Luego de una extensa negociación marcada por rechazos y contrapropuestas, el Ejecutivo sanjuanino logró el aval de UDAP, UDA y AMET a una nueva propuesta salarial que impactará en los haberes de diciembre y enero. El acuerdo combina actualización por inflación, mejoras al nomenclador y refuerzos estratégicos para maestros y directivos.

Tras una jornada que se extendió por más de cuatro horas, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron finalmente a un acuerdo en el marco de la paritaria salarial. La confirmación llegó pasadas las 20.30 de este martes, luego de que ambas partes retomaran la negociación durante la tarde, en lo que fue la séptima reunión de la cuarta paritaria docente del año.

Los representantes sindicales arribaron al encuentro con una contrapropuesta, luego de haber rechazado la última oferta oficial en una seguidilla de reuniones que reflejó la complejidad del escenario económico y la tensión acumulada entre las partes. Sin embargo, tras la presentación final del Ejecutivo, los tres sindicatos aceptaron la propuesta y firmaron el acuerdo en conformidad.

La negociación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes expusieron los detalles de una oferta orientada a reforzar los ingresos docentes hacia el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El entendimiento se apoya en dos ejes centrales para el mes de diciembre de 2025. Por un lado, se dispuso que el valor índice se actualizará mensualmente aplicando el coeficiente de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente al mes anterior, consolidando así un esquema de ajuste atado a la inflación.

Por otro lado, el Ejecutivo propuso —y logró el aval gremial— un incremento de 5 puntos en el Código E60, que pasará a totalizar 44 puntos por valor índice desde diciembre. Este componente resulta clave dentro del salario docente, especialmente para maestros de grado y equipos directivos, ya que impacta de manera directa en los haberes básicos.

De cara a enero de 2026, la propuesta incluyó además un aumento general de 4 puntos para todos los cargos que integran el nomenclador docente, lo que amplía el alcance del acuerdo y busca sostener el poder adquisitivo en el inicio del próximo año.

La paritaria se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad social y financiera. El Gobierno provincial ya tiene definida la planificación presupuestaria de enero, lo que permitió avanzar en la negociación con mayor previsibilidad. En paralelo, el Ejecutivo confirmó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todo el personal de la administración pública, tanto de planta permanente como contratada.

Este refuerzo salarial, que demandará una inversión cercana a los $5.800 millones, fue un elemento central del contexto en el que se retomó el diálogo con los gremios, luego de semanas marcadas por la falta de acuerdo.

Cronograma de pagos confirmado

Junto al cierre de la paritaria docente, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para el cierre y el inicio del año:

Aguinaldo: 20 de diciembre

Sueldo de diciembre: 30 de diciembre

Conectividad San Juan (docentes): 10 de enero

Bono extraordinario de $120.000: 16 de enero

El oficialismo obtuvo dictamen favorable para el Presupuesto 2026 en una comisión marcada por la velocidad del trámite y cambios de último momento. El proyecto, acompañado por el PRO, la UCR y gobernadores aliados, elimina financiamiento garantizado para universidades, el Hospital Garrahan y programas de discapacidad, y desató un inmediato rechazo opositor.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el Congreso al conseguir dictamen favorable para el Presupuesto 2026, una de las herramientas centrales de su programa económico y político. La aprobación en comisión se produjo en una sesión única, breve y cargada de tensión, que dejó expuestas las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el rumbo del gasto público y el rol del Estado.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza logró el respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, además del acompañamiento explícito de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), un apoyo clave para destrabar el dictamen. Sin embargo, el contenido del texto encendió alertas por el recorte de financiamiento garantizado a áreas sensibles, entre ellas las universidades nacionales, el Hospital Garrahan y los programas vinculados a la discapacidad.

Lejos de tratarse de una mera formalidad, la reunión de comisión estuvo atravesada por modificaciones introducidas a último momento. Contra lo esperado, el oficialismo no presentó el mismo borrador que ya había circulado semanas atrás. Al inicio del encuentro, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, distribuyó un nuevo dictamen, sin detallar inicialmente los cambios incorporados.

Bornoroni defendió la rapidez del trámite y justificó la estrategia en términos políticos y económicos. Aseguró que el objetivo era dar “claridad a los argentinos y a los inversores del mundo” y enviar una señal de previsibilidad al mercado, insistiendo en que “la Argentina de Milei es seria”.

El clima se volvió más tenso cuando el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió precisiones sobre las modificaciones. Aunque Bornoroni reconoció que el texto había sido alterado, evitó detallar los cambios en ese momento, lo que profundizó las críticas por la falta de transparencia en el proceso.

Horas más tarde se confirmó que el dictamen incluye la derogación de la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales (Ley 27.795) y de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). En cuanto al Hospital Garrahan, el Ejecutivo sostuvo que los compromisos financieros ya fueron cumplidos, aunque sin garantizar una asignación específica a futuro.

Rechazo opositor y advertencias políticas

Las modificaciones encendieron un rechazo inmediato de amplios sectores de la oposición, que anunciaron la presentación de un dictamen alternativo y anticiparon que no acompañarán ni el Presupuesto del Ejecutivo ni la llamada ley de Inocencia Fiscal. Incluso, dejaron trascender que tampoco respaldarán la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Germán Martínez fue uno de los más duros al cuestionar el manejo presupuestario del oficialismo. Recordó que la ausencia de Presupuesto en 2024 y 2025 no fue un accidente, sino una decisión política para ampliar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Si bien celebró que finalmente se avance hacia una ley de Presupuesto, dejó en claro que no cualquier texto es aceptable.

“Queremos presupuesto, pero otro presupuesto”, sintetizó el legislador, al marcar diferencias concretas. Entre ellas, rechazó el Artículo 30, que elimina el 6% de financiamiento educativo, y defendió la vigencia de la ley de educación técnica, cuya supresión fue propuesta por el oficialismo.

Martínez cerró su intervención con un mensaje que anticipa un debate áspero en el recinto: “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”.

Mientras el Congreso se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Partido Justicialista avanza con un proyecto alternativo que busca revertir la pérdida de derechos, recomponer salarios y reducir la jornada de trabajo. La iniciativa, coordinada por la diputada Vanesa Siley, propone un nuevo paradigma laboral centrado en la calidad de vida, la salud y la redistribución del tiempo.

A la espera del tratamiento parlamentario de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, el peronismo decidió mover primero. Un grupo de legisladores nacionales del PJ, articulados entre Diputados y el Senado, trabaja en una contrarreforma laboral que se presenta como una respuesta integral al proyecto oficial y que apunta, según sus impulsores, a mejorar las condiciones reales de vida de los trabajadores.

La iniciativa es coordinada por la diputada nacional Vanesa Siley, referente del ámbito judicial, en conjunto con senadores de Unión por la Patria como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, con el objetivo de unificar una estrategia legislativa común en ambas cámaras. El proyecto fue bautizado “Actualización Laboral” y se estructura en torno a ocho ejes centrales.

El punto de partida es un diagnóstico político y social explícito. Para el PJ, la reforma libertaria no generará empleo genuino, sino que profundizará la precarización y la pérdida de derechos. “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico. El Gobierno sostiene que flexibilizar el trabajo crea empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y dejar plasmado en los fundamentos”, afirmó Siley.

Según el borrador del proyecto, los salarios actuales resultan insuficientes, lo que empuja a millones de trabajadores a la pluriactividad, la informalidad y nuevas formas de empleo desregulado, especialmente en plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia, la clase trabajadora toma más de un empleo o más actividades”, señalaron desde el equipo redactor.

Este fenómeno, advierten, genera una consecuencia directa: más horas de trabajo, menos tiempo de descanso y un deterioro progresivo de la salud física y mental. Sobre ese trípode —ingresos, tiempo y salud— se apoya la arquitectura de la contrarreforma.

Uno de los capítulos más relevantes es la recuperación del poder adquisitivo. El PJ plantea restituir el sentido pleno del Salario Mínimo, Vital y Móvil, estableciendo que debe cubrir efectivamente el costo de la Canasta Básica Total. La brecha actual es contundente: mientras el salario mínimo ronda los 338.400 pesos, la canasta supera el millón doscientos mil. Para el peronismo, esa diferencia evidencia un incumplimiento legal y social.

La propuesta también defiende paritarias libres, sin topes ni condicionamientos, en abierta oposición a la política oficial de vincular los aumentos salariales a la productividad. Además, establece que los salarios deben abonarse íntegramente en dinero, descartando cualquier forma de pago en especie, como alimentos o vivienda.

Jornada laboral, licencias y plataformas

Otro de los pilares del proyecto es la reducción de la jornada laboral. Desde las actuales 48 horas semanales, el PJ propone avanzar a un máximo de 42 horas, con el horizonte de alcanzar las 40 horas —e incluso seis horas diarias— en el mediano plazo. El argumento es técnico y político: los avances tecnológicos permiten reorganizar el trabajo sin afectar la producción.

En ese marco, el peronismo rechaza de plano la propuesta oficial de habilitar jornadas extensas mediante bancos de horas. “Es un retroceso histórico. Hoy la digitalización, la inteligencia artificial y la nanotecnología permiten trabajar menos, no más”, sostienen desde el espacio.

La iniciativa también amplía de manera significativa las licencias parentales. La licencia por paternidad pasaría de dos días a 90 días, mientras que la maternidad y la adopción se fijan en 120 días, con cobertura de la ANSES e inclusión de monotributistas y autónomos. El objetivo es avanzar hacia una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y romper estereotipos de género.

Un capítulo específico está dedicado a los trabajadores de plataformas digitales, un sector que hoy carece de protección integral. El proyecto garantiza negociación colectiva, transparencia algorítmica, cobertura por accidentes, derecho a vacaciones, provisión de elementos de seguridad, atención personalizada y libertad sindical dentro de las plataformas.

Salud, ganancias y desconexión digital

La contrarreforma incorpora además el derecho a la desconexión digital, prohibiendo comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, salvo compensación en tiempo y dinero. En paralelo, propone la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos en empresas de más de 50 trabajadores, con especialistas en salud mental y riesgos psicosociales.

Otro punto de alto impacto político es la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El reparto sería anual y excluiría a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de redistribuir ingresos y dinamizar el mercado interno.

Con la Actualización Laboral, el Partido Justicialista busca instalar un modelo alternativo al que impulsa el Gobierno nacional: menos horas de trabajo, salarios que alcancen para vivir, más derechos y una centralidad renovada de la salud y el tiempo personal. Lejos de una discusión meramente técnica, el debate que se abre en el Congreso expone dos concepciones opuestas del mundo del trabajo.

Mientras el oficialismo apuesta a la flexibilización como vía de ajuste, el peronismo propone una contrarreforma que pone el foco en la dignidad laboral y la calidad de vida. El choque de modelos ya está planteado y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política y social de los próximos días.