
El Gobierno Nacional avanza con la flexibilización laboral en el sector público
La decisión del Gobierno nacional de crear un registro para los trabajadores en situación de disponibilidad es un nuevo golpe para los empleados públicos. La medida flexibiliza la condición de los trabajadores de planta permanente que quedaron en un limbo tras el cierre de su sector laboral. Ahora, estos empleados podrán ser reubicados discrecionalmente o perder su puesto en caso de que no se les reasignara una nueva área en el plazo de un año.
La creación del registro fue formalizada a través de la Resolución 54/2025 del Ministerio de Desregulación. La medida publicada en el Boletín Oficial le da al Poder Ejecutivo una parte de la cuota de poder que perdió tras el vencimiento de las facultades con las que cerró decenas de organismos y despidió a más de 50 mil trabajadores del Estado.
La situación de los trabajadores en situación de disponibilidad es precaria. No solamente deberán cerrar su perfil sino que, además, deberán ajustar su idoneidad para un área en la que nunca se desempeñó pero a la que fue trasladado de facto. La puesta en marcha del registro creado por la Secretaría de Transformación del Estado fue la artimaña que el ministro desregulador Federico Sturzenegger encontró para seguir con su objetivo de vaciar el Estado.
De esta manera, los cargos vacantes en el Estado podrán ser cubiertos solamente con el personal inscripto en situación de disponibilidad, pero cuya condición tendrá una cuenta regresiva de un año.
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La Justicia le puso frenó al Gobierno y suspendió el cierre de Vialidad Nacional

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto en el decreto 461/2025, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). Esta decisión es un triunfo para los trabajadores y un paso importante para garantizar la seguridad vial en el país.
La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. La jueza Forns advirtió que la aplicación del decreto podría generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales en el organismo. Además, señaló que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida cautelar presentada por Sevina fue respaldada por la jueza Forns, quien ordenó la suspensión del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad por seis meses. Esta decisión es un triunfo para los trabajadores, que habían expresado su preocupación por la posible pérdida de empleos y la desestabilización del organismo.
La decisión judicial establece que la suspensión del cierre del organismo tendrá una duración de seis meses. Durante este período, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá funcionando de manera normal, lo que garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores y la seguridad vial en el país.
Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, destacó que la decisión cautelar es un triunfo para los trabajadores y que la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico que funciona de manera autónoma. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, celebró el fallo judicial y reafirmó la lucha política contra el DNU.
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Estatales van a la Justicia para frenar el régimen de disponibilidad de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.
La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.
Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.
El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.
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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.
Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».
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