A partir del próximo mes, los comercios sanjuaninos pagarán una tarifa plana de energía eléctrica. El esquema, acordado entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la Cámara de Comercio de San Juan, permitirá abonar un consumo promedio mensual y evitar los aumentos bruscos durante los períodos de mayor demanda. La medida busca otorgar previsibilidad a un sector golpeado por la recesión y el incremento sostenido de los costos.

Después de meses de reclamos por las subas tarifarias, los comerciantes de San Juan recibirán un alivio significativo. Según confirmó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, a partir de diciembre los locales contarán con un sistema de tarifa plana de energía eléctrica, que promediará el consumo anual y amortiguará las diferencias estacionales que impactaban de lleno en los meses de verano.

En diálogo con un medio local, Rodríguez explicó que el acuerdo se alcanzó tras una serie de reuniones con el EPRE y que la nueva metodología de facturación representará un cambio sustancial en la forma de planificar los costos operativos.

“La idea es que se haga un promedio en función del consumo de cada comercio. De esa manera, no se van a encontrar con facturas impagables ni con la necesidad de salir a pedir dinero porque los picos de consumo, que suelen darse en verano, complican mucho la situación”, señaló el dirigente.

El anuncio llega en una momento complejo: el sector comercial acumula 17 meses consecutivos de caída en las ventas y soporta un incremento sostenido de los costos energéticos. Muchos locales habían reportado dificultades para afrontar los pagos durante los meses de calor, cuando el uso intensivo de aires acondicionados dispara el consumo eléctrico.

Rodríguez recordó que el problema se había agravado en los últimos meses.

“Hace seis meses dijimos que había unos 15 cortes por día. Naturgy te financiaba la deuda, pero la tarifa seguía siendo la misma. Con este sistema, los comerciantes van a poder fijar estrategias más claras para los próximos meses”, destacó.

El acuerdo contempla que la tarifa plana se base en un consumo promedio histórico individual por comercio, de modo que cada usuario pague una suma estable durante todo el año y se regularicen los ajustes al cierre del período. Según fuentes del EPRE, el esquema también apunta a mejorar la previsibilidad del sistema energético local, evitando morosidad y picos de demanda que desestabilizan la red.

El anuncio oficial se realizará en los próximos días con la participación del Ejecutivo provincial, que intervino para facilitar la implementación del beneficio y garantizar su alcance a la mayor cantidad de comercios posible. Se espera que la medida sea bien recibida por el sector, que venía reclamando previsibilidad para sostener la actividad y evitar cierres.

El nuevo esquema de tarifa plana eléctrica representa un respiro para los comercios sanjuaninos, duramente afectados por la caída del consumo y la presión de los costos fijos. Más que un alivio coyuntural, la medida busca ofrecer una herramienta de estabilidad en un escenario de inestabilidad económica prolongada.
De su éxito dependerá no solo la continuidad de cientos de pequeños y medianos locales, sino también la posibilidad de recuperar un entramado comercial que constituye uno de los motores más dinámicos de la economía provincial.

Mientras la CGT y las dos CTA expresan su rechazo, el Gobierno de Javier Milei acelera el debate por la reforma laboral, que se discutirá tras la renovación legislativa del 10 de diciembre. El proyecto, que busca “modernizar las normas de trabajo”, ya divide aguas entre los gobernadores, incluidos varios del peronismo. Con el sindicalismo en franca minoría parlamentaria, el Ejecutivo se encamina a un debate con correlación de fuerzas favorable.

La discusión sobre la flexibilización laboral avanza por distintos frentes: el Consejo de Mayo, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, donde el oficialismo presentará formalmente su proyecto una vez renovadas las bancas legislativas. La iniciativa, que promete ser uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, ya despertó reacciones encontradas tanto en el sindicalismo como entre los mandatarios provinciales.

Desde las principales organizaciones gremiales —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma)— la postura fue inmediata: rechazo total a cualquier intento de ampliar la jornada laboral o flexibilizar derechos adquiridos. Pero el debate se trasladó a las provincias, donde la posición de los gobernadores será determinante, tanto en términos políticos como en el comportamiento de sus bloques en el Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con dureza. Su ministro de Trabajo, Walter Correa, calificó el proyecto de Milei como “fuera de época” y remarcó que “lo que hoy se discute en el mundo es la reducción de la jornada laboral, no su ampliación a 12 o 13 horas diarias”. La postura bonaerense busca marcar un límite político y simbólico frente al avance de un modelo que considera regresivo en materia de derechos laborales.

Sin embargo, el rechazo no es unánime dentro del peronismo. Dos gobernadores de esa extracción, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), salieron públicamente a respaldar la necesidad de una actualización normativa.

Jaldo, que ya acompañó con votos legislativos varias iniciativas del oficialismo, sostuvo que “las normas laborales deben modernizarse porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió”. Aclaró que “no se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales” y que los “derechos adquiridos no se tocan”, una línea discursiva que busca equilibrar pragmatismo político y resguardo simbólico del legado justicialista.

En sintonía, Jalil planteó que una reforma podría ser “una herramienta para promover la inversión y el empleo”, sumándose a un grupo de mandatarios que ven en el debate una oportunidad para atraer capital y reactivar economías provinciales golpeadas.

El respaldo también se extiende a gobernadores de otras fuerzas políticas. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) valoró el “cambio de actitud del Gobierno tras las elecciones” y se comprometió a trabajar “en unidad para sacar el país adelante”, siempre que las reformas “sirvan para impulsar la producción y formalizar el empleo”.

Su correligionario cordobés, Martín Llaryora, reclamó que el nuevo clima de diálogo “incluya a los gobernadores, la industria y las instituciones representativas del trabajo y la producción”, advirtiendo sobre los riesgos de un debate cerrado entre tecnócratas y despachos nacionales.

Entre los apoyos previsibles también figuran el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el salteño Gustavo Sáenz (Identidad Salteña), quienes manifestaron su disposición a acompañar los proyectos del Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad y la competitividad regional.

El mapa político que se configura anticipa un Congreso favorable al oficialismo, especialmente tras la renovación legislativa del 10 de diciembre, que dejará a las fuerzas opositoras tradicionales con menor representación sindical. En la nueva composición, el bloque gremial se reduce a figuras como Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (docentes), Vanesa Siley (judiciales) y el ingreso de Hugo Moyano (h.), abogado del sindicato de Camioneros. La izquierda, en tanto, perdió una banca, acentuando el desequilibrio.

La reforma laboral que promueve el Gobierno de Milei abre un debate que excede el plano técnico y toca el núcleo del modelo de relaciones laborales argentino. Mientras el sindicalismo resiste y los gobernadores miden costos y beneficios, el oficialismo aprovecha su nuevo peso parlamentario y un contexto económico adverso para instalar la idea de “modernización” como sinónimo de competitividad.

Pero más allá de los discursos, el desafío político será definir si esa modernización implica una actualización equilibrada de derechos o una reconfiguración estructural del trabajo que modifique la relación histórica entre el capital y el movimiento obrero.

Con el Congreso Nacional Ordinario convocado para este miércoles en Obras Sanitarias, las negociaciones por la nueva conducción de la CGT entran en su tramo decisivo. Jorge Sola y Cristian Jerónimo aparecen como nombres confirmados en un triunvirato que busca consenso, mientras persiste la disputa por el tercer lugar entre los sectores de Moyano, Barrionuevo y las Mujeres Sindicalistas.

A menos de 24 horas del Congreso Nacional Ordinario que renovará la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mapa sindical argentino se encuentra inmerso en un intenso proceso de negociación. Las reuniones se multiplican y los contactos cruzados se prolongan hasta último momento, en un intento por sellar una fórmula de unidad que evite una fractura en el movimiento obrero.

Por estas horas, existe una certeza: habrá triunvirato. Dos nombres ya están confirmados: Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. Ambos integran espacios que, aunque diversos, lograron converger en la necesidad de sostener un equilibrio institucional que preserve la continuidad del modelo colegiado de conducción.

El tercer lugar, sin embargo, es el gran punto de tensión. Hugo Moyano presiona para imponer la continuidad de Octavio Argüello (Camioneros) o abrir espacio a Facundo Moyano, recientemente reincorporado al SUTPA, como gesto hacia su sector. En paralelo, el barrionuevismo, con Luis Barrionuevo al frente, se resiste a convalidar una lista cerrada y promueve un nombre alternativo —se mencionó incluso a Gustavo Vila, del gremio de Carga y Descarga— con apoyo de dirigentes territoriales aliados.

El sector de Mujeres Sindicalistas también reclama representación real en la cúpula. Voces internas sostienen que Maia Volcovinsky (Judiciales) o Marina Jaureguiberri (UDA) deberían ocupar ese tercer puesto, no solo por paridad de género sino también por la necesidad de reflejar la diversidad de la CGT. “No puede haber unidad sin equidad”, apuntan desde el espacio femenino de la central.

Mientras tanto, los Gordos e Independientes —que agrupan a más de 50 gremios— se mueven con cautela para no romper los puentes de diálogo. Todo indica que respaldarán el binomio Sola-Jerónimo, aunque las diferencias con el moyanismo y la falta de definiciones en torno al tercer nombre amenazan con dinamitar el consenso alcanzado.

A este clima se suma la UOM, encabezada por Abel Furlán, que impulsa una postura más combativa y propone un unicato en lugar del triunvirato. “El Gobierno nos declaró la guerra. Tenemos que tener una CGT dispuesta a salir a la calle a pelear”, plantean desde su entorno, dejando entrever el descontento con un esquema que consideran “de equilibrio más que de conducción”.

Del otro lado, el barrionuevismo mantiene su estrategia de presión. Barrionuevo no asistió a la última reunión de Mesa Chica ampliada en la UOCRA ni envió delegados de su confianza. Su ausencia fue leída como una señal de distanciamiento y una advertencia: sin un rol decisivo en la definición de la nueva cúpula, podría abrir un frente propio o incluso promover la abstención de sus congresales.

El Congreso, que se realizará este miércoles a las 9 de la mañana en el Club Obras Sanitarias, reunirá a 2.186 congresales de 210 organizaciones, con los 25 sindicatos más poderosos concentrando el 73% de los votos. La elección será por lista completa y voto secreto para un Consejo Directivo de 50 miembros, compuesto por 36 secretarías y 14 vocalías, con paridad de género en la mayoría de los cargos. Además, se aprobarán memorias y balances del período 2021-2024 y se designará la Comisión Revisora de Cuentas.

Aunque todo apunta a que habrá una lista de unidad, las posiciones encontradas podrían derivar en una votación —algo poco habitual en la historia reciente de la CGT— o incluso en un quiebre, si algún sector decide retirarse antes de la proclamación. “El que juega para romper está jugando para el Gobierno”, advirtió un dirigente en diálogo con InfoGremiales, dejando en claro que el sindicalismo no se permitirá regalarle a la Casa Rosada una división interna en medio del debate por la Reforma Laboral.

El Congreso de Obras se anticipa como una jornada clave no sólo para la CGT, sino para el rumbo del sindicalismo argentino frente a un gobierno que impulsa reformas estructurales en materia laboral y previsional. El resultado de las negociaciones —ya sea la confirmación de un triunvirato de equilibrio o la irrupción de una fractura— marcará el tono de la respuesta gremial en los próximos meses.
Entre acuerdos frágiles, liderazgos en disputa y la necesidad de unificar estrategias, la nueva CGT que emerja de Obras definirá, en buena medida, si el movimiento obrero logra recuperar voz propia o cede protagonismo en uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.