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El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) confirmó el fin de la señal Cine.ar TV y dejó en suspenso el futuro de la plataforma gratuita Cine.ar Play. La gestión justificó la decisión en ahorros mínimos sobre el presupuesto institucional; trabajadores denuncian vaciamiento, recorte de personal y riesgo de pérdida de uno de los principales canales de difusión del cine argentino.

El INCAA informó esta semana el cierre inminente de la señal Cine.ar TV y puso en duda la continuidad de Cine.ar Play, la plataforma de streaming que desde 2015 difundió estrenos, clásicos y registros del cine argentino dentro y fuera del país. La noticia —anticipada por medios especializados— cayó como otro capítulo en la serie de medidas de ajuste y reingeniería que viene aplicando la actual gestión.

Según la comunicación interna reproducida por la prensa, el gerente general del organismo, Carlos Vargas Eguinoa, exigió a los empleados de planta que opten en un plazo de diez días entre aceptar un retiro voluntario o pasar a disponibilidad; en paralelo, el personal contratado recibirá renovaciones de vínculo sólo hasta fin de año, lo que implica un desmantelamiento progresivo de la estructura operativa. Los restantes pocos operarios que sostienen hoy ambas plataformas funcionan con planteles reducidos tras las fuertes bajas de 2024.

En la explicación oficial difundida por el INCAA se consignó que la operación conjunta de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos implica una erogación aproximada de 330.000 dólares anuales (equivalente, según la operatoria cambiaria mencionada en los comunicados, a unos 495 millones de pesos), lo que representaría cerca del 0,9% del presupuesto total del organismo —estimado en alrededor de 53.000 millones de pesos—. Ese aparentemente modesto ahorro ha servido de argumento para acelerar la liquidación de espacios que, para la industria, constituyen una vidriera estratégica.

La decisión no es aislada: desde agosto pasado el INCAA formalizó el inicio de un proceso orientado a privatizar partes de la operación de Cine.ar, y la administración dejó en marzo la plataforma bajo la órbita del vocero presidencial, lo que para críticos y sectores de la industria marcó la pérdida de independencia editorial y la instrumentación política del acceso público al patrimonio audiovisual. La línea oficial invoca “eficiencia” y “ahorro”; el sector lo interpreta como un vaciamiento deliberado.

La reacción de la comunidad audiovisual fue inmediata. Colectivos de cineastas, asociaciones de productores y gremios del sector denunciaron la concentración de poder en la gestión del INCAA, el recorte de fondos y la desactivación de canales de exhibición pública. Organizaciones como el Espacio Audiovisual Nacional y agrupaciones de realizadores vienen advirtiendo desde hace meses sobre la paralización de concursos, la ausencia de aprobaciones de proyectos y la pérdida de espacios de circulación que sostienen la cadena productiva y el tejido cultural del cine nacional. Las voces críticas consideran que la medida profundiza una política cultural que reduce la capacidad del Estado para garantizar diversidad, federalismo y visibilidad para producciones independientes.

Las consecuencias son prácticas y simbólicas. Cine.ar Play acumuló desde su lanzamiento una audiencia importante —con millones de usuarios que accedieron gratuitamente a catálogo nacional—; su eventual privatización o cierre amenaza la salida al público de películas de bajo circuito, registros documentales de valor patrimonial y la plataforma de estrenos para escuelas, festivales y programadores internacionales. Para festivales y circuitos alternativos, la desaparición de estas herramientas supone además un golpe a la cadena de valor: menos ventanas de exhibición equivalen a menos ingresos y menos oportunidades para que proyectos pequeños alcancen audiencia.

Desde la gestión se afirma que la medida responde a criterios de ajuste y a la necesidad de “optimizar recursos”; para críticos y trabajadores, en cambio, se trata de una política deliberada de desarme institucional que condiciona la producción, la memoria y la presencia internacional del cine argentino. La dimensión simbólica es tan relevante como la económica: retirar de la esfera pública una plataforma creada para democratizar el acceso a la producción nacional es, según especialistas consultados por la prensa, un retroceso en términos de soberanía cultural.

El cierre de Cine.ar TV y la incertidumbre sobre Cine.ar Play representan, más allá de una adecuación presupuestaria, un punto de inflexión para la política cultural y audiovisual argentina. Lo que podría interpretarse como una “economía” marginal para las cuentas del INCAA —330.000 dólares por año frente a un presupuesto millonario— tiene un peso estratégico desproporcionado en términos de difusión, formación de públicos y circuito industrial. La purga de personal, la instrucción para retiros y disponibilidades, y el avance hacia la privatización configuran, a juicio de actores del sector, una política de desnaturalización institucional con costos inmediatos para trabajadores, realizadores y audiencias. La discusión que ahora se abre exige una respuesta pública —parlamentaria y social— que evalúe no sólo la eficiencia financiera sino el valor público irreemplazable de preservar canales que sostienen la identidad y la industria del cine nacional.

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Cargar nafta en San Juan ya cuesta más de $2.000 por litro

La nueva actualización de $21 por litro volvió a golpear el bolsillo de los sanjuaninos. En un presente de ajustes constantes, la nafta súper quebró la barrera simbólica de los $2.000, mientras crece la preocupación por nuevos incrementos en el corto plazo.

La escalada en el precio de los combustibles no da tregua. Con una nueva suba de $21 por litro, ya son seis los incrementos aplicados en lo que va de marzo, consolidando una tendencia que impacta de lleno en la economía cotidiana. El ajuste, reflejado de manera inmediata en los surtidores de YPF, terminó de empujar a la nafta súper por encima de un umbral psicológico clave: los $2.000 por litro.

Tras la última actualización, los valores quedaron establecidos en $2.013 para la nafta súper y $2.189 para la Infinia. En tanto, el Diesel pasó a costar $2.107, mientras que el Infinia Diesel alcanzó los $2.276. Se trata de cifras que reflejan el impacto acumulado de una serie de ajustes aplicados en un período extremadamente corto.

En apenas diez días, el mercado registró cuatro aumentos consecutivos, siendo el del último fin de semana uno de los más significativos, con subas que oscilaron entre $43 y $51 por litro según el tipo de combustible. Este ritmo de actualización evidencia un cambio en la dinámica del sector, donde los precios comienzan a moverse con mayor frecuencia.

Detrás de esta escalada convergen múltiples factores. En el plano internacional, la cotización del crudo continúa presionada por tensiones geopolíticas que generan incertidumbre en los mercados energéticos. A nivel local, en tanto, el esquema de precios más flexible habilita a las petroleras a trasladar esas variaciones con mayor rapidez al surtidor.

El impacto de estos aumentos trasciende el consumo individual. El encarecimiento sostenido de los combustibles repercute directamente en los costos logísticos, afectando al transporte de mercancías y, en consecuencia, al precio final de bienes y servicios.

La frecuencia de los ajustes también introduce un componente de incertidumbre que complica la planificación tanto de los hogares como de los sectores productivos. La volatilidad del tipo de cambio, sumada a la evolución del precio internacional del petróleo, configura un panorama en el que los incrementos podrían continuar en las próximas semanas.

Con la nafta súper por encima de los $2.000 y una seguidilla de aumentos en tiempo récord, el mercado de combustibles en San Juan atraviesa un período de fuerte inestabilidad. La combinación de variables externas e internas anticipa una situación compleja, donde el costo de cargar combustible seguirá siendo un factor determinante en la economía diaria y en la dinámica inflacionaria del país.

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Salarios, despidos y ajuste: fuerte advertencia de Víctor Menéndez

El referente sindical Víctor Menéndez analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuestionó los cambios en el régimen de indemnizaciones y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo. También anticipó negociaciones clave con el sector empresario y destacó el crecimiento del rol femenino en la actividad.

En un escenario atravesado por una creceinte fragilidad económica, redefiniciones normativas y conflictividad laboral, el dirigente del Sindicato de Estaciones de Servicio de Cuyo, Víctor Menéndez, realizó una evaluación crítica sobre el presente del sector y, en particular, sobre los alcances de la reforma laboral promovida a nivel nacional.

Tras una reunión de comisión directiva realizada en Mendoza —convocada por el secretario general José Escoda—, el gremio avanzó en un análisis pormenorizado de los cambios normativos, con especial foco en su impacto sobre los trabajadores. “Es una reforma compleja y claramente perjudicial para el trabajador”, sintetizó el dirigente, al tiempo que subrayó que el equipo técnico del sindicato evaluó artículo por artículo las modificaciones introducidas respecto de versiones anteriores.

Uno de los ejes más sensibles del debate gira en torno al sistema de indemnizaciones. Menéndez cuestionó la posibilidad de establecer mecanismos de pago en cuotas e incluso en especie, así como la creación de fondos empresariales destinados a cubrir despidos. “Se configura un esquema que favorece al empleador y desprotege al trabajador. Es un negocio redondo”, advirtió, en línea con la postura crítica que también sostiene el movimiento sindical a nivel nacional.

En esta línea, el gremio mantiene expectativas en el frente judicial. Fallos recientes en distintas jurisdicciones comenzaron a poner límites a algunos artículos de la reforma, particularmente aquellos vinculados a la liquidación de indemnizaciones. “Confiamos en que la justicia laboral corrija estos aspectos y restituya derechos”, señaló.

Mientras tanto, el sindicato ya proyecta una agenda intensa de negociación. A fines de abril está previsto un encuentro con las cámaras empresarias para actualizar el convenio colectivo de trabajo, incorporando modificaciones que permitan sostener su vigencia en el nuevo contexto normativo. La discusión incluirá puntos sensibles como aportes sindicales, modalidades de contratación y condiciones laborales.

En este sentido, el frente salarial sigue siendo una prioridad. El sector acordó un incremento del 4% para marzo, cerrando así la paritaria 2025, con un esquema transitorio del 3% hasta reabrir negociaciones en abril. Sin embargo, Menéndez reconoció que el objetivo de recomponer ingresos se enfrenta a un escenario adverso. “La inflación real golpea más fuerte de lo que indican los números oficiales. Siempre intentamos ganarle, pero es muy difícil en este contexto”, planteó.

La preocupación del dirigente trasciende lo estrictamente sectorial y se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre la economía. Señaló una caída de la actividad, cierre de empresas y retracción del consumo como factores que erosionan tanto el empleo como la recaudación estatal. “Hay menos producción, menos trabajo y menos consumo. Es un círculo que se retroalimenta negativamente”, explicó.

En ese aspecto, también cuestionó el achicamiento del Estado y la eventual eliminación de delegaciones del área laboral en las provincias, lo que podría derivar en la pérdida de miles de puestos de trabajo. “Se debilita la capacidad de control y se profundiza la precarización”, alertó.

El impacto ya se hace visible en el sector: el dirigente gremial confirmó despidos recientes y advirtió que la tendencia podría profundizarse. “Estamos muy atentos porque esto puede replicarse en otras empresas”, sostuvo.

El rol de la mujer y la agenda de inclusión

En contraste con el escenario económico adverso, Menéndez destacó avances en materia de inclusión dentro del sector. Actualmente, alrededor del 30% del padrón sindical está compuesto por mujeres, una presencia que el representne sindical calificó como “clave” para transformar dinámicas laborales históricamente masculinizadas.

El gremio impulsa políticas de igualdad de trato, prevención del acoso y acompañamiento ante situaciones de violencia laboral. “La mujer está ganando el lugar que le corresponde y los sindicatos tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones de respeto y equidad”, afirmó.

En ese sentido, también valoró la creciente participación de identidades de género diversas dentro de la estructura sindical, con representación en espacios de conducción. “Es parte de una transformación que debe ser acompañada institucionalmente”, señaló.

El testimonio de Víctor Menéndez expone con claridad el delicado equilibrio que atraviesa hoy el mundo del trabajo: entre la necesidad de adaptación a nuevas reglas de juego y la defensa de derechos históricamente conquistados. La reforma laboral, lejos de presentarse como un proceso técnico o neutro, se configura —desde la mirada sindical— como un punto crucial que redefine las relaciones entre capital y trabajo.

En unmomento signado por la incertidumbre, la caída del poder adquisitivo y el debilitamiento del entramado productivo, el desafío para los gremios será sostener capacidad de negociación sin resignar protección. La resolución de esa presión no solo marcará el rumbo del sector de estaciones de servicio, sino que anticipa, en escala, el futuro inmediato del mercado laboral argentino.

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Endeudarse para comer: más de la mitad de los hogares recurre al crédito para subsistir

Un informe privado revela que el 56,4% de los hogares argentinos se endeudó en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos. La mayoría no logra llegar a fin de mes y crece la desconfianza en los datos oficiales de inflación, en un presente donde el crédito dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo de supervivencia.

La economía doméstica atraviesa una transformación silenciosa pero profunda: el endeudamiento dejó de ser una decisión estratégica para convertirse en una respuesta desesperada frente a la pérdida del poder adquisitivo. Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al crédito en los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, alquileres y pagos de tarjetas.

Lejos de destinarse a inversiones o mejoras patrimoniales, el financiamiento aparece hoy orientado a cubrir necesidades inmediatas. La lógica del crédito mutó: ya no impulsa crecimiento, sino que amortigua la caída. Esta dinámica evidencia una economía de subsistencia donde el ingreso mensual resulta insuficiente para sostener el consumo básico.

El deterioro se profundiza al observar la capacidad de repago. Dentro del universo de hogares endeudados, casi nueve de cada diez ya enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Se configura así un círculo vicioso en el que la deuda no resuelve la urgencia, sino que la posterga, agravando la fragilidad financiera de las familias.

El informe describe con claridad un proceso en cuatro etapas que define la actual coyuntura: caída del poder adquisitivo, imposibilidad de sostener el consumo mensual, recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y, finalmente, dificultades crecientes para afrontar esas deudas. Esta secuencia no solo refleja un problema económico, sino también un cambio estructural en la forma en que los hogares administran su supervivencia.

En consecuencia, emerge una brecha cada vez más visible entre las estadísticas oficiales y la percepción social. Un 65,8% de los encuestados considera que los datos de inflación difundidos por el INDEC no reflejan el impacto real en los gastos cotidianos. La discusión excede lo técnico: se trata de una crisis de credibilidad que se alimenta de la experiencia diaria de los consumidores.

Cuando el salario pierde poder de compra y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes, los indicadores pierden legitimidad social. A ello se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, factores que erosionan aún más la confianza en las estadísticas públicas.

El fenómeno del endeudamiento masivo para cubrir gastos corrientes marca un momento decisivo. La economía argentina muestra signos de una precarización extendida, donde el crédito funciona como un puente cada vez más frágil entre ingresos insuficientes y necesidades básicas.

Impacto político

El deterioro económico comienza a reflejarse en el plano político. La imagen del presidente Javier Milei registra un aumento en la desaprobación, que en marzo alcanzó el 53,3%, con una suba significativa respecto de la medición anterior. En contrapartida, la aprobación descendió al 38,5%.

Estos datos sugieren que el malestar económico empieza a trasladarse al terreno de la evaluación de la gestión. La persistencia de dificultades en la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta al poder adquisitivo y la capacidad de llegar a fin de mes, aparece como un factor determinante en la construcción de la opinión pública.

La Argentina actual enfrenta una economía donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un recurso de supervivencia. La combinación de salarios rezagados, consumo restringido y crédito destinado a cubrir lo básico configura un escenario de alta fragilidad social.

Bajo estas circunstancias, el desafío no se limita a estabilizar variables macroeconómicas, sino a recomponer la capacidad real de los ingresos. Sin esa recuperación, la rueda del endeudamiento continuará girando, profundizando una crisis que ya no se mide solo en índices, sino en la vida cotidiana de millones de hogares.

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