busca sumar figuran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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