Las universidades públicas acuden a la Justicia y acusan al Ejecutivo de incumplir la ley votada por el Congreso
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada parcialmente por el presidente Javier Milei y suspendida mediante decreto. En un plenario extraordinario realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, las rectoras y rectores reclamaron respeto por la división de poderes y advirtieron sobre el impacto que la decisión oficial tiene en la sustentabilidad del sistema universitario.
Las universidades nacionales dieron un paso histórico en defensa de su autonomía y del sistema público de educación superior. En una reunión extraordinaria del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se resolvió por unanimidad presentar una acción judicial contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto se originó tras el veto presidencial que Javier Milei aplicó sobre la norma aprobada por el Congreso en agosto y ratificada por la oposición el 2 de octubre. Aunque la ley fue promulgada formalmente, su aplicación quedó suspendida mediante decreto, una medida que —según el sistema universitario— vulnera la Constitución Nacional al desconocer la potestad del Poder Legislativo.
“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a reunir en la UBA y esta vez para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al abrir la sesión.
“Un decreto no puede suspender una ley”
Durante el encuentro, la posición de las universidades fue unánime. El decano de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, fue categórico: “Un decreto no puede suspender una ley”. En la misma línea, el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún cuando se trata de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.
La decisión de acudir a la Justicia, afirmaron los rectores, responde a la necesidad de “garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la estabilidad de las universidades públicas frente a medidas discrecionales del Poder Ejecutivo”.
“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, enfatizó Bartolacci.
Un reclamo que trasciende lo presupuestario
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplio consenso parlamentario, garantiza una actualización automática de los fondos destinados a las universidades nacionales, así como la recomposición salarial del personal docente y no docente. La suspensión de su aplicación, argumentan los rectores, “pone en riesgo la continuidad de funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión”, en un contexto en el que varias instituciones ya enfrentan dificultades para cubrir gastos operativos.
Además de la acción judicial, el CIN resolvió elevar un pedido formal al Congreso Nacional para que el Presupuesto 2026 incorpore como base los recursos previstos en la ley vetada. “El sistema universitario necesita previsibilidad y respeto institucional”, insistieron los rectores, al tiempo que destacaron que la autonomía universitaria “no puede ser vulnerada por decisiones administrativas de carácter político o coyuntural”.
Contexto político y tensiones institucionales
El enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades públicas se enmarca en un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores del sistema educativo. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, han cuestionado los niveles de gasto del sistema universitario y la supuesta “politización” de las casas de estudio.
Sin embargo, las universidades replican que el incumplimiento de la ley de financiamiento representa un golpe directo a la autonomía académica y al federalismo educativo, al dejar a las instituciones sin recursos suficientes para sostener sus programas.
En ese contexto, el pronunciamiento del CIN no sólo tiene peso jurídico, sino también político: marca una posición unificada del sistema universitario frente al Poder Ejecutivo, que por primera vez desde el retorno democrático enfrenta una acción judicial colectiva de las universidades públicas.
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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados
El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).
La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.
La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.
Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.
Un segundo cierre en Rawson
La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.
El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.
Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.
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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata
La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.
La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.
La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.
Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.
Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.
Una operación pendiente de aprobación
Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.
Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.
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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros
Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.
La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.
Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.
Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.
La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.
Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.
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