Mayans busca blindar al sistema nuclear argentino y advierte sobre la seguridad nacional
El senador José Mayans adelantó que el Congreso impulsará una declaración para consagrar al sistema nuclear como “bien público estratégico, no enajenable”, en rechazo a los planes de privatización del Ejecutivo. Especialistas en energía y seguridad nuclear advierten sobre los riesgos de perder soberanía tecnológica y control estatal en un área clave para el desarrollo y la defensa nacional.
La sesión del Senado de este jueves sumó un capítulo de alto voltaje político con la intervención del senador justicialista José Mayans, quien anunció que propondrá, junto a otros bloques, declarar al sistema nuclear argentino como “bien público estratégico, no enajenable”. La decisión busca frenar cualquier intento de privatización, luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmara la voluntad del Ejecutivo de abrir al capital privado un sector considerado altamente sensible para la seguridad nacional.
“Lo que hace falta es que el Estado argentino controle por siempre el sistema nuclear, y aparte por el concepto de seguridad”, afirmó Mayans en el recinto. Con especial énfasis mencionó el proyecto Carem, el reactor modular diseñado íntegramente en el país, cuya importancia tecnológica comparó con secretos industriales de máxima reserva. “La Coca Cola no te vende su fórmula, imagínense lo que es el Carem”, señaló.
El programa nuclear argentino, encabezado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se presenta como uno de los pilares del desarrollo científico nacional. El Carem, concebido a mediados de los 80 como el primer Small Modular Reactor (SMR) del mundo, representa no solo una apuesta a la autonomía energética, sino también un activo estratégico en el mercado global de tecnologías limpias y seguras.
La historia del proyecto muestra avances y retrocesos: parálisis en los 90, relanzamiento bajo Néstor Kirchner, diez años de impulso sostenido, y nuevas interrupciones durante la gestión de Mauricio Macri. Con Alberto Fernández se reanudó tras la pandemia, pero el actual gobierno de Javier Milei volvió a suspenderlo y dejó trascender su intención de desmantelarlo.
Consultado por este medio, el físico nuclear Jorge Sabato, investigador de la CNEA, consideró que “la pérdida del control estatal sobre el sistema nuclear sería gravísima no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo estratégico. La energía nuclear no es una empresa más: implica soberanía, defensa, seguridad y conocimiento de frontera”.
En la misma línea, la especialista en seguridad radiológica Marta Bonifatti advirtió que “la gestión privada no puede garantizar la misma rigurosidad en estándares de seguridad que impone el Estado. Un error en la operación nuclear no se mide en términos de rentabilidad, sino en vidas humanas y consecuencias irreversibles para el ambiente”.
El planteo de Mayans cosechó apoyos iniciales de distintos bloques opositores y abrió la posibilidad de un consenso parlamentario amplio. En paralelo, el Ejecutivo insiste en que la privatización busca “eficiencia y competitividad” en el sector energético, aunque evita pronunciarse sobre las advertencias en materia de seguridad.
El debate sobre el futuro del sistema nuclear argentino se ha convertido en un cruce estratégico entre dos modelos de país: el que privilegia la soberanía estatal en áreas sensibles y el que avanza en la liberalización de activos estratégicos. La iniciativa de Mayans promete abrir una pulseada de fondo en el Congreso, donde se decidirá si el sistema nuclear permanece bajo control exclusivo del Estado o si se habilita su apertura al capital privado. El desenlace marcará un precedente decisivo no solo para la política energética, sino también para la defensa de la soberanía tecnológica y la seguridad nacional.
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La CGT rompe el diálogo con el gobierno y activa un plan de lucha contra la reforma laboral
La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.
La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.
En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.
Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.
El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias
Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.
La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.
Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.
Las tensiones internas del Gobierno y el factor político
Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.
El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.
Un conflicto que se intensifica
Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.
El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.
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El Ejecutivo lanzó oficialmente las propuestas de reformas que llegarán al Congreso
El Gobierno nacional presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo, un compendio de iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se realizó en un contexto marcado por la ausencia de Gerardo Martínez, referente de la CGT y pieza clave del diálogo tripartito que el Ejecutivo buscaba consolidar.
Adorni destacó que el paquete de reformas apunta a “ordenar el país” y que la documentación completa estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar desde esta misma noche, con la promesa de sumar nuevos textos a medida que avancen los equipos técnicos. El Gobierno remarcó que el Consejo de Mayo funciona como una instancia de consenso general para legitimar los cambios estructurales que pretende llevar adelante.
Propiedad privada y expropiaciones
Uno de los capítulos más controvertidos del informe es el referido a la propiedad privada. El Ejecutivo propone modificar la Ley de Expropiaciones para establecer indemnizaciones al valor de mercado previo al anuncio y actualizadas por el IPC, mediante tasaciones independientes. También impulsa la entrega inmediata de inmuebles ante tenencia precaria o usurpación, la eliminación de limitaciones para la compra en barrios populares y la apertura total del mercado de tierras rurales para inversores extranjeros.
Disciplina fiscal y prohibición del déficit
Otro de los ejes centrales es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. El proyecto busca prohibir el déficit en el presupuesto nacional, instaurar un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipificar como delito el uso de partidas no aprobadas. Además, plantea vedar los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y restringir el acceso a Aportes del Tesoro Nacional para las provincias que no adhieran a las metas fiscales. A su vez, sugiere limitar el endeudamiento de distritos con déficit primario, salvo para operaciones de refinanciación.
Reforma educativa
El documento también incorpora un capítulo educativo que propone que cada escuela pueda diseñar su propio plan de estudios, mientras el Estado establecería contenidos mínimos obligatorios. Adorni enfatizó que los padres “recuperarán un rol activo en el proyecto educativo de sus hijos”. Además, se impulsará un sistema nacional de evaluación con mediciones continuas de aprendizajes y trayectorias.
Reforma tributaria y promoción laboral
El Ministerio de Economía aportó una serie de iniciativas que conforman la reforma tributaria. Entre ellas, la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como “inocencia fiscal”, y un sistema simplificado para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. También se presentarán un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce cargas laborales por dos años, y un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, además de nuevas exenciones para sectores productivos.
Cambios ambientales y productivos
El informe propone modificaciones en la Ley de Glaciares, en la Ley de Bosques y en la normativa de Acuicultura. En paralelo, sugiere eliminar normas de compre provincial y cupos de mano de obra local en áreas productivas estratégicas. Según Adorni, estas restricciones “generan distorsiones en un contexto de boom minero” y obstaculizan la conformación de un mercado nacional integrado de factores productivos.
Reforma laboral: definiciones inminentes
La reforma laboral es uno de los proyectos más esperados del paquete. Adorni anticipó que la versión final se publicará en las próximas horas. Entre los puntos principales se encuentran la eliminación de la ultractividad indefinida, cambios en la prelación de convenios, reducción de cargas laborales y modificaciones en el régimen de trabajo agrario. También prevé la derogación de normas consideradas obsoletas por el Gobierno.
Apertura comercial y propiedad intelectual
En materia de integración internacional, el Consejo propone avanzar con tratados ya aprobados y otros con media sanción. Adorni destacó especialmente el Tratado de Cooperación en Patentes, que —según dijo— “bajará significativamente el costo de proteger la propiedad intelectual” para el sistema científico y la industria.
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La canasta navideña subió 27% y desafía el presupuesto familiar
Un informe de la consultora Focus Market reveló aumentos significativos en alimentos tradicionales y variaciones mixtas en artículos de decoración. Con un gasto total que supera los $423.000 en productos decorativos y los $95.000 en alimentos, las familias ajustan hábitos y priorizan descuentos, cuotas y compras de último momento.
La canasta navideña 2025 llega con incrementos que complican el bolsillo y reconfiguran la manera en que los argentinos se preparan para las fiestas. Según un relevamiento de Focus Market, el costo de los productos decorativos aumentó un 12% interanual, mientras que los alimentos típicos de fin de año se encarecieron bastante más, empujando el promedio general a un aumento del 27% respecto de 2024.
En el rubro decoración, los incrementos más notorios se registraron en pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Sin embargo, no todos los precios siguieron la misma tendencia: las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%) se abarataron, favorecidos por mayor diversidad de oferta y apertura del mercado.
Con estas variaciones, el conjunto de los ocho productos decorativos relevados pasó de $377.504 a $423.955.
El alimento festivo, el más golpeado por la inflación
En contraste con la decoración, el rubro alimenticio muestra una presión mucho más marcada. El incremento más fuerte lo protagoniza la torta española de frutos secos (+47%), seguida por el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%).
Aun así, algunos ítems mantienen subas relativamente moderadas: el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%).
En total, el valor promedio de los doce alimentos típicos medidos se elevó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.
Focus Market remarcó además que dos de los tres productos con mayores aumentos son importados, evidenciando la sensibilidad del precio de los alimentos externos al tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En cambio, la mayor competencia en decoración ayudó a frenar aumentos más pronunciados.
Promociones, cuotas y compras sobre la hora
La situación económica empuja a los consumidores a estrategias de compra más defensivas. Según el estudio, el 74% prioriza promociones y descuentos, un dato que consolida la tendencia del “cazador de ofertas” como comportamiento dominante en las fiestas.
Otros mecanismos también ganan terreno:
9% opta por cuotas y financiamiento,
7% aprovecha beneficios por pago con débito o QR.
El calendario de compras también se comprimió:
44% compra una semana antes,
27% lo hace un mes antes,
21% espera al fin de semana previo a Navidad.
En cuanto a los métodos de pago, el 61% usa tarjeta de crédito, mientras que 16% aguarda el cobro del aguinaldo y 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.
Estrategias comerciales, la clave para sostener las ventas
Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el panorama obliga al comercio a redoblar esfuerzos: “Las estrategias que ofrezcan descuentos realmente atractivos y planes de pago accesibles serán fundamentales para dinamizar las ventas y sostener el espíritu festivo en un contexto desafiante”.
Con precios que no dan tregua pero con consumidores más atentos y selectivos, la Navidad 2025 se encamina a ser una celebración donde las promociones, más que los adornos o el pan dulce, se convierten en el protagonista central.
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