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Un fallo judicial de alto impacto político e institucional volvió a reinstaurar la tirantez entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió este martes hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordenando la inmediata aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La resolución deja sin efecto, para el caso concreto, el Decreto 795/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma sancionada por el Congreso. Dichos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización de las becas estudiantiles conforme a la evolución inflacionaria.

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por ambas Cámaras del Congreso. Aunque el presidente Javier Milei vetó la norma, el Parlamento rechazó el veto, lo que dejó a la ley plenamente vigente. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la Ley 24.629 para sostener que la aplicación quedaba suspendida hasta que el Congreso definiera explícitamente las fuentes de financiamiento, argumento que dio sustento al decreto ahora cuestionado.

Ante este escenario, el CIN inició a fines de octubre de 2025 una acción colectiva solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley. En su presentación, las universidades advirtieron sobre una “afectación colectiva y urgente”, al señalar que el congelamiento salarial y de becas profundizaba la pérdida del poder adquisitivo, afectaba el normal funcionamiento de las casas de estudio y vulneraba derechos constitucionales como el acceso a la educación superior y la autonomía universitaria.

Según datos aportados en el expediente, alrededor del 70% de los docentes y no docentes universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, situación que se agravó durante el último año por la inflación y la falta de actualizaciones salariales.

Análisis del fallo

En su resolución, el juez Martín Cormick consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” en el accionar del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que la suspensión dispuesta por el decreto impugnado lesionaba de manera clara e inequívoca derechos reconocidos constitucionalmente, sin que resultara necesario un análisis extenso de los hechos para advertir el perjuicio ocasionado.

El magistrado dispuso declarar inaplicable el decreto en lo referido a la suspensión de la Ley 27.795 y ordenó que la medida cautelar tenga vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva, que resolverá la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del accionar del Ejecutivo.

El fallo se dictó en un contexto político particularmente sensible, atravesado por el debate del Presupuesto 2026. El proyecto enviado por el Gobierno incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento educativo, lo que generó un fuerte rechazo en la oposición y en diversos sectores sociales.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto, pero rechazó los artículos vinculados a discapacidad y educación superior. Ahora el proyecto será tratado en el Senado, donde el oficialismo buscará revertir esa decisión.

La medida cautelar representa un respaldo judicial significativo para las universidades nacionales y reaviva la discusión sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior. Más allá de su carácter provisorio, el fallo expone los límites legales del Ejecutivo para suspender leyes vigentes y vuelve a colocar en el centro del debate la crítica situación salarial del sistema universitario, en un contexto de ajuste fiscal y fuerte conflictividad social.

Departamentales

El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos

Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.

El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.

La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.

En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.

Los puntos más sensibles en el Gran San Juan

Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.

También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.

La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.

Calingasta, con un corte ya vigente

En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.

Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.

Controles en diques y cauces

Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.

En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.

Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.

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destacada

La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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Departamentales

Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo

El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.

Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.

Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.

El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.

Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.

Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.

En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.

El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.

Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.

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