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En medio de un escenario político y sindical convulsionado, Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan, se mostró firme y contundente. En diálogo con Mundo Laboral SJ, abordó los temas más sensibles que preocupan al movimiento obrero: la inconstitucionalidad del DNU que buscaba limitar el derecho a huelga, la reforma laboral y previsional que impulsa el Gobierno nacional, el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y las consecuencias que eso tendrá para las provincias, los trabajadores y la obra pública.

Cabello no esquivó ninguna pregunta. Con el temple de quien lleva años al frente de la dirigencia sindical, celebró que la justicia haya puesto límites al avance del Poder Ejecutivo, al declarar inválidos los artículos del DNU 340/2025 que pretendían condicionar la posibilidad de hacer huelga, derecho garantizado por la Constitución Nacional. A su entender, se trataba de un intento por imponer una visión autoritaria del mundo del trabajo, sin diálogo ni respeto por la ley. “ Gracias a Dios, nos da tranquilidad que la justicia haya actuado con criterio”, expresó, subrayando que el sindicalismo nunca dejó de actuar dentro del marco legal, incluso en los momentos de mayor tensión.

Para el dirigente, este fallo representa mucho más que una victoria judicial: es una señal de que aún existen contrapesos institucionales que frenan decisiones unilaterales. “Siempre elegimos el camino del consenso, y eso es lo que nos diferencia. El diálogo es la salida, no el atropello”, resumió.

Reforma laboral: el límite es el retroceso

La posibilidad de una reforma laboral y previsional, anunciada recientemente por el presidente Javier Milei, encendió luces de alerta en el sindicalismo. Cabello no ocultó su preocupación. Si bien reconoció que el mundo laboral requiere adaptaciones frente a las nuevas realidades productivas y tecnológicas, fue claro en marcar un límite: no se permitirán retrocesos en materia de derechos ni flexibilizaciones que atenten contra la estabilidad o la dignidad del trabajador.

Advirtió que, detrás de estos anuncios, hay un modelo que no busca mejorar las condiciones laborales, sino eliminar estructuras sindicales y debilitar la representación colectiva. “Algunos quisieran borrar al sindicalismo del mapa. Pero mientras haya trabajadores, va a haber organización, y nosotros vamos a estar ahí”, expresó con convicción.

Cabello señaló que la CGT está dispuesta a discutir, a aportar ideas y a sentarse en una mesa de debate. Pero no desde la imposición ni el recorte. “No le tememos al cambio, pero sí a la injusticia”, resumió.

7 de agosto: se prepara una movilización masiva

La CGT analiza convocar a una gran movilización nacional el próximo 7 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Cayetano, tradicional jornada de reclamo por pan, paz y trabajo. Según explicó Cabello, el objetivo es visibilizar el malestar creciente en los distintos sectores sociales y laborales, sin caer en la provocación ni en la violencia.

Insistió en que la movilización debe ser un acto de unidad y de responsabilidad, lejos de la confrontación partidaria. “Queremos mostrar nuestro descontento con respeto, sin que se lo utilice políticamente”, advirtió, al tiempo que remarcó que no se trata de una marcha contra nadie en particular, sino de una expresión legítima del movimiento obrero frente a decisiones que los afectan directamente.

Vialidad Nacional: un golpe a la infraestructura y al federalismo

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Para Cabello, esta medida —ejecutada por decreto— representa un despropósito institucional, que va más allá de la pérdida de puestos de trabajo. Denunció que el desmantelamiento del organismo no sólo deja a cientos de familias sin sustento, sino que compromete la ejecución y el mantenimiento de rutas claves para la producción y la conectividad en todo el país.

“Las provincias quedamos a la deriva. Ya no se sabe a quién reclamarle una obra, un pago, un crédito. Cerraron oficinas, paralizaron proyectos. El impacto se va a sentir en la economía real, y en poco tiempo”, detalló. También hizo hincapié en la falta de planificación: ni los gobernadores ni los municipios saben cómo continuar con obras ya iniciadas, muchas de las cuales están vinculadas a la actividad de constructoras locales que también podrían quedar en crisis.

En el caso particular de San Juan, explicó que Vialidad Nacional emplea a más de 200 trabajadores distribuidos en toda la provincia. “Estamos hablando de familias enteras, de compañeros con años de servicio, que hoy no saben qué va a pasar con ellos”, lamentó.

Una crítica sin rodeos al Gobierno nacional

En un momento de la entrevista Cabello dejó una de las frases más fuertes. Cuando se le preguntó si creía que estas medidas respondían a una estrategia o a una improvisación, no dudó en criticar con dureza la falta de rumbo del Ejecutivo:

“No sé si están cansados de gobernar, si quieren que los echen para culpar a otros, o si —y perdón la expresión— son tan nabos que no saben lo que están haciendo”.

Con esa frase resumió el desconcierto que, según él, reina entre los trabajadores, las provincias y gran parte de la dirigencia política frente a decisiones que no sólo son impopulares, sino también ineficaces y desordenadas.

Eduardo Cabello dejó en claro que la CGT San Juan está en estado de alerta permanente. No para confrontar por confrontar, sino para defender lo que considera innegociable: el respeto por los derechos laborales, la institucionalidad y la inclusión social. En tiempos donde el ajuste parece ser el único camino planteado desde el poder, el sindicalismo sanjuanino se planta, debate y propone.

Y aunque la incertidumbre reina, una cosa quedó clara: la voz de los trabajadores sigue viva y no piensa callarse, concluyó.

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La caída del salario mínimo afecta a millones de trabajadores en Argentina

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina perdió un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Actualmente, el SMVM se encuentra en $322.200 brutos, lo que lo ubica por debajo de la jubilación mínima y representa una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.

La situación del SMVM es crítica. No solo se encuentra por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que también acumula una caída del 43,4% en comparación con noviembre de 2019 y del 56,7% en comparación con 2015. Según el informe del CIFRA, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000.

La pérdida de poder adquisitivo del SMVM tiene un impacto directo en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.

La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad de la situación. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad.

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El Gobierno restablece la vigencia de normas derogadas y cancela cambios en organismos públicos

El Gobierno nacional dio marcha atrás con la eliminación y fusión de varios organismos públicos tras el rechazo del Congreso. Los decretos que restablecen la vigencia de las normas derogadas fueron publicados en el Boletín Oficial, lo que implica que los cambios volvieron a cero.

La decisión de dar marcha atrás con las medidas se tomó después de que el Congreso desaprobara los decretos que implicaban la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos. Los cambios anulados incluyen la disolución de Vialidad Nacional y ARICCAME, y la fusión de institutos históricos.

Según los decretos publicados en el Boletín Oficial, se restablece la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Esto implica que los organismos públicos volverán a sus funciones y estructuras originales.

Entre los cambios anulados se encuentran:

  • La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
  • La incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
  • La disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
  • La eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

La medida de dar marcha atrás con los cambios fue bien recibida por la oposición, que había criticado las resoluciones por considerarlas inconstitucionales y perjudiciales para el funcionamiento de los organismos públicos.

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Paro universitario en San Juan: alto acatamiento y expectativa por la marcha federal contra el posible veto presidencial

En diálogo con Mundo Laboral, la referente sindical de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que los salarios docentes han perdido el equivalente a seis sueldos completos en 17 meses y denunció el vaciamiento presupuestario del sistema universitario. El conflicto se profundiza ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso.

El paro de 48 horas que formara parte de una serie de medidas de lucha que culminó este martes 2 de septiembre, volvió a evidenciar la solidez del frente universitario en San Juan. La estrategia, enmarcada en el plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), alcanzó un altísimo nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un 90% en los colegios preuniversitarios y cifras cercanas al 70% en varias facultades. Las mesas de exámenes y actividades académicas debieron ser reprogramadas, un dato que revela la contundencia de la protesta.

Edith Liquitay, del gremio ADICUS, sostuvo que “en 17 meses hemos perdido seis salarios completos”, subrayando que el 70% de la docencia universitaria en la provincia percibe ingresos que van de 180 mil a 700 mil pesos, montos que se evaporan en los primeros diez días del mes frente a una inflación implacable. Según la dirigente, muchos docentes renuncian a cargos o reducen dedicaciones para buscar ingresos fuera de la universidad, mientras que quienes permanecen lo hacen por compromiso con la defensa de la educación pública.

La dirigente sindical también remarcó la gravedad del recorte presupuestario: “Así como en nuestras casas pagamos la luz, también la universidad debe hacerlo, y sin presupuesto actualizado se hace imposible sostener la actividad académica con normalidad”.

En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico de la comunidad académica que garantiza la actualización de recursos conforme a la inflación, la ampliación de becas estudiantiles y fondos para investigación y extensión. No obstante, la amenaza de un veto presidencial encendió alarmas en todo el sector y aceleró la coordinación de una nueva marcha federal.

Liquitay consideró que la sanción de la ley es “un triunfo de la unidad, construido desde las bases y discutido con cada legislador para demostrar la necesidad de sostener la universidad pública”. Sin embargo, advirtió que el posible veto del Ejecutivo sería un golpe directo a esa conquista y que el movimiento universitario prepara una respuesta de alcance nacional.

La próxima acción de fuerza será la tercera marcha federal, aún sin fecha confirmada, que se prevé contundente y articulada con otros sectores sociales: trabajadores de la salud, jubilados, organizaciones de discapacidad y movimientos estudiantiles. “La lucha es una sola —resaltó Liquitay—, porque todos los sectores afectados por el ajuste tienen raíz en las universidades públicas que hoy se ven vaciadas”.

El conflicto universitario dejó de ser una disputa sectorial para transformarse en un símbolo de resistencia social frente a las políticas de ajuste. En San Juan, como en todo el país, la comunidad docente y estudiantil mantiene firme la convicción de que sin presupuesto no hay universidad posible.

La próxima marcha federal, lejos de ser un hecho aislado, se proyecta como un nuevo capítulo en la convergencia de luchas que buscan frenar el avance de un gobierno decidido a recortar los pilares de la educación superior pública.

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