El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión temporal del permiso de exploración El Alto, una iniciativa de US$35 millones que contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad. La decisión respondió a reclamos de comunidades diaguitas y organizaciones locales por la cercanía con antiguos trabajos de Pascua Lama, la posible presencia de formaciones de hielo y las obligaciones ambientales derivadas del cierre del emprendimiento.

La Justicia chilena volvió a poner bajo revisión la actividad minera en el área de Pascua Lama. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender durante 30 días, con posibilidad de prórroga, el permiso ambiental del proyecto de exploración El Alto, impulsado por Barrick a través de su filial Compañía Minera Nevada. La medida impide que la empresa avance con las perforaciones mientras permanezca vigente y reabre la discusión sobre la compatibilidad de nuevas tareas exploratorias con las obligaciones de cierre del histórico emprendimiento.

La resolución se originó en tres presentaciones judiciales promovidas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las organizaciones sostienen que la iniciativa podría representar, en los hechos, una continuidad de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente chilena y posteriormente ratificada por la Justicia.

El proyecto El Alto prevé una inversión de 35 millones de dólares y contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad, distribuidos en 43 plataformas durante dos temporadas estivales. De acuerdo con la información presentada por la compañía, los trabajos permitirían generar alrededor de 75 puestos laborales por temporada. Barrick sostiene que se trata de una campaña de exploración independiente, sin utilización de infraestructura del emprendimiento clausurado.

Sin embargo, el emplazamiento de las perforaciones se convirtió en el principal foco de controversia. Durante el análisis de los antecedentes, los magistrados advirtieron que algunas tareas se desarrollarían en sectores donde anteriormente se habían ejecutado sondajes vinculados con Pascua Lama, circunstancia que fue corroborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Otro elemento considerado fue que parte del área de El Alto se encuentra dentro de la zona correspondiente al antiguo rajo de Pascua Lama, alcanzada por las obligaciones de su plan de cierre. La cuestión tiene un antecedente judicial relevante: en 2022, la Corte Suprema chilena declaró ilegales perforaciones realizadas por la misma compañía entre 2020 y 2021 en ese territorio, al considerar que resultaban incompatibles con las condiciones establecidas para el cierre de la explotación.

A las objeciones sobre el emplazamiento se sumaron los interrogantes ambientales vinculados con la presencia de glaciares y glaciaretes cercanos, entre ellos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de posibles formaciones de permafrost en el subsuelo. La mayoría del tribunal consideró que, frente a esos antecedentes, no podía darse por acreditada sin más la afirmación de que las exploraciones no afectarían formaciones de hielo.

La resolución también se apoyó en el principio precautorio, que habilita la adopción de medidas preventivas cuando existe riesgo de daños ambientales potencialmente irreversibles, aun cuando no se haya alcanzado certeza científica sobre sus consecuencias. Los jueces tuvieron en cuenta, además, que las perforaciones están previstas para dos temporadas de verano. Si los trabajos concluyeran antes de una sentencia definitiva, una eventual decisión favorable a las comunidades podría perder eficacia práctica.

Los cuestionamientos de las comunidades y la respuesta de Barrick

La controversia incluyó también un planteo relacionado con la participación indígena. El tribunal observó que la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos no fue incorporada al procedimiento de evaluación ambiental de El Alto, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental sí la había considerado en la consulta indígena correspondiente al cierre de Pascua Lama, desarrollada sobre el mismo territorio.

En cambio, los magistrados rechazaron el pedido de suspender la consulta indígena vinculada con el plan de cierre del antiguo emprendimiento. Consideraron que se trata de un procedimiento diferente y que su paralización podría afectar los derechos de otras comunidades ajenas al litigio.

La suspensión del permiso no contó con unanimidad. El ministro Cristián López votó en disidencia al entender que determinar si El Alto constituye una prolongación de Pascua Lama es una cuestión de fondo que deberá resolverse durante el desarrollo del proceso judicial. También sostuvo que la iniciativa cuenta con evaluación ambiental y permanece bajo fiscalización de la autoridad competente.

Barrick, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y cuestionó los fundamentos de la resolución. La compañía recordó que El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que, desde entonces, el permiso atravesó distintas instancias de revisión administrativa y judicial.

La minera reconoció que las exploraciones se realizarían dentro del yacimiento y de las concesiones vinculadas con Pascua Lama, pero insistió en que se trata exclusivamente de una campaña de sondajes y no de una reactivación del proyecto clausurado. También aseguró que no utilizará instalaciones ni infraestructura del emprendimiento anterior, que contará con campamento y fuentes de agua propios y que sus operaciones no interferirán con el proceso de cierre.

En su defensa técnica, la empresa sostuvo que las vibraciones generadas por las perforaciones alcanzarían aproximadamente 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas se encontrarían a más de 300 metros. A partir de esos argumentos, afirmó que existen elementos técnicos y jurídicos para solicitar la reconsideración de la medida y aseguró que continuará cumpliendo las obligaciones ambientales correspondientes a Pascua Lama.

El expediente también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la tramitación judicial. Una publicación anticipada de información sobre una resolución del Primer Tribunal Ambiental, antes de que las partes fueran notificadas formalmente, derivó en el apartamiento de sus integrantes. Posteriormente, ya con el caso en el Segundo Tribunal Ambiental, se formularon pedidos de inhabilitación contra algunos magistrados, aunque uno de esos planteos fue rechazado. La sala que dispuso la suspensión estuvo integrada por Cristián López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos; la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, no participó de la decisión.

Por el momento, la restricción tiene una vigencia inicial de 30 días y podrá ser renovada. El conflicto judicial vuelve a colocar bajo observación la actividad exploratoria en un territorio señalado por los antecedentes ambientales de Pascua Lama y plantea una discusión de fondo sobre los límites de los nuevos proyectos cuando se desarrollan en áreas alcanzadas por obligaciones de cierre.

La disposición no define todavía la continuidad de El Alto, pero condiciona su avance a una revisión más profunda de los riesgos ambientales y de su compatibilidad con los compromisos asumidos por la compañía.

Luiz Inácio Lula da Silva logró una nueva victoria electoral en Brasil y gobernará por cuarta vez, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo. Con el escrutinio oficial concluido, el presidente obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival, una diferencia de más de 4,4 millones de sufragios que revirtió el resultado de la primera vuelta.

El triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, prolonga la conducción de la principal economía latinoamericana bajo una orientación de centroizquierda y representa un nuevo revés para el movimiento conservador identificado con la familia Bolsonaro. Su próximo mandato comenzará el 5 de enero de 2027.

La definición tuvo un desarrollo cambiante. Flávio Bolsonaro había terminado primero en la votación del 4 de octubre, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La ventaja inicial, de alrededor de 2,2 millones de sufragios, obligó al oficialismo a recuperar apoyos en la segunda vuelta. Finalmente, el presidente consiguió revertir aquella diferencia y amplió su ventaja hasta superar los cuatro millones de votos.

La jornada electoral también estuvo marcada por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal, que extendió hasta las 19 el horario de votación en las secciones afectadas por dificultades de transporte y condiciones meteorológicas adversas. La medida demoró la difusión de los resultados y generó cuestionamientos de la oposición, que luego reclamó la anulación del proceso. Las autoridades electorales, sin embargo, ratificaron la validez del resultado.

Dos proyectos enfrentados

Lula centró su campaña en la continuidad de los programas sociales, la recuperación del poder adquisitivo, la inversión pública y la defensa de las instituciones democráticas. Su trayectoria política, marcada por sus orígenes sindicales y sus primeros dos gobiernos entre 2003 y 2010, volvió a ocupar un lugar central en una elección atravesada por las diferencias de ingresos, las preocupaciones económicas y la seguridad pública.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, se presentó como heredero político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y promovió una agenda de mayor rigor contra el delito, reducción del gasto estatal y acercamiento a Estados Unidos. Su derrota mantiene al bolsonarismo como una fuerza de peso, aunque abre interrogantes sobre quién conducirá a la oposición y cómo se reorganizará después de una segunda derrota presidencial consecutiva frente a Lula.

La victoria no elimina los desafíos para el oficialismo. El presidente deberá administrar las cuentas públicas, sostener el crecimiento y responder a las demandas sociales en un Congreso con una importante presencia conservadora, donde la negociación legislativa será decisiva para avanzar con sus iniciativas.

Repercusiones regionales

El resultado también tiene alcance internacional. Brasil es un actor central del Mercosur, una potencia agrícola y energética y uno de los principales interlocutores de América Latina en los foros multilaterales. La continuidad de Lula anticipa la persistencia de una política exterior que busca preservar la autonomía brasileña y mantener vínculos comerciales con China, Estados Unidos y Europa.

A escala regional, este resultado constata que la polarización entre el progresismo y la derecha conservadora continuará articulando la agenda política y económica. El estrecho margen con el que Lula retuvo el poder demuestra que Brasil sigue polarizado. Su capacidad para gobernar dependerá tanto de sus resultados económicos como de los puentes que logre tender con otros sectores.

Más de 158,7 millones de electores están habilitados para votar este domingo 25 de octubre. Tras la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, Lula busca retener la Presidencia con el respaldo de sus bases populares y sindicales, en una disputa con consecuencias para la política económica, los derechos laborales y las relaciones internacionales.

Brasil afronta este domingo una de las elecciones más trascendentes de su historia reciente. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, de 45, se enfrentan en una segunda vuelta que definirá no solo quién gobernará la mayor economía de América Latina, sino también qué orientación adoptará el país en materia social, laboral y diplomática.

La primera ronda dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en ventaja, con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el actual presidente, del Partido de los Trabajadores (PT). La diferencia obliga a Lula a ampliar su base electoral, mientras Bolsonaro procura convertir el respaldo conservador en una mayoría definitiva. La Justicia Electoral contabiliza más de 158,7 millones de personas habilitadas para participar.

La disputa se desarrolla en un país atravesado por preocupaciones sobre el costo de vida, la inseguridad y el alcance de las políticas sociales. El resultado también tendrá repercusiones regionales: Brasil es una potencia agrícola, industrial y energética, con un peso determinante en el Mercosur y en las relaciones comerciales de América del Sur.

Dos proyectos para la economía y el trabajo

Para el movimiento obrero, la elección tiene una dimensión inmediata. Lula construyó su trayectoria política desde el sindicalismo metalúrgico del cordón industrial del ABC paulista, donde encabezó huelgas obreras a fines de la década de 1970, durante la dictadura militar. Su historia personal continúa siendo uno de los principales activos simbólicos del PT entre trabajadores y organizaciones populares.

Durante sus primeros mandatos, entre 2003 y 2010, su gobierno impulsó programas sociales como Bolsa Família y políticas orientadas a reducir la pobreza. Ahora busca defender ese legado y sostener el papel del Estado en la protección de los ingresos y la inclusión social, aunque enfrenta cuestionamientos por el costo de vida, la aprobación de su gestión y las controversias políticas que marcaron su trayectoria.

Flávio Bolsonaro, por su parte, propone una agenda conservadora centrada en el endurecimiento de las políticas de seguridad, la reducción de la edad de responsabilidad penal y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. Su candidatura también está atravesada por la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Flávio prometió impulsar medidas para beneficiarlo, incluida una amnistía.

La discusión laboral constituye otro punto de contraste. Los sindicatos observan con preocupación la posibilidad de que un gobierno alineado con el bolsonarismo profundice las reformas flexibilizadoras, en un país que ya atravesó una amplia modificación de su legislación laboral en 2017, durante la presidencia de Michel Temer. Para las organizaciones gremiales, el desenlace determinará buena parte de su capacidad de negociación en los próximos años.

Una elección con impacto internacional

La política exterior también divide a los candidatos. Lula reivindica el multilateralismo, la autonomía diplomática y los vínculos comerciales con China, principal socio comercial de Brasil. Su gobierno mantiene, al mismo tiempo, diferencias con la administración estadounidense de Donald Trump, especialmente por los aranceles aplicados a productos brasileños.

Flávio Bolsonaro plantea una relación más estrecha con Washington y comparte afinidades políticas con el presidente estadounidense. Un eventual triunfo reforzaría la influencia conservadora en América Latina y podría modificar las prioridades brasileñas en los organismos internacionales y en la integración regional.

Independientemente del resultado electoral, la nueva gestión asumirá el reto de gobernar un país polarizado y gestionar crisis socioeconómicas latentes. Este desenlace no solo definirá el futuro de Brasil, sino que también reconfigurará el mapa geopolítico de la región.