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El último mes de 2025 comenzó atravesado por una escalada de conflictos laborales en sectores clave de la industria nacional. Cierres repentinos, suspensiones, retiros forzados y despidos masivos se multiplican en textiles, metalurgia, automotrices y comercio mayorista. Empresarios y gremios coinciden en señalar la caída del consumo, el impacto de las importaciones y las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei como los factores principales de la crisis.

El arranque de diciembre expuso una realidad que los sindicatos venían advirtiendo durante todo el año: la industria argentina atraviesa uno de los momentos más duros de la última década. En apenas siete días, se registraron cierres de plantas, paralizaciones casi totales, cientos de despidos y el uso creciente del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar indemnizaciones reducidas bajo el argumento de “fuerza mayor o falta de trabajo”.

Desde textiles y metalúrgicas hasta terminales automotrices y cadenas mayoristas, el mapa productivo acumula señales de deterioro profundo.

Textiles: fábricas que bajan la persiana y trabajadores en la calle

Hazan Silvia (Lanús): 50 empleos en riesgo y una conciliación que solo aporta tiempo

La tradicional textil Hazan Silvia, con décadas de actividad en Lanús, anunció su cierre definitivo dejando a 50 trabajadores al borde del despido. La empresa atribuyó la decisión a la competencia desigual con productos importados, especialmente de China, y a la caída en la demanda interna.

Gremios y organizaciones territoriales realizaron una protesta masiva y denunciaron que el dueño busca aplicar el artículo 247 para pagar indemnizaciones reducidas. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, frenando momentáneamente el cierre.

El secretario general de la AOT, Guillermo Aguilar, fue categórico: “No corresponde aplicar el artículo 247. Esto es destrucción industrial”.

Marechiare (Mar del Plata): otra histórica que se despide

La conservera Marechiare, emblemática en el sector pesquero, cerró definitivamente y dejó 40 trabajadores sin empleo. La caída de ventas y los costos crecientes empujaron a la firma al cierre. La mayoría de los afectados firmó acuerdos de desvinculación.

Metalurgia en emergencia: parálisis productiva y salarios impagos

Ascensores Cóndor (Ituzaingó): de 180 empleados a una planta casi vacía

La fábrica Ascensores Cóndor atraviesa una crisis sin precedentes: apenas quedan 40 operarios, muchos de ellos con cuatro meses de salarios impagos, y la producción está totalmente detenida por falta de insumos. Además, los trabajadores denunciaron que hay al menos 200 ascensores cobrados pero nunca entregados, un indicio de colapso empresarial.

Electropart (Córdoba): despidos sin indemnización plena

La metalúrgica Electropart despidió a ocho trabajadores —casi la mitad de su personal— aplicando el artículo 247. La UOM Córdoba denunció que la empresa busca anticiparse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esto es lo que viene: echar trabajadores sin pagar lo que corresponde”, señalaron desde la seccional.

PLA by John Deere (Santa Fe): más recortes y preocupación en la región

La planta metalmecánica PLA by John Deere confirmó nuevos despidos en Las Rosas, profundizando la preocupación en el sector. La UOM regional sigue el caso y advierte que la situación podría agravarse en las próximas semanas.

Automotrices: ajustes drásticos en terminales clave

General Motors (Alvear): menos de la mitad del personal en dos años

La terminal de General Motors redujo drásticamente su planta: pasó de más de 1.000 trabajadores a unos 600. En noviembre se sumaron 90 retiros voluntarios y ya acumula más de 300 desvinculaciones desde 2024, además de suspensiones y reducción de turnos.

Peugeot (El Palomar): vacaciones adelantadas y producción frenada

En Peugeot, la decisión fue adelantar vacaciones y frenar la producción por más de un mes debido a la caída de ventas y exportaciones. El reinicio está previsto recién para enero. La medida ya genera un efecto arrastre en proveedores.

El efecto dominó del cierre de Whirlpool

El cierre de la planta de lavarropas de Whirlpool en Pilar provocó una reacción en cadena entre las pymes proveedoras del Parque Industrial. Empresas de insumos y logística se vieron obligadas a despedir personal y detener líneas de producción, evidenciando la fragilidad del entramado industrial.

Comercio mayorista: Caromar y un golpe brutal al empleo

La cadena Caromar, dedicada a productos de limpieza y descartables, cerró al menos cuatro de sus ocho sucursales dejando más de 200 trabajadores sin empleo en San Justo, Mar del Plata, Burzaco, José C. Paz y Rosario.

La empresa apeló al artículo 247 para pagar solo la mitad de las indemnizaciones, pero los gremios de Comercio y Camioneros rechazaron la medida por “improcedente e injustificada”, ya que la firma mantiene operaciones en otras localidades.

Un modelo económico que profundiza la recesión

La acumulación de despidos, cierres y paralizaciones refleja un patrón común: el impacto directo del ajuste fiscal, la apertura importadora, la caída del consumo y la contracción del mercado interno.

Gremios de todos los sectores advierten que la política económica del Gobierno nacional acelera el deterioro industrial, mientras que empresarios justifican las medidas por la falta de rentabilidad y la imposibilidad de competir en un mercado abierto.

La utilización creciente del artículo 247 aparece como un síntoma: las empresas buscan abaratar costos laborales en un contexto de emergencia.

La primera semana del mes deja una señal clara: si no hay un cambio de rumbo económico, la destrucción de empleo continuará. Con fábricas paralizadas, cadenas comerciales recortando estructuras y gremios en pie de conflicto, la Argentina enfrenta un cierre de año marcado por la incertidumbre y el riesgo de una crisis laboral más profunda.

Diciembre recién empieza, pero el clima ya está instalado: conflictividad creciente, industria golpeada y miles de trabajadores en una situación límite.

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La CGT busca entrar en la unidad peronista, pero sus vínculos con Milei generan resistencias

La participación de la CGT en la reorganización del peronismo comenzó a convertirse en un punto de fricción dentro del armado que busca reunir a sus principales referentes de cara a las elecciones de 2027. Mientras las bases sindicales y los movimientos sociales reclaman incorporarse a las conversaciones, la conducción de la central obrera enfrenta cuestionamientos por sus vínculos y negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

La mesa política peronista ya tuvo dos encuentros de relevancia: el primero, el 11 de agosto en el Hotel Emperador, y el segundo, el 23 de octubre en la Casa de La Pampa. De las reuniones participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con gobernadores, legisladores y referentes del peronismo federal. La agenda incluyó la discusión sobre las PASO, el Presupuesto 2027 y la búsqueda de coincidencias parlamentarias.

La ausencia de representantes de la CGT generó malestar en la conducción sindical. El reclamo fue abordado en una reunión celebrada en el Sindicato del Seguro, con la participación de los integrantes del triunvirato y dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Sin embargo, la discusión excede la integración formal de la central obrera. Según consignó el medio que publicó originalmente la información, dentro del peronismo consideran que los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes sindicales con funcionarios libertarios condicionan su incorporación a una construcción política que busca confrontar electoralmente con Milei.

Los acuerdos con la Casa Rosada, bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de las críticas apunta a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por su interlocución frecuente con Karina Milei. Referentes peronistas cuestionan que ese vínculo no haya conseguido respuestas suficientes frente a la fuerte pérdida de puestos de trabajo en la construcción desde el inicio de la actual gestión nacional.

También aparecen objeciones sobre el posicionamiento de Lingeri ante la privatización de AySA y sus relaciones con empresarios vinculados al negocio del agua. Se trata de señalamientos formulados por dirigentes y fuentes empresariales citadas en la publicación original, no de conclusiones acreditadas sobre responsabilidades individuales.

En este debate se inscribe también el nexo entre el Ejecutivo y las obras sociales sindicales. La cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, mantiene canales de negociación con los representantes gremiales respecto de la sustentabilidad financiera y operativa de dichas instituciones. Quienes cuestionan a la cúpula de la CGT sostienen que la permanencia de estos espacios de diálogo obstaculiza la construcción de una estrategia política compartida con las facciones más críticas del oficialismo.

Una disputa por la representación del movimiento obrero

Con el fin de incidir en el debate, las organizaciones sociales buscan el respaldo de las autoridades de las bancadas peronistas en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez, para impulsar un frente común con sectores trabajadores y populares.

La discusión remite al lugar histórico del sindicalismo dentro del peronismo. La CGT reclama ser reconocida como una representación central del movimiento, pero su conducción debe afrontar cuestionamientos internos y externos por el alcance de su diálogo con la administración libertaria.

El reordenamiento partidario hacia 2027 plantea una discusión que supera el reparto de cargos y candidaturas. Lo que realmente está en juego es el lugar que ocupará el movimiento obrero, el margen de independencia que mantendrá respecto al Gobierno y su poder de veto o propuesta en el programa político. La viabilidad de incorporar a la CGT quedará supeditada a la resolución de la contradicción existente entre las demandas de representatividad sindical y los compromisos previos de su conducción con el Poder Ejecutivo.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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