Un error severo en la red de distribución de contenidos de Cloudflare provocó este martes un apagón digital sin precedentes, dejando fuera de servicio a redes sociales, plataformas de streaming, portales informativos y herramientas de monitoreo en distintos países. La compañía trabaja para determinar el origen del incidente, mientras los servicios comenzaron a restablecerse de manera lenta y parcial.

Un fallo técnico en Cloudflare, la empresa que opera una de las redes de distribución de contenidos (CDN) más grandes y críticas del planeta, dejó a millones de usuarios sin acceso a redes sociales, medios de comunicación y servicios digitales esenciales durante la mañana de este martes. La compañía, que canaliza una porción sustancial del tráfico mundial, reconoció el incidente y activó un protocolo de emergencia para intentar normalizar la situación.

La interrupción se manifestó a través de errores como “500 Internal Server Error” y “502 Bad Gateway”, mensajes que indicaban que los servidores no podían procesar solicitudes básicas. Entre las plataformas afectadas estuvo X (antes Twitter), cuya caída tuvo impacto global por su centralidad informativa. Numerosos medios de comunicación —tanto internacionales como locales— también quedaron completamente inaccesibles.

La particularidad del episodio fue su efecto en cadena: al depender tantos servicios de la misma infraestructura, el fallo de un proveedor clave como Cloudflare implicó la paralización súbita de segmentos enteros de Internet. Incluso DownDetector —la plataforma que monitorea caídas de sistemas— dejó de funcionar debido a que utiliza los recursos de la propia Cloudflare.

Cronología del incidente

Según los registros públicos de la empresa, la primera alerta se emitió a las 8:17 (hora argentina), cuando Cloudflare reportó anomalías en su red. A las 8:48, un nuevo aviso confirmó que se trataba de un incidente mayor, con impacto global y con múltiples regiones afectadas simultáneamente.

Horas antes, Cloudflare había informado actividades de mantenimiento en nodos estratégicos como Atlanta, Los Ángeles y Tahití, aunque no está claro si esas tareas tuvieron relación directa con el apagón masivo. Hasta ahora, la compañía no aportó precisiones técnicas sobre el origen del fallo, aunque especialistas señalan que una falla en la CDN —ya sea por un error de configuración o un problema de propagación— puede replicarse a velocidades altísimas.

Dependencia, vulnerabilidad y efectos globales

El episodio reavivó un debate recurrente entre especialistas: la dependencia estructural de Internet respecto de un pequeño número de proveedores de infraestructura, entre ellos Cloudflare y Amazon Web Services (AWS). Si bien su contribución resulta esencial para garantizar velocidad, seguridad y estabilidad en la red, su hegemonía también implica que un error aislado puede convertirse en un apagón de escala global.

La naturaleza distribuida de la CDN de Cloudflare, diseñada para acelerar el acceso a millones de sitios en todo el mundo, también amplifica los riesgos: cuando una pieza crítica se desajusta, la caída repercute en cascada.

Restablecimiento lento y diagnóstico en curso

Hacia media mañana, algunos servicios como X y DownDetector comenzaron a reactivarse de manera gradual. No obstante, el restablecimiento fue irregular, con zonas que recuperaron la conectividad antes que otras. Cloudflare informó que sus equipos técnicos continúan trabajando para identificar el origen del problema y garantizar que no vuelva a repetirse.

El apagón deja una de las interrupciones más significativas de los últimos años y vuelve a poner en evidencia la fragilidad de una red global cada vez más concentrada en manos de pocas compañías.

Ante la falta de interlocución con el Gobierno y en medio de fuertes presiones internas, la conducción renovada de la CGT recibe este martes a los diputados nacionales de extracción sindical para consensuar una estrategia parlamentaria contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei. El encuentro, que se realizará en la sede de Azopardo, busca unificar criterios frente a un proyecto que la central considera regresivo y que divide posturas dentro del movimiento obrero.

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) encara su primera acción política de peso desde su asunción: una reunión con los diputados nacionales vinculados al mundo sindical para avanzar en un frente común contra el proyecto de flexibilización laboral del Gobierno nacional. La convocatoria surge ante la ausencia de una mesa de negociación formal con la administración de Javier Milei, que hasta el momento no ha llamado a debatir los aspectos centrales de la reforma en el plano tripartito.

La decisión fue tomada en la última reunión de la mesa chica cegetista realizada en la sede porteña de UPCN, bajo la conducción del flamante triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Allí se resolvió avanzar en una articulación directa con los legisladores sindicales, considerados un eslabón decisivo para condicionar el camino legislativo del proyecto.

Entre los diputados convocados figuran Vanesa Siley (Judiciales Ciudad), Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) —todos ellos con renovación de mandato— y Hugo Moyano (hijo), quien asumirá el 10 de diciembre. También participarán los actuales legisladores gremiales Mario “Paco” Manrique (SMATA), Carlos Cisneros (Bancarios) y José Gómez (Luz y Fuerza), con mandatos vigentes hasta 2027.

Presiones internas y el pedido de un tono más firme

La previa del encuentro llegó caldeada. Mario Manrique, referente del SMATA y uno de los diputados sindicales más cercanos al kirchnerismo, lanzó una advertencia directa a la conducción cegetista:
“Acá es blanco y negro. No es momento para especular ni para andar por la vereda del medio”, afirmó. El legislador reclamó una postura más contundente frente a lo que considera un avance regresivo del Gobierno y no descartó una escalada en el plano social.
“La calle va a tomar un protagonismo fundamental”, anticipó, recordando que la CGT debe sostener los compromisos que asume si pretende retener la confianza de los trabajadores.

Sus declaraciones evidenciaron las tensiones internas que atraviesa la central obrera: mientras un sector busca sostener un canal de diálogo con el oficialismo, las alas más duras presionan por endurecer la respuesta y activar mecanismos de protesta en caso de que el Gobierno insista en avanzar sin consensos.

Cristian Jerónimo, dirigente del vidrio e integrante del triunvirato, fue categórico:
“No vamos a aceptar ninguna propuesta regresiva que implique quita de derechos: jornada de 12 horas, banco de horas, salario por productividad. Nada de eso tiene viabilidad”, sostuvo. Además, cuestionó el rol del Consejo de Mayo, en el que participa Gerardo Martínez (UOCRA), al señalar que no se observa “ningún tratamiento serio” sobre propuestas concretas.

Un Gobierno confiado en la nueva correlación de fuerzas parlamentaria

Aunque existían versiones sobre una posible reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta el momento no hubo confirmación oficial. En el encuentro que mantuvo con autoridades de la Unión Industrial Argentina la semana pasada, trascendió que Santilli deslizó ante Sola y Jerónimo que habría una convocatoria y que “el contenido de la reforma no es el que trascendió”. Sin embargo, ese gesto no alcanzó para calmar las dudas dentro de la CGT.

En la central interpretan que el Gobierno apuesta a la nueva composición del Congreso para avanzar sin necesidad de acuerdos amplios. Esa lectura —sumada a filtraciones sobre propuestas como la ampliación de la jornada laboral, la desregulación de horas de trabajo, la disminución de aportes patronales y la facilitación de despidos— encendió todas las alarmas en el movimiento obrero.

Los puntos más conflictivos de la reforma laboral

Entre los aspectos del proyecto que generan mayor rechazo se destacan:

La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

La priorización de acuerdos por empresa por sobre los convenios de actividad.

La reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales.

La flexibilización de la jornada laboral, con mecanismos como el banco de horas.

La reducción de aportes patronales y la facilidad para despidos sin causa justificada.

Manrique fue tajante al respecto:
“Ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo. Todas se plantearon en épocas de crisis para abaratar despidos”, sostuvo.

Un escenario dividido y la búsqueda de unificarse

La CGT llega a este encuentro atravesada por dos tensiones simultáneas: por un lado, la estratégica, vinculada a cómo enfrentar la reforma; por otro, la política, donde el kirchnerismo busca influir para empujar a la central hacia una postura más confrontativa. El triunvirato, mientras tanto, intenta sostener un equilibrio entre mantener canales abiertos con el Gobierno y responder al clima de su propia base.

El encuentro de esta tarde en Azopardo 802 es clave para definir el tono que adoptará la CGT en las próximas semanas. Con un Gobierno que avanza sin señales claras de negociación y con sectores internos reclamando firmeza, la central obrera deberá resolver si opta por profundizar la presión política en el Congreso, reforzar la estrategia de movilización o apostar a un equilibrio complejo entre ambos caminos.

Lo cierto es que la reforma laboral se perfila como uno de los debates más tensos del nuevo ciclo político, y la posición que adopte la CGT determinará no solo su peso institucional, sino también el nivel de conflictividad social en los meses por venir.

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) revela que el salario mínimo argentino cayó a 225 dólares, el valor más bajo de la región y por debajo del nivel previo al estallido de la convertibilidad. Entre 2023 y 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales en un contexto de ajuste fiscal, contención salarial y aceleración inflacionaria. La caída arrastra también a los salarios formales, que no logran empatar la evolución de precios.

Mientras Costa Rica encabeza la lista con un piso salarial de 729 dólares, seguida por Uruguay (593), Chile (567) y Ecuador (470), la Argentina se hunde en el extremo inferior con un monto que se asemeja más a niveles de emergencia social que a un estándar regional. Incluso Paraguay (411) y Bolivia (395) —dos países con estructuras productivas y mercados laborales más reducidos— exhiben ingresos mínimos considerablemente superiores.

Un deterioro que atraviesa dos años y varias administraciones

La debilidad del SMVM no se explica únicamente por las políticas de ingresos del actual gobierno. En realidad, refleja una trayectoria de erosión persistente acelerada desde 2023 por la combinación de inflación elevada, devaluación abrupta y ausencia de actualizaciones que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo registró en septiembre una caída del 2%, encadenando tres meses consecutivos de retrocesos luego de los descensos de julio (-0,5%) y agosto.

Pero los golpes más severos se concentraron en el inicio del ciclo inflacionario de la actual administración:

Diciembre 2023: desplome del 15% del salario real.

Enero 2024: caída del 17%, la más profunda desde 2002.

A pesar de algunos incrementos nominales posteriores, la inflación los neutralizó de inmediato. Como resultado, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% de su valor real, y solo en 2025 acumula una merma del 5,6%.

Uno de los datos más alarmantes es que el salario mínimo actual es inferior al de 2001, el año previo al colapso de la convertibilidad. Además, se ubica 63% por debajo del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011, un indicador del deterioro acumulado en más de una década.

Un mercado laboral bajo presión: los salarios formales tampoco resisten

El derrumbe del salario mínimo no es un fenómeno aislado: acompaña una dinámica generalizada de atraso salarial en el mercado laboral argentino.

En septiembre, el INDEC informó subas salariales que volvieron a quedar rezagadas frente a la inflación del 2,1%:

Sector privado registrado: +1,4%

Sector público: +1,1%

Promedio general: 2,2%, sostenido exclusivamente por un salto del 5,7% en los trabajadores no registrados, un grupo con alta volatilidad y escasa protección laboral.

La comparación interanual es todavía más preocupante:

Total general: 46%

Privado registrado: 32,9%

Público: 35%

No registrado: 120,2% (rebote por recomposiciones parciales tras fuertes rezagos)

Desde diciembre de 2024, los salarios acumulan avances heterogéneos, pero todos con pérdida real:

Total: 30,4%

Privado registrado: 20,4%

Público: 23,9%

No registrado: 77%

En el sector público, las disparidades internas también son significativas:

En septiembre, el subsector nacional ajustó 1,3%, mientras que el provincial solo 1,1%.

La comparación interanual arroja incrementos del 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde diciembre, las subas acumuladas son del 16% (nacional) y 27,1% (provincial).

Un salario mínimo que ya perdió su razón de ser

El SMVM nació como instrumento para asegurar un piso de ingresos capaz de garantizar necesidades básicas y operar como referencia para sectores sin negociación colectiva robusta. Pero su deterioro actual lo dejó muy lejos de cumplir esa función.

Hoy, el salario mínimo argentino no cubre ni una fracción de la canasta básica total y ha dejado de ser un parámetro útil para buena parte del mercado laboral. Esta caída estructural reabre un debate de fondo: su rol dentro del modelo económico, la periodicidad de sus actualizaciones y su capacidad para incidir en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

El derrumbe del salario mínimo argentino a niveles inéditos —el más bajo de Latinoamérica y por debajo incluso de 2001— se ha convertido en uno de los indicadores más nítidos de la crisis del ingreso que atraviesa el país. La combinación de inflación persistente, políticas de contención salarial y ausencia de actualizaciones significativas configuró un panorama crítico que abarca tanto a trabajadores registrados como informales. En un mercado laboral cada vez más fragmentado y asimétrico, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a ocupar un lugar central: no solo como medida económica, sino como señal política sobre el rumbo social del país.