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Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica resolvieron un nuevo paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en reclamo de la convocatoria a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. Las federaciones anticipan que, sin avances concretos, peligran las mesas de examen y el inicio de clases del año próximo.

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Con salarios rezagados, presupuesto desactualizado y una ley de financiamiento incumplida, el malestar del sector se profundiza. Esta semana, las federaciones CONADU y CONADU Histórica resolvieron un paro nacional de 72 horas —los días 12, 13 y 14 de noviembre— como parte de un reclamo que combina demandas salariales, legales e institucionales, en defensa del sistema universitario público.

“Hace más de un año que el Gobierno no convoca a paritarias. Debería haberlo hecho en septiembre del año pasado y seguimos sin respuestas”, expresó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, en diálogo con Mundo Laboral San Juan.
El dirigente confirmó que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y que, al mismo tiempo, los gremios impulsarán una consulta popular nacional para definir los próximos pasos del plan de lucha.

“Queremos conocer la posición de los docentes sobre la posibilidad de afectar las mesas de examen de diciembre o no iniciar el ciclo lectivo 2026. El escenario es cada vez más extremo y los salarios, cada vez más insuficientes”, explicó Barcelona.

Salarios en retroceso y financiamiento en suspenso

La raíz del conflicto no es nueva, pero se ha profundizado con el paso de los meses. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% respecto de la inflación acumulada del último año, mientras los incrementos otorgados por decreto quedaron muy por debajo de los precios.

A ello se suma la falta de actualización del presupuesto universitario, que mantiene a las instituciones funcionando con partidas reconducidas, sin previsión real de gastos frente a los incrementos de energía, insumos y servicios básicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023, establecía un mecanismo progresivo para garantizar recursos mínimos y previsibilidad a las universidades públicas. Sin embargo, según denuncian las federaciones, su aplicación fue suspendida o ignorada por el actual Ejecutivo, dejando al sistema en una situación de fragilidad económica y operativa.

Barcelona fue categórico: “El Gobierno ha tomado a la universidad como un enemigo político. No hay diálogo ni voluntad de cumplir la ley. Y mientras tanto, el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza”.

Un sistema en alerta y un horizonte incierto

La presión se traslada también al interior de las universidades. Muchos rectores manifestaron preocupación por la sostenibilidad de la actividad académica y la continuidad del calendario lectivo. En varias casas de estudio ya se evalúan ajustes en programas de extensión, reducción de horas cátedra y suspensión de actividades presenciales por falta de recursos para cubrir gastos operativos.

En ese marco, la consulta nacional que impulsan los gremios busca definir la intensidad del conflicto en la última etapa del año. La posibilidad de no tomar mesas de examen en diciembre o de no iniciar el ciclo lectivo 2026 figura entre las opciones que los docentes deberán considerar.
“Estamos ante una situación límite. Si no hay respuestas, la continuidad del sistema universitario público está en riesgo”, insistió el titular de Adicus.

Ausencia de respuestas y desgaste institucional

Las federaciones docentes también criticaron la falta de avances en el plano judicial. “La Justicia no ha dado curso a las medidas cautelares presentadas para exigir al Estado el cumplimiento de la ley. Esa inacción judicial, sumada a la indiferencia política, deja al movimiento sindical sin herramientas institucionales para resolver el conflicto”, explicó Barcelona.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene silencio público y no ha convocado a ninguna mesa de diálogo formal. La situación, advierten los gremios, podría derivar en una paralización prolongada del sistema universitario, con consecuencias directas sobre el cierre del año académico y el inicio del próximo ciclo.

El paro de 72 horas que se inició el 12 de noviembre trasciende la coyuntura salarial. Representa, para los gremios, un punto de inflexión en la defensa de la universidad pública argentina, que enfrenta una combinación inédita de desfinanciamiento, pérdida de poder adquisitivo y desinterés gubernamental.

El conflicto pone de relieve un debate más profundo: cuál será el lugar de la educación superior en el modelo de país que se está configurando.

Si no se convoca a paritarias ni se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, el riesgo no solo es la suspensión de clases, sino la erosión sostenida de uno de los pilares históricos del desarrollo y la movilidad social en la Argentina.

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Diego Martín consiguió su tercer mandato consecutivo en el Sindicato de Obras Sanitarias

La lista Azul se impuso sobre la Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, en los comicios realizados este viernes. La diferencia fue de apenas 12 votos, sobre un padrón de casi 330 afiliados, con una participación cercana al 95%.

Diego Martín continuará al frente del Sindicato de Obras Sanitarias (Si.O.Sa.) tras imponerse por apenas 12 votos en las elecciones gremiales realizadas este viernes 7 de agosto. El dirigente de la lista Azul derrotó a la nómina Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, y obtuvo así un nuevo mandato que extenderá a tres períodos consecutivos su permanencia en la conducción del sindicato que representa a los trabajadores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

La elección tuvo una participación cercana al 95% de un padrón de casi 330 afiliados, una concurrencia elevada para un comicio gremial. Además del resultado entre las dos listas, se registró un voto en blanco y otro nulo.

Martín asumió por primera vez la conducción de Si.O.Sa. en 2018 y fue reelegido en 2022. La victoria de este viernes le permitirá iniciar un tercer período consecutivo al frente de la organización.

La lista Azul llevó a Alfredo Garay como candidato a secretario Adjunto y a Juan Sánchez para la Secretaría Gremial. La nómina opositora, en tanto, postuló a Facundo Zárate como Adjunto y a Mariana Godoy para ocupar la Secretaría Gremial.

Los afiliados votaron durante toda la jornada en distintos puntos vinculados con OSSE. Se habilitaron mesas en la Casa Central, el Obrador y Marquesado, además de otros puntos distribuidos en departamentos del interior provincial.

La organización de los comicios contempló también la participación de trabajadores que cumplen funciones en zonas alejadas. Para ello se utilizaron urnas móviles, que permitieron acercar la votación a afiliados de departamentos como Calingasta e Iglesia.

Una disputa entre continuidad y renovación

La elección enfrentó dos propuestas con perfiles diferentes. Martín buscó preservar la conducción que encabeza desde 2018 y presentó la lista Azul como una alternativa de continuidad. Gómez, por su parte, encabezó la Tricolor con un discurso centrado en la renovación y cuestionamientos a la conducción del sindicato.

La diferencia final muestra la paridad que atravesó el comicio: con un padrón cercano a los 330 trabajadores y una asistencia de aproximadamente 95%, 12 votos fueron suficientes para definir la conducción del gremio durante los próximos cuatro años.

La contienda también estuvo acompañada por lecturas políticas externas al ámbito estrictamente sindical. Durante las semanas previas circularon referencias sobre los vínculos de cada espacio con distintos dirigentes políticos y gremiales de la provincia.

Martín, integrante del ámbito de la CGT, mantiene vínculos con dirigentes del justicialismo. Una de las expresiones públicas de esos acercamientos se produjo durante la celebración del Día del Sanitarista, realizada en mayo, que contó con la presencia del diputado nacional Cristian Andino y del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Argentina (Fentos), Carlos Adamo.

La lista Tricolor, en tanto, mantuvo conversaciones con referentes vinculados al oficialismo provincial. Entre los nombres mencionados durante la previa apareció el gerente general de OSSE, Carlos Orrego, aunque los contactos no derivaron en una lista unificada y Gómez terminó encabezando la alternativa opositora.

Esas vinculaciones funcionaron como parte de las interpretaciones que rodearon la elección, pero la definición quedó finalmente circunscripta al voto de los afiliados. El resultado fue una victoria estrecha para la conducción vigente.

Un tercer período con una señal electoral

El resultado le permite a Martín conservar la conducción de Si.O.Sa. después de una elección en la que la oposición consiguió disputar el resultado hasta el último voto.

La elevada participación y la escasa diferencia entre las dos listas constituyen los principales datos políticos del comicio interno. El nuevo mandato comenzará con una conducción ratificada por los afiliados, pero frente a una oposición que quedó a solo 12 votos de distancia.

Para Martín, la victoria representa la continuidad de un ciclo iniciado en 2018. Para el gremio, el resultado deja además una conducción legitimada por una elección de alta concurrencia y una disputa particularmente cerrada.

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Otro fallo judicial limita el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y suspendió, para el Convenio Colectivo 704/14, la aplicación de disposiciones de la Ley 27.802 y de los decretos 407/2026 y 612/2026. La resolución es provisoria y mantendrá vigentes las cláusulas del convenio mientras continúa el juicio.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó una nueva disputa judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y suspendió la aplicación de determinadas disposiciones de la nueva legislación y sus decretos reglamentarios sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 704/14.

La resolución fue dictada por el juez Mariano Candal y alcanza exclusivamente al convenio que rige para los trabajadores representados por SUTEP. El magistrado dispuso mantener vigentes sus cláusulas normativas y obligacionales mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El alcance de la decisión es relevante, aunque no equivale a una declaración definitiva de inconstitucionalidad. Se trata de una medida cautelar, por lo que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del CCT 704/14 hasta que avance el proceso judicial y exista una resolución sobre el fondo de la demanda.

La presentación original de SUTEP cuestionó artículos de la Ley 27.802 y de los Decretos 407/2026, vinculados con la continuidad de los convenios colectivos una vez vencido su plazo y con el régimen de aportes y contribuciones destinados a las organizaciones sindicales y a entidades vinculadas con ellas.

El sindicato sostuvo que esas modificaciones afectaban derechos establecidos en su convenio colectivo y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), en relación con el CCT 704/14.

La controversia se amplió posteriormente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 612/2026. SUTEP incorporó a su demanda el artículo 1 de esa norma, al cuestionar modificaciones sobre la base utilizada para determinar los conceptos salariales alcanzados por aportes y contribuciones.

Entre los puntos objetados aparece la exclusión de determinados conceptos de la remuneración, entre ellos el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las horas extras.

Qué resolvió el juzgado

La decisión judicial suspendió la aplicación de esas disposiciones únicamente respecto del CCT 704/14. De esta manera, las condiciones establecidas en el convenio mantienen su vigencia y pueden ser exigidas mientras continúa el trámite de la demanda.

El fallo adquiere relevancia porque la discusión no se limita al contenido económico de un convenio. La demanda también plantea interrogantes sobre el alcance de la ultraactividad, es decir, la continuidad de las cláusulas de un convenio colectivo una vez vencido formalmente hasta que sea reemplazado por otro.

SUTEP sostuvo que las modificaciones cuestionadas podían afectar tanto la capacidad de negociación colectiva como los recursos destinados al funcionamiento de la organización sindical y de la Asociación Mutual AMERA.

En los fundamentos destacados por la organización gremial y la CGT, el juzgado habría considerado que algunas de las restricciones introducidas por las nuevas normas no encuentran antecedentes equivalentes en el sistema argentino de relaciones colectivas y deben ser examinadas a la luz de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El análisis judicial también incorporó el posible impacto económico de las modificaciones sobre las organizaciones sindicales y sobre las prestaciones sociales, asistenciales, mutuales y de capacitación que brindan a sus afiliados.

El respaldo de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la resolución y ubicó el expediente dentro de la ofensiva judicial que distintas organizaciones gremiales llevan adelante contra aspectos de la reforma laboral.

La central obrera sostuvo que la disputa excede el caso particular de SUTEP porque involucra cuestiones vinculadas con la continuidad de los convenios colectivos y con las fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales.

“Lo que estuvo en juego en este expediente excede a un sindicato en particular”, expresó la CGT al respaldar el fallo, y sostuvo que una modificación sobre la ultraactividad o sobre los recursos gremiales puede repercutir sobre la capacidad de las organizaciones para sostener prestaciones y derechos colectivos.

Desde SUTEP, en tanto, interpretaron la resolución como un respaldo a la vía judicial elegida para preservar las condiciones establecidas en el convenio y cuestionar aquellas disposiciones que, según su planteo, perjudican a los trabajadores y a su representación sindical.

Una disputa que continúa en los tribunales

El fallo no clausura la discusión. La causa continuará su trámite y deberá resolver si los cuestionamientos formulados por SUTEP tienen sustento suficiente para una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Por ahora, el efecto concreto es que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del Convenio Colectivo 704/14, mientras sus cláusulas permanecen vigentes y exigibles.

La resolución se suma así a la creciente judicialización de la reforma laboral. Mientras el Gobierno defiende las modificaciones como parte de su política de transformación del régimen de trabajo, distintas organizaciones sindicales recurren a los tribunales para preservar derechos establecidos en convenios colectivos.

El caso de SUTEP abre un nuevo episodio en esa disputa: la Justicia decidió preservar, de manera provisoria, las condiciones de un convenio colectivo frente a disposiciones de la reforma laboral. El alcance definitivo del fallo dependerá ahora de lo que ocurra en el proceso principal, pero la resolución vuelve a colocar en los tribunales una parte sustancial de la discusión sobre el futuro de la negociación colectiva y el financiamiento sindical.

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San Juan renovará la Ruta 40 Norte con fondos vinculados al proyecto Vicuña

La Ruta Nacional 40 Norte será sometida a una intervención integral que modificará distintos puntos del corredor entre Albardón y Jáchal. El proyecto contempla soluciones diferentes según las características de cada tramo y será ejecutado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con financiamiento proveniente del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña.

La intervención fue dividida en tres segmentos: Albardón-Villicum, Villicum-Talacasto y Talacasto-San Roque. El diseño combina ampliaciones de calzada, repavimentación y obras hidráulicas destinadas a mejorar la circulación y reforzar la infraestructura frente a contingencias climáticas.

La modificación más importante se concentrará entre Albardón y Villicum. Allí está prevista la construcción de una doble calzada de 12 kilómetros, con dos carriles por sentido, divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas.

La ampliación permitirá separar los sentidos de circulación y aumentar la capacidad del corredor en uno de los accesos de mayor tránsito hacia el norte provincial. La incorporación de banquinas pavimentadas también apunta a mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulen por ese tramo.

Entre Villicum y Talacasto, en cambio, se mantendrá la calzada simple, aunque se incorporarán terceras trochas en distintos puntos. La obra permitirá generar espacios destinados al sobrepaso, una mejora especialmente relevante para la circulación conjunta de vehículos livianos y transporte pesado.

En ese mismo tramo se prevé la construcción de nuevas alcantarillas y defensas, con intervenciones destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de lluvias intensas y crecientes sobre la ruta.

El tercer segmento se extenderá desde Talacasto hasta San Roque, en Jáchal. Por tratarse del tramo más extenso, la intervención estará orientada principalmente al fortalecimiento de la infraestructura existente. Se ejecutarán alteos de calzada, alcantarillas y defensas, con el propósito de reducir los cortes provocados por el agua y mejorar la transitabilidad.

La obra adquiere relevancia por el papel que cumple la Ruta 40 como corredor de conexión entre el Gran San Juan, los departamentos del norte y distintos puntos vinculados con la producción, la minería y el turismo. La mejora de la infraestructura también apunta a facilitar el traslado de bienes y personas hacia Jáchal y las localidades ubicadas a lo largo del recorrido.

Asimismo, la iniciativa prioriza el fortalecimiento de la conexión con el Paso Internacional de Agua Negra. Dada su relevancia para la integración chilena y el comercio global, las rutas del norte sanjuanino adquieren un valor estratégico fundamental.

La intervención, además, tendrá impacto sobre servicios esenciales. Una ruta con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación puede favorecer el acceso de los habitantes de las localidades del norte a hospitales, escuelas, organismos públicos y centros comerciales, al tiempo que mejora las condiciones para el transporte de cargas.

El financiamiento constituye otro de los elementos centrales del proyecto. La obra será afrontada con recursos derivados del acuerdo alcanzado por la provincia en relación con Vicuña, uno de los principales proyectos mineros en desarrollo en San Juan.

De esta manera, los fondos vinculados con la expansión minera serán destinados también a infraestructura de alcance provincial, en una obra que busca acompañar el crecimiento del tránsito y las necesidades de conectividad del corredor norte.

La transformación de la Ruta 40 entre Albardón y Jáchal combinará ampliaciones, nuevos carriles de sobrepaso y refuerzos estructurales en un recorrido con funciones viales, productivas y turísticas. La magnitud de la intervención quedará determinada por la ejecución de cada tramo, pero el proyecto ya plantea una modificación sustancial de uno de los principales corredores terrestres del norte sanjuanino.

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