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El Gobierno nacional confirmó la recepción de siete ofertas en la licitación de la primera etapa de concesiones de rutas nacionales. El proyecto abarca 741 kilómetros y busca transferir la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura vial al sector privado. Mientras tanto, los datos oficiales muestran que en 2024 se cumplió apenas un 24% de las metas de pavimentación previstas.

La administración del presidente Javier Milei avanza en su política de reducción de la participación estatal en la obra pública. Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno recibió siete ofertas en el marco de la primera licitación para la concesión de rutas nacionales, un paso clave dentro del plan de privatizaciones que impulsa el Ejecutivo.

Según detalló Adorni a través de su cuenta en X (ex Twitter), el proceso de concesión comprende 741 kilómetros que atraviesan las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria), abarcando tramos estratégicos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

“Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado”, sostuvo el portavoz presidencial al justificar la medida.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para trasladar a empresas privadas la construcción, mantenimiento y explotación de corredores viales nacionales, bajo un esquema de concesiones con peaje, con el objetivo de reducir el gasto público y evitar la paralización de obras.

El programa representa la primera fase de un proyecto de largo alcance con el que el Ministerio de Infraestructura busca reactivar corredores que habían sido incluidos en el anterior régimen de Participación Público-Privada (PPP), implementado durante la gestión de Mauricio Macri y luego rescindido en los años posteriores por incumplimientos y falta de financiamiento.

No obstante, el nuevo modelo aparece acompañado de una marcada caída en la inversión estatal directa. Los datos de la Cuenta de Inversión 2024, difundidos recientemente, revelan que el Gobierno solo logró pavimentar 49,45 kilómetros de rutas nacionales durante ese año, sobre un objetivo de 205,15 kilómetros, lo que implica un nivel de cumplimiento del 24%.

El documento oficial precisa que el programa de “Pavimentación de Rutas Nacionales” tenía como meta ejecutar obras de reconstrucción de paquetes estructurales y repavimentaciones con estándares superiores a los de conservación mejorativa. Sin embargo, la mayoría de las obras se encuentran paralizadas o neutralizadas, y una de las planificadas ni siquiera llegó a iniciarse.

En 2024, el plan vial solo finalizó dos obras y registró un desvío negativo de 155,7 kilómetros, lo que refleja la crítica situación de la infraestructura nacional y la falta de continuidad en los proyectos ejecutivos del Estado.

El Gobierno defiende el esquema concesionado como una herramienta para “eficientizar recursos” y atraer capital privado al mantenimiento de las rutas. Pero distintos especialistas del sector advierten que el modelo podría encarecer los costos de transporte y dejar fuera de la red vial a regiones menos rentables, donde la presencia estatal sigue siendo indispensable.

En paralelo, los sindicatos de Vialidad y los organismos técnicos cuestionan la medida, alertando que la reducción del personal estatal y la transferencia de funciones esenciales al sector privado podrían comprometer la seguridad y la calidad del servicio vial, especialmente en corredores de alto tránsito.

El anuncio de las siete ofertas marca un nuevo hito en la transformación estructural del sistema vial argentino. Sin embargo, las cifras de pavimentación y el bajo cumplimiento de las metas oficiales exponen las tensiones entre la búsqueda de eficiencia y la pérdida de capacidad estatal.

Mientras el Gobierno apuesta a la iniciativa privada para reactivar la infraestructura, los datos revelan un panorama preocupante: menos obra pública, menor inversión directa y una red de rutas que se deteriora a paso acelerado.

En este contexto, la licitación de rutas aparece como un ensayo clave del modelo de privatización que Milei busca extender a otros sectores estratégicos. El desafío será determinar si la apuesta logra revertir años de abandono o si, por el contrario, termina profundizando la dependencia del país respecto del capital privado.

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Entre el acuerdo salarial y la reforma laboral: la mirada de Martín Solazzo (UOM San Juan)

El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, analizó el acuerdo salarial alcanzado tras 90 días de negociaciones. Destacó los avances para los trabajadores, señaló el deterioro del empleo industrial y cuestionó el rumbo económico y laboral del Gobierno. También advirtió por el impacto de las homologaciones demoradas y la falta de diálogo oficial.

La Unión Obrera Metalúrgica concluyó un extenso proceso de negociaciones paritarias para el período septiembre 2025–marzo 2026, en un contexto nacional marcado por cierres de plantas, caída del empleo y tensiones políticas por la inminente reforma laboral. Martín Solazo, hizo un balance del acuerdo y trazó un diagnóstico severo sobre la situación industrial del país.

“Fueron tres meses de negociaciones, pero finalmente logramos un entendimiento razonable para el trabajador dentro del contexto actual”, señaló el dirigente. El esquema contempla un 3,14% para septiembre —correspondiente a la paritaria previa y que nunca llegó a aplicarse—, un 4,2% en noviembre y otro 4,2% en enero. El resto de los meses se complementan con bonos de suma fija: $35.000 en octubre y diciembre, $15.000 en noviembre y enero, $25.000 en febrero y nuevamente $35.000 en marzo.

Según explicó Solazzo a Mundo Laboral SJ, la combinación entre porcentuales y montos fijos permitió superar el nivel de aumento que buscaba limitar el Gobierno. “La sumatoria da un 12% y, siendo acumulativo, llega a un 14%. El Gobierno pretendía que no se pasara del 7 a 7,6% en estos siete meses. Si nos guiábamos solo por porcentuales, perdíamos; los bonos fueron claves para sostener el salario.”

Además, la UOM logró dejar asentado que la base de cálculo para abril de 2026 se incrementará automáticamente en un 5%, punto que había sido acordado meses atrás pero que las cámaras empresarias no habían aplicado por problemas de redacción. Esta corrección queda ahora formalmente incorporada como piso para la paritaria 2026–2027.

Homologación y revisiones: el otro frente abierto

El referente gremial advirtió, no obstante, sobre un problema que se volvió frecuente en el último año: las demoras en la homologación de acuerdos por parte de la Secretaría de Trabajo. “Venimos padeciendo esperas de 60 u 80 días. Esperamos que esta vez no pase lo mismo”, expresó.

También confirmó dos instancias de revisión: una en enero —para medir el impacto inflacionario del fin de año— y otra en marzo. Según explicó, diciembre suele ser un mes de fuerte presión de precios y es clave analizar si el poder adquisitivo queda rezagado.

Un sector golpeado: cierres, retiros y un modelo sin industria

Más allá del acuerdo salarial, Solazzo describió un panorama industrial crítico. Señaló cierres recientes que golpearon al sector metalúrgico y a la actividad manufacturera en general.

“Empresas históricas como SKF o Whirlpool se están yendo después de décadas. Son señales claras del daño que hace un modelo económico sin horizonte industrial”, afirmó. Para el dirigente, la caída del consumo —a su vez consecuencia de la pérdida salarial— profundiza el deterioro del mercado interno y acelera el cierre de plantas. “Si hay un mal salario, no hay consumo, y sin consumo la industria se cae. Es directamente proporcional.”

El líder metalúrgico remarcó que la UOM busca acuerdos que puedan asumir tanto grandes firmas como pymes, pero reconoció que la situación económica vuelve cada negociación más compleja. “Seguimos estando varios puntos abajo. En algún momento hay que recuperar lo perdido”, sostuvo.

Reforma laboral y tensión con el Gobierno

En la recta final de la entrevista, Solazzo fue particularmente crítico con el manejo político del Gobierno, tanto en materia laboral como institucional. En referencia al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, afirmó: “La CGT tiene razón en su postura. Esta es una reforma regresiva que no vamos a acompañar bajo ningún punto de vista.”

También cuestionó la falta de diálogo y la tendencia del Gobierno a imponer definiciones sin consenso: “No es de sorprender. El Gobierno trabaja así: no debate, no escucha y termina resolviendo por DNU. Lo vimos incluso con el salario mínimo.”

Para el titular de la UOM San juan, la respuesta sindical será firme: “Resistiremos, saldremos a la calle y haremos lo que tengamos que hacer para que no nos atropellen al sector trabajador.”

El acuerdo paritario metalúrgico representa un alivio moderado en un escenario económico adverso, donde la pérdida salarial, el freno industrial y las tensiones políticas se superponen. Martín Solazzo celebra un entendimiento que, dentro de las limitaciones, refuerza ingresos y establece garantías futuras, pero no oculta la preocupación por el presente del sector y por un Gobierno que, según advierte, desconoce el rol estratégico de la industria y del trabajo organizado.
El cierre de plantas, la caída del empleo y la inminente discusión por la reforma laboral prefiguran un 2026 cargado de desafíos, en el que la pulseada entre sindicatos y Gobierno volverá a ser central para el rumbo social y productivo del país.

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La UOCRA alerta por 1.800 puestos en riesgo por la paralización del oleoducto Vaca Muerta Sur

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) encendió las alarmas por la situación de 1.800 trabajadores afectados por la paralización del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), obra que abarca una traza de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, y que incluye la construcción de un nuevo puerto para la salida de petróleo no convencional.

Según una comunicación oficial del gremio, desde el 4 de diciembre los trabajadores se encuentran sin actividad como consecuencia de un conflicto que involucra a la Provincia de Río Negro, la empresa contratista SACDE–Techint y la comitente YPF. El gremio sostiene que la situación “mantiene a los trabajadores de rehenes en los obradores”, teniendo en cuenta las grandes distancias entre los campamentos y sus hogares, y que además se ven comprometidos sus salarios y su continuidad laboral.

Inspecciones, infracciones y el origen del freno

El conflicto se desató luego de que la autoridad laboral provincial realizara una serie de inspecciones en los obradores. Tras ese proceso, se dispuso la paralización total de las obras por dos motivos principales:

Infracciones en materia de seguridad e higiene laboral.

Incumplimiento de la ley provincial que exige un 80% de mano de obra local y 20% foránea.

La decisión dejó sin actividad a la totalidad del personal, generando un impacto inmediato en los trabajadores desplazados desde distintos puntos del país.

Exigencias del gremio: traslados, pagos garantizados y reanudación inmediata

Frente a este panorama, la UOCRA presentó una nota ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro exigiendo medidas urgentes en defensa de los obreros.

Entre los reclamos principales se destacan:

Regreso inmediato a sus hogares de todos los trabajadores no indispensables para tareas de conservación o mantenimiento.

Obligación de las empresas de garantizar los traslados y cubrir los costos derivados.

Pago íntegro de jornales caídos, dado que la interrupción de la obra es ajena a la voluntad de los empleados.

Cese inmediato de la orden de paralización, para evitar que los trabajadores continúen siendo perjudicados por un conflicto interempresarial.

El gremio remarcó que las medidas buscan “resguardar los derechos básicos de los trabajadores”, quienes quedaron atrapados en una disputa ajena, sin certezas sobre su situación laboral.

Un cierre de año con incertidumbre en uno de los sectores más dinámicos

La paralización del VMOS no solo compromete los puestos de trabajo actuales, sino que también amenaza el ritmo de una obra considerada estratégica para la expansión productiva de Vaca Muerta. En un año complejo para la construcción, el freno aparece como un golpe adicional en un sector que viene alternando períodos de recuperación con bruscas caídas por falta de financiamiento y conflictos regulatorios.

La UOCRA insistió en que la prioridad debe ser proteger el empleo y normalizar la situación cuanto antes para evitar que 1.800 familias queden en un limbo laboral en pleno cierre del año.

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Comercio acordó un bono de fin de año de $170.000 para empleados de supermercados

la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció la firma de un bono extraordinario de $170.000 que se pagará a trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en las principales cadenas de supermercados del país. El refuerzo se agrega a la suma fija vigente y anticipa una compleja temporada de negociaciones en un contexto económico desafiante.

El entendimiento fue oficializado por el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, junto al secretario de Asuntos Laborales, Daniel Lovera, y el secretario de Prensa, Ángel Martínez, tras una negociación sostenida con firmas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%.

Esta gratificación de fin de año marca además el inicio de la ronda de acuerdos extraordinarios que distintos gremios buscan concretar antes del cierre del 2025, un proceso que se prevé complejo debido a las tensiones que atraviesan múltiples ramas productivas e industriales.

Cómo quedan los salarios entre diciembre y enero

El bono de $170.000 se pagará por única vez y se suma al salario mensual. También se adiciona a la suma fija no remunerativa de $40.000, vigente hasta diciembre por acuerdo paritario.

A partir de enero de 2026, esa suma fija se incorpora al básico, elevando el piso salarial de todas las categorías.

La estructura salarial mercantil se rige por el Convenio Colectivo 130/75, que contempla:

Básico por categoría

Adicional por antigüedad (1% por año trabajado)

Adicional por presentismo (art. 40)

Los montos informados corresponden a personal de jornada completa, sin adicionales por zona, convenio particular o regímenes especiales.

Escala salarial vigente

Administrativos

Administrativo A

Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268

Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B

Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860

Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C

Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448

Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B

Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044

Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C

Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690

Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B

Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740

Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C

Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985

Enero 2026: $1.143.985

El bono de $170.000 representa un alivio significativo en un rubro que ha sostenido un ritmo laboral intenso durante todo el año, especialmente en las semanas previas a las fiestas. La incorporación de la suma fija a los básicos en enero y el cierre del tramo paritario le otorgan al sector mercantil un horizonte más claro para comenzar el 2026.

Aun así, la Federación anticipa que las negociaciones salariales continuarán siendo un desafío en un contexto macroeconómico volátil, donde la actualización de ingresos seguirá siendo un eje prioritario para miles de trabajadores y trabajadoras.

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