El fuerte crecimiento de las compras “puerta a puerta” desde China, impulsado por la apertura importadora del Gobierno, convive con una industria que opera por debajo de sus niveles históricos y con un consumo interno en caída persistente. El fenómeno expone los límites de un modelo que prioriza la baja de la inflación vía salarios deprimidos y mayor ingreso de productos importados.

Un informe reciente del Intercambio Comercial Argentino (ICA) revela que los envíos bajo la modalidad “puerta a puerta” provenientes de China pasaron de 239 millones de dólares en 2024 a 894 millones en 2025. El salto representa un crecimiento interanual del 274%, explicado principalmente por compras de bajo valor unitario —indumentaria, artículos para el hogar, productos de belleza— realizadas a través de plataformas masivas como Temu y Shein.

Si bien estas importaciones aún representan una porción acotada del total —alrededor del 1,2% de las importaciones generales y cerca del 8% de los bienes de consumo—, su impacto sectorial resulta significativo. Rubros como el textil, el calzado y los artículos de bazar aparecen entre los más golpeados por la competencia externa. En diciembre pasado, la Fundación Proteger advirtió que “China invade el placard de los argentinos” con una avalancha de ropa de bajo costo y calidad discutible. Actualmente, el 70% de las importaciones textiles provienen del gigante asiático.

Este proceso se da en simultaneo un deterioro sostenido de la actividad industrial. De acuerdo con datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria opera un 10% por debajo de los niveles de 2023, en un contexto de “mayor competencia frente a la importación de bienes terminados”. La situación es particularmente crítica en sectores como el metalúrgico, que registra una caída del 15% respecto de sus máximos históricos y un uso de la capacidad instalada de apenas 45,2%, uno de los registros más bajos de las últimas décadas.

En ese marco, las importaciones de productos metalúrgicos continúan creciendo mes a mes, con China como principal proveedor, profundizando la presión sobre la producción local. Desde el oficialismo se sostiene que la apertura importadora permitirá dinamizar el consumo a partir del acceso a productos más baratos. Sin embargo, la realidad del mercado interno muestra un escenario muy distinto.

La estrategia de controlar la inflación mediante un ancla salarial profundizó la pérdida del poder adquisitivo y consolidó una mayor fragmentación social. Mientras un segmento minoritario amplía su consumo de bienes importados, las grandes mayorías enfrentan ingresos cada vez más deteriorados, lo que mantiene deprimido el consumo masivo. Según datos del Indec, en noviembre volvió a caer el consumo en supermercados, con una baja interanual del 2,8% y un retroceso del 3,8% respecto de octubre, el peor registro intermensual de los últimos dos años. En mayoristas, la caída interanual fue del 8,3%, pese a un leve repunte mensual.

En los primeros once meses de 2025, el consumo acumuló un retroceso del 7,7% interanual, incluso en comparación con un 2024 que ya había sido particularmente negativo. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, sintetizó el panorama al señalar que en diciembre el consumo volvió a caer un 5,2% respecto del mismo mes del año anterior. “La falta de poder adquisitivo, la falta de financiamiento y de cuotas razonables y pagables generan esta situación”, afirmó.

El crecimiento explosivo de las compras “puerta a puerta” desde China funciona como un síntoma visible de un modelo económico que avanza sobre la industria local sin lograr reactivar el consumo interno. La apertura importadora, combinada con salarios deprimidos, beneficia a un segmento reducido mientras profundiza el deterioro productivo y la fragilidad del mercado interno. En ese equilibrio inestable, la baja de la inflación aparece como un logro parcial que no alcanza para compensar la caída del empleo, la producción y el poder de compra de la mayoría de la población. El desafío de fondo sigue siendo cómo reconstruir un sendero de crecimiento sin resignar tejido industrial ni profundizar la desigualdad social.

La consolidación del llamado “trabajo del futuro”, acelerada tras la pandemia, convive con una concentración inédita de la riqueza y con reformas laborales que profundizan la precarización. Mientras una élite global acumula capital, extiende su expectativa de vida y se prepara para escenarios extremos, amplias mayorías enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema productivo y social.

El denominado trabajo del futuro dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, acelerada de manera decisiva por la pandemia de COVID-19. El confinamiento masivo impulsó el uso intensivo de la tecnología en los vínculos interpersonales, en los procesos productivos y en las relaciones laborales, modificando de forma estructural la organización del trabajo a escala global.

En la Argentina, como en buena parte del mundo, la discusión sobre la necesidad de actualizar convenios colectivos, revisar normativas laborales y adaptar los sistemas productivos y de servicios no es nueva. Sin embargo, lo que hoy aparece con mayor claridad es que ese debate se desarrolla en un contexto que tiende a usufructuar la coyuntura para ampliar desigualdades, erosionar derechos y consolidar formas de precarización que amenazan con expandir las poblaciones marginales y los mecanismos de explotación.

Lejos de promover un esquema virtuoso de incorporación de tecnología con mayor productividad y mejores condiciones de empleo, muchas de las reformas en discusión parecen apuntar a recrear vínculos laborales propios de otros siglos, más cercanos a la lógica de la servidumbre que a un sistema que fomente la formación profesional, los oficios calificados y la movilidad social ascendente.

La concentración extrema de la riqueza

Simultáneamente, el crecimiento de los llamados “superricos” se vuelve cada vez más visible y difícil de ignorar. La acumulación de capital en manos de una minoría ínfima continúa rompiendo récords históricos, ampliando la brecha entre una élite global y las grandes mayorías, independientemente de los debates morales sobre lo justo o injusto del fenómeno.

Algunos de estos multimillonarios promueven la idea de un ingreso mínimo social como herramienta de contención para quienes quedan fuera del mercado laboral formal. Esta propuesta, presentada como una solución humanitaria, también revela un trasfondo inquietante: la aceptación implícita de que una parte creciente de la población ya no será integrada al sistema productivo, sino apenas sostenida para garantizar su subsistencia.

Esa misma élite —que no supera el 1% de la población mundial, unos 8 millones de personas— aparece además vinculada a planes de construcción de búnkeres subterráneos autosuficientes, pensados como refugios ante eventuales colapsos sociales, ambientales o políticos. Una suerte de “plan B” frente a un escenario en el que la disputa por alimentos, agua potable y recursos básicos podría desatar conflictos de magnitud imprevisible.

Vida extendida para pocos, futuro incierto para mucho

La apuesta por nuevos territorios habitables, con Marte como emblema recurrente —impulsado incluso desde el poder político estadounidense y celebrado por figuras como Elon Musk—, aún no ofrece certezas reales. Mientras tanto, las inversiones más concretas de estos sectores se orientan al campo de la salud y la prolongación de la vida.

Avances médicos y terapias de alta complejidad prometen extender la expectativa de vida hasta los 90 o incluso 100 años, aunque el acceso a estos tratamientos quedaría reservado, una vez más, para un grupo extremadamente reducido. La posibilidad de vivir más y mejor se transforma así en un privilegio de clase, reforzando la segmentación social incluso en el plano biológico.

En este escenario, el desafío para las dirigencias políticas, sindicales y sociales que representan a los sectores de menores recursos —que hoy incluyen también a millones de trabajadores formales empobrecidos— es marcar un punto de inflexión frente a una tendencia que busca naturalizar la desigualdad como destino.

La justicia social y la igualdad de oportunidades parecen ser desplazadas deliberadamente de la agenda pública, mientras se delinean fronteras cada vez más nítidas entre ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta “cuarta” categoría. El riesgo no es solo económico, sino profundamente civilizatorio: la consolidación de un sistema que acepta la existencia de poblaciones de descarte como un daño colateral del progreso tecnológico y financiero.

Un informe elaborado por instituciones académicas y sanitarias argentinas, sumado a alertas difundidas por el British Medical Journal, expone un deterioro acelerado del sistema de salud pública bajo las políticas del Gobierno de Javier Milei. Recortes en programas esenciales, despidos en hospitales, debilitamiento de organismos de control y decisiones internacionales controversiales configuran un escenario que especialistas describen como “de desmantelamiento”.

El debate sobre la salud pública volvió a ocupar el centro de la agenda luego de la presentación del informe “El declive de la salud en la Argentina de Milei”. El documento —150 páginas elaboradas por la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General— fue presentado en la sede del SERPAJ ante referentes del ámbito social y académico, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El estudio analiza el impacto del DNU 70/23 y da cuenta de un proceso que, según sus autores, “erosiona pilares básicos del sistema sanitario nacional”. En su intervención, Pérez Esquivel fue contundente: “Estamos frente al desmantelamiento del sistema público de salud”, una advertencia que sintetiza el clima del encuentro.

Programas desfinanciados, hospitales en crisis y organismos debilitados

Una de las principales conclusiones del informe es que las políticas de ajuste comenzaron a afectar áreas sensibles, muchas de ellas vinculadas a la protección de poblaciones vulnerables. Entre los recortes más preocupantes se destaca el programa de prevención del embarazo adolescente, cuya reducción presupuestaria deja sin herramientas a equipos territoriales y comunidades educativas.

En el plano hospitalario, la situación se agrava día a día. El Garrahan atraviesa lo que sus trabajadores definen como “baja salarial crítica”, que profundiza la fuga de profesionales hacia el sector privado. Otros centros estratégicos, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte o el Posadas, sufren despidos que comprometen la atención y generan demoras que impactan directamente en diagnósticos y tratamientos.

ANMAT, entre la falta de recursos y el riesgo sanitario

El documento dedica un capítulo completo a la ANMAT. Allí se denuncia reducción de personal, caída presupuestaria y debilitamiento de su capacidad de control, precisamente en un contexto en el cual la vigilancia sanitaria se vuelve central.

Los autores advierten que limitar la capacidad del organismo “incrementa la exposición a riesgos severos”, recordando episodios como la intoxicación por fentanilo adulterado y otros casos que demostraron la necesidad de un monitoreo robusto y permanente.

Desmantelamiento institucional: la ANLAP y la gestión de medicamentos esenciales

Otro punto crítico es la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo creado para fortalecer la capacidad productiva del país en medicamentos estratégicos y garantizar acceso a tratamientos de bajo costo.

A esto se suma la eliminación de áreas claves dedicadas a la compra y distribución de vacunas y fármacos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C. Para organizaciones y profesionales, el retroceso en estas áreas no solo compromete la prevención sino también la continuidad de tratamientos vitales.

Durante el debate posterior a la presentación del informe, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, sintetizó el estado de preocupación: “La política sanitaria actual nos está llevando a una situación límite”, y llamó a coordinar acciones para revertir el deterioro.

Alerta internacional: el British Medical Journal señala a la Argentina como un caso preocupante

La crisis ya no es un asunto doméstico. El British Medical Journal, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, dedicó un informe al retroceso sanitario argentino. En él recoge advertencias de FESPROSA y de su titular, subrayando que la Argentina se está convirtiendo en un “ejemplo negativo” en materia de salud pública.

El artículo no solo critica la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud —un movimiento inédito entre países de ingreso medio—, sino también los recortes internos que deterioran programas básicos, reducen capacidad de control y generan un retroceso en indicadores que habían mejorado en las últimas décadas.

El deterioro del sistema de salud pública argentino se vuelve evidente a partir de la convergencia de informes académicos, advertencias de organizaciones profesionales y señales provenientes del ámbito internacional. Lo que para muchos comenzó como un ajuste focalizado hoy aparece como un proceso de erosión profunda que afecta a hospitales, programas comunitarios, agencias regulatorias y estructuras que garantizan derechos esenciales.

En palabras de Boriotti, “lo que está en juego es la salud del pueblo, no una discusión técnica”. Y, para un número creciente de voces autorizadas, ese riesgo ya dejó de ser hipotético: forma parte de una realidad que avanza y que exige respuestas urgentes.