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La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició asambleas en Aeroparque ante la falta de respuestas de Aerolíneas Argentinas a sus reclamos salariales y laborales. Las medidas afectan la programación de vuelos y podrían prolongarse durante varios días, en un nuevo capítulo del conflicto que enfrenta al gremio con la conducción de la empresa estatal.

El viernes comenzó con complicaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, donde los pasajeros se encontraron con demoras y cancelaciones en distintos vuelos de Aerolíneas Argentinas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevó adelante asambleas informativas entre las 6 y las 10 de la mañana, en protesta por la falta de avances en la negociación con la empresa. El sindicato acusó a la conducción de “ignorar los reclamos” vinculados a salarios, ascensos, dotación de personal y cumplimiento de los convenios colectivos.

En un comunicado difundido por redes sociales, el gremio denunció el “ninguneo” por parte de la administración de la compañía y advirtió que las medidas “repercutirán de manera significativa en la programación de vuelos, con impacto durante varios días”. Aunque la acción gremial no implica un paro formal, el efecto operativo es similar: retrasos en partidas, reprogramaciones y molestias generalizadas entre los usuarios.

Desde Aerolíneas Argentinas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos por los canales oficiales —WhatsApp, aplicación móvil y sitio web—, y recordaron que los cambios de fecha u horario podrán gestionarse sin costo adicional. “La prioridad es minimizar las afectaciones al público y garantizar la continuidad del servicio”, señalaron voceros de la empresa.

Una disputa que se repite

El conflicto no es nuevo. A comienzos de mes, APLA ya había acusado a la empresa de “demorar intencionadamente las paritarias en un contexto de atraso salarial”, calificando la situación como “una nueva provocación” de la conducción.
La tensión se profundizó en paralelo con problemas técnicos detectados en los motores de la flota Boeing 737, que obligaron a dejar en tierra ocho aeronaves. El gremio responsabilizó a la compañía por “falta de previsión empresarial”, al considerar que la redistribución de vuelos hacia las otras flotas fue insuficiente y derivó incluso en contrataciones externas para cubrir la operación.

En el trasfondo, subyace un desacuerdo de mayor alcance: los pilotos rechazan el Decreto 378/2025, que modifica horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico. Según APLA, estas reformas vulneran derechos adquiridos y podrían afectar la seguridad operacional, uno de los ejes más sensibles del sector.

La conducción sindical sostiene que la disputa no se limita a una discusión paritaria. Denuncia un “deterioro sistemático” de las condiciones laborales y un proceso de “extranjerización del mercado aéreo”.

“La desregulación de la industria está generando serias consecuencias para los pilotos argentinos”, advirtieron desde APLA. “Con la llegada de más de 100 pilotos extranjeros, los empleos locales se reducen, los salarios pierden competitividad y se degrada la profesión.”

Por su parte, fuentes de Aerolíneas Argentinas respondieron que las medidas gremiales buscan presionar las negociaciones y se desarrollan en un momento clave:

“La empresa logró revertir una década y media de pérdidas operativas millonarias y dejar atrás la dependencia permanente de fondos estatales. En este contexto, el conflicto aparece como un intento de tensionar la nueva etapa de gestión”, indicaron voceros oficiales.

El pulso entre el gremio y la empresa refleja la tensión estructural del modelo de Aerolíneas: entre la necesidad de eficiencia y la preservación de derechos laborales. Mientras la empresa busca consolidar un equilibrio financiero, los sindicatos reclaman que ese orden no se construya sobre el ajuste de los trabajadores.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.

La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.

Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.

Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.

La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.

Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.

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