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Lejos de tratarse de una etapa transitoria, el programa de privatizaciones que impulsa el presidente Javier Milei se proyecta más allá de 2026 y alcanza a empresas consideradas estratégicas. La necesidad de reforzar reservas y reducir el gasto público se impone como eje central del modelo libertario, aun a costa de resignar herramientas clave de soberanía económica y control estatal.

La hoja de ruta oficial contempla avanzar con la venta o concesión de firmas que históricamente cumplieron un rol estratégico para el funcionamiento del Estado y la economía. Entre las compañías ya incluidas en el esquema de desestatización figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

A ese conjunto se suman Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de Moneda y la agencia nacional de noticias Télam, cuya continuidad como empresa estatal también aparece severamente comprometida. En todos los casos, la lógica oficial apunta a transferir al sector privado funciones que hasta ahora permanecían bajo control público.

La ofensiva privatizadora incluye además compañías de gran peso económico y social. Entre ellas se destacan Transener, responsable del sistema de transporte eléctrico de alta tensión; las represas hidroeléctricas, claves para la matriz energética nacional; y AySA, la empresa que provee agua potable y servicios cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los conglomerados urbanos más grandes de América Latina.

El cambio societario como paso previo

Como parte de esta estrategia, el Gobierno completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso técnico pero determinante para facilitar futuras privatizaciones. La última conversión se formalizó esta semana con la inscripción en el Registro Público de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La medida se apoya en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que todas las empresas con participación estatal —sin importar su forma jurídica— se transformen en sociedades anónimas y queden sujetas a la Ley General de Sociedades N.º 19.550. El objetivo declarado es eliminar prerrogativas públicas y equiparar su funcionamiento al de cualquier firma privada, allanando el camino para su eventual venta.

Energía y transporte, en el centro del plan

La prioridad del Gobierno está puesta especialmente en los sectores de energía y transporte, considerados estratégicos tanto por su impacto fiscal como por su potencial atractivo para inversores privados. En ese marco, aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; Enarsa, la empresa estatal de energía; Intercargo, prestadora de servicios aeroportuarios que ya despertó el interés de capitales franceses; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, eje central del comercio exterior argentino.

Detrás de esta avanzada se destaca el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se convirtió en una pieza clave del engranaje libertario. Desde su cartera, impulsa una estrategia orientada a desarticular la infraestructura logística estatal y transferirla al sector privado, bajo la premisa de eficiencia, competencia y reducción del gasto público.

La continuidad del programa privatizador más allá de 2026 confirma que no se trata de una política coyuntural, sino de un cambio estructural en la concepción del Estado. Para el Gobierno de Javier Milei, la reducción del sector público y la obtención de recursos frescos prevalecen sobre cualquier consideración vinculada a la soberanía económica o al carácter estratégico de las empresas involucradas.

El debate de fondo, cada vez más visible, gira en torno a qué Estado quedará en pie tras este proceso y cuáles serán los costos sociales, productivos y políticos de una desestatización sin precedentes en las últimas décadas.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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