El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde la asunción de Javier Milei, 15.557 empresas cerraron sus puertas y se perdieron más de 237.000 puestos de trabajo.

El informe del CEPA, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), muestra una disminución significativa en la cantidad de empleadores y trabajadores registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y abril de 2025 revela una contracción de 15.557 empresas y una pérdida de 237.445 puestos de trabajo.

Las áreas más afectadas por la desaparición de empresas fueron Transporte y Almacenamiento, Comercio al por mayor y al por menor, Servicios inmobiliarios, Servicios profesionales, científicos y técnicos, y Construcción. En términos relativos, los sectores más perjudicados fueron Servicios de transporte y almacenamiento, Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, Servicios Inmobiliarios y Construcción.

La reducción de empleadores se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores, que explican el 99,69% del total de los casos. La cantidad de empleados registrados en unidades productivas se redujo un 2,41%, lo que representa una pérdida de 237.445 puestos de trabajo. El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Marcelo Mena, titular de ASIJEMIN en San Juan, abordó con firmeza y claridad temas cruciales que atraviesan la agenda sindical actual, desde la reciente declaración de inconstitucionalidad sobre la limitación al derecho de huelga, hasta la posible reforma laboral que el Gobierno Nacional planea implementar a partir de diciembre. Mena no escatimó críticas al rumbo económico y social del país, advirtiendo sobre el impacto regresivo que estas políticas pueden tener sobre los trabajadores y sus derechos.

Uno de los puntos destacados fue la reciente decisión de la justicia laboral que declaró inconstitucional la restricción al derecho a huelga. Para Mena, este fallo fue un alivio esperado y un respaldo a la lucha gremial que venían sosteniendo desde hace tiempo. Resaltó que no solo se trata de defender derechos conquistados, sino de avanzar en nuevas garantías para los trabajadores frente a un contexto de creciente precarización laboral.

En relación con la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional, el referente de los jerárquicos mineros, manifestó su rechazo a la posible flexibilización de las condiciones laborales, en especial a la idea de eliminar indemnizaciones y reemplazarlas por un fondo privado. Para él, estas medidas son intentos deliberados de erosionar conquistas históricas del movimiento obrero, bajo el discurso de modernización y eficiencia, cuando en realidad, afirma, apuntan a beneficiar exclusivamente al capital concentrado.

El dirigente fue enfático al sostener que, frente a una productividad cada vez más automatizada y una plusvalía creciente, es necesario replantear la jornada laboral, reducirla, y dar lugar a más trabajadores en el circuito formal. Propuso que el sistema económico avance hacia esquemas más humanos, donde el desarrollo tecnológico no deje al margen a los sectores más vulnerables, sino que permita una redistribución real del empleo.

En este sentido, también cuestionó la narrativa oficial sobre la baja inflación, calificándola de poco creíble y desconectada de la realidad de los hogares. “Decir que en San Juan hubo  0.7% es un insulto a la inteligencia de cualquier trabajador”, lanzó, dejando claro que la percepción en la calle es muy distinta a la que reflejan las estadísticas oficiales.

Por otro lado, se refirió a la elección de Iván Grgic como nuevo presidente de la Cámara Minera de San Juan, una figura vinculada directamente a empresas multinacionales. Mena expresó su preocupación por lo que considera un intento de marginar a las comunidades locales del desarrollo minero, advirtiendo que su sindicato no permitirá que se repita el modelo de exclusión que, según él, ya ha mostrado sus consecuencias en otras regiones. Remarcó la importancia de priorizar la mano de obra sanjuanina y garantizar que la riqueza generada en la provincia quede en manos de su gente.

Finalmente, el dirigente gremial dejó un mensaje de reflexión colectiva: la necesidad de una sociedad más justa, equilibrada y solidaria, donde el rol del Estado no sea el de un mero espectador del ajuste, sino el garante de derechos, inclusión y equidad. Afirmó que el movimiento sindical no se quedará callado ante el avance de políticas que pongan en riesgo la dignidad de los trabajadores.

Marcelo Mena trazó un diagnóstico contundente y sin medias tintas. Su discurso, lejos de la resignación, convoca a la organización y a la acción colectiva frente a un escenario de ajuste y concentración. Mientras el gobierno nacional avanza en reformas que generan preocupación en el ámbito laboral, voces como la suya recuerdan que el trabajo digno y los derechos conquistados no son negociables. En tiempos complejos, el sindicalismo busca mantenerse firme como barrera frente a la precarización y como actor clave en la defensa del futuro laboral del país.

La Justicia suspendió por seis meses la medida que disuelve Vialidad Nacional y le impide despedir personal, lo que llevó al Gobierno a apelar el fallo.

La decisión de la Justicia de suspender por seis meses la disolución de Vialidad Nacional y la orden de abstenerse de hacer cualquier modificación con el personal que cumple tareas, llevó al Gobierno a apelar el fallo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Ejecutivo apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional.

La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, tomó la decisión de hacer lugar al amparo de no innovar por seis meses, a raíz de una medida cautelar del gremio Sevina. La orden judicial implica que el Gobierno debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.

Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables. La disolución del organismo fue anunciada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial.