El Gobierno acelera la privatización del sistema de infraestructura vial

El Gobierno nacional confirmó la recepción de siete ofertas en la licitación de la primera etapa de concesiones de rutas nacionales. El proyecto abarca 741 kilómetros y busca transferir la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura vial al sector privado. Mientras tanto, los datos oficiales muestran que en 2024 se cumplió apenas un 24% de las metas de pavimentación previstas.

La administración del presidente Javier Milei avanza en su política de reducción de la participación estatal en la obra pública. Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno recibió siete ofertas en el marco de la primera licitación para la concesión de rutas nacionales, un paso clave dentro del plan de privatizaciones que impulsa el Ejecutivo.

Según detalló Adorni a través de su cuenta en X (ex Twitter), el proceso de concesión comprende 741 kilómetros que atraviesan las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria), abarcando tramos estratégicos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

“Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado”, sostuvo el portavoz presidencial al justificar la medida.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para trasladar a empresas privadas la construcción, mantenimiento y explotación de corredores viales nacionales, bajo un esquema de concesiones con peaje, con el objetivo de reducir el gasto público y evitar la paralización de obras.

El programa representa la primera fase de un proyecto de largo alcance con el que el Ministerio de Infraestructura busca reactivar corredores que habían sido incluidos en el anterior régimen de Participación Público-Privada (PPP), implementado durante la gestión de Mauricio Macri y luego rescindido en los años posteriores por incumplimientos y falta de financiamiento.

No obstante, el nuevo modelo aparece acompañado de una marcada caída en la inversión estatal directa. Los datos de la Cuenta de Inversión 2024, difundidos recientemente, revelan que el Gobierno solo logró pavimentar 49,45 kilómetros de rutas nacionales durante ese año, sobre un objetivo de 205,15 kilómetros, lo que implica un nivel de cumplimiento del 24%.

El documento oficial precisa que el programa de “Pavimentación de Rutas Nacionales” tenía como meta ejecutar obras de reconstrucción de paquetes estructurales y repavimentaciones con estándares superiores a los de conservación mejorativa. Sin embargo, la mayoría de las obras se encuentran paralizadas o neutralizadas, y una de las planificadas ni siquiera llegó a iniciarse.

En 2024, el plan vial solo finalizó dos obras y registró un desvío negativo de 155,7 kilómetros, lo que refleja la crítica situación de la infraestructura nacional y la falta de continuidad en los proyectos ejecutivos del Estado.

El Gobierno defiende el esquema concesionado como una herramienta para “eficientizar recursos” y atraer capital privado al mantenimiento de las rutas. Pero distintos especialistas del sector advierten que el modelo podría encarecer los costos de transporte y dejar fuera de la red vial a regiones menos rentables, donde la presencia estatal sigue siendo indispensable.

En paralelo, los sindicatos de Vialidad y los organismos técnicos cuestionan la medida, alertando que la reducción del personal estatal y la transferencia de funciones esenciales al sector privado podrían comprometer la seguridad y la calidad del servicio vial, especialmente en corredores de alto tránsito.

El anuncio de las siete ofertas marca un nuevo hito en la transformación estructural del sistema vial argentino. Sin embargo, las cifras de pavimentación y el bajo cumplimiento de las metas oficiales exponen las tensiones entre la búsqueda de eficiencia y la pérdida de capacidad estatal.

Mientras el Gobierno apuesta a la iniciativa privada para reactivar la infraestructura, los datos revelan un panorama preocupante: menos obra pública, menor inversión directa y una red de rutas que se deteriora a paso acelerado.

En este contexto, la licitación de rutas aparece como un ensayo clave del modelo de privatización que Milei busca extender a otros sectores estratégicos. El desafío será determinar si la apuesta logra revertir años de abandono o si, por el contrario, termina profundizando la dependencia del país respecto del capital privado.