El secretario general de AOMA San Juan e integrante de la conducción nacional del gremio, Iván Maya, confirmó la adhesión total del sindicato minero a la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Alertó sobre despidos, cierre de empresas, recesión productiva y un posible avance posterior sobre el sistema previsional.

La convocatoria a una movilización nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma adhesiones en todo el país y consolida un frente sindical cada vez más amplio. En ese marco, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó su participación activa en la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con presencia en más de 20 provincias.

“Adherimos totalmente a esta movilización en en San juan y en todo el país”, afirmó Iván Maya, titular de AOMA e integrante de la conducción nacional del gremio. Según explicó, la protesta busca visibilizar el rechazo a una iniciativa oficial que, lejos de generar empleo genuino, “profundiza la precarización y consolida un escenario de recesión”.

Desde la mirada sindical, el debate sobre la denominada “modernización laboral” se da en un contexto económico adverso, atravesado por despidos masivos, cierre de empresas y una fuerte contracción de la actividad productiva. “Lo vemos claramente: hay despidos todos los días, en el comercio, en la construcción, en la industria. Esto no se resuelve con una reforma laboral”, sostuvo Maya.

El dirigente fue categórico al cuestionar el argumento oficial que presenta la reforma como una herramienta para fomentar el empleo. “Engañan a la gente diciendo que así va a haber más trabajo. Eso no es cierto. El empleo se genera con políticas productivas, con industria en marcha y con un Estado que acompañe”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad del movimiento obrero como factor clave para incidir en el tratamiento legislativo del proyecto. “Esperamos que nos acompañen todos los trabajadores, del sector público y del privado. Acá estamos perjudicados todos. Esto es el inicio de un avasallamiento general de los derechos laborales”, advirtió.

Pero las objeciones no se limitan al plano estrictamente laboral. Maya alertó sobre posibles derivaciones más profundas del proyecto: “Detrás de esta reforma viene un desfinanciamiento total de la ANSES, y eso abre la puerta a una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria. Esto va mucho más allá de una simple modernización”.

La situación concreta del sector minero también refleja, según el dirigente, las consecuencias del actual modelo económico. En ese marco, confirmó despidos recientes en Cementos Avellaneda, donde seis trabajadores recibieron telegramas de cesantía. “Ya se están tomando las acciones necesarias, con asambleas y medidas de fuerza”, indicó.

Maya explicó que, dentro de la actividad minera, existen realidades muy diferentes. Mientras la minería metalífera mantiene cierta estabilidad por sus convenios y características productivas, otras ramas —como el cemento, la cal y la piedra— dependen directamente de la obra pública, hoy prácticamente paralizada. “Eso impacta de lleno en nuestro sector”, señaló.

El Ejecutivo provincial oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida alcanza a toda la administración pública de San Juan y garantiza guardias mínimas en los servicios esenciales.

El Gobierno de San Juan confirmó el asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La decisión alcanza a todos los organismos que integran la administración pública provincial y se enmarca en la adhesión al decreto dispuesto a nivel nacional.

Durante ambas jornadas no habrá atención al público en las dependencias estatales, aunque se garantizará el funcionamiento de guardias mínimas en los servicios considerados esenciales o de prestación permanente, con el objetivo de asegurar la continuidad de las funciones básicas del Estado.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la medida busca facilitar la organización familiar y los traslados de los trabajadores estatales en fechas tradicionalmente vinculadas a los encuentros y celebraciones de fin de año. Se trata de una práctica habitual que se repite cada año en la provincia y que responde a criterios de orden administrativo y social.

Alcance de la medida y servicios esenciales

El asueto alcanza a ministerios, secretarías, direcciones y entes descentralizados dependientes del Estado provincial. No obstante, áreas como salud, seguridad, servicios de emergencia y otras prestaciones críticas mantendrán esquemas de guardias para garantizar la atención a la población.

Desde el Gobierno aclararon que cada repartición deberá organizar internamente sus equipos de trabajo para asegurar el normal funcionamiento de los servicios indispensables durante ambas jornadas.

Tras una sesión maratónica que se extendió por casi diez horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el artículo que buscaba derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, en medio de duras acusaciones de “extorsión” y maniobras reglamentarias.

Pasada la medianoche y luego de un extenso y tenso debate, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero no logró uno de sus objetivos centrales: la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La iniciativa fue aprobada en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, lo que permitió girar el proyecto al Senado. Sin embargo, en la votación en particular, el Gobierno sufrió un revés clave cuando el capítulo XI, que incluía el artículo 75, fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 positivos y dos abstenciones, provocando su caída definitiva del texto.

La derrota parlamentaria fue celebrada con euforia por los bloques opositores, que desde el inicio de la sesión habían advertido sobre la gravedad institucional y social de las modificaciones incorporadas “por la ventana” y a último momento por el oficialismo.

Alianzas y quiebres en la votación

En la votación en general, La Libertad Avanza logró articular una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y fuerzas provinciales minoritarias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención.

El proyecto también había incorporado, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del Supremo Tribunal al Consejo de la Magistratura. No obstante, al estar incluidas dentro del capítulo XI, estas modificaciones quedaron sin efecto tras el rechazo del articulado.

Del mismo modo, se cayeron otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares.

Acusaciones de extorsión y fuerte cruce político

La controversia estalló cuando quedó en evidencia que el oficialismo había concentrado un paquete de medidas sensibles dentro de un mismo capítulo, impidiendo que los legisladores pudieran votar cada tema de manera diferenciada.

“Esto es una extorsión”, denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien advirtió que quienes acompañaran el artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue aún más duro y calificó la maniobra como una “perversidad”. “Siguen metiendo cosas en el capítulo XI para que nadie pueda despegarse del artículo 75”, explicó, y acusó al oficialismo de intentar condicionar a la Justicia. “¡Son unos chantas!”, exclamó el legislador santafesino.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici salió al cruce y rechazó las acusaciones: “Cierren la boca cuando hablan de trampas. No hay ningún riesgo ni ninguna maniobra irregular”, afirmó, en uno de los cruces más ásperos de la noche.

Tensiones internas y votos incómodos

El debate también dejó expuestas contradicciones y tensiones dentro de bloques aliados al Gobierno. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y sostuvo que las planillas presupuestarias podían modificarse sin perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió sobre lo “anormal” del procedimiento legislativo y cuestionó a quienes intentaron justificar su voto favorable con salvedades. “Se lavan la conciencia: votaron esas leyes y ahora se esconden en el presupuesto”, sostuvo.

Incluso la radical Karina Banfi, habitual aliada del oficialismo, se desmarcó: “No se puede obligar a ningún legislador a votar algo que no quiere. Esto es extorsivo”, afirmó.

El episodio más elocuente fue el del diputado santacruceño José Luis Garrido, quien reconoció que no compartía los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero aun así anticipó su voto favorable. “Las salvedades no te salvan”, le retrucó Cecilia Moreau desde su banca.

La defensa oficialista y el eje fiscal

Antes de que se desatara la polémica, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había cerrado el debate defendiendo el proyecto y resaltando el equilibrio fiscal como eje central del Presupuesto.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Esta es la piedra angular del proyecto económico del presidente Javier Milei”, sostuvo el legislador cordobés, al llamar a respaldar la iniciativa.

La media sanción del Presupuesto 2026 dejó un sabor agridulce para el oficialismo. Si bien logró avanzar con la ley más importante del año, el rechazo del artículo 75 expuso los límites de su estrategia parlamentaria y la resistencia política y social frente a la derogación de derechos sensibles.

El debate dejó al descubierto tensiones internas, alianzas frágiles y un Congreso que, al menos en este capítulo, marcó un límite frente a intentos de avanzar sobre políticas vinculadas a la discapacidad y al financiamiento de la educación superior. Ahora, la discusión se trasladará al Senado, donde el Gobierno deberá recalcular su estrategia si pretende evitar nuevos traspiés.