Un error severo en la red de distribución de contenidos de Cloudflare provocó este martes un apagón digital sin precedentes, dejando fuera de servicio a redes sociales, plataformas de streaming, portales informativos y herramientas de monitoreo en distintos países. La compañía trabaja para determinar el origen del incidente, mientras los servicios comenzaron a restablecerse de manera lenta y parcial.

Un fallo técnico en Cloudflare, la empresa que opera una de las redes de distribución de contenidos (CDN) más grandes y críticas del planeta, dejó a millones de usuarios sin acceso a redes sociales, medios de comunicación y servicios digitales esenciales durante la mañana de este martes. La compañía, que canaliza una porción sustancial del tráfico mundial, reconoció el incidente y activó un protocolo de emergencia para intentar normalizar la situación.

La interrupción se manifestó a través de errores como “500 Internal Server Error” y “502 Bad Gateway”, mensajes que indicaban que los servidores no podían procesar solicitudes básicas. Entre las plataformas afectadas estuvo X (antes Twitter), cuya caída tuvo impacto global por su centralidad informativa. Numerosos medios de comunicación —tanto internacionales como locales— también quedaron completamente inaccesibles.

La particularidad del episodio fue su efecto en cadena: al depender tantos servicios de la misma infraestructura, el fallo de un proveedor clave como Cloudflare implicó la paralización súbita de segmentos enteros de Internet. Incluso DownDetector —la plataforma que monitorea caídas de sistemas— dejó de funcionar debido a que utiliza los recursos de la propia Cloudflare.

Cronología del incidente

Según los registros públicos de la empresa, la primera alerta se emitió a las 8:17 (hora argentina), cuando Cloudflare reportó anomalías en su red. A las 8:48, un nuevo aviso confirmó que se trataba de un incidente mayor, con impacto global y con múltiples regiones afectadas simultáneamente.

Horas antes, Cloudflare había informado actividades de mantenimiento en nodos estratégicos como Atlanta, Los Ángeles y Tahití, aunque no está claro si esas tareas tuvieron relación directa con el apagón masivo. Hasta ahora, la compañía no aportó precisiones técnicas sobre el origen del fallo, aunque especialistas señalan que una falla en la CDN —ya sea por un error de configuración o un problema de propagación— puede replicarse a velocidades altísimas.

Dependencia, vulnerabilidad y efectos globales

El episodio reavivó un debate recurrente entre especialistas: la dependencia estructural de Internet respecto de un pequeño número de proveedores de infraestructura, entre ellos Cloudflare y Amazon Web Services (AWS). Si bien su contribución resulta esencial para garantizar velocidad, seguridad y estabilidad en la red, su hegemonía también implica que un error aislado puede convertirse en un apagón de escala global.

La naturaleza distribuida de la CDN de Cloudflare, diseñada para acelerar el acceso a millones de sitios en todo el mundo, también amplifica los riesgos: cuando una pieza crítica se desajusta, la caída repercute en cascada.

Restablecimiento lento y diagnóstico en curso

Hacia media mañana, algunos servicios como X y DownDetector comenzaron a reactivarse de manera gradual. No obstante, el restablecimiento fue irregular, con zonas que recuperaron la conectividad antes que otras. Cloudflare informó que sus equipos técnicos continúan trabajando para identificar el origen del problema y garantizar que no vuelva a repetirse.

El apagón deja una de las interrupciones más significativas de los últimos años y vuelve a poner en evidencia la fragilidad de una red global cada vez más concentrada en manos de pocas compañías.

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) revela que el salario mínimo argentino cayó a 225 dólares, el valor más bajo de la región y por debajo del nivel previo al estallido de la convertibilidad. Entre 2023 y 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales en un contexto de ajuste fiscal, contención salarial y aceleración inflacionaria. La caída arrastra también a los salarios formales, que no logran empatar la evolución de precios.

Mientras Costa Rica encabeza la lista con un piso salarial de 729 dólares, seguida por Uruguay (593), Chile (567) y Ecuador (470), la Argentina se hunde en el extremo inferior con un monto que se asemeja más a niveles de emergencia social que a un estándar regional. Incluso Paraguay (411) y Bolivia (395) —dos países con estructuras productivas y mercados laborales más reducidos— exhiben ingresos mínimos considerablemente superiores.

Un deterioro que atraviesa dos años y varias administraciones

La debilidad del SMVM no se explica únicamente por las políticas de ingresos del actual gobierno. En realidad, refleja una trayectoria de erosión persistente acelerada desde 2023 por la combinación de inflación elevada, devaluación abrupta y ausencia de actualizaciones que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo registró en septiembre una caída del 2%, encadenando tres meses consecutivos de retrocesos luego de los descensos de julio (-0,5%) y agosto.

Pero los golpes más severos se concentraron en el inicio del ciclo inflacionario de la actual administración:

Diciembre 2023: desplome del 15% del salario real.

Enero 2024: caída del 17%, la más profunda desde 2002.

A pesar de algunos incrementos nominales posteriores, la inflación los neutralizó de inmediato. Como resultado, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% de su valor real, y solo en 2025 acumula una merma del 5,6%.

Uno de los datos más alarmantes es que el salario mínimo actual es inferior al de 2001, el año previo al colapso de la convertibilidad. Además, se ubica 63% por debajo del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011, un indicador del deterioro acumulado en más de una década.

Un mercado laboral bajo presión: los salarios formales tampoco resisten

El derrumbe del salario mínimo no es un fenómeno aislado: acompaña una dinámica generalizada de atraso salarial en el mercado laboral argentino.

En septiembre, el INDEC informó subas salariales que volvieron a quedar rezagadas frente a la inflación del 2,1%:

Sector privado registrado: +1,4%

Sector público: +1,1%

Promedio general: 2,2%, sostenido exclusivamente por un salto del 5,7% en los trabajadores no registrados, un grupo con alta volatilidad y escasa protección laboral.

La comparación interanual es todavía más preocupante:

Total general: 46%

Privado registrado: 32,9%

Público: 35%

No registrado: 120,2% (rebote por recomposiciones parciales tras fuertes rezagos)

Desde diciembre de 2024, los salarios acumulan avances heterogéneos, pero todos con pérdida real:

Total: 30,4%

Privado registrado: 20,4%

Público: 23,9%

No registrado: 77%

En el sector público, las disparidades internas también son significativas:

En septiembre, el subsector nacional ajustó 1,3%, mientras que el provincial solo 1,1%.

La comparación interanual arroja incrementos del 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde diciembre, las subas acumuladas son del 16% (nacional) y 27,1% (provincial).

Un salario mínimo que ya perdió su razón de ser

El SMVM nació como instrumento para asegurar un piso de ingresos capaz de garantizar necesidades básicas y operar como referencia para sectores sin negociación colectiva robusta. Pero su deterioro actual lo dejó muy lejos de cumplir esa función.

Hoy, el salario mínimo argentino no cubre ni una fracción de la canasta básica total y ha dejado de ser un parámetro útil para buena parte del mercado laboral. Esta caída estructural reabre un debate de fondo: su rol dentro del modelo económico, la periodicidad de sus actualizaciones y su capacidad para incidir en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

El derrumbe del salario mínimo argentino a niveles inéditos —el más bajo de Latinoamérica y por debajo incluso de 2001— se ha convertido en uno de los indicadores más nítidos de la crisis del ingreso que atraviesa el país. La combinación de inflación persistente, políticas de contención salarial y ausencia de actualizaciones significativas configuró un panorama crítico que abarca tanto a trabajadores registrados como informales. En un mercado laboral cada vez más fragmentado y asimétrico, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a ocupar un lugar central: no solo como medida económica, sino como señal política sobre el rumbo social del país.

Durante una exposición ante empresarios en Madrid, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el objetivo del Gobierno es impulsar una reforma laboral que “desarticule la estructura de los gremios” mediante la prevalencia de los convenios por empresa. Reconoció que el cambio “alterará el poder sindical” y defendió el proyecto como una vía para “federalizar” el mercado de trabajo.

El funcionario hizo estas declaraciones en Madrid, durante el Encuentro Empresarial organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Embajada Argentina en España, donde expuso ante un auditorio compuesto por más de 200 empresarios, emprendedores y diplomáticos. Fue el primer miembro del gabinete de Javier Milei en visitar España tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza en octubre.

En su presentación, Sturzenegger sostuvo que el esquema de relaciones laborales argentino es “centralizado y obsoleto”, y planteó la necesidad de que los convenios colectivos por empresa tengan prioridad sobre los acuerdos sectoriales o nacionales. Según explicó, esta reforma permitiría “federalizar las negociaciones” y adaptar las condiciones de trabajo a la realidad económica de cada región o compañía.

“En Argentina, el nordeste está asfixiado por las condiciones que se imponen desde Buenos Aires. Las reglas deben definirse en cada lugar, con la participación directa de las empresas y los trabajadores”, argumentó el ministro, acompañado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge.

Al ser consultado sobre la reacción que podría generar esta reforma en el movimiento obrero, Sturzenegger fue categórico:

“Cuando el convenio por empresa prevalece sobre el sindical nacional, se desarticula toda la estructura gremial. El orden de prelación cambia el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”, afirmó, en una frase que rápidamente circuló en Buenos Aires y generó críticas de las centrales sindicales.

La admisión del ministro blanquea uno de los ejes estratégicos de la agenda laboral del gobierno de Javier Milei: debilitar el poder de negociación de los sindicatos y promover un esquema descentralizado de relaciones laborales. En los borradores del Consejo de Mayo, el Ejecutivo ya incluyó reformas sobre la jornada de trabajo, el régimen de indemnizaciones y la autonomía de los convenios empresariales, temas que se discutirán en el Congreso en el inicio del nuevo período legislativo.

Si bien Sturzenegger evitó confrontar directamente con el expresidente Mauricio Macri, sus declaraciones marcaron una diferencia política: mientras el macrismo había intentado consensuar una reforma con la CGT, el actual Gobierno parece decidido a avanzar sin intermediarios, bajo una lógica de confrontación abierta con el sindicalismo.

El discurso de Madrid ratifica que la estrategia oficial no se limita a modernizar el marco legal, sino que busca redefinir el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores, en un movimiento que el propio ministro describe como “la transformación más profunda del mercado laboral argentino en décadas”.

Las palabras de Sturzenegger, lejos de pasar inadvertidas, revelan el núcleo político de la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar: un intento de reconfigurar el mapa sindical argentino y desplazar la negociación colectiva hacia el ámbito empresarial.

La “federalización” de los convenios, presentada como modernización, supone también una alteración estructural del sistema de representación gremial vigente desde mediados del siglo XX. En un país donde el sindicalismo sigue siendo un actor central de la vida económica y política, el desafío que plantea el ministro no sólo anticipa una disputa jurídica y parlamentaria, sino una batalla cultural en torno al modelo laboral que definirá el futuro del trabajo en la Argentina.