El Gobierno de San Juan abrió la licitación para reconstruir el tramo Tucunuco–San Roque, en Jáchal, con una inversión oficial de $26.103 millones y un plazo de 540 días. La calzada pasará de 6,30 a 7,30 metros e incorporará banquinas, obras de drenaje, señalización y medidas de seguridad vial.

La obra tendrá un plazo de 540 días corridos y se ejecutará en el marco del convenio celebrado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto apunta a recuperar un pavimento que presenta un deterioro significativo y a mejorar las condiciones de circulación de uno de los principales accesos al norte sanjuanino.

Una ruta más ancha y con nuevas banquinas

La intervención contempla ensanchar la calzada de 6,30 a 7,30 metros, aunque mantendrá un carril por cada sentido de circulación. A ambos lados se construirán banquinas de tres metros: un metro pavimentado y dos metros de material granular.

Los trabajos incluirán repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y la incorporación de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la ruta.

El proyecto también prevé intervenir alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, además de ejecutar alteos en los puntos que lo requieran. La renovación se completará con defensas laterales, demarcación horizontal y señalización vertical.

La necesidad de la obra está vinculada con el desgaste de la estructura existente y con deficiencias en parte de las obras hidráulicas, factores que afectan tanto la transitabilidad como las condiciones de seguridad.

Un corredor con mayor demanda prevista

Durante 2025, el tramo Tucunuco–San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. La Provincia proyecta un incremento de la circulación a partir del crecimiento de los servicios, el transporte de cargas y el desarrollo productivo y minero del norte.

La Ruta 40 constituye además la principal conexión terrestre entre el Gran San Juan y Jáchal, por lo que su recuperación tendrá incidencia sobre el transporte de pasajeros, la circulación de mercaderías y el acceso a localidades y emprendimientos ubicados a lo largo del corredor.

La licitación de este tramo abre así la primera etapa de un programa de cuatro secciones para recuperar la Ruta 40 Norte. La obra combina reconstrucción del pavimento, ampliación de la infraestructura y adecuación de los sistemas de seguridad y drenaje, con el objetivo de sostener la circulación actual y atender el crecimiento previsto para uno de los corredores viales más importantes del norte provincial.

Una de las modificaciones procesales introducidas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral quedó bajo fuerte cuestionamiento judicial. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional e inconvencional la norma que desplazaba hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal los juicios laborales en los que el Estado nacional o sus organismos fueran parte.

El pronunciamiento se originó en una demanda de un trabajador contra el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por créditos salariales e indemnizatorios derivados de una relación laboral que, según el demandante, se extendió desde noviembre de 2003 hasta su despido en agosto de 2024.

El juzgado laboral que recibió inicialmente el expediente había rechazado su competencia y ordenado remitirlo a la Justicia Contencioso Administrativa Federal. El trabajador apeló y planteó la inconstitucionalidad de la nueva regla. La Cámara revocó esa decisión y dispuso que la causa continúe en el fuero laboral.

Qué modificó la reforma

La controversia se concentra en el artículo 20 de la Ley 18.345, de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, cuya redacción fue modificada por el artículo 79 de la Ley 27.802.

La nueva disposición estableció que la Justicia Nacional del Trabajo no puede intervenir en determinadas causas cuando el Estado nacional o alguno de sus entes sea parte o tercero interesado, derivando esos procesos al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Para la Sala I, esa modificación no puede aplicarse al reclamo analizado porque afecta las garantías constitucionales vinculadas con la protección del trabajador y con el acceso a una jurisdicción especializada.

Los jueces Gabriela Alejandra Vázquez y Enrique Catani señalaron que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional coloca al trabajador bajo una protección especial y que esa tutela no se limita al reconocimiento de derechos sustantivos: también comprende las condiciones procesales necesarias para hacerlos valer ante los tribunales.

El argumento central de la Cámara

El tribunal puso el acento en las características propias de la Justicia laboral. Entre ellas mencionó las reglas probatorias específicas, el principio in dubio pro operario y la existencia de un procedimiento diseñado para resolver controversias derivadas de relaciones de trabajo.

Desde esa perspectiva, trasladar automáticamente estos litigios al fuero Contencioso Administrativo Federal supone, según el razonamiento de la Cámara, privar al trabajador de herramientas procesales vinculadas con la tutela especial que reconoce la Constitución.

El fallo también recurrió a estándares internacionales de protección laboral, entre ellos los desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del acceso a la justicia y la necesidad de contar con procedimientos adecuados para resolver controversias relacionadas con derechos laborales.

Un fallo de alcance concreto

El pronunciamiento tiene una consecuencia inmediata sobre el expediente contra el ENRE: la demanda deberá continuar en la Justicia Nacional del Trabajo.

Pero la resolución no elimina por sí misma la disposición incorporada por la Ley 27.802 para todos los casos. Se trata de un control de constitucionalidad efectuado dentro de un expediente concreto, por lo que su efecto directo alcanza a esa causa.

El fallo, sin embargo, incorpora un nuevo antecedente judicial a la discusión sobre la reforma laboral. La cuestión adquiere particular relevancia porque el desplazamiento de competencia afecta potencialmente a los litigios laborales promovidos por trabajadores contra organismos y entidades del Estado nacional.

La CGT reunió a dirigentes sindicales y especialistas en Seguridad Social para analizar el presente y el futuro del régimen previsional. Durante el encuentro cuestionaron el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, reclamaron solidaridad y sostenibilidad y advirtieron sobre cambios que, según plantearon, podrían debilitar la protección estatal.

La seguridad social volvió a ocupar un lugar central en la agenda sindical con la realización de un Foro Federal sobre el Sistema Previsional en la sede de la CGT, donde dirigentes gremiales y especialistas analizaron el funcionamiento del régimen jubilatorio y plantearon la necesidad de preservar los derechos de los adultos mayores.

El encuentro reunió a representantes del movimiento obrero y abogados especializados en Seguridad Social, en una discusión que tuvo como principales ejes la sostenibilidad del sistema, el papel del Estado y las condiciones de vida de quienes acceden a una jubilación.

«Durante el encuentro, se remarcó la importancia de incluir a los jubilados en el debate previsional y se alertó sobre iniciativas que puedan vulnerar sus derechos».

La discusión también incorporó una dimensión laboral. Para los dirigentes sindicales, el funcionamiento del régimen previsional no puede analizarse separado de la evolución del empleo registrado, los niveles salariales y el financiamiento de la Seguridad Social.

Reclamo por solidaridad y sostenibilidad

Fabián Montaño, secretario general de APOPS, uno de los sindicatos que representan a trabajadores de ANSES, pidió combinar solidaridad y sostenibilidad para garantizar la continuidad del sistema previsional.

El dirigente sostuvo que esa discusión resulta indispensable para preservar el futuro de la previsión social y vinculó el reclamo con una concepción más amplia de soberanía y justicia social.

En la misma jornada, los secretarios generales de la CGT Octavio Argüello y Cristian Jerónimo remarcaron la importancia de incorporar una mirada política al debate sobre la Seguridad Social.

Argüello planteó la necesidad de construir un camino que permita recuperar expectativas para los argentinos, mientras que Jerónimo cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que existe una transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos hacia los grupos de mayor poder económico.

Las afirmaciones corresponden a la posición expresada por los dirigentes durante el foro y forman parte del debate sindical sobre las prioridades de la política económica y social.

El papel del Estado, bajo discusión

Los especialistas convocados incorporaron una mirada jurídica y estructural sobre el régimen previsional.

El abogado Gabriel Yamuni, especialista en Seguridad Social, señaló que el sistema atraviesa una etapa de vulnerabilidad y reclamó recuperar su función como instrumento estatal orientado a la distribución de ingresos. En su exposición cuestionó además políticas que, según su interpretación, reproducen lineamientos asociados a organismos financieros internacionales.

A su turno, la abogada Adriana Micale vinculó las dificultades previsionales con la transformación del mercado laboral y el crecimiento del empleo informal. Su planteo apuntó a una de las cuestiones estructurales del financiamiento previsional: cuanto menor es el nivel de registración laboral, menor resulta la base de aportes sobre la que se sostiene el sistema contributivo.

La vida cotidiana de los jubilados

Uno de los planteos más fuertes estuvo relacionado con el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El especialista Dr. Bustos puso el foco en las decisiones que deben afrontar diariamente muchos jubilados y sostuvo que cuando una persona debe optar entre comprar alimentos o medicamentos, su libertad efectiva queda severamente condicionada. También aludió a situaciones extremas de angustia vinculadas con la imposibilidad de sostener los gastos familiares.

La exposición trasladó la discusión desde las variables financieras del sistema hacia sus efectos concretos: medicamentos, alimentación, vivienda y otros gastos esenciales que inciden de manera directa sobre los ingresos de los adultos mayores.

El Foro Federal dejó planteada, de ese modo, una discusión que continuará atravesando al movimiento sindical: cómo garantizar un régimen previsional sostenible sin convertir el equilibrio financiero en el único criterio para definir el nivel de protección de quienes llegan a la vejez.