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Trabajadores del INDEC calcularon que el salario mínimo debería ser de $1.869.924 y reclaman un aumento de emergencia del 117% para todos los estatales.

La escalada inflacionaria y la falta de respuestas oficiales llevaron a los trabajadores del INDEC a actualizar el cálculo del salario mínimo, que debería ser de $1.869.924. Esta cifra incluye una canasta alimentaria de $639.836 y otros bienes y servicios por un valor de $1.230.088. Este valor supera ampliamente la canasta básica total que utiliza el INDEC como referencia para medir la pobreza, que se ubicó en $1.298.398 en el mismo mes.

La caída del poder de compra acumulada al mes de junio de 2025 alcanzó el 27% para los niveles más bajos de la escala, mientras que la inflación desde diciembre de 2023 hasta la fecha ya acumula un 214,5%. En ese contexto, se exige un aumento de emergencia del 117% en una sola cuota, destinado a compensar la pérdida salarial desde diciembre de 2015 hasta junio de 2025.

Los trabajadores del Estado nacional no han recibido nuevos incrementos salariales, ya que –según denuncian– el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta en la mesa paritaria durante los últimos meses. En paralelo, los gastos en servicios esenciales continúan en aumento: los servicios públicos en el AMBA subieron un 10,2% en junio, y las cuotas de medicina prepaga aumentaron hasta un 2,8% ese mismo mes.

El comunicado también destaca la vulnerabilidad de los trabajadores contratados bajo modalidad monotributista, quienes además de sufrir la pérdida de poder adquisitivo general, no perciben aguinaldo, presentismo ni otros beneficios. En muchos casos, los paliativos otorgados por el gobierno –como sumas fijas extraordinarias– resultan exiguos frente al nivel de inflación y al alza sostenida del costo de vida.

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El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires

Con un triunfo de casi 14 puntos en el distrito más poblado del país, el justicialismo se reposiciona como fuerza nacional y proyecta a Axel Kicillof como figura presidencial rumbo a 2027. La derrota golpea al oficialismo, que enfrenta una crisis socioeconómica creciente y turbulencias políticas internas.

La elección legislativa en la provincia de Buenos Aires dejó un saldo categórico: el peronismo, bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof y el respaldo de la estructura partidaria unificada, se impuso con el 46% de los votos frente al 33% de La Libertad Avanza, la fuerza presidencial. Con una participación del 63%, la jornada exhibió un electorado movilizado que buscó enviar un mensaje directo al Gobierno nacional.

El resultado implica un mazazo político para Javier Milei. La derrota no solo desnuda el desgaste acelerado de su gestión, sino que pone en entredicho la viabilidad de su programa económico y de su alianza táctica con el PRO. Las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, los audios de Karina Milei, la recesión brutal, la escalada del dólar y el fracaso de la motosierra como relato transformador se conjugaron en un voto de castigo masivo en el principal bastión electoral del país.

Kicillof, el gran ganador

La victoria otorga a Kicillof un capital político inédito. El gobernador bonaerense se perfila como el referente natural de la oposición y comienza a romper el viejo axioma según el cual ningún mandatario de la provincia pudo escalar a la presidencia. Su figura, respaldada por Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner, encarna la posibilidad de un proyecto peronista renovado, capaz de volver a disputar el poder en 2027.

El triunfo bonaerense funciona como una bocanada de oxígeno para el peronismo, que venía golpeado tras la derrota de 2023. La unidad interna —un bien escaso en la historia reciente del movimiento— fue decisiva para consolidar el resultado. El justicialismo vuelve a mostrarse competitivo y con chances reales de recuperar la conducción del país en el próximo turno electoral.

Un gobierno contra las cuerdas

Para Milei, en cambio, el desenlace constituye un golpe devastador. La promesa de acabar con la “casta” se diluye ante los escándalos de corrupción propios; el relato de eficiencia se estrella contra una recesión profunda que liquida salarios, pulveriza pymes y agrava la pobreza; y la narrativa de libertad se contradice con recortes feroces en salud, educación y programas sociales.

El oficialismo, que pretendía capitalizar la bronca social, terminó devorado por sus propias contradicciones. El resultado bonaerense deja al Gobierno debilitado en el Congreso y abre la puerta a una mayor inestabilidad económica, con mercados atentos a la reacción inmediata tras la derrota.

El veredicto de Buenos Aires es inequívoco: la sociedad no tolera ajustes sin horizonte, ni gobiernos que recortan derechos mientras se enredan en internas y escándalos. El peronismo supo leer ese descontento y ofrecerse como dique de contención, mientras Milei paga el precio de la soberbia y de un rumbo económico que asfixia a las mayorías.

La política argentina ingresa en una nueva etapa. Con Kicillof emergiendo como presidenciable y el oficialismo tambaleando, el país se prepara para un ciclo de reacomodamientos. Lo que está en juego no es solo quién administra el poder, sino qué modelo de país se proyecta: uno que profundice la exclusión o uno que intente reconstruir sobre la base del trabajo, la producción y la inclusión social.

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El Gobierno insiste con la privatización de las rutas argentinas

El gobierno argentino dio un nuevo paso en su plan de desguace del sector vial, al avanzar con la privatización de Corredores Viales, una empresa estatal que gestiona más de 19.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. La medida se produce pese a la oposición del Congreso y la justicia, que había suspendido la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La privatización de Corredores Viales es un paso más en el plan del gobierno para dejar de tener injerencia en los caminos del país. La empresa estatal comenzará a licitar kilómetros de rutas de todo el territorio nacional, y luego de eso «podrían disolverla», según piensan muchos en el sector. Las concesiones nuevas pasarán a manos privadas, dejando así los caminos principales sin asistencia estatal.

La resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la privatización de Corredores Viales mediante la modalidad de «concesión por peaje». La medida se produce tras la prórroga a la intervención de Corredores Viales de julio de este año, a fin de concluir con las tareas de mejoras administrativas que permitan una transición «ordenada y eficiente».

El Impacto en las Rutas Argentinas

La privatización de Corredores Viales tendría un impacto significativo en las rutas argentinas. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), más del 60% de los caminos nacionales están en estadio regular o mal. La falta de mantenimiento y la privatización de las rutas podrían empeorar la situación, poniendo en riesgo la seguridad vial en el país.

La oposición al plan del gobierno es fuerte. El Congreso había rechazado una serie de decretos que buscaban reestructurar algunas entidades claves del Estado, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad. La justicia también había suspendido la disolución de la entidad, dictando un amparo para no cambiar el status de la misma.

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El peso de la deuda: Cómo las tarjetas de crédito están efectando a las familias argentinas

La deuda en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un gran número de familias recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos como alimentos. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 300.000 tarjetas de crédito están inhabilitadas para pasar los posnets debido a los altos niveles de morosidad y deudas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 45,7% de las compras en supermercados se pagaron con tarjetas de crédito en junio, lo que equivale a unos 917 millones de pesos. Esto sugiere que muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos debido a la falta de ingresos suficientes.

El Impacto de las Tasas de Interés

Las tasas de interés actuales en el país son extremadamente altas, lo que hace que sea difícil para las familias pagar sus deudas. La Tasa Nominal Anual para los titulares de la tarjeta. que no llegan al saldo total y cancelan el mínimo es del 85%, mientras que los intereses punitorios superan el 100% para aquellos que entran en morosidad.

Según un informe de la consultora EcoGo, el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, lo que es el doble que un año atrás. Esto sugiere que el endeudamiento masivo es un problema creciente en el país.

La crisis de la deuda tiene consecuencias sociales importantes. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IESTSE), el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos, lo que significa que muchas familias están luchando para cubrir sus necesidades básicas debido a la deuda.

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