La conducción renovada de la Confederación General del Trabajo inicia una semana decisiva, con una reunión exclusiva para analizar la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. Tras un encuentro informal con el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera evalúa su estrategia política y sindical, y no descarta presionar a gobernadores para bloquear un proyecto que consideran regresivo.

El encuentro se da apenas días después de una conversación informal entre el triunvirato y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí, según deslizaron fuentes gremiales, el funcionario garantizó que el proyecto oficial “no incluirá los puntos más extremos” que circularon en borradores atribuidos al Ejecutivo y que generaron alarma en la CGT. Para la central obrera, esa señal fue recibida con cautela: celebran el gesto, pero sospechan que la Casa Rosada busca desactivar resistencias para avanzar con un texto que consideran riesgoso para la estructura sindical.

Un sindicalismo que busca anticiparse al Congreso

La reunión de hoy tiene un objetivo concreto: fijar una estrategia común antes de que el Gobierno formalice la convocatoria a negociación, algo que Santilli sugirió que ocurrirá antes de la presentación legislativa de la reforma. La CGT quiere llegar a esa mesa con una postura sólida y con propuestas propias, evitando quedar encorsetada en un diálogo que pueda ser usado como legitimación política del proyecto oficial.

Cristian Jerónimo, una de las nuevas caras del triunvirato, lo sintetizó con claridad: “Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”. Sin embargo, advirtió que la conducción no permitirá que el Gobierno marque los tiempos sin abrir la discusión real: “No vamos a negociar a ciegas”.

La preocupación cegetista se concentra en dos ejes que consideran estructurales:

1. Ultractividad de los convenios colectivos

El Gobierno evaluaría limitar la vigencia automática de los convenios una vez vencidos. Para la CGT, esto implicaría poner en riesgo décadas de protección normativa y obligaría a renegociaciones permanentes, usualmente en escenarios desfavorables para los trabajadores.

2. Jerarquía entre convenios empresariales y sectoriales

Otro de los artículos en estudio favorecería acuerdos empresa por empresa por encima de los convenios sectoriales. La central obrera advierte que esto fragmentaría la negociación colectiva, debilitaría el poder de representación de los gremios y abriría la puerta a mayor precarización.

Ambos puntos son considerados “líneas rojas” por la conducción renovada.

Presión política: gobernadores en la mira

La estrategia no se agota en el diálogo con el Ejecutivo. Dirigentes de peso dentro de la CGT ya impulsan abrir conversaciones con gobernadores provinciales para evitar que sus legisladores acompañen una reforma que consideran “antisindical”. El mapa político del Congreso será clave, y la central entiende que cada voto podría definirse fuera de las fronteras del recinto.

Un clima de tensión en medio de una transición interna

La CGT encara esta discusión mientras todavía ordena su propia renovación. El nuevo triunvirato asume el desafío de sostener unidad interna en un escenario donde conviven expectativas de diálogo y un creciente malestar por la posibilidad de que el Gobierno mantenga artículos restrictivos sobre derechos laborales e institucionales.

Aunque la Casa Rosada busca mostrar voluntad de consenso al convocar a la central antes de presentar el proyecto, la dirigencia sindical sospecha que el Gobierno pretende avanzar con cambios estructurales que podrían alterar el equilibrio histórico de fuerzas entre el Estado, los empleadores y el movimiento obrero.

La CGT llega a esta etapa con un equilibrio delicado: abierta al diálogo, pero determinada a resistir modificaciones que afecten la negociación colectiva y la arquitectura sindical. El Gobierno, por su parte, necesita construir legitimidad política para una reforma que sabe conflictiva. La reunión de hoy será el primer test de cohesión interna para la nueva conducción cegetista y, al mismo tiempo, el punto de partida de una negociación que marcará el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina de los próximos años.

Mientras la discusión pública se concentra en la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei impulsa en reserva un ambicioso proyecto de reforma impositiva. La propuesta —elaborada por el equipo económico de Luis Caputo con aval del FMI y el empresariado— contempla la eliminación del monotributo y una ampliación drástica de los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El resultado inmediato: más presión fiscal sobre sectores ya golpeados, caída de ingresos reales y un cambio estructural en la matriz tributaria argentina.

La reforma tributaria que diseña el Ministerio de Economía emerge como la pieza central de la llamada “segunda generación de reformas”, pensada para aplicarse tras la recomposición parlamentaria de diciembre. El documento —titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”— traza una reconfiguración profunda del sistema impositivo con impactos directos sobre trabajadores independientes y en relación de dependencia.

El espíritu del proyecto es claro: aumentar la recaudación sobre la base imponible de la clase media, reducir costos empresariales y satisfacer exigencias del FMI en torno a la formalización y la sostenibilidad fiscal. Nada se comunica de manera oficial, pero las filtraciones dejan ver un cambio estructural que desplaza la presión tributaria hacia los sectores que menos margen de maniobra tienen.

El fin del monotributo: un giro histórico con impacto masivo

El Gobierno analiza eliminar por completo el régimen del monotributo, vigente desde 1998 y utilizado por más de 4 millones de trabajadores, pequeños comerciantes y cuentapropistas. La propuesta implica migrar a estos contribuyentes al régimen de autónomos, combinando aportes previsionales más elevados, IVA pleno e Impuesto a las Ganancias.

Lo que se presenta como un avance hacia la “formalidad” supone, en los hechos, un incremento abrupto de la carga fiscal:

Hoy, un monotributista que factura $1 millón mensuales paga poco más de $42.000.

Uno que factura cerca de $2 millones abona alrededor de $63.000.

Con el nuevo esquema, esos mismos contribuyentes pasarían a una escala de autónomos cuyo aporte arranca en $57.000 y que el Gobierno evalúa elevar hasta los $100.000 como piso, pudiendo llegar a los $500.000 para categorías superiores.

A eso se sumaría:

pago de IVA,

Impuesto a las Ganancias,

y el costo adicional del servicio contable obligatorio.

El salto tributario podría triplicar o cuadriplicar la carga mensual de millones de trabajadores independientes, muchos de los cuales hoy sostienen actividades de bajo volumen o trabajos intermitentes.

Riesgo de exclusión y mayor informalidad

La eliminación del monotributo no solo afecta la economía de los contribuyentes: afecta su existencia dentro del sistema.

Desde el punto de vista socioeconómico, miles de trabajadores quedarían fuera de cualquier esquema formal, obligados a elegir entre informalizar su actividad o directamente dejar de facturar.

Paradójicamente, una reforma presentada como herramienta de formalización podría generar el efecto contrario: un aumento de la informalidad y una mayor fragmentación del mercado laboral.

Ganancias: más trabajadores alcanzados, salario real más bajo

El proyecto propone fijar un Mínimo No Imponible equivalente al salario promedio proyectado para 2025, es decir, unos $1,7 millones.

Esto representa una caída del 40% respecto del piso actual para un trabajador soltero sin hijos, hoy ubicado en $2.843.180 brutos.

La consecuencia es directa:

millones de trabajadores que habían quedado fuera de Ganancias volverán a pagarlo, con un descuento que se sentirá como una baja salarial.

El propio Ministerio de Economía estima que 3 millones de empleados adicionales deberán presentar facturación y quedarían alcanzados por el impuesto.

Deducciones ampliadas: un beneficio insuficiente

La reforma prevé elevar el tope de deducciones anuales de $4,2 millones a $5 millones, aplicables a gastos laborales, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, el incremento del 16% en deducciones no compensa la ampliación del universo alcanzado por el tributo ni la pérdida de ingresos reales provocada por el nuevo piso.

Rebaja de aportes patronales y estímulo al “blanqueo”

Mientras se incrementan impuestos para trabajadores, el proyecto propone:

Reducir aportes patronales del 25,5% al 17%,

Bajar aportes personales del 17% al 13%,

Aplicar un “blanqueo a costo cero” para regularizar relaciones laborales informales.

La reforma, en su conjunto, muestra un sesgo evidente: más presión sobre los trabajadores y alivio sobre los costos empresariales. La coherencia del plan económico del Gobierno se mantiene intacta: ajuste fiscal sobre los sectores medios y reducción de cargas para el capital.

La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.