Georgieva blanquea la exigencia del FMI: recortar salarios y pensiones hasta un 50%

En medio de la desesperada búsqueda de financiamiento para evitar una nueva corrida, el ministro Luis Caputo prolonga su estadía en Estados Unidos. Desde Washington, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el ajuste argentino y sugirió que la ayuda del organismo dependerá de que la sociedad acepte vivir con menos. Con tono paternalista, reivindicó a los gobiernos que recortaron salarios y jubilaciones “hasta un 50%” y fueron reelegidos por ello.

La escena resulta tan elocuente como inquietante. Mientras Luis Caputo multiplica reuniones en Washington intentando asegurar un flujo de dólares que contenga la tensión cambiaria antes de las elecciones, el Fondo Monetario Internacional envía su mensaje más descarnado: el apoyo financiero no solo dependerá de los números fiscales, sino del grado de sumisión social que logre el plan de ajuste.

La directora del organismo, Kristalina Georgieva, participó en el Milken Institute y, en medio de elogios al presidente Javier Milei, dejó una definición que resonó en Argentina:

“Hemos visto líderes valientes que recortaron pensiones y salarios en un 40 o 50% y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara.”

La frase, que podría haber pasado inadvertida en otro contexto, adquiere una contundencia particular en un país donde la mitad de la población trabaja en la informalidad, los salarios se ubican en su nivel más bajo en dos décadas y las jubilaciones no cubren la canasta básica.

Detrás de la retórica de la “disciplina fiscal” se esconde la vieja receta de siempre: ajuste sobre los trabajadores y jubilados, desregulación para los grandes grupos económicos y transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Lo novedoso, quizás, es el sinceramiento. Georgieva ya no habla de “reformas estructurales” ni de “sostenibilidad fiscal”, sino directamente de que los ciudadanos deben “acompañar” la pérdida de sus derechos.

Mientras tanto, Caputo negocia contrarreloj con el Tesoro de Estados Unidos un esquema de swap de monedas por 20 mil millones de dólares, respaldado en los Derechos Especiales de Giro (DEG) que ese país acumula como principal socio del FMI. En la práctica, sería un salvataje condicionado, que implicaría más dependencia política y menor soberanía económica.

Desde junio de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo un préstamo récord de 55 mil millones de dólares, la economía argentina quedó atada a las decisiones del organismo, que nunca ha disimulado su interés por moldear la política interna del país. La administración Milei, bajo la bandera del “orden fiscal”, lleva esa lógica al extremo, aplicando un ajuste inédito en democracia: caída del gasto público, reducción del empleo estatal, licuación de salarios y desfinanciamiento de áreas sociales.

En este contexto, la advertencia de Georgieva tiene una lectura más profunda: el FMI no solo exige recortes, sino resignación. Reclama que la población legitime en las urnas el sacrificio, aun cuando ese sacrificio se traduzca en pobreza estructural.

Lo que en Washington se interpreta como “valentía” gubernamental, en Argentina se traduce en hambre, deterioro del sistema previsional y destrucción del tejido productivo. El Fondo aplaude la ortodoxia mientras la economía real se asfixia. Y lo hace desde la comodidad de sus estadísticas, midiendo la “confianza” no en bienestar sino en obediencia.

El Fondo vuelve a plantear la misma ecuación que hace décadas: estabilidad a cambio de desigualdad, crédito a cambio de sumisión. El verdadero desafío para la Argentina no será conseguir dólares, sino recuperar autonomía política y dignidad social en un escenario donde el ajuste se naturaliza y la pobreza se convierte en requisito de gobernabilidad.