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El martes 21 de octubre, trabajadores del Hospital Garrahan, gremios docentes universitarios y organizaciones de discapacidad marcharán a Plaza de Mayo para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con tres leyes aprobadas por amplia mayoría parlamentaria: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Habrá además un “ruidazo” previo en la Quinta de Olivos.

Pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre, el Ejecutivo de Javier Milei enfrentará una nueva movilización masiva. La convocatoria surgió del personal del Hospital Garrahan, que anunció un paro para el martes 21, pero rápidamente se amplió a los gremios docentes universitarios y a las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. La protesta apunta a exigir el cumplimiento efectivo de tres normas sancionadas por el Congreso Nacional y aún sin aplicación: la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha coincidirá con el vencimiento del plazo legal que tiene el Ejecutivo para promulgar las dos últimas. Según el artículo 80 de la Constitución, si el Presidente no promulga ni veta una ley en diez días hábiles, ésta queda automáticamente promulgada. En este caso, además, las tres leyes fueron votadas por más de los dos tercios de ambas cámaras, por lo que no existe posibilidad de veto. Sin embargo, desde los sectores convocantes alertan que Milei podría repetir el esquema aplicado con la Ley de Discapacidad: promulgarla, pero luego no implementarla mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El punto de partida de la movilización fue una comunicación entre un referente sindical del Garrahan y un dirigente del sector universitario, quienes coincidieron en la necesidad de construir una protesta unificada. Esa idea tomó cuerpo en una reunión realizada en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), donde participaron delegados de distintos sectores que acordaron la convocatoria conjunta.
La AGD-UBA y las asambleas del Garrahan ratificaron el paro del 21 y confirmaron que el día previo, lunes 20 a las 12, ofrecerán una conferencia de prensa en las puertas del hospital pediátrico —Combate de los Pozos 1881— para pedir que la CGT, las CTA y los movimientos sociales se sumen a la jornada.

“Unificamos fuerzas en esta concentración y llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero y popular a sumarse a esta convocatoria. En la Plaza de Mayo leeremos un documento consensuado, exigiendo la implementación inmediata de las leyes, que apenas mitigan los graves problemas de salud, educación y discapacidad que vive el país”, adelantaron los gremios en un comunicado conjunto.

Antes de la movilización central, los trabajadores del Garrahan realizarán otra acción de protesta: un “ruidazo” frente a la residencia presidencial de Olivos, el sábado 19 a partir de las 14. Allí confluirán también organizaciones universitarias y de discapacidad, bajo la consigna de “hacer ruido para que nos escuchen”.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, sostuvo que existe “una presunción de que el Gobierno podría reglamentar las leyes pero no aplicarlas, como ya ocurrió con la de Discapacidad”. En ese caso, anticipó que impulsarán un pedido de juicio político al presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Ya hicimos todo lo que debíamos: agotamos las instancias, recorrimos los caminos institucionales y construimos un movimiento social en defensa del Hospital Garrahan. Hay una mayoría social y parlamentaria que nos respalda. Si el Gobierno decide no cumplir la ley, será responsable de un delito institucional”, advirtió Lezana.

La nueva movilización de trabajadores del Garrahan, docentes universitarios y organizaciones de discapacidad reaviva la tensión entre el Ejecutivo y amplios sectores del sistema público de salud y educación. Más allá de su impacto en la recta final hacia las elecciones, el reclamo expone un problema estructural: la resistencia del Gobierno nacional a aplicar leyes sancionadas por consenso parlamentario.

El 21 de octubre, en Plaza de Mayo, confluirán tres ejes —salud, educación y derechos sociales— que vuelven a interpelar al oficialismo con una consigna sencilla pero contundente: cumplir las leyes vigentes.

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La UOM cerró la paritaria siderúrgica con una suba del 12% y un bono de $1,6 millones

La Unión Obrera Metalúrgica y las empresas siderúrgicas alcanzaron un acuerdo para la Rama 21 luego de dos años sin paritaria. El entendimiento establece dos aumentos del 6% no remunerativos y una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios. Los contratistas recibirán $1.280.000.

Después de dos años sin un acuerdo salarial, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas siderúrgicas alcanzaron finalmente un acuerdo para los trabajadores comprendidos en la Rama 21. El convenio establece una recomposición del 12% hasta diciembre y un bono extraordinario de hasta $1.600.000.

El incremento se aplicará en dos etapas. El primer 6% no remunerativo tendrá vigencia durante agosto, septiembre y octubre, mientras que desde noviembre se incorporará otro 6% no acumulativo, que regirá durante noviembre y diciembre.

Los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027, según lo acordado entre la organización sindical y las empresas nucleadas en la Cámara Argentina del Acero, entre ellas Acindar y Ternium Siderar.

La negociación también contempló una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios de las compañías siderúrgicas. En el caso del personal contratado por empresas contratistas, el monto será equivalente al 80%, es decir, $1.280.000.

El pago de la suma extra todavía no tiene fecha definida. Su implementación quedará supeditada a la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El pacto fue alcanzado después de varias audiencias y de una negociación que llegó a tener diferencias importantes entre las partes. En la instancia previa, la UOM había reclamado un incremento del 8% para agosto-octubre y otro 8% para noviembre-diciembre. Finalmente, el acuerdo quedó establecido en dos tramos del 6%.

Las negociaciones fueron encabezadas por la comisión paritaria designada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y permitieron cerrar la discusión correspondiente a la Rama 21 hasta diciembre.

La Rama 17 vuelve a negociar

Mientras los siderúrgicos lograron cerrar su paritaria, la discusión salarial de la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica y otras especialidades comprendidas en el convenio, continúa abierta.

La UOM y las cámaras empresarias volverán a reunirse este jueves 13 de agosto a las 14:30, en una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo tras la falta de consenso registrada en el encuentro anterior.

El cierre de la Rama 21 representa así un avance para la conducción de la UOM, aunque deja abierta otra negociación de peso dentro de la industria metalúrgica. La evolución de ambas paritarias será determinante para los ingresos de miles de trabajadores durante los próximos meses.

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El PAMI, al borde de una crisis institucional por deudas y falta de atención

La crisis del PAMI sumó un nuevo capítulo con la presentación de las renuncias de su director ejecutivo, Esteban Leguízamo, y del subdirector, Carlos Zamparolo. Las dimisiones todavía no fueron aceptadas por las autoridades nacionales y se producen en medio de una creciente disputa interna por el funcionamiento y el financiamiento de la obra social de jubilados y pensionados.

De acuerdo con distintas fuentes periodísticas, ambos funcionarios fundamentaron su decisión en la delicada situación que atraviesa el organismo. La conducción enfrenta además un fuerte enfrentamiento interno que involucra a funcionarios de la actual administración y a dirigentes con una extensa trayectoria dentro del PAMI.

El deterioro financiero constituye uno de los principales focos de preocupación. Fuentes vinculadas al organismo ubican la deuda con prestadores por encima de los $500.000 millones, con obligaciones pendientes que alcanzan a médicos, clínicas, sanatorios, farmacias y otros proveedores de servicios sanitarios.

Las dificultades ya tienen impacto directo sobre los afiliados. Se registran inconvenientes para obtener turnos, demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad y dificultades para garantizar prestaciones destinadas a pacientes con enfermedades crónicas y atención de urgencia en distintas regiones del país.

A esto se suma el cierre de centros de atención en localidades del oeste del conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la provincia, además de modificaciones en la prestación de servicios en distintas jurisdicciones.

La magnitud del conflicto encendió también una contienda por la administración de los recursos del Instituto. Existen acusaciones cruzadas vinculadas con el supuesto retraso o falta de transferencia de partidas necesarias para sostener el funcionamiento cotidiano del organismo, que maneja uno de los presupuestos públicos más importantes del país, sólo superado por la ANSES.

Hasta el momento, el ministro de Salud, Mario Lugones, no formuló públicamente una explicación sobre las renuncias ni sobre el cuadro financiero denunciado. Mientras se intenta contener la crisis y evitar que las dificultades de financiamiento deriven en una interrupción generalizada de las prestaciones, también avanzan conversaciones con autoridades provinciales.

La eventual salida de Leguízamo y Zamparolo profundizaría la incertidumbre sobre la conducción de una institución que tiene a su cargo la cobertura sanitaria de millones de jubilados y pensionados. La resolución de las renuncias y el mecanismo que adopte el Gobierno para garantizar los recursos serán determinantes para evitar que la puja interna termine trasladándose con mayor intensidad a la atención de los afiliados.

El conflicto combina así un problema de conducción con reclamos financieros de gran magnitud y consecuencias concretas sobre las prestaciones. Para el Gobierno nacional, el desafío inmediato será asegurar la continuidad de la atención y ordenar las cuentas del organismo sin profundizar el deterioro de una obra social cuya dimensión convierte cualquier interrupción de servicios en un problema de alcance nacional.

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La Circunvalación inicia una renovación integral que apunta a 25 años de vida útil

La Dirección Provincial de Vialidad inició la repavimentación integral de la Avenida de Circunvalación con una inversión de $15.700 millones. Los trabajos comenzaron entre Tucumán y Mendoza, demandarán 180 días y contemplan una nueva calzada diseñada para alcanzar una vida útil de al menos 25 años.

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó las tareas en el tramo comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza, dentro del anillo externo, con una inversión de $15.700 millones y un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos.

Los trabajos se desarrollarán durante jornadas diurnas y nocturnas para reducir los tiempos de intervención sobre una de las vías con mayor circulación de San Juan. El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, explicó que las restricciones al tránsito constituyen una afectación temporal necesaria para ejecutar una obra de gran magnitud.

La primera etapa demandaría alrededor de 20 días. Una vez concluida, los equipos avanzarán progresivamente hacia otros tramos de la avenida. Lucero advirtió que cada uno presenta características técnicas particulares, por lo que los tiempos podrán variar según las condiciones encontradas.

Una nueva estructura para la calzada

La obra no se limitará a colocar una nueva capa de pavimento. La intervención contempla ampliar la calzada de 7,5 a 10,5 metros, incorporando las actuales banquinas al espacio destinado a la circulación.

El procedimiento incluye el saneamiento de las losas existentes, la colocación de una capa de arena asfalto de 2,5 centímetros, una geogrilla y finalmente entre cuatro y cinco centímetros de concreto asfáltico. Una vez terminada la obra, la superficie de rodamiento quedará completamente cubierta por la nueva carpeta.

Según explicó Lucero, la estructura fue proyectada con una vida útil estimada de al menos 25 años, una previsión que busca garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones para absorber el tránsito vehicular que soporta diariamente la avenida.

Puentes, señalización y seguridad

La intervención también incluye mejoras destinadas a reforzar la seguridad vial. Se reemplazarán postes de las barandas y se renovará la señalización vertical mediante elementos reflectivos. Sobre la calzada se aplicará material termoplástico vibratorio para generar alertas físicas ante determinadas maniobras o desplazamientos.

En los puentes ubicados sobre Mendoza y Tucumán se ejecutarán trabajos de mayor complejidad. Allí será demolido el pavimento existente para garantizar la altura reglamentaria requerida por el tránsito pesado y se reemplazarán las juntas de las estructuras.
Las modificaciones permitirán adecuar la infraestructura a las actuales exigencias de circulación y a una mayor demanda de transporte de cargas.

La metodología prevé que los equipos avancen tramo por tramo hasta completar toda la vía. Al finalizar la intervención, las antiguas losas de hormigón quedarán definitivamente cubiertas por la nueva superficie asfáltica.

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