Petróleo y minería sin efecto derrame: las regiones energéticas pagan el costo del ajuste

Mientras el Gobierno nacional presenta al petróleo y la minería como pilares del crecimiento, en las provincias energéticas se profundiza la pérdida de empleo, la caída del ingreso y la fragilidad del entramado productivo. El ajuste se territorializa y desnuda una nueva brecha federal.

El debate económico argentino suele concentrarse en variables macroeconómicas y balances sectoriales agregados, pero deja en un segundo plano una dimensión clave: el impacto territorial del modelo productivo. En ese plano, los datos del mercado laboral en petróleo y minería revelan una paradoja inquietante. Los sectores que el gobierno de Javier Milei presenta como “motores del desarrollo” no solo no están generando empleo, sino que están destruyendo puestos de trabajo en las regiones donde históricamente funcionaron como columna vertebral de la economía local.

Según datos oficiales, el complejo de petróleo y minería cuenta hoy con unos 87.500 empleos formales, frente a los 94.600 registrados en noviembre de 2023. En poco más de un año se perdieron más de 7.000 puestos, una caída que se consolida desde mediados de 2024 y que tiene consecuencias particularmente severas en provincias altamente dependientes de estas actividades.

La situación se vuelve más evidente en territorios como Chubut y Santa Cruz, corazón de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la actividad hidrocarburífera no solo explica el empleo directo, sino también buena parte del consumo, la recaudación y la dinámica del comercio regional. Allí, la retracción del empleo petrolero actúa como un factor de arrastre negativo sobre todo el tejido económico.

Federalismo estadístico y desigualdad real

Las estadísticas oficiales muestran tasas de desempleo relativamente bajas en estas provincias, pero los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuentan otra historia: una pérdida sostenida de empleo formal, especialmente en puestos calificados y de altos ingresos. Esta brecha entre indicadores no es casual, sino el reflejo de un proceso de degradación laboral que no siempre se traduce en desocupación abierta.

En las regiones energéticas, el ajuste adopta formas silenciosas: retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, contratos no renovados y un desplazamiento hacia la informalidad.

Para la metodología del INDEC, quien abandona la búsqueda activa de empleo deja de ser desocupado, aunque haya sido expulsado del circuito formal. Así, miles de ex trabajadores petroleros pasan a engrosar un universo de ocupaciones precarias —delivery, transporte, changas, microemprendimientos— que sostienen la subsistencia, pero no reemplazan la calidad del empleo perdido.

Este fenómeno genera un efecto particularmente regresivo en el interior del país, donde las alternativas laborales son más limitadas y la dependencia de un solo sector productivo amplifica los impactos negativos.

Salarios, consumo y economías regionales en retroceso

La pérdida de empleo petrolero no es solo una estadística laboral: es un shock económico regional. Un trabajador de yacimiento puede percibir ingresos cercanos a los 3,8 millones de pesos netos mensuales, con aportes, cobertura de salud y capacidad de crédito. Ese salario dinamiza el comercio, los servicios, la construcción y la recaudación provincial y municipal.

Cuando ese puesto desaparece, lo que lo reemplaza suele ser empleo informal o cuentapropismo de baja productividad, con ingresos 50% inferiores o más, sin estabilidad ni protección social. En términos concretos, se necesitan dos o tres trabajos precarios para igualar el ingreso que generaba un solo empleo petrolero.

Las estimaciones regionales indican que la Cuenca San Jorge perdió alrededor de 300.000 millones de pesos anuales en capacidad de consumo, una cifra que explica la caída del comercio, el cierre de pymes y el deterioro del entramado social en ciudades fuertemente ligadas a la actividad energética.

Un modelo que concentra rentas y descentraliza costos

Incluso dentro del propio sector energético, la reabsorción de trabajadores se produce bajo condiciones cada vez más desfavorables. Cambios de concesión, relicitaciones y reestructuraciones empresarias derivan en recortes salariales del 30 al 35%, reducción de beneficios y flexibilización de condiciones laborales, con el argumento de mejorar la competitividad.

Este esquema revela un problema estructural del modelo actual: las rentas y las decisiones estratégicas se concentran, mientras que los costos sociales y laborales se territorializan. Las provincias productoras asumen el impacto del ajuste sin herramientas fiscales, crediticias o de política industrial que amortigüen la caída.

En términos federales, el resultado es una profundización de las asimetrías: regiones ricas en recursos naturales, pero cada vez más pobres en empleo de calidad y capacidad de desarrollo endógeno.

El escenario energético actual deja una advertencia que trasciende al sector. El bajo desempleo agregado no alcanza para evaluar la salud de una economía, especialmente en un país federal y desigual como la Argentina. Lo que está en juego no es solo cuántos puestos existen, sino dónde se destruyen, qué calidad tenían y qué los reemplaza.

Hoy, el petróleo y la minería ya no funcionan como anclas de desarrollo regional. Lejos del efecto derrame prometido, concentran incertidumbre, ajuste y precarización en las provincias productoras. Sin una estrategia federal que articule inversión, empleo y desarrollo territorial, el modelo energético corre el riesgo de consolidar un país con enclaves extractivos prósperos y regiones cada vez más frágiles.