La CGT Regional San Juan renueva su conducción este martes 25 de agosto con Eduardo Cabello como principal candidato y el respaldo de más de 50 organizaciones sindicales. En las horas previas a la elección, Víctor Menéndez, secretario del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (SUOES), ratificó el acompañamiento a la continuidad del dirigente al frente de la central obrera provincial y colocó la unidad gremial como una de las principales demandas frente al deterioro del empleo y los ingresos.

El proceso electoral fue reprogramado para facilitar la participación de la conducción nacional de la CGT y definir quién encabezaría la representación sindical sanjuanina durante los próximos años. Cabello sostuvo el esquema de conducción con un único secretario general, mientras que otros dirigentes barajaban alternativas que contemplaban una conducción colegiada, similar a la adoptada por la central a nivel nacional.

Menéndez aseguró que la candidatura de Cabello reúne un respaldo mayoritario entre las organizaciones que integran la CGT local. “Eduardo se ha postulado por un nuevo mandato y ha tenido más de 50 sindicatos de apoyo”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció el derecho de otros dirigentes a participar de la elección y señaló que la definición final corresponderá a los representantes gremiales.

Para el titular del SUOES, la disputa interna no debería desplazar la necesidad de preservar la cohesión del movimiento sindical. “Hoy realmente es una necesidad imperiosa que haya unidad en el movimiento obrero”, sostuvo, al describir una realidad marcada por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de los trabajadores para sostener el consumo cotidiano.

El gremialista cuestionó además la distancia entre los índices oficiales y los precios que enfrentan las familias. Según planteó, la referencia más concreta para los asalariados aparece en los gastos diarios de alimentación y servicios. “La verdadera inflación está cuando usted va al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, a la panadería”, señaló.

El dirigente también reclamó una política económica que combine recuperación salarial, producción y empleo, con participación de los gobiernos, empresarios y sindicatos. A su entender, la salida requiere acuerdos que permitan recomponer el mercado interno y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo.

Uno de los puntos de mayor preocupación para el gremialismo es la apertura de las importaciones. Menéndez advirtió que la competencia externa está golpeando a distintas ramas productivas y mencionó particularmente a la industria textil y las autopartes. También afirmó que algunas pequeñas y medianas empresas comenzaron a reemplazar la fabricación local por la importación de productos para poder sostenerse.

El impacto de la caída del consumo también alcanza a las estaciones de servicio. Menéndez explicó que el menor movimiento comercial repercute sobre empresas, muchas de ellas de escala pequeña o mediana, y modificó los hábitos de movilidad de los trabajadores. Según describió, personas que antes utilizaban sus vehículos particulares para trasladarse comenzaron a compartir automóviles, recurrir a motocicletas o utilizar el transporte público para reducir gastos.

La discusión sindical adquiere así una dimensión que trasciende la elección de autoridades. Para los gremios que respaldan a Cabello, la próxima conducción deberá afrontar reclamos salariales, pérdida de empleo, dificultades empresariales y cambios derivados de las políticas económicas nacionales, sin perder capacidad de representación colectiva.

Menéndez también vinculó el futuro laboral de San Juan con el desarrollo minero y destacó la posibilidad de generar puestos de trabajo con remuneraciones superiores al promedio. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento de esa industria debe complementarse con políticas capaces de fortalecer otras ramas productivas y ampliar las oportunidades laborales.

Con la elección a horas de concretarse, Cabello aparece como el dirigente con mayor respaldo público dentro de la CGT San Juan. La jornada este martes 25 de agosto definirá no solo la continuidad de una conducción, sino también el grado de cohesión con el que el sindicalismo provincial buscará responder a una etapa signada por la disputa salarial, la caída del consumo y las transformaciones del mercado laboral.

El gobernador Marcelo Orrego anticipó que el próximo año hídrico podría presentar volúmenes de agua similares a los registrados hace cuatro décadas y confirmó que conducirá personalmente el Comité de Crisis. La provincia prepara obras y controles ante un deshielo que podría marcar un fuerte contraste con los años de sequía.

Después de varios años signados por la escasez, San Juan se prepara para un cambio drástico en sus condiciones hídricas. El pimer mandatrio provincial advirtió que el siguiente ciclo podría registrar un caudal extraordinario en el río San Juan y confirmó que asumirá personalmente la conducción del Comité de Crisis que coordinará las acciones preventivas.

La preocupación está vinculada con la acumulación de nieve en la Cordillera durante el invierno y con el volumen que podría transformarse en escurrimiento durante el deshielo. El pronóstico hídrico definitivo para la temporada 2026-2027 será determinante para establecer con mayor precisión cuánto recurso llegará a los principales cauces provinciales.

Orrego sostuvo que la magnitud esperada podría remontarse a niveles que San Juan no registra desde la década de 1980. Por ese motivo, la preparación involucrará a organismos de seguridad, Defensa Civil, Infraestructura, Hidráulica y otras dependencias provinciales.

“Yo voy a estar adelante de ese comité”, afirmó el mandatario, quien anticipó que el objetivo será coordinar las intervenciones necesarias para reducir los posibles efectos derivados de un volumen excepcional de agua. También reconoció que, aun con las medidas preventivas, podrían producirse consecuencias debido a la magnitud del fenómeno.

Los antecedentes que explican la advertencia

Los registros históricos del Departamento de Hidráulica permiten dimensionar la referencia realizada por el gobernador. Durante los años ’80, el río San Juan atravesó varios ciclos de abundancia muy superiores a los volúmenes observados en la última década.

En la temporada 1982-83, el derrame alcanzó los 3.793 hectómetros cúbicos (hm³). Dos años después llegó a 3.621 hm³, mientras que el máximo de aquella década se produjo en 1987-88, con 4.664 hm³.

La diferencia con los años recientes resulta significativa. Entre 2019-20 y 2021-22, el río registró apenas 636, 609 y 536 hm³, respectivamente. La recuperación posterior llevó el derrame a 1.010 hm³ en 2022-23 y a 1.061 hm³ durante 2023-24.

El contraste volvió a ser pronunciado en el ciclo 2025-26. Aunque inicialmente se había estimado un derrame cercano a 950 hm³, la proyección fue revisada a medida que avanzó la temporada y en julio se calculó un cierre de entre 630 y 640 hm³. El período hídrico concluirá el 30 de septiembre.

Si se compara esa estimación con los 4.664 hm³ registrados en 1987-88, la diferencia supera ampliamente los siete veces. El desafío, por lo tanto, no está relacionado solamente con disponer de más agua después de años secos, sino también con administrar eventuales excedentes de manera segura.

Más infraestructura para afrontar un escenario diferente

San Juan cuenta actualmente con una capacidad de regulación que no existía en la década de 1980. El sistema del río San Juan incorporó, además de la presa de Quebrada de Ullum —inaugurada en 1980—, los diques Los Caracoles y Punta Negra, mientras que el sistema provincial también dispone de infraestructura como Cuesta del Viento.

En este sentido, la Provincia licitó trabajos de mantenimiento por $1.061,8 millones destinados a Ullum, Punta Negra, Los Caracoles y Cuesta del Viento, con una duración prevista de un año.

La combinación entre una mayor acumulación nívea y una infraestructura de regulación más desarrollada coloca a San Juan ante un desafío distinto al de los últimos años. La prioridad oficial será conocer con precisión el volumen disponible y anticipar las maniobras necesarias antes de que comience el período de mayor deshielo.

La definición del pronóstico 2026-2027 marcará el próximo punto de referencia. Hasta entonces, la Provincia profundizará la preparación institucional para un ciclo que podría modificar de manera sustancial la administración del recurso hídrico después de años de caudales excepcionalmente bajos.

El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.