Desde San Juan, la CGT local, representada por Eduardo Cabello— respondió con prudente escepticismo al anuncio de una reforma laboral que el Gobierno nacional promete discutir con el movimiento obrero. En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Cabello cuestionó la estrategia comunicativa oficial, exigió convocatoria formal y puso el foco en la recomposición salarial y la defensa de derechos adquiridos como condiciones no negociables para cualquier cambio normativo.

En las últimas horas, la posible presentación de una reforma laboral volvió a poner en tensión el diálogo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales. Desde la provincia, Eduardo Cabello —referente de la CGT local— ofrece una lectura que combina crítica política y demanda operativa: por ahora no existe una convocatoria concreta, sólo filtraciones e “información” que circula por redes y medios; mientras tanto, las condiciones materiales de los trabajadores siguen deteriorándose.

Cabello describe el proceso comunicativo del Gobierno como un uso sistemático de las redes sociales y de micromensajes —“algo cuasi verídico o cuasi mentira”— que, a su juicio, tiende a confundir y a diluir la discusión real sobre la economía, la producción y los salarios. Esa estrategia, sostiene, funciona como una cortina que intenta desviar la atención pública de problemas estructurales: inflación persistente, cierre de fuentes de trabajo y salarios cuya capacidad de compra se desploma. Frente a ese escenario mediático, la CGT de San Juan reclama una convocatoria formal y transparente; quiere acceso a los borradores y participar en la discusión antes de que las iniciativas tomen forma definitiva.

Más allá de la crítica retórica al modo en que se filtran las propuestas, la intervención de Cabello trae a primer plano un reclamo concreto: la urgente recomposición del salario mínimo, vital y móvil y una actualización del ingreso que compense la pérdida real de poder adquisitivo. Señala que la puesta en marcha normal del Consejo del Salario —instrumento tripartito clave— no puede depender de emplazamientos judiciales ni de pedidos extraordinarios; debe ser una práctica institucional regular. Para la CGT local, cualquier reforma que se pretenda introducir sin una pauta clara de recomposición salarial corre el riesgo de consolidar un sistema más desigual y menos protector.

La entrevista también recorre el marco comparado: El gremialista observa tendencias en España y Europa, donde la discusión sobre jubilaciones y derechos laborales refleja ajustes y límites que, en su diagnóstico, están erosionando conquistas históricas. Desde su perspectiva, la tendencia global hacia la desprotección del trabajador y la reducción de derechos es un fenómeno que encuentra ecos locales y que el sindicalismo debe confrontar con una postura reformista —en el sentido clásico del término— pero defensiva de las garantías mínimas.

En tono reflexivo, el representante sindical vincula la articulación interna del propio oficialismo con la dispersión de propuestas: “hay dos o tres que gobiernan” y cada uno querría impulsar su propia versión de la reforma. Esa atomización, dice, incentiva la filtración y la “espuma” informativa y dificulta que exista una propuesta única, rigurosa y debatible en condiciones de transparencia. Desde San Juan, la respuesta de la CGT no es de rechazo automático: “no le tenemos miedo al diálogo ni a las reformas”, afirma Cabello. Pero sí exige que la discusión sea seria, con reglas claras, participación real y respeto por los derechos consagrados en la Constitución y en la negociación colectiva.

Un punto recurrente en la conversación es el recuerdo de la década de 1990, cuando privatizaciones y congelamientos salariales dejaron una huella social profunda. Para Cabello, el riesgo de revivir políticas que empobrecen a las mayorías no es una metáfora histórica: es una posibilidad tangible si los cambios se diseñan sin equidad ni mecanismos de protección social. La CGT de San Juan apuesta, por ello, a mantener el diálogo —pero convocado en tiempo y forma— y a subordinar cualquier reforma a la garantía de condiciones laborales dignas, sistemas previsionales sostenibles y un salario que permita cubrir la canasta básica.

En el trasfondo político, la postura sindical mezcla representación local y federal: si bien la CGT sanjuanina espera ser convocada inicialmente por el Consejo de Mayo —donde tiene representación— entiende que el debate será nacional y que se intensificará cuando asuman los nuevos cargos legislativos después de diciembre. Esa previsión responde tanto a una lectura táctica —esperar la conformación del nuevo mapa político— como a la convicción de que los cambios de fondo requieren consenso amplio y no improvisaciones mediáticas.

La intervención de Eduardo Cabello sintetiza la posición del sindicalismo sanjuanino: apertura al diálogo, pero sin concesiones a costa de los trabajadores. La CGT local exige convocatoria formal, acceso a los contenidos de la reforma y, por sobre todo, una agenda que priorice la recomposición salarial y la preservación de derechos básicos.

En un contexto donde la comunicación oficial privilegia filtraciones y micromensajes, el movimiento obrero plantea una demanda clara: que la reforma laboral —si llega— se discuta con seriedad técnica, reglas tripartitas y, sobre todo, con la garantía de que no será la punta de lanza para una pérdida adicional de protección social. Sin esos elementos, advierte Cabello, el diálogo no será suficiente; hará falta organización y defensa activa de lo ya conquistado por los trabajadores.

El Consejo del Salario sesiona este miércoles de manera virtual, tras una orden judicial que obligó al Gobierno a reactivar un ámbito que no funcionaba desde hacía más de seis meses. El salario mínimo, congelado en $322.200 desde agosto, perdió 31,4% de poder adquisitivo durante la presidencia de Milei y quedó como el más bajo de la región.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volve a reunirse este miércoles, a partir de las 12:30 horas —con una segunda convocatoria a las 14—, en un encuentro virtual que llega luego de más de medio año sin sesiones. La inactividad del organismo violaba el artículo 139 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ordena convocarlo cada dos meses. La reactivación no respondió a una decisión política del Ejecutivo, sino a la intimación del Juzgado Nacional del Trabajo N°10, que ordenó retomar de inmediato la instancia de diálogo tripartito.

El punto central será la definición de un nuevo valor para el salario mínimo y la actualización de las prestaciones por desempleo, congeladas desde el invierno. El SMVM permanece en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa y en $1.610 la hora para los jornalizados. Sin modificaciones desde agosto, este monto acumula una pérdida real del 31,4% frente a la inflación registrada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, convirtiéndose en el valor más bajo en Sudamérica.

Los últimos ajustes aplicados fueron los siguientes:

Abril: $302.600

Mayo: $308.000

Junio: $313.600

Julio: $317.600

Agosto: $322.000

Desde entonces no se oficializó ninguna revisión, pese a que la aceleración de los precios y el deterioro del salario formal profundizaron la presión sindical para reactivar el Consejo.

El plenario estará conformado por 32 representantes, divididos en partes iguales entre trabajadores y empleadores. En caso de que no surja un acuerdo —un escenario recurrente en los últimos años—, el Gobierno queda habilitado a fijar el nuevo monto por decreto, generalmente alineado con las posiciones empresarias.

Además de ser el piso salarial del sector privado formal, el SMVM funciona como un parámetro clave para jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y asignaciones de ANSES, lo que multiplica el impacto de cualquier actualización o congelamiento. La discusión de este miércoles, por tanto, tendrá repercusión directa en millones de ingresos que hoy se encuentran rezagados frente a la inflación.

Neuquén encabeza el ranking salarial privado con ingresos netos que superan los 2,6 millones de pesos mensuales, impulsados por la expansión hidrocarburífera de Vaca Muerta. El crecimiento del sector derrama sobre actividades complementarias, pero al mismo tiempo amplía brechas internas, regionales y de género. El dinamismo patagónico contrasta con provincias donde los sueldos no alcanzan ni un quinto del promedio neuquino, reavivando el debate sobre diversificación, equidad y sostenibilidad del modelo energético.

El efecto multiplicador se refleja en remuneraciones que superan por amplio margen a sectores como enseñanza, comercio o agro, cuyos ingresos no alcanzan ni una quinta parte de los salarios petroleros. La disparidad interna es contundente: si bien solo el 16,5% de los trabajadores formales neuquinos se desempeña en el rubro hidrocarburífero, ese segmento concentra el 38% de la masa salarial y explica el 45% del Producto Bruto Geográfico. En diciembre de 2024, con el pago del aguinaldo, el salario promedio del sector alcanzó los 7,7 millones de pesos, más de cinco veces lo que perciben otras ramas productivas.

Una Patagonia bien remunerada y un Norte postergado

Los datos oficiales del INDEC muestran que Neuquén encabeza el mapa salarial, seguido por Chubut, con 1.789.204 pesos de ingreso neto, y Río Negro, con 1.682.624. Todas estas jurisdicciones superan con holgura el promedio nacional, que en mayo de 2025 se ubicaba en 1.350.000 pesos.

La explicación, nuevamente, es energética. Tanto Chubut como Río Negro capitalizan actividades onshore, offshore y cadenas vinculadas al desarrollo shale. Sin embargo, esta prosperidad profundiza la brecha con otras regiones del país. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires exhibe un promedio de 1.593.245 pesos —inferior al neuquino— provincias del Norte enfrentan realidades extremas: Santiago del Estero, por ejemplo, registra un salario medio de apenas 449.603 pesos, casi seis veces menos que el neuquino.

Ajustes salariales que amplían la distancia y una estructura interna desequilibrada

Los aumentos salariales entre junio de 2024 y junio de 2025 confirmaron la tendencia: Neuquén creció un 55%, Río Negro un 56% y Chubut un 41%, todos por encima del incremento nacional del 31%. Esta aceleración amplifica diferencias tanto entre provincias como dentro de cada estructura productiva.

En Neuquén, comercio y construcción —que junto a petróleo, industria y servicios concentran el 75% del empleo privado— quedan rezagados frente a los ingresos del sector energético. El informe del Grupo de Apoyo al Proyecto Petrolero (GAPP) advierte sobre una matriz laboral “profundamente desigual”, en la que rubros como pesca, intermediación financiera, electricidad o servicios empresariales tienen escasa incidencia salarial y escaso poder de atracción para trabajadores calificados.

Brecha de género persistente y baja participación femenina en la energía

La desigualdad también opera en clave de género. A nivel nacional, la brecha salarial es del 27,2%, según el INDEC. En Vaca Muerta, la participación de mujeres no supera el 18%, lo que limita su acceso a los salarios más altos del país. Aunque existen iniciativas —como la Red de Mujeres de la Energía y programas de SLB y Halliburton— orientadas a atraer talento femenino, no hay indicadores que reflejen una mejora significativa ni una reducción de la brecha dentro del sector.

El desafío de convertir riqueza en desarrollo equilibrado

Neuquén y la Patagonia energética muestran el potencial del shale para dinamizar empleo, inversión y salarios. Pero ese mismo impulso revela tensiones estructurales: desigualdades regionales que se profundizan, sectores productivos que quedan rezagados y una inserción laboral femenina aún limitada. Organismos como la OIT advierten que, sin políticas activas de diversificación, formación digital, igualdad de oportunidades y desarrollo territorial, el modelo corre el riesgo de consolidar desequilibrios que afecten tanto la movilidad laboral como la inclusión económica.

Vaca Muerta sigue siendo el corazón de la expansión salarial argentina. El desafío, cada vez más evidente, es transformar ese impulso excepcional en crecimiento equilibrado, sostenible y capaz de integrar a más sectores y regiones del país.