La Federación Nacional de Docentes Universitarios, nucleada en CONADU, rechazó el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre un aumento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios, afirmando que se trata de una «mentira» y ratificando el paro hasta el viernes.

En el marco de un conflicto salarial que mantiene en vilo al sector universitario, la CONADU cuestionó enérgicamente el anuncio del Gobierno sobre un incremento salarial para docentes y no docentes de las universidades nacionales. Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, sostuvo que lo anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya estaba acordado previamente con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y no constituye una novedad en términos de aumento salarial.

«Lo único nuevo es un bono de 25 mil pesos por única vez» para aquellos docentes con dedicación de 40 horas semanales, con montos proporcionales para dedicaciones menores, precisó De Feo.

El dirigente sindical explicó que el acuerdo con UPCN contempla incrementos del 1,3% para junio, julio y agosto, «siempre por debajo de la inflación en el periodo». De Feo subrayó que «con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional». La CONADU había resuelto a fines de julio una semana completa de paro y paros rotativos posteriores, con el objetivo de llegar a una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto.

La disputa entre la CONADU y el Gobierno pone de relieve la tensión en torno a las políticas salariales y presupuestarias para el sector universitario. Los docentes universitarios mantienen su plan de lucha, incluyendo la Marcha Federal, ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno a la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional.

Numerosos gremios de la Mesa Sindical cuetionaron la cifra de inflación del 1,9% para julio publicada por el INDEC, afirmando que la diferencia entre la medición «oficial» y la real es del 20%, y exigió una reparación para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud.

La Mesa Sindical, que agrupa a numerosos sindicatos de la industria y los servicios, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la forma en que se manejan los datos de inflación. Según la entidad, el Ejecutivo estaría utilizando «trucos y malabares» para minimizar el impacto real de la inflación en la economía de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud.

La discrepancia del 20% entre la inflación «oficial» y la real es, según la Mesa Sindical, «la que nos deben a todos los trabajadores/as, jubilados/as, beneficiarios de los subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud».

La entidad destacó que muchos trabajadores tienen paritarias «pisadas», es decir, acuerdos salariales que no reflejan adecuadamente la inflación real. Además, denunciaron el carácter intervencionista de la administración Milei, que «presiona para que los sindicatos firmen por debajo de la propia inflación oficial».

Así mismo, la Mesa Sindical detectó diferencias en los datos gubernamentales, señalando que rubros como transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y recreación superaron o igualaron los datos oficiales. También remarcaron que el aumento del dólar en un 13% no se condice con la «incidencia casi nula» sobre el costo de vida que pretende mostrar el Gobierno.

La exigencia de una reparación del 20% para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud refleja la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de ajustar las políticas económicas a la realidad inflacionaria. Los sindicatos insisten en que «los trucos y malabares para esconder que el aumento de precios es mayor que el asumido por el gobierno no engañan a nuestros bolsillos».

La Cámara Federal de La Plata confirmó la reincorporación de un empleado de ANSES despedido pese a tener estabilidad laboral en planta permanente, declarando inconstitucional una cláusula del convenio colectivo que permitía cesantías sin causa.

En un dictamen de trascendencia para el ámbito del empleo público, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó la reincorporación de un trabajador de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuya desvinculación fue considerada «ilegítima» y una «vía de hecho» por el tribunal.

El empleado había accedido a la planta permanente en 2021 tras aprobar un curso-concurso y obtener designación formal por resolución administrativa. Sin embargo, ANSES intentó justificar el despido invocando el artículo 26 inciso c) del convenio colectivo aplicable.

• Fundamentos del Fallo: La Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la cláusula del Convenio Colectivo de Trabajo 305/98 E que habilitaba el despido de personal de planta permanente sin causa, con el pago de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El tribunal sostuvo que dicha cláusula vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad del empleo público.
• Precedente Invocado: Los jueces Roberto L. Di Lorenzo y César Álvarez citaron el caso «Madorrán» de la Corte Suprema, que invalidó normas similares en la Administración Nacional de Aduanas, remarcando que la estabilidad del empleo público exige causa justificada y debido proceso.
• Alcances del Fallo: La sentencia subraya que, a diferencia del régimen laboral privado, el empleo público cuenta con una protección reforzada frente a despidos arbitrarios. Este precedente podría tener implicancias significativas en la gestión de recursos humanos en el sector estatal, especialmente en contextos de cambios de gestión.

La decisión judicial enfatiza la importancia de la estabilidad laboral en el empleo público y la necesidad de que los despidos se fundamenten en causas justificadas y mediante un debido proceso. La sentencia podría sentar un precedente relevante en materia de despidos en el ámbito estatal, reafirmando la protección constitucional de la estabilidad laboral de los empleados en planta permanente.